El Congreso del estado y las procuradurías de derechos humanos y de protección a niños, niñas y adolescentes deben pronunciarse, reclaman organizaciones locales y nacionales; pero ni siquiera se han solidarizado

Texto: Verónica Espinoza/ PopLab

Información y fotos: Edith Domínguez

IRAPUATO, GUANAJUATO.- El asesinato de Juan David, de 11 años, escala la violación a los derechos de niños, niñas y adolescentes en Guanajuato y se suma a una larga lista de hechos de violencia cometidos en contra de las infancias y las adolescencias en este estado, reclamaron organizaciones locales y nacionales defensoras de derechos, que demandaron al Congreso del Estado, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes garantizar los derechos de esta población y pronunciarse sobre lo sucedido al niño.

Ninguna de estas tres instancias, que constitucionalmente tienen la encomienda de legislar y aplicar las leyes para la protección de niñas, niños y adolescentes y todos sus derechos como un asunto de interés superior han emitido pronunciamiento, exigencia o por lo menos un mensaje de solidaridad ante la desaparición y, según la revelación hecha por la madre, posterior asesinato de Juan David por parte de su padrastro, un elemento de la Policía Municipal de Irapuato, el pasado 14 de mayo.

El que sí salió a declarar fue el secretario de Seguridad Pública del estado, Álvar Cabeza de Vaca Appendini, pero lo hizo en términos por demás desafortunados. Aquel optó por evadir cuestionamientos sobre las condiciones en las que el policía Ángel Barrón prestaba sus servicios en la corporación municipal de Irapuato, mientras ejercía violencia contra su hijastro; y  que lo llevó -de acuerdo con los testimonios de vecinos y la madre- a coserle él mismo con aguja e hilo una herida que había abierto al niño en la boca a golpes, en uno de los episodios del prolongado maltrato que le infligió.

Presto a criminalizar protestas de colectivos de buscadoras o de feministas –de lo que ha quedado registro en audios y notas periodísticas– el secretario optó por reservarse su comentario sobre el perfil de Barrón como policía activo, hasta que termine la investigación de los delitos de los que se le inculpa.

“Es muy lamentable, pero recién también se está investigando en todas sus aristas. Es lamentable, yo no podría condenar de momento a alguien que no ha sido condenado por las autoridades; sin embargo, nos llama la atención cualquier manifestación de violencia en el estado”, dijo según una nota del reportero Gamaliel Reyes en Página central.

Con respecto a la confiabilidad del examen de Control y confianza que se aplica a los elementos de las corporaciones de seguridad, Cabeza de Vaca acotó que éste es sólo “una fotografía del momento de cuando se hizo el examen y puede haber variantes en la conducta de elementos de Seguridad Pública”.

El policía Ángel Barrón se encuentra detenido y vinculado a proceso como presunto responsable de desaparición forzada agravada y violencia familiar en contra del niño, que inicialmente fue hecho pasar por desaparecido, pero en realidad habría sido asesinado por el hombre, de acuerdo con lo señalado de manera pública por Reyna, la mamá de Juan David.

El niño no ha sido localizado; su búsqueda sigue, entre los avatares que sufre particularmente su padre y su familia paterna, que ha exigido a la Fiscalía General del Estado ser tomada en cuenta para las tareas por su localización, con una muy escasa atención en respuesta.

El repudio

El viernes 3 se difundió una carta dirigida de manera específica a tres autoridades: el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo; el fiscal general del estado Carlos Zamarripa y la alcaldesa panista de Irapuato, Lorena Alfaro García.

La carta surgió de las organizaciones Plataforma Política de Mujeres y Organizaciones en Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; NIMA, Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato, A.C.; Escuela Pedro Poveda; Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, y el Centro de Desarrollo Indígena Loyola, CDIL.

Estas organizaciones, dedicadas a trabajar en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA) condenaron y expresaron su repudio por el asesinato de Juan David, mismo que por sus antecedentes “llama a las autoridades a actuar para defender el derecho a la vida e integralidad de las infancias”.

“Cada violencia cometida con las infancias y adolescencias deja al descubierto la falta de coordinación y fragmentación de acciones por parte del Estado y sus instituciones, propiciando altos niveles de impunidad”, señala la carta pública.

En ella se resalta este crimen como uno más de una cadena que coloca a Guanajuato en una grave crisis de derechos humanos y violencia generalizada, misma que ha aumentado los contextos de violencia, desapariciones y asesinatos en todo el territorio y cada día cobra más vidas.

“La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que ellas y ellos tienen el derecho a vivir en condiciones de bienestar y de un sano desarrollo integral; a una vida libre de violencia; y a la integridad personal, derechos que no fueron garantizados para Juan David”, apunta el documento.

Las autoridades federales, estatales y municipales han incumplido con las bases de la ley general “como el Interés Superior de la Niñez, la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado”, que deberían hacer efectivos, sin discriminar a ningún NNA.

La petición expresa de las organizaciones que firman tiene estos puntos:

1. Una verdadera justicia, con todo lo que implica: Verdad, Justicia, Reparación Integral, Garantía de No Repetición y Memoria; elementos reconocidos en México a través de la Constitución y la Ley General de Víctimas.
2. Se realice la investigación pertinente y la aplicación de penas correspondientes a las personas responsables.
3. Se atienda el caso bajo los marcos normativos y el reconocimiento de los derechos de NNA.
4. Políticas públicas con enfoque de derechos humanos, que salvaguarden la integridad de la vida de NNA, promoviendo una cultura de reconocimiento de derechos de infancias y adolescencias y una vida libre de violencia.
5. Alto a la impunidad imperante en el país.

Pero también ponen la mirada en instancias directamente responsables de atender a niñas, niños y adolescente estableciendo el marco legal y acatando la responsabilidad que ese marco legal les confiere: el Congreso del estado, la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato y a la Procuraduría Especial de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

A las tres instancias, silenciosas en lo que respecta a este caso, les solicitan “que actúen en favor de la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y se posicionen frente al hecho del asesinato de Juan David”.

El pronunciamiento cierra con esta conminación:

“Este hecho no debe quedar impune, más aún debe ser cuestionado y analizado, ya que nos muestra la violencia generalizada que se vive en el estado de Guanajuato, evidenciando que las infancias y adolescencias no están seguras en ningún espacio y entorno, colocándolos en riesgo y violentando la totalidad de sus derechos”.

Fiscalía cumple a medias con búsqueda

Mientras tanto, en las tareas de búsqueda de Juan David, su padre Agustín y sus familiares se han topado con la habitual cerrazón de la Fiscalía General del Estado para brindarles información, acceso a la carpeta de investigación y colaboración inmediata para que participen con el personal de dicha instancia en la localización del niño.

El 30 de mayo, luego de la presión provocada por una protesta que encabezó Agustín en el exterior de la sede de la Fiscalía regional en Irapuato, éste firmó un acuerdo con el fiscal regional Israel Aguado Silva; el coordinador regional de investigación de la AIC, comandante Francisco Javier Ferrer, y la encargada de la Jefatura de la Unidad especializada en investigación de personas desaparecidas, Nalleli Elizarraraz.

En este acuerdo, del que fueron testigos integrantes de los colectivos Hasta encontrarte y A tu encuentro, que acompañaron a la familia, los funcionarios de la FGE se comprometieron a realizar gestiones para conseguir maquinaria y personal para buscar al niño, y a no suspender esta tarea hasta que sea hallado.

También quedaron en informar a los familiares el día y hora en que estarían en condiciones de realizar la búsqueda, para que pudieran participar “en forma directa”.

Al final de este documento que firmaron todos, se agregó este párrafo:

“Lo anterior respondiendo al compromiso que se tiene en esta Fiscalía General del Estado de actuar bajo un irrestricto apego al respecto de los derechos humanos de las personas y en particular de los familiares de las personas desaparecidas, privilegiando el acceso a la justicia, información y del derecho de participación conjunta de los mismos (sic)”.

Pero Agustín, papá de Juan David, dijo a la reportera Edith Domínguez que este acuerdo no se ha cumplido en todos sus puntos.

Este sábado 4 se cumplen 20 días desde que Juan David fue visto por última vez con vida en la casa que habitó con su madre, dos hermanos y el policía Ángel Barrón, su padrastro y presunto responsable de su asesinato, hecho sobre el cual el preventivo no ha dicho una palabra hasta ahora.

• Este trabajo fue publicado originalmente por PopLab, que forma parte de la Alianza de Medios. Aquí puedes revisar el original.