Las agresiones y las denuncias en contra de los periodistas yucatecos han aumentado este año. Uno de los mecanismos que ha empleado el Estado es el hostigamiento judicial, con leyes violatorias de derechos humanos como el artículo 295 del Código Penal, que establece penas de hasta dos años de prisión por difamación

Texto: Herbeth Escalante

Fotos: Lilia Balam

MÉRIDA, YUCATÁN.- Periodistas de Yucatán protestaron en la Plaza Grande de Mérida para exigir justicia por los colegas asesinados en todo el país, en contra de las agresiones físicas y las denuncias de las que han sido víctima los comunicadores locales y por las condiciones precarias en las que laboran.

En la manifestación exclamaron “No hay Estado con periodismo censurado” y colocaron fotografías de los periodistas asesinados en los últimos años en México, así como los nombres de los reporteros agredidos en la entidad.

Recalcaron que en Yucatán el periodismo y la libertad de expresión están en riesgo, ya que se han registrado ataques desde el Estado y el sector empresarial contra trabajadoras y trabajadores de medios de comunicación, con el único objetivo de censurar su labor de fiscalizar al poder.

Uno de los mecanismos que ha empleado el Estado es el hostigamiento judicial, lo cual ha logrado gracias a leyes violatorias de derechos humanos, como el artículo 295 del Código Penal, el cual establece penas de tres días a dos años de prisión por el delito de difamación.

De hecho, enumeraron los casos de periodistas y medios de comunicación que han sido denunciados y demandados por la vía penal y civil por parte de autoridades y exfuncionarios, por lo que hicieron un llamado al Congreso del Estado a legislar al respecto y acabar con la censura penal.

También precisaron que se violenta, agrede y hostiga a periodistas, situación que pone en peligro su integridad física y su vida. En ese sentido, enfatizaron que las agresiones  han aumentado en estos primeros meses del año.

Recordaron que el fotoperiodista Ramón Celis fue agredido por funcionarios del IMSS; el periodista Jaime Vargas fue atacado con un arma blanca en su domicilio; el reportero Jorge Cauich fue intimidado por un hombre supuestamente armado en la puerta de su casa; la comunicadora Maru Luján fue agredida por un funcionario del Gobierno federal; y el periodista Ramón Reyna fue atacado a pedradas por una policía municipal de Kinchil.

De igual manera denunciaron que los trabajadores de los medios de comunicación de Yucatán viven en la precariedad laboral: bajos salarios, carecen de seguridad social, acceso a la vivienda (Infonavit), o un posible retiro (Afore) y quienes lo tienen, resulta ser una miseria.

Asimismo exigieron un periodismo libre y sin censura, que las autoridades de los tres órdenes de gobierno respondan ante solicitudes de información  y  entrevistas,  y que no ejerza ningún bloqueo informativo o algún obstáculo para poder desempeñar la  labor periodística. 

“Que los gobiernos no manden a bajar notas que les incomodan, que se garantice el derecho a la libertad de información de la ciudadanía, que no se ataque a las personas que desempeñamos un trabajo periodístico”, sostuvieron.

Al final, hicieron pase de lista de los periodistas asesinados este año en México e hicieron un llamado a organizarse para luchar por sus derechos humanos y laborales.