Dada la importancia del turismo en la Península de Yucatán el proyecto Tren Maya busca apalancarse en este sector para impulsar un modelo de desarrollo socialmente justo y ambientalmente sustentable. Pero ¿cómo lograr esto cuando el turismo en la región, como en gran parte del sur global, es esencialmente depredador? 

Étienne von Bertrab

Como lo abordé en esta entrega, en la investigación académica que realizamos sobre el proyecto Tren Maya nos hemos topado con una función pública federal competente y comprometida con la búsqueda de una mayor justicia social, e incluso con frenar la degradación ambiental que impera en la región. Sin embargo, cuando funcionarios hablan del turismo pareciera haber desde cierta ingenuidad sobre la naturaleza misma de esta industria globalizada hasta una carencia real de mecanismos e instrumentos para lograr los nobles propósitos. Esto es fundamental puesto que, como dice el refrán anglosajón, ‘el diablo está en los detalles’: son precisamente estos los que las comunidades y sociedad en general desconocen y que en todo caso se advierten insuficientes para enfrentar el enorme desafío que supone transitar hacia otro modelo de desarrollo a partir del turismo.

Contrario a lo que advierten opositores al Tren Maya sostengo que quien encabeza la depredación en la región es el capital privado, mediante una industria extractiva de la naturaleza, de la cultura maya, de mujeres y hombres trabajadores y sus cuerpos, de la salud comunitaria, así como de otros futuros posibles. Eso sí, históricamente ha sido el Estado el que ha puesto las condiciones. Vale destacar el caso de la creación de Cancún por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en la década de los años setenta, cuya característica principal es la segregación -por diseño- de los desarrollos turísticos y la ciudad que habitan los trabajadores, entre otras distinciones indeseables. En voz del actual director de Fonatur Javier May, lo que el proyecto pretende es no replicar el modelo de Cancún. El problema radica en que éste avanza vertiginosamente: cubre ya gran parte de la llamada Riviera Maya y tiene sus tentáculos bien afianzados en sitios clave de la costa del Golfo y así como del interior de la península.

El inmenso poder y la resiliencia de esta industria se pueden apreciar en la manera con que Cancún se reinventa luego de cada desastre por huracán y en la forma con que canaliza un despliegue significativo de recursos para lidiar con el sargazo y evitar perder su principal atractivo, o más bien, la imagen que busca a toda costa mantener. Esta transformación constante de Cancún para satisfacer el turismo internacional y asegurar los retornos a la inversión del gran capital – incluyendo una transferencia del riesgo hacia actores económicos menores y hacia las personas, está espléndidamente narrada en el libro Stuck with Tourism: Space, Power and Labor in Contemporary Yucatan de la antropóloga social Matilde Córdoba Azcárate, investigadora de la Universidad de California en San Diego (aunque aún está por publicarse en español la traducción literal sería Atrapados con el Turismo: Espacio, Poder y Trabajo en la Yucatán Contemporánea).

El trabajo de Córdoba Azcárate no se queda en este caso, sino que indaga en facetas menos conocidas del desarrollo turístico en la región, como el de la maquila textil en Tekit, de donde provienen la mayoría de las guayaberas. Explora también lugares insospechados para revelar relaciones desiguales de poder e injusticias, como en el caso del ‘ecoturismo’ en el pueblo de Celestún, detonado por estar situado en la zona de anidación del flamenco rosado. El trabajo etnográfico de Córdoba Azcárate comprende 14 años, de forma que logró registrar procesos de cambio tanto a nivel comunitario como familiar e individual. 

Ahora bien, por la cantidad de implicaciones negativas sería fácil demonizar el desarrollo turístico y pretender que se puede simplemente borrar, no menos por su importancia en la economía y por la inmensa cantidad de familias que dependen, directa o indirectamente, de esta industria. Vaya, son cientos de miles de personas y familias que migran por empleos que no encuentran en sus lugares de origen. Es aquí en donde radica otra virtud del trabajo de Córdoba Azcárate. El suyo es un trabajo crítico, mas no cínico, pues el turismo no solo depreda con sus procesos extractivos, sino que también provee. En la región el turismo genera trabajo, esperanza, educación e infraestructura y mejora presentes precarios. Y de hecho provee a tal grado que atrapa a individuos, familias y comunidades, enredadas en lógicas de sacrificio (por ejemplo, viviendo con viviendas inadecuadas, falta de servicios, empleos precarios y maltrato laboral) y contradicciones morales. Todo ello hace que las prácticas depredadoras del turismo se normalicen y se conciba el ‘progreso’ por vía del turismo como inevitable.

Vayamos un poco más al sur, a Tulum, en donde la ambición por captar trozos del inmenso negocio que representa el turismo ha devastado invaluables riquezas naturales. Esto en muy poco tiempo, gracias a la indolencia de autoridades que son a su vez empresarios o están ligadas a desarrollos turísticos e inmobiliarios; también gracias a vacíos legales creados por ellos mismos, incluyendo al ‘cacique de Tulum’, Marciano Dzul Caamal, y al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González; pero sobre todo gracias a la impunidad con que operan empresas hoteleras e inmobiliarias.

La desgracia de Tulum está muy bien documentada en el reportaje Tulum: un paraíso ilegal de Alejandro Melgoza Rocha, publicado este 17 de mayo. En ese territorio no paran de arrasarse dunas, manglares, arrecifes y selva por parte de empresarios, funcionarios públicos y ejidatarios. Como lo pone Melgoza, “todos quieren tener una parte del paraíso”. Pero ese paraíso, además de desvanecerse rápidamente, lo es para muy pocos. De acuerdo con el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2022, mencionado en el reportaje, el 62% de la población no tiene servicios básicos en la vivienda y más del 63% no posee acceso al agua. Mientras tanto, el 67% del agua se concentra en tres mega desarrollos hoteleros.

Pero la depredación del entorno no lo es todo. En el caso de Tulum, además de ser un entorno urbano cada vez menos habitable y asequible para sus pobladores, los niveles de criminalidad y de violencia relacionados con el tráfico de drogas y otros negocios, son sumamente altos. Y es precisamente a todo ello lo que temen comunidades y organizaciones con la llegada del turismo a otras localidades, algo que facilitará el Tren Maya. Surge entonces la pregunta: ¿qué se tiene que hacer para que los beneficios existan y sean mucho mejor repartidos que hasta ahora, y que las comunidades no tengan que sacrificar sus entornos, su agua, su paz y su tranquilidad?

¿Otro papel del Estado?

Además de hacer todo para erradicar la corrupción y la impunidad, el Estado debe ser capaz de ordenar el territorio y las actividades económicas de otra manera, y es aquí donde existen algunas luces que tienen que ver precisamente con el proyecto Tren Maya, pues ha creado espacios antes inexistentes. Resalto aquí el Convenio Marco de Colaboración y Coordinación que la federación firmó en diciembre de 2020 junto con los gobiernos de los cinco estados (Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo) y los gobiernos municipales que tendrán una estación del Tren Maya. En él, las partes establecen compromisos en torno a un Programa de Ordenamiento Territorial de la Región Sur Sureste. Su objetivo es “crear un modelo de ordenamiento territorial que guíe el desarrollo y la ocupación sostenible, equitativa e inclusiva del territorio” y tiene como metas “la elaboración y homologación de los cinco Programas Estatales de Ordenamiento Territorial” así como “la actualización y/o elaboración de sesenta y nueve Programas Municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano”. Tampoco es menor el traslado de SEMARNAT a Yucatán (Mérida) como parte del proceso de descentralización de la función pública federal, pues advierte una atención específica a los problemas y desafíos de la región. Tampoco lo es la experiencia de la secretaria María Luisa Albores en procesos organizativos de defensa del territorio y la apuesta por, con base en esas experiencias, implementar ordenamientos territoriales comunitarios en la región.

Nuevamente, la gran pregunta es si todos estos instrumentos serán suficientes para guiar un modelo ‘distinto al de Cancún’. Lo cierto es que el turismo en la península de Yucatán seguirá -volviendo al planteamiento de Córdoba Azcárate- depredando, proveyendo y atrapando. Qué tanto hará una cosa y la otra dependerá en gran medida de los instrumentos y mecanismos que se implementen para guiar el desarrollo turístico (y el inmobiliario que va de la mano) hacia una versión más justa socialmente y menos dañina para la naturaleza, la cultura y la vida de las comunidades locales. Es entendible usar a la industria turística como ‘palanca’, pero el proyecto Tren Maya en su conjunto debe orientarse fundamentalmente a quienes habitan la península, a mejorar sus condiciones y a ampliar sus opciones de vida, así como a salvaguardar los ecosistemas de esa región tan maravillosa. El desafío es inmenso.