Rufina Galindo resistió dos décadas de acoso y amenazas hasta que este martes la desalojaron del departamento que habitó desde que era niña. La mujer de 67 años pide a las autoridades que detengan a las mafias de desalojos que operan en los tribunales ante la inexistente política gubernamental

Texto y fotos: Arturo Contreras Camero 

CIUDAD DE MÉXICO.- “¡Ayuda, presidente, tu pueblo te pide ayuda!”, grita Rufina Galindo. Es una petición desesperada, que arrastra con alientos forzados y lágrimas en los ojos. Ante ella, la gente pasa en el Zócalo de Ciudad de México mientras clama hacia Palacio Nacional. Después de más de una vida en lucha, no le quedan más ideas.

Desde hace 65 años, cuando ella tenía 3, llegó a vivir al edificio del número 68 de la calle Emiliano Zapata, en el Centro Histórico, y desde hace otros 20, por lo menos, aguanta ante los embates del supuesto dueño del edificio que ha hecho hasta lo imposible por hacerse del control del inmueble. 

“Pido que hagan justicia, que se investigue bien a este señor que dice que es el dueño, porque no es el dueño. Tiene 20 años y no ha podido arreglar los documentos para adjudicarse la propiedad; lo único que le queda es sacarme a mí, porque sabiendo que si sacaba a los principales vecinos va a poder hacerse de este predio, así ha hecho con muchas personas”. 

Desde que Rufina se enteró la ambición de un tal Ricardo Piñeirua se cernía sobre su casa se unió a un grupo de vecinos de la ciudad que lucha contra los desalojos y demanda que el gobierno local tome un papel más activo y desarrolle una política de atención a las víctimas de desalojo. 

Hasta antes de la pandemia se calculaba que en la Ciudad de México se realizaban cerca de 3 mil desalojos judiciales al año. Tanto Rufina como organizaciones internacionales que defienden el derecho a la vivienda señalan que estos juicios están influenciados por mafias en los tribunales que permiten desahuciar a personas de inmuebles cuya propiedad es incierta. 

Después de dejar algunas de sus sillas en la calle y muchos de los muebles en casa de vecinos que de improviso le tendieron la mano, Rufina caminó al Zócalo. “Después de tanto tiempo, siento que ya no me queda fuerza para seguir luchando”, asegura, pero aún así, sus pasos llegan al primer cuadro de la ciudad, en donde reclama justicia ante las oficinas del gobierno de la ciudad y del país. 

“Lo preocupante, es que no hay movimiento alguno, en el gobierno de la ciudad siguen recibiendo los casos y los están tratando uno por uno, en vez de desarrollar una política de atención a los desalojos”, critica María Silvia Emanuelli, directora de la Coalición Internacional del Hábitat, que desde hace varios años sigue la pista al fenómeno de los desalojos en la capital.

“Creo que la situación es compleja, involucra a muchos actores, en este caso es probable el uso de corruptelas al interior de los tribunales; hay varios flancos que ataca y no es sencillo. Pero es urgente, porque los que sufren las consecuencias son sobre todo personas vulnerables que al momento de un desalojo quedan sin ninguna alternativa para vivir”, comenta la directora de la Coalición.

Según el seguimiento del HIC, como se le llama a la Coalición por sus siglas en inglés, durante la pandemia el número de desalojos aumentó, sin embargo los tribunales que emiten las órdenes no habían estado funcionando con regularidad, por lo que no existe un registro oficial del gobierno. 

En 2016 Rufina tenía cerca de 20 vecinos, pero desde entonces un supuesto dueño empezó a amedrentarlos con invasiones, robos y amenazas. El objetivo era que fueran dejando el edificio poco a poco. Después de muchos esfuerzos, en el edificio solo quedaban Rufina y su hija que junto con su familia ocupaban dos departamentos. Desde entonces su lucha ha sido férrea y ni un operativo con un helicóptero ni cientos de granaderos habían sido suficientes para sacarlas. 

“El juez 28 (de la Ciudad de México) ya me había entregado el departamento, porque no era a mí a quien querían sacar el 15 de septiembre de 2016”, cuenta sobre un amparo que interpuso durante su lucha legal. “Ya desde ahí vimos corrupción y quisimos sacar las cosas legalmente. Pero el supuesto dueño ha estado presentando documentación que yo creo es apócrifa, y le están aceptando, mientras que a nosotros no nos aceptan nada. El señor ha presentado actas modificadas y tantas cosas que ya hasta da flojera pensar en eso”, dice en un lamento. 

Después de protestar un par de horas bajo el sol del mediodía Rufina fue atendida por personal del gobierno de la Ciudad de México que le propuso entablar una mesa de diálogo para ver si su caso se puede solucionar. Aunque Rufina ya ha asistido a decenas de mesas como esa.

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