En los territorios de las autodefensas de Michoacán la violencia sexual subió 183 por ciento; mientras, el Congreso propone aumentar la pena en caso de aborto voluntario. En este contexto, el sector salud atendió por violencia sexual a más de 70 mil mujeres y practicó 30 mil abortos. Interrumpir el embarazo, dicen activistas, es un acto humanitario

Texto y foto: Emanuela Borzacchiello

La situación no permanece estable, ni fuera de peligro. Hace menos de un mes el gobierno de Michoacán presentó la iniciativa que aumenta la pena en caso de aborto voluntario, al pasar de seis meses a un año de trabajo comunitario (artículo 145 del Código Penal estatal) a una que va de uno a cinco años de prisión. La nueva propuesta señala que, para tener el mínimo de pena, las mujeres pueden demostrar no tener “mala fama” o haber “ocultado el embarazo”; es decir, tienen que demostrar que no son “putas” y que tienen vergüenza y culpa de sus actos. Esta condición, además, plantea el control social y moral hacia la mujer.

En Michoacán las mujeres enfrentan cada día la pobreza, la desigualdad y las altas tasas de violencia, y son criminalizadas si deciden elegir libremente la maternidad.

“Desde enero hasta la fecha, se cuentan 48 mujeres víctimas de feminicidio. Más violento es el contexto, más crece el riesgo para la vida de las mujeres”, dice Circe López Riofrío, quien conoce cada esquina de Morelia.

La activista feminista cuenta que se transformó su manera de estar en el mundo y vivir en un territorio donde la violencia es cada día más silenciosa, y donde se estableció un equilibrio cotidiano en el que todas las mujeres se acostumbran a vivir con violencia.

En Michoacán disminuyeron las balaceras por la calles, pero: “hay más robos e inseguridad. Vivimos en una situación de permanente violencia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un estudio en el 2015 sobre situación de los derechos humanos en los municipios donde hay autodefensa: en estos municipios la violencia sexual se incrementó 183 por ciento (entre 2006 y 2013)”, alerta López Riofrío.

Con su organización, Humanas sin Violencia, recuperan y cruzan datos:

Primero. “Sabemos que desde el 2010 al 2015 el sector salud atendió por violencia sexual a 92 mil 739 mujeres mayores de 15 años. Observamos las cifras de la Procuraduría para saber cuántas denuncias de violación se habían presentado en el mismo periodo y de esta manera descubrimos que las denuncias eran solo 2 mil”.

Denunciar implica que el proceso de presentación de pruebas recae todo sobre las víctimas: entre más llegan al hospital con sañas, con manchas de espermas y completamente traumatizadas, menos tienen “mala fama” y más posibilidades tienen de pedir justicia.

Segundo. Entre el 2008 2015, el sector salud atendió 36 mil 159 casos de abortos, “no podemos saber si éstas mujeres que abortaron son las mismas que sufrieron una violencia sexual. No logramos tener más datos porque las instituciones siguen negando lo que está pasando, porque no saben como atender, no saben como hacer que sea efectiva la reforma 046”.

Circe se refiere a que antes de la reforma 046 (a la Ley federal sobre Interrupción Legal del Embarazo), una mujer violada tenía que pedir permiso a un juez para abortar. Después del trauma de una violencia sexual, su voluntad y su dolor no eran suficiente. Con la reforma 046 las mujeres ya no deben violadas ya no deben pedir permiso al juez para abortar. Esta reforma además de quitarle la penalización a la mujer, libera del peso social y moral a los operadores sanitarios, doctores, anestesistas, enfermeros y enfermeras.

La mayoría de los operadores sanitarios no saben que existe la reforma 046 y que es legal lo que están haciendo, pero sobretodo el límite de su acción es que “no hay procedimientos institucionalizados en los hospitales para atender las mujeres víctimas de violencia”.

“A pesar de todo, el hecho de que el sector salud en Michoacán haya atendido más de 70 mil mujeres y practicado más de 30 mil abortos me parece un acto humanitario para comunidades que viven una violencia brutal”.

Tercero. Para reconstruir la información y dibujar el panorama de las violencias que se cruzan en los cuerpos de las mujeres, las activistas michoacanas tienen que tener la paciencia de una araña: “Para nosotras era importante entender cuántas mujeres están encarceladas por aborto. Los datos que buscamos desde el 2013 nos indicaban que había 28 mujeres en prisión. Para encarcelarlas se le cambia el nombre al delito y se le acusa de homicidio en razón de parentesco. Así que por cada caso nos toca construir una telaraña: gracias a la ley de acceso a la información pudimos reconstruir el número de denuncias, otros datos los pedimos a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría”.

Lo que las activistas de Humanas sin Violencia encuentran son historias de mujeres en prisión o en peligro, como Marta que quería abortar porque el producto del embarazo tenía hidrocefalia, “ella todo el tiempo solicitó un aborto en el Hospital de la Mujer, pero nadie le hizo caso hasta que llegó ya a la semana 16. Nosotras lo que hicimos fue solicitar el apoyo de un procedimiento que hay en el Distrito Federal y la llevamos por allí”.

Según datos del Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo de la Ciudad de México, al menos 382 mujeres michoacanas han acudido a la Ciudad de México a practicarse la interrupción del embarazo durante el periodo comprendido entre abril del 2007 a enero del 2017.

“Hemos lanzado una convocatoria para saber si podemos contar con operadores sanitarios que practican abortos y entender si el contexto es favorable”. Para Lucero la estrategia estatal está clara: “lo que estamos observando es que hay una cuestión que esta sucediendo a nivel nacional así como a nivel estatal: a una mayor demanda por parte de las mujeres de libertad y de derechos humanos, la respuesta del Estado es represiva. No se hizo público que se iba a presentar una Reforma al Código Penal en Michoacán. Ni siquiera a nosotras, que estamos siempre en alerta sobre estos temas, llegó la información y nunca se explicó a que necesidad respondía esta Reforma. Hay una visión bastante retrograda del código penal, que no está garantizando los derechos humanos de las mujeres, sino que solo establece normas de control sobre las libertades de las mujeres. Nos dicen que la iniciativa fue elaborada por personas expertas en derecho por parte de la Procuraduría General y por parte de la Consejería Jurídica del Estado, pero el hecho es que tiene un lenguaje totalmente sexista”.

La propuesta se retiró gracias a la fuerte presión de activistas y académicas, pero la situación no permanece estable, ni fuera de peligro: “nos esperamos en cualquier momento que la retomen. La nueva administración está reafirmándose una visión discriminatoria de las mujeres. No hace pública las iniciativas de cambios legislativos o cambios en general que está llevando a cabo. No hay consenso, no hay consulta. La función del Congreso nos preocupa mucho: parece que se mandan las iniciativas al Congreso, pero falta un proceso de revisión de los documentos”.

Las mujeres de Michoacán acaban de entregar una carta al gobernador del Estado con dos solicitudes claras y necesarias: no penalizar el aborto voluntario, por lo menos hasta las 12 semanas de embarazo y no penalizar a los médicos que lleven a cabo abortos con consentimiento de la mujer. Estaremos alerta, advierten ellas.

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