De tanto usarse, se ha banalizado la acusación de una supuesta intromisión del crimen organizado en las elecciones, pero éste podría ser el cáncer que acabe con nuestra democracia; un auténtico elefante en medio de la sala

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Un tema se ha vuelto recurrente cada que hay elecciones en México; el de la supuesta intromisión del crimen organizado para definir quién ganará y quién perderá los comicios.

Lo dijo el representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila, en la sesión de Consejo General del pasado domingo 5 de junio, al inicio de la jornada electoral: “hoy lo que nos tiene muy preocupados, y tendríamos que decirlo fuerte y claro, y nadie quiere hablar de ese asunto, es la intromisión de la delincuencia organizada en los procesos electorales. Ése es el elefante que está en la sala y no nos atrevemos a tomar cartas en el asunto”.

Ávila acusó ese mismo día al candidato de Morena en Tamaulipas, Américo Villarreal, de tener nexos con el empresario Sergio Carmona Angulo -también conocido como “el Rey del Huachicol”-, asesinado en noviembre de 2021.

“¿Qué están haciendo las autoridades para investigar la vinculación de personajes que se dedican a actividades ilegales con el financiamiento del candidato de Morena Américo Villarreal?, ¿sería válido preguntarnos, acaso, si este financiamiento es el mismo que recibió el partido político Morena para la elección de su presidente nacional (Mario Delgado)?”, cuestionó el perredista.

Lo que no dijo Ávila fue que, antes de financiar campañas de Morena, al “Rey del Huachicol” se le vinculó con el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el polémico gobernador panista que el 5 de junio se jugaba la última oportunidad de defender la plaza, tratando de impedir un triunfo de Morena.

Horas más tarde, al cierre de las casillas, Américo Villarreal derrotaba al candidato panista César “el Truko” Verástegui, con una ventaja de más de 82 mil votos (5.7 por ciento).

Pese a la clara diferencia, el PAN anunció que impugnará estas elecciones, y refrendó la denuncia de que grupos del crimen organizado habrían impulsado el triunfo del morenista.

En los días posteriores a la elección, el exlíder perredista Guadalupe Acosta Naranjo hizo públicas algunas actas de casillas de Tamaulipas en las que sólo se registraron votos en favor de Morena, e hizo una grave acusación:

“En cinco municipios de Tamaulipas, en la región de San Fernando, donde reina el cartel ‘La Columna’, ellos hicieron la elección. En decenas de casillas expulsaron a los representantes del PAN, PRD, PRI y MC; sólo dejaron entrar a los de Morena y aliados”.

Después, circuló un video en el que Octavio Leal, dirigente del grupo de autodefensas “Columna Cívica Pedro J. Méndez”, ordenaba a sus seguidores votar por Morena en las elecciones del 5 de junio.

La Columna nació en 2010 para “proteger” a la población de la acción de Los Zetas; sin embargo, ha sido vinculada con el Cártel del Golfo y sobre sus dirigentes pesan órdenes de aprehensión pendientes de ejecutarse.

En plena campaña electoral, sus dirigentes y alcaldes de los municipios de su zona de influencia (San Carlos, Villagrán, Mainero, Hidalgo, San Nicolás, Padilla y Güemez) rompieron con el PAN y anunciaron su apoyo a Morena.

Al igual que hizo el “Rey del Huachicol” en 2018, en 2022 La Columna abandonó al PAN y a su defenestrado gobernador, y cambió sus lealtades hacia Morena.

El elefante en la sala comienza a visibilizarse.

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Tras las elecciones del 5 de junio, la alianza Va por México insiste en que se mantendrá unida hasta 2024, ha anunciado una “moratoria constitucional” para bloquear cualquier reforma de la 4T y ha reiterado sus dichos sobre la ayuda que estaría recibiendo Morena de parte de grupos criminales.

En su conferencia de prensa del pasado 9 de junio, los dirigentes del PAN, PRI y PRD anunciaron que pedirán la conformación de una comisión del Poder Legislativo para investigar la posible injerencia de la delincuencia en las elecciones.

Esa comisión tendría representación de todas las fuerzas políticas y especialistas para que, desde una visión colegiada y multidisciplinaria, “documenten, sustancien, analicen y reflexionen con todo rigor la presencia y el papel que jugó el crimen organizado en los pasados procesos electorales de 2021 y 2022”.         

No es la primera vez que Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano denuncian algo así. El 23 de agosto de 2021, viajaron a Washington DC para llevar a la Organización de Estados Americanos un expediente sobre la influencia del crimen organizado en las elecciones mexicanas.

En 57 páginas, los líderes opositores hicieron un recuento de más de mil delitos ocurridos durante el proceso, incluidos 36 asesinatos de aspirantes a cargos de elección popular.

Los dirigentes alertaron a Luis Almagro, secretario general de la OEA, sobre la situación en estados en los que en 2021 se renovaron gubernaturas, congreso local y ayuntamientos, en los que ganaron Morena y sus aliados: Sinaloa, Guerrero, Michoacán y San Luis Potosí.

Y complementaron su informe con casos en los que la prensa local reportó la presencia de grupos armados en casillas, bloqueos carreteros y retenes para aislar poblaciones, amedrentamiento de candidatos y un fenómeno nunca antes visto: “levantones” de operadores electorales de partidos opositores a Morena justo un día antes de la jornada comicial.

Meses después, el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se paseó por varias instituciones con un expediente que contenía supuesta evidencia de cómo el narco habría ayudado a Morena a ganar su estado. Nadie lo tomó en serio.

Pero lo cierto es que en Estados Unidos tomaron nota de las denuncias y, en marzo de 2022, la Oficina Nacional de Inteligencia dio a conocer su Evaluación de Amenazas Alrededor del Mundo, que incluyó una mención específica a la influencia del crimen en las elecciones mexicanas.

“En algunas partes de México, las TCO (organizaciones criminales transnacionales) utilizan miles de millones de dólares de las ganancias de la droga para intimidar a los políticos e influir en las elecciones…”, señala el informe.

El elefante en medio de la sala se mueve, y comienza a llamar la atención de nuestros vecinos.

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Desde 2021, la oposición ha mantenido encendida la alerta por la supuesta influencia del crimen organizado para ayudar a Morena en las elecciones, con más declaraciones que pruebas concretas.

En su propuesta de reforma político-electoral, el PAN sugiere incorporar a la ley, como causa de nulidad de una elección, la interferencia del crimen organizado en favor de un candidato o partido.

Y, en las recientes campañas, la acusación de que grupos criminales habrían operado a favor de unos y/u otros, se escuchó no sólo en Tamaulipas; también se mencionó el tema en Durango, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca. 

El colmo fueron las declaraciones del exgobernador de Sinaloa, exsecretario de Gobernación y excandidato presidencial priista, Francisco Labastida, y del expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, quienes señalaron directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador de solapar los supuestos acuerdos del crimen organizado con Morena.

Tratándose de un tema tan delicado, su acusación fue tan temeraria, que dio pie a que el presidente se burlara de ellos, y todo terminara en un absurdo debate sobre la edad y salud mental de los protagonistas de la polémica.

Sin embargo, en Estados Unidos volvieron a tomar nota, y tres legisladores hicieron eco de lo dicho por Labastida y Muñoz Ledo, en el marco de la polémica por la inasistencia de López Obrador a la Cumbre de las Américas.

Lo cierto es que el elefante está en medio de la sala, sin que ningún partido o candidato pueda lanzar la primera piedra.

El elefante se mueve y se ríe, pues es probable que las acusaciones sin pruebas terminen banalizando y frivolizando un asunto que México tendría que tomarse muy en serio.

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En su libro Votos, drogas y violencia (Debate, 2021), Guillermo Trejo y Sandra Ley hacen un detallado análisis de cómo el proceso de transición a la democracia en México se ha visto acompañado de un indeseable efecto: la multiplicación de la violencia a gran escala.

Los autores exploran una hipótesis: como México sólo tuvo una transición electoral, sin una reforma a fondo de sus instituciones, no desarrolló un Estado de derecho ni desmanteló las redes de colusión entre los agentes represivos del régimen autoritario y los grupos criminales.

“Es probable que los mecanismos electorales mediante los cuales se distribuye el poder estatal se entrelacen con el inframundo criminal y se conviertan en detonadores de violencia”, advierten Trejo y Ley.

A mayor alternancia, mayor presencia de grupos criminales en municipios, estados y regiones. A mayor fragmentación y descentralización del poder político, más violencia.

A mayor solidez del sistema electoral, más evidencias de la influencia del crimen organizado, antes, durante y después de los comicios.

Ése es el cáncer que podría acabar con nuestra democracia; el auténtico elefante en medio de la sala.