Una década después del #YoSoy132, la “democratización” de los medios aún se antoja lejana y difícil. La situación se ha agravado, con el asesinato impune de periodistas en territorios controlados por el crimen organizado

Twitter: @chamanesco

El pasado 11 de mayo se cumplieron 10 años del viernes negro de Enrique Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana; un acto fallido de campaña del entonces candidato presidencial priista que dio pie al movimiento #YoSoy132.

Aquella mañana en la Ibero, Peña Nieto se topó con un grupo de jóvenes que le reclamaron los abusos de autoridad cometidos en San Salvador Atenco en mayo de 2006, cuando él era gobernador del Estado de México.

Su respuesta a la Díaz Ordaz (“lo volvería a hacer”) indignó a una comunidad que lo abucheó, le mostró máscaras de Salinas, mantas con consignas en defensa de Atenco, cartulinas con la palabra “asesino” y lo siguió hasta un baño de la universidad, donde el candidato tuvo que planear su huida en medio de gritos de “fuera, fuera”.

Molestó que Peña dijera que no se arrepentía de haber ordenado el operativo de desalojo en Atenco, pero enojó más que su jefe de campaña, Aurelio Nuño, y el dirigente priista Pedro Joaquín Coldwell acusaran a los estudiantes que increparon al candidato de no ser alumnos, sino infiltrados enviados por otra campaña.

Los estudiantes reaccionaron ante esas acusaciones y ante la manipulación que de los hechos hicieron algunos medios de comunicación; marcadamente la Organización Editorial Mexicana, que hizo replicar en una veintena de diarios de los estados la misma primera plana con la que amaneció El Sol de México al día siguiente: “Éxito de Peña en la Ibero, pese a intento orquestado de boicot”.

La respuesta fue un ingenioso video en el que 131 estudiantes daban su nombre a la cámara mostrando su credencial de la Ibero y diciendo que habían participado en la protesta.

Así surgieron los hashtag #MásDe131 y #YoSoy132, como expresión de solidaridad con las y los estudiantes que se habían atrevido a protestar contra el candidato puntero en las encuestas.

Y, lo más importante, ese fenómeno de comunicación emergente dio pie a un inesperado movimiento estudiantil, al que pronto se sumaron alumnas y alumnos de otras universidades, públicas y privadas.

El movimiento antiPRI irrumpió en las campañas presidenciales cuando faltaban menos de dos meses para los comicios, y hay evidencias de que fue una de las principales alertas para que el entonces presidente, Felipe Calderón, ordenara a sus operadores panistas dejar de atacar al priista y concentrar sus baterías en el entonces candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, quien -a diferencia de la panista Josefina Vázquez Mota- comenzaba a capitalizar el rechazo de los jóvenes a un posible regreso del PRI al poder.

El #YoSoy132 no pudo evitar que Peña Nieto ganara las elecciones, pero dejó una agenda que, a regañadientes, tuvo que hacer suya el presidente electo en su primera conferencia de prensa después de su triunfo electoral, la cual se resume en tres puntos: democratización de los medios, rendición de cuentas y combate a la corrupción y la ampliación de cauces de participación ciudadana al margen de los partidos.

El equipo de Peña Nieto tuvo que incorporar esa agenda en las negociaciones del Pacto por México, una agenda de reformas acordadas con el PAN y el PRD para darle viabilidad a su sexenio.

La clase política prometió atender los reclamos de la juventud, pero el 1 de diciembre de 2012 los chavos del #YoSoy132 se toparon con la brutalidad de la realidad política: su manifestación en contra de la toma de protesta de EPN fue reprimida con exceso de fuerza, decenas de jóvenes fueron detenidos y encarcelados, y hubo lesionados en las refriegas con los antimotines.

El #1D fue el principio del fin del #YoSoy132 y, aunque el Pacto por México convirtió algunos de sus reclamos en reformas legales, el principal tema de la agenda del movimiento -ese que dio origen a todo- no fue atendido: la democratización de los medios.

En los capítulos 4 y 5 del Pacto por México, el nuevo gobierno y los partidos se comprometieron a impulsar reformas para ampliar las facultades del entonces Ifai (que se convirtió en Inai), crear un sistema nacional anticorrupción, convertir al entonces IFE en una autoridad nacional electoral para elevar la calidad de la democracia a nivel local, culminar la reforma política de la Ciudad de México y hacer viables las candidaturas independientes, la consulta popular, la iniciativa ciudadana y la reelección municipal y legislativa como mecanismo de rendición de cuentas.

Todo ello ocurrió, pero los partidos pusieron en el último de sus acuerdos un compromiso que nunca cumplieron, que a la letra dice:

“Se crea una instancia ciudadana y autónoma que supervise que la contratación de publicidad para todos los niveles de gobierno en medios de comunicación establezca un límite en el gasto de publicidad de cada entidad pública y garantice el derecho de réplica”.

La ley de publicidad oficial, que implicaría crear esa instancia ciudadana, limitar el gasto y establecer criterios transparentes para la distribución del presupuesto público destinado a ello, fue un tema del que rehuyeron todos los partidos.

El tema llegó a procesarse en el Congreso de la Unión y, casi al final el sexenio, fue promulgada la Ley General de Comunicación Social, que pronto fue rechazada por organizaciones sociales, porque no esclarecía ni detallaba los criterios a que debe estar sujeto el gasto en comunicación social, y tampoco disponía procedimientos concretos y reglas específicas encaminadas a garantizar que el ejercicio de dicho gasto no fuera discrecional.

La llamada “Ley Chayote” fue impugnada y, en 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso emitir una nueva legislación, en una resolución que la 65 Legislatura ha desacatado ya durante seis meses, como lo ha señalado recientemente Artículo 19.

Sin esta ley, Peña Nieto le dio la vuelta al principal reclamo del #YoSoy132, y terminó ejerciendo discrecionalmente más de 60 mil 200 millones de pesos en publicidad oficial durante su sexenio, según datos de FUNDAR.

Ya con Andrés Manuel López Obrador como presidente cambiaron los montos, pero no el mecanismo.

El nuevo gobierno ejerció 3 mil 459 millones de pesos durante 2019, y 2 mil 248 millones de pesos en 2020; es decir, una tercera parte de lo que gastaba Peña (entre 11 mil millones y 13 mil millones de pesos cada año). Y en 2021, según cifras preliminares, se habrían ejercido mil 326 millones de pesos.

La reducción es evidente, pero lo que no cambia es la discrecionalidad, ni el subsidio oficial a las dos grandes televisoras, que también eran las más beneficiadas con Peña Nieto y con los presidentes panistas.

Nadie sabe bajo qué criterios, el gobierno de López Obrador decidió que una cuarta parte de todo el gasto sea para tres medios: Televisa, TV Azteca y La Jornada (cada uno recibió más de 200 millones de pesos en 2020).

O por qué en 2021 La Jornada fue el primer lugar en publicidad oficial, con 181 millones de pesos, por encima de Televisa (137 millones) y TV Azteca (119 millones).

Según FUNDAR, la ausencia de reglas claras de asignación y distribución de la pauta oficial es una mala práctica que permite la concentración del gasto en un pequeño grupo de medios, y que la mayoría del gasto sea ejercido por unas cuantas instituciones, destacando el IMSS, Pronósticos, Fonacot, ISSSTE, CFE y SEDENA, con más de 100 millones de pesos cada una en 2020.

No ha habido una explicación oficial clara al respecto; lo cierto es que, aún en la “cuarta transformación”, la publicidad oficial sigue siendo un instrumento que se usa discrecionalmente para premiar o castigar líneas editoriales (la zanahoria y el garrote).

Diez años después de que el viernes negro de Peña en la Ibero evidenciara lo burda que puede ser la manipulación mediática, los partidos y el gobierno siguen evadiendo la regulación en la materia, pues nadie quiere dejar de tener el control de la zanahoria y el garrote.

Ojalá no llegue el día en que un periodista o un medio se sienta en la necesidad de publicar un titular que diga: “Éxito de AMLO y la 4T, pese a intento orquestado de boicot”.

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Una década después del inédito #YoSoy132, la llamada democratización de los medios aún se antoja lejana y difícil.

La situación, incluso, se ha agravado, con un presidente que no se guarda críticas, descalificaciones y estigmatizaciones a periodistas; con medios que pasan penurias para cubrir sus nóminas; con los múltiples obstáculos que enfrenta el periodismo independiente, y con el asesinato atroz de reporteras y reporteros en territorios controlados por el crimen organizado.