Este martes el gobierno federal anunció la propuesta de un plan para dotar de seguridad social a periodistas independientes en México; sin embargo, redes y colectivos de periodistas opinan que hay que observar la aplicación de este programa que, de inicio, solo durará dos años y no representa una política pública

Texto: Arturo Contreras Camero

Fotos: Archivo Pie de Página

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir de este 7 de junio el gobierno federal abrió un censo de periodistas independientes en México para dotarles de seguridad social y médica, anunció el vocero de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas, durante la conferencia diaria del presidente López Obrador. 

La idea fue tomada por el ejecutivo federal el pasado 18 de febrero, apenas un mes después de los asesinatos del fotorreportero Margarito Martínez y de la periodista Lourdes Mendoza en Tijuana. Este martes, durante una conferencia de prensa llevada a cabo en Ciudad Juárez, Chihuahua, el corresponsal de La Jornada en esos territorios, Rubén Villalpando Moreno, preguntó al presidente López Obrador si tenía planeado una propuesta legislativa para mejorar las condiciones laborales de periodistas. 

En esos momentos, Villalpando no obtuvo respuesta, pero el 6 de abril, el presidente adelantó la propuesta: “Ya tomamos la decisión y que el 25 por ciento de todo el recurso destinado a la publicidad del gobierno va a orientarse a que haya seguridad social para los periodistas que no tienen ningún tipo de apoyo; con ese 25 por ciento vamos a financiar un programa de seguridad social vinculado con el Instituto Mexicano del Seguro Social que va a incluir pensiones y va a incluir atención médica para el periodista y su familia”. 

Esta mañana, su vocero, Ramírez Cuevas dio más información: “Quienes sean candidatos o quieran ser beneficiarios de este programa no deben contar con un contrato o ser parte de una empresa o ser subordinados laborales en un periódico, en un medio de información”, aseguró. 

La cobertura ofrecida incluirá seguro de enfermedades y maternidad, por riesgos de trabajo e incapacidad, de invalidez, de vida y un retiro para la vejez. Las solicitudes serán analizadas por un consejo consultivo conformado por cinco periodistas que trabajarán de forma voluntaria y sin remuneración. 

Estará integrado por el periodista José Reveles, que tiene más de 50 años de experiencia en medios impresos y autor de varios libros; Fernanda Tapia, locutora con más de 40 años de experiencia; Nancy Flores, reportera del sitio de noticias Contralínea; el columnista de La Jornada Enrique Galván Ochoa y el corresponsal del mismo medio en Ciudad Juárez, Rubén Villalpando. 

Según cifras preliminares presentadas por el vocero de la presidencia, tomadas del censo del Inegi, en México hay unas 41 mil personas que se identifican como periodistas, de los cuales un 15 por ciento (cerca de 6 mil) trabajan por cuenta propia y no tienen cobertura social.

Más dudas que respuestas

A pesar de que la noticia fue tomada con gran ánimo entre periodistas de todo el país, pues muy pocos cuentan con algún tipo de seguridad social, entre colectivos y redes de periodistas quedan muchas dudas sobre su eficacia o continuidad.

Por ejemplo, el propio Villalpando reconoció en una entrevista breve después de la conferencia matutina del presidente que de momento esta no es una propuesta de política pública, sino un programa esporádico cuya continuidad no está garantizada más allá de este sexenio. 

Desde el colectivo Medios Tenemos Que Hablar, conformado por un grupo de periodistas jóvenes que se empezaron a organizar en 2019, critican que el programa podría beneficiar a algunas empresas que busquen una manera de que el gobierno se haga cargo de las cuotas de seguridad social que no pagan, lo que abriría la posibilidad de una mayor precarización laboral. 

La precarización laboral en el periodismo empezó hace cerca de 30 años, explicó el corresponsal de La Jornada, Villalpando. Así lo reafirma Patricia Mayorga, coordinadora de Libertad de Expresión de la Red de Periodistas de a Pie. 

Esto surge de una precariedad generalizada del gremio en todo el país, incluída la Ciudad de México, cada vez somos más los periodistas que no tenemos seguridad social porque han surgido muchos medios impresos y digitales, que los dueños no entregan la seguridad social, algunos amparados en estas leyes del outsourcing”, dice en entrevista. 

“Sin embargo, en este panorama han surgido otros como los medios de la Alianza (de medios independientes de la red de Periodistas de a Pie) que hemos surgido por resistencia, que somos periodistas que hemos saltado de medios tradicionales o medios no establecidos por el control de la agenda, para saltar en el periodismo independiente, ese en el que las nuevas generaciones están creyendo. El problema es que costear la seguridad social es muy difícil; lo hemos intentado desde varios medios independientes y es carísimo en México, a veces se puede triplicar la nómina o los gastos del medio y eso lo hace casi inaccesible”. 

No queda claro si los periodistas organizados que han ido creando sus propios medios serán aceptados bajo el plan de cobertura propuesto hoy. Tampoco queda claro quiénes eligieron al comité consultivo ni cómo se regula o a bajo qué criterios discernirá a quién otorgar seguridad social y a quién no.