Una reforma que surge de la posverdad y se plantea como una amenaza a las oposiciones tiene en el fracaso su único destino. No es la reforma que se necesitaría para un buen 2024

Twitter: @chamanesco

La propuesta de reforma política del gobierno parte de una posverdad; aquella que asegura que el sistema electoral no funciona.

La iniciativa presentada el pasado jueves concreta una advertencia que el presidente Andrés Manuel López Obrador había venido haciendo desde hace más de un año, la de promover una reforma para que México tenga «una auténtica democracia».

Cada que le molestaba una decisión del Instituto Nacional Electoral o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el presidente blandía la espada de la reforma.

Lo hizo cuando el INE bajó de la contienda a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, precandidatos que incumplieron las normas de fiscalización. 

Ocurrió cuando se aprobó el acuerdo para limitar la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados electa en 2021.

Volvió a ocurrir cuando el Tribunal confirmó esas decisiones de la autoridad administrativa.

Lo hizo cuando el INE se quejó de que el Congreso y Hacienda le negaron el presupuesto solicitado para organizar la Consulta Popular del supuesto «juicio a expresidentes» y terminó haciéndola con una tercera parte de las casillas ante la falta de recursos.

Y, también cuando por la misma razón, se limitaron las casillas en el proceso de Revocación de Mandato.

Desde luego, la amenaza de la reforma volvió a utilizarse cuando la Comisión de Quejas y Denuncias del INE sancionó a funcionarios, legisladores y dirigentes de Morena por violar las reglas de propaganda gubernamental y el principio de imparcialidad durante la campaña de Revocación de Mandato.

Todo, como parte de la verdad alterna que el presidente ha venido construyendo en estos años, de la mano de sus legisladores y voceros; esa verdad que los voceros oficialistas retuitean a los cuatro vientos: «quienes deberían promover la democracia se dedican a obstaculizar la democracia».

Bajo esa premisa, repetida decenas de veces en la conferencia mañanera, el presidente construyó la «necesidad» de una reforma político-electoral, cuya iniciativa hoy por fin conocemos.

En la exposición de motivos del documento redactado en dos oficinas de la Secretaría de Hacienda (la Unidad de Inteligencia Financiera y la oficina de Aduanas), se establecen diez objetivos que justifican los cambios constitucionales.

«Dotar al país de un sistema electoral que brinde seguridad, respeto al voto, honradez y legalidad. Erigir autoridades administrativas y jurisdiccionales honestas e imparciales que se mantengan fuera de la lucha por el poder. Garantizar la libertad política para todos los ciudadanos y ciudadanas, sin censura», dice en los tres primeros puntos.

Pregunta: ¿si no hubieran existido esas condiciones en 2018, habría ganado López Obrador la Presidencia?, ¿si no estuvieran vigentes esas garantías, el partido del presidente sería mayoría en ambas Cámaras del Congreso y en una veintena de Congresos estatales?, ¿gobernaría su movimiento 18 de las 32 entidades, y cientos de municipios?

El sistema electoral, construido durante décadas, ha creado las condiciones para que los Poderes de la Unión reflejen, como nunca, la pluralidad del país y reconozcan el peso social de la actual mayoría política.

Gracias a una serie de reformas consensuadas entre el régimen autoritario y las oposiciones, la izquierda, perseguida, encarcelada, proscrita en los años del partido hegemónico, pudo ingresar al Parlamento como minoría y convertirse poco a poco en mayoría y, hoy, en gobierno.

Modificar nuevamente las reglas para limitar la pluralidad, arrinconar a las oposiciones o debilitar a las autoridades electorales sería desandar un camino de más de 45 años de reformas y luchas democratizadoras.

Por eso, antes de iniciar el debate de las propuestas de López Obrador, vale la pena preguntarse si es necesaria la reforma, y si es oportuna, cuando estamos a dos años de las elecciones presidenciales.

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La propuesta de López Obrador, redactada por Pablo Gómez y Horacio Duarte, sugiere siete cambios concretos:

1. Cambiarle el nombre al Instituto Nacional Electoral y ponerle Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que concentraría las elecciones federales y locales y absorbería las funciones de los actuales Organismos Públicos Locales Electorales, que desaparecerían en aras del principio de “austeridad republicana”. También desaparecerían los tribunales electorales de los estados.

2. Que los consejeros del nuevo INEC se reduzcan de 11 a 7 y que sean electos, junto con los magistrados del Tribunal Electoral, mediante voto popular. La elección se haría cada seis años, antes de las elecciones presidenciales, a partir de 60 nombres propuestos por el Poder Ejecutivo (20), el Poder Judicial (20) y el Poder Legislativo (10 la Cámara de Diputados, 10 el Senado).

3. Reducir la Cámara de Diputados de 500 a 300 legisladores, y que éstos sean electos a partir de listas de candidaturas postuladas por los partidos y candidaturas independientes en cada una de las 32 entidades.

4. Reducir el Senado de la República, de 128 a 96 senadurías; eliminando la actual Lista Nacional y generando que las tres senadurías de cada entidad se elijan a partir de listas estatales.

Es decir, no desaparecen las plurinominales, sino que se propone transitar a un nuevo mecanismo de representación a partir de las listas estatales.

5. Los Congresos estatales y los ayuntamientos también se reducirían, perdiendo diputaciones y regidurías al elegirse mediante listas por cada demarcación.

6. Limitar el financiamiento público que actualmente se entrega a los partidos políticos solamente para los años con elecciones federales (cada tres años), suprimiendo el financiamiento para gasto ordinario que cada año se les asigna a partir de una fórmula establecida en la Constitución (número de ciudadanos registrados en el Padrón Electoral por el 65% de la Unidad de Medida y Actualización vigente).

7. Se pretende modificar el modelo de comunicación creado en la reforma política de 2007, reduciendo y redistribuyendo los tiempos que actualmente administra el INE. Y, además, se propone modificar el concepto de propaganda gubernamental, para que el gobierno pueda difundir todo tipo de publicidad en tiempos electorales. Es decir, elevar a rango constitucional, el “decretazo de interpretación auténtica” aprobado recientemente por el Congreso e invalidado por el Poder Judicial.

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Cada uno de los puntos podría llevarse meses de discusión en el Congreso, pero más allá de los méritos de la propuesta, lo cierto es que la iniciativa parece haberse redactado con la finalidad de que no se apruebe.

El PT y el PVEM, partidos aliados de MORENA -sin los cuales el partido oficial sólo tendría 200 votos en San Lázaro y 61 en la Cámara alta- serían los primeros en rechazar la desaparición del financiamiento público para gasto ordinario y la reducción de las Cámaras.

La oposición, además de rechazar esas propuestas, ha manifestado que no permitirá la desaparición del INE o el debilitamiento del sistema electoral.

Eso lo saben en Palacio Nacional.

¿Para qué proponer entonces una reforma?, ¿se pretende realmente modificar el sistema electoral, o es sólo una herramienta retórica del lopezobradorismo para mantener viva la polarización?

Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que una reforma que surge de la posverdad y se plantea como una amenaza a las oposiciones tiene en el fracaso su único destino.

No es la reforma que se necesitaría para un buen 2024.