Ante las agresiones contra periodistas en el país, organizaciones de la sociedad civil y activistas llamaron al Estado a actuar en conjunto. A pesar de que el mecanismo de protección a periodistas ha salvado vidas, no es suficiente ni debería ser la única medida, alertaron

Texto y fotos: Arturo Contreras Camero

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos días después de la noticia de que tres periodistas habían sido asesinados en Veracruz, Artículo 19 y Espacio OSC, una organización que monitorea propone mejoras a la protección en México de defensoras y periodistas, pidieron al gobierno no actuar solo en las medidas que toma para resguardar estas actividades. 

Representantes de ambas organizaciones, así como Griselda Triana, activista en la defensa de la libertad de expresión, intercambiaron ideas durante el foro Construcción de una política pública de protección integral para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, al que se tenía confirmada la asistencia de un representante de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, que un día antes cancelaron su participación.

Durante el foro también se presentó un documento con los puntos prioritarios que, según consideran desde Espacio OSC, debería seguir la elaboración de una política pública integral de protección a defensoras y periodistas, que señala debería dirigirse en cuatro puntos prioritarios: la prevención, la protección, la investigación y la reparación junto con las garantías de no repetición.

Para lograrlo, en el mismo documento se señala una lista de actores participantes, casi todos pertenecen al Estado y al orden federal, como diferentes entidades de la Segob, de la Fiscalía General de la República, de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad Pública y Ciudadana junto con las comisiones y mecanismos de protección de los estados de Guerrero, Veracruz, Ciudad de México, Colima, Guanajuato y Puebla.

Al foro también asistieron el embajador de la Unión Europea en México, Gautier Mignot; Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Guillermo González Maldonado, representante de la ONU-DH. 

“A veces las personas defensoras o las periodistas dicen: ‘Yo no quiero un escolta, no quiero un botón, genérame una mesa de trabajo para desactivar de forma directa el riesgo, porque al fin y al cabo una medida, un chaleco, un botón, es un paliativo pero no detona el conflicto que está generando esa situación de riesgo amenazante’”, señaló Mario Hurtado, de Espacio OSC. 

Según dijo, muchas de las medidas políticas que se pueden tomar no tienen un costo monetario, sino que dependen de la voluntad y de la capacidad de gestión de las oficinas de gobierno a cargo. “Si tienes control de tu partido de gobierno en la mayor´pia de las entidades, uno podría pensar que se podría impulsar en esos territorios”.

“El mecanismo debe permanecer para no dejarles en mayor riesgo, pero cada entidad a través de sus secretarías de gobierno y de sus unidades de atención a periodistas o mecanismos locales, deben contar con análisis de riesgo y contexto al que los propios periodistas puedan tener acceso”, mencionó al respecto la activista Griselda Triana, esposa de Javier Valdez, periodista de Sinaloa asesinado hace 5 años, de cuyo caso, hizo un ejemplo de las prácticas integrales que se pudieron haber tomado. 

Semanas antes del asesinato de Javier, se supo que integrantes de un grupo criminal impidieron la circulación del semanario Río Doce, en el que colaboraba Valdez, cuando se publicó una entrevista con Dámaso López, uno de los hombre de mayor confianza de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Mi reclamo es por qué si fue un asunto público no se planteó de inmediato que saliera de Sinaloa o del país, porque casi ninguna organización se acercó para valorar la situación, por qué desde el gobierno del estado no se hizo nada para intentar protegerlo”, dijo Triana. 

Como ejemplo de estas medidas integrales, Mario Hurtado mencionó la aplicación del Plan de Contingencia en Chihuahua, una iniciativa de la sociedad civil que se empezó a aplicar desde 2017 para atender la violencia, una iniciativa que impulsó la sociedad civil que permitió alcanzar diferentes acuerdos y mesas de trabajo en temas como feminicidio, medio ambiente, atención a poblaciones indígenas, violaciones a libertad de expresión y medidas transversales de acción. 

Un llamado a la organización desde el gobierno

Ante las demandas de atención al gremio periodístico, el presidente López Obrador anunció hace unas semanas que se reorientaría el 50 por ciento del gasto de publicidad oficial de Presidencia para dotar de seguridad social a muchos periodistas que no cuentan con ningún tipo de protección. 

Para su implementación, el gobierno llamó a los periodistas a organizarse en un padrón para tener acceso a este beneficio, pero no se sabe más del tema. La falta de condiciones laborales son uno de los factores que más influyen en la desprotección que enfrentan periodistas en México. Por lo que un acercamiento desde esta arista podría abrir caminos a nuevos diálogos para garantizar la seguridad del ejercicio periodístico, pero hasta el momento, la propuesta presidencial está en vilo.

“Es un tema que como buenas y buenos periodistas habría que investigar, sobre qué ha pasado sobre ese tema. Hay que recordar que la mayoría de los periodistas que hacen un trabajo independiente en diversas regiones son quienes carecen de las prestaciones mínimas. Creo que sería interesante saber quiénes se han incorporado, bajo qué criterios, cómo lo están haciendo”, dijo al respecto Griselda Triana. “En el trabajo que hemos realizado con familias de periodistas desaparecidos o asesinados, la mayoría no contaba con ninguna prestación, lo que significaba que las familias quedarían en una desprotección total”.