En México hay alrededor de 100 mil personas desaparecidas y sólo se han emitido 36 sentencias judiciales. La gravedad es innegable, así como la deuda del Estado mexicano con las víctimas y las familias de personas desaparecidas sobre la búsqueda, localización e identificación. La ONU reclama acciones

Por Montserrat Castillo^*

“Ya no es el tiempo de antes, en el que se usaba al ejército para reprimir o para rematar heridos, como se hacía en la época de Calderón o para desaparecer a personas. Ya no es ese tiempo.” Andrés Manuel López Obrador, 13 de abril de 2022.

El pasado 12 de abril fue publicado el Informe de la visita a México realizada por el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de las Naciones Unidas (ONU) del 15 al 26 de noviembre de 2021. Este informe es resultado de la visita de la delegación a 13 entidades federativas, el encuentro en reuniones con autoridades gubernamentales, diálogos con grupos de víctimas y organizaciones sociales, así como con integrantes de la Red de Enlaces Nacionales (REN), y el acompañamiento a la segunda jornada de búsqueda de la VI Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (BNB) en el estado de Morelos. Resulta pertinente que algunas de las reflexiones del Ejecutivo Federal, al ser interpelado sobre un cambio en su estrategia de seguridad con motivo de las recomendaciones del CED en su Informe, acompañen este texto.

Según el Informe, “México enfrenta una situación crítica en materia de desaparición forzada”, así como una crisis forense con más de 52,000 cuerpos de personas fallecidas sin identificar que no incluyen los miles de restos y fragmentos óseos hallados en contexto de fosas cotidianamente, además de señalar que “se mantiene una situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio nacional, frente a la cual imperan una impunidad casi absoluta y la revictimización”.

“No permitimos la impunidad”, Andrés Manuel López Obrador, 13 de abril de 2022

El registro de personas desaparecidas en México asciende a 99,558 personas. Sin embargo, según el mismo Informe, a nivel nacional se han emitido 36 sentencias en casos de desaparición de personas y solo entre el 2% y el 6% de los casos han sido judicializados. Asimismo, en el documento se advierte sobre la baja relativa en el registro de personas desaparecidas durante los últimos dos años, al recordar que frecuentemente las desapariciones son registradas uno o dos años posteriores a la desaparición. 

Sobre los perpetradores de las desapariciones forzadas, señala que éstas “continúan siendo cometidas directamente por agentes públicos del ámbito federal, estatal y municipal. Además, la delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, con diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos.”

La REN, por su parte, preparó una comunicación al CED con la participación de 79 integrantes (colectivos e individuales) de 24 estados de la República, en el que las familias comparten su experiencia frente a la desaparición. Identificado en más del 50% de los 4,261 casos documentados que la policía estatal (33.3%), la policía federal (9.9%) y la policía municipal (7.4%) fueron partícipes de la desaparición de sus seres queridos. 

En más del 70% de los casos de desaparición registrados por el Informe de la REN, fue partícipe de la desaparición alguna fuerza de seguridad policial. Por otra parte, en 876 casos se identifica la participación de grupos de crimen organizado en la desaparición. Asimismo, la REN coincide con el CED, al identificar a los hombres entre 19 y 30 años como principales víctimas de desaparición en los casos documentados.

En su Informe, las familias de la REN identifican los diversos impactos derivados de la desaparición que experimentan, entre las principales afectaciones se encuentran mermas en la salud física (diabetes, colitis, parálisis facial, hipertensión, entre otras), psicoemocional (ansiedad, depresión, etc.), así como afectaciones en su dimensión familiar, social, laboral y precarización económica.

“No vieron nada de los abusos que se cometían, crímenes de Estado durante el periodo neoliberal. Hay que ponerlos al tanto de que ya es otra realidad.”

Andrés Manuel López Obrador, 13 de abril de 2022

Nuestra actual crisis en materia de desaparición está vinculada a la implementación de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón y la estrategia de militarización que ha sido continuada y fortalecida por las siguientes administraciones. Al respecto, el Informe señala que “entre 2006 y 2021 se produce un crecimiento exponencial de las desapariciones en el país, pues un porcentaje superior al 98 % tuvo lugar en dicho período”. El CED profundiza al señalar que “la militarización para combatir la delincuencia, ha sido insuficiente e inadecuada en lo que atañe a la protección de derechos humanos”. Además de reiterar “su recomendación de fortalecer a las fuerzas civiles del orden y requiere al Estado parte establecer un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública.” 

Asimismo, el CED urge al Estado mexicano a implementar una Política Nacional de Prevención y Erradicación de las desapariciones e insta a adoptar e implementar el reglamento y todos los instrumentos pendientes de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

El documento celebra además de la Ley General, la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, la creación de comisiones locales de búsqueda y de las Fiscalías Especializadas en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, la adopción del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas y del Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes, así como la creación de centros y unidades dedicados a la identificación humana, entre otros avances que identifica como “herramientas con un gran potencial, cuya efectiva implementación debe ser prioritaria en la lucha contra la desaparición forzada”.

La gravedad del fenómeno en México resulta innegable, así como la deuda del Estado mexicano con las víctimas y las familias de personas desaparecidas sobre la búsqueda, localización e identificación. Sobre el acceso a la verdad, la memoria, garantías de no repetición y justicia digna. #HastaEncontrarles

* Coordinadora de Desarrollo Institucional en ReverdeSer Colectivo | TW:@m_illoillo