Uno de los reclamos principales de pueblos agrupados en el Consejo Nacional Indígena es la autonomía para decidir sobre sus territorios y formas de organización. En algunos estados, ya venían construyendo su autonomía de seguridad comunitaria; en otros, apostaron por la elección de autoridades tradicionales comunitarias. Pero ¿a qué le llaman autonomía? ¿Cómo se construye? El tema cobrará importancia en la agenda política, ante el debilitamiento del Estado frente a poderes económicos y la decadencia del sistema de partidos
Texto: Kau Sirenio.
Fotos: Ángeles Mariscal
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.- Llegaron vestidos de todos los colores, desde los lugares más recónditos del país, para unir voces en el Congreso Nacional Indígena (CNI). Cada delegado y Concejal que se asomó en el Centro Indígena de Capacitación integral de la Universidad de la Tierra (Cideci-UniTierra) cargaba años de experiencia en resistencia contra el despojo de sus territorios y para construir autonomías.
El llamado al encuentro de los pueblos indígenas había surgido el 12 de octubre de 2016. Participaron 848 delegados y concejales de 58 pueblos indígenas del país, además de la comandancia general del EZLN, encabezada por los subcomandantes Moisés y Galeano. Después de sesionar en tres mesas de trabajo, el Consejo Indígena de Gobierno (CIG) determinó, en voz de Sara López González: “Por acuerdo de nuestra asamblea constitutiva del Concejo Indígena de Gobierno decidimos nombrar como vocera a nuestra compañera María de Jesús Patricio Martínez del pueblo Nahuatl, cuyo nombre buscaremos que aparezca en las boletas electorales para la presidencia de México en el año 2018, que será portadora de la palabra de los pueblos que conformaran el CIG, que a su vez es altamente representativo de la geografía indígena de nuestro país”.
Es mayo de 2017. La decisión del CIG reivindica distintas luchas que muchos pueblos originarios libran en el país para reconstruir sus autonomías ante el capitalismo, el neoliberalismo, despojos, discriminación, marginación, represión, asesinatos y demás violaciones a sus derechos.
Concentrados en el Cideci-UniTierra, los indígenas denuncian las represiones en sus comunidades de origen como política de exterminio: un acueducto y gasoductos en el territorio histórico de la tribu Yaqui; el asesinato del Wirrárika Miguel Vázquez Torres, ex presidente del comisariado de Bienes Comunales de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán, en Jalisco; la obstrucción del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Guerrero para definir el método para la elección por usos y costumbres en Ayutla de los Libres.
También hay historias exitosas de la resistencia autonómica, como la de la Sierra Juárez, donde la comunidad zapoteca Villa Talea de Castro se organizó para operar su propia red de telefonía celular comunitaria indígena, ante la negativa del emporio Telcel, propiedad del magnate Carlos Slim.
Pero sobre todo, lo que se siente en el ambiente es un ánimo de batalla.
“Ninguna reivindicación de nuestros pueblos, ninguna determinación y ejercicio de autonomía, ninguna esperanza hecha realidad ha respondido a los tiempos y formas electoreras que los poderosos llaman democracia –dice Sara López –. Por lo que no sólo pretendemos arrebatarles el destino que nos han quitado y desgraciado, pretendemos desmontar ese poder podrido que está matando a nuestros pueblos y la madre tierra y las únicas grietas que hemos encontrado y que han ido liberando conciencias y territorios, dando consuelos y esperanza están en la resistencia y rebeldía”.
En enero de 2001, durante la marcha color de la tierra, el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberal Nacional plantearon la autonomía como uno de cinco ejes en la reforma constitucional de derechos y cultura indígena. La élite política -agrupada entonces en los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Verde Ecologista de México- rechazó la propuesta con el argumento de que los pueblos indígenas pretendían separarse de los Estados Unidos Mexicanos.
En el CNI dicen que sólo quieren respeto a sus formas de organización (sistema de cargos, asamblea, concejo de ancianos o de principales). Antes de su propuesta, los pueblos habían realizado distintos foros en universidades públicas y privadas para explicar y argumentar su entender.
Pero ¿qué es autonomía? ¿Cómo construirla desde la base? ¿Qué implica ponerla en marcha?
“Autonomía no es un regalo ni separación, autonomía es construir nuestro propio órgano de gobierno, donde entren todos y todas; autonomía es decidir por nuestro territorio, es que nos dejen cuidar el agua, el espacio y la tierra; que nos dejen decidir sobre los minerales, la flora y la fauna, pero ellos no quieren eso porque temen quedar sin nada por la forma de cómo han entregado la riqueza natural a las trasnacionales”, dice el ex preso político de la tribu Yaqui, Mario Luna, quien define la autonomía más allá de un simple reconocimiento.
Y agrega: “Queremos, como pueblos y tribu indígena, organizarnos para decidir la forma de cómo elegir nuestras autoridades, no sólo en nuestro territorio histórico sino en el país; es por eso que para mí es muy importante este ejercicio del Concejo Indígena de Gobierno, porque es un órgano de gobierno que va de lo marco a lo micro, de cómo lo vemos nosotros, en nuestro territorio”.
En algunos estados, los pueblos indígenas ya venían construyendo su autonomía de seguridad comunitaria. Es el caso de Guerrero, donde hace años, en la región de Costa Chica, los na savi (mixtecos), me´phaa (tlapanecos) y nahuas se organizaron a través de la asamblea para formar la Policía Comunitaria, de la que surgió la Coordinara Regional de Autoridades Comunitaria (CRAC-PC), una organización horizontal cuyo órgano de gobierno se integra por las comunidades asentadas en el territorio comunitario, la asamblea comunitaria, el concejo de principales, las autoridades civiles, agrarias (comisarios y comisariados de Bienes Comunales o Ejidales) y cinco coordinadores que fungen como jueces.
“Sólo queremos que nos respeten y reconozcan nuestro derecho ancestral: soberanía inherente comunitaria en el que nosotros estábamos antes”, explica ahora la ex coordinadora de la CRAC, Asunción Ponce Ramos, en su casa en Cuanacaxtitlán.
Entre las distintas formas de apreciar la autonomía en las resistencias indígenas, aparece el ejercicio de autonomía política real (elección de las autoridades tradicionales comunitaria: topiles, mayordomos, policías, comisarios, regidores y presidentes municipales) en la demarcación del territorio histórico y asentamiento humano. Se trata de un reclamo de pueblos y organizaciones indígenas ante el debilitamiento de la capacidad del Estado frente a poderes económicos y la decadencia de los partidos políticos por la corrupción y la violencia institucional de los de abajo. El ejemplo más claro es el de la comunidad de Cherán, en Michoacán, donde hace seis años, en abril de 2011, los pobladores expulsaron a los partidos políticos en pleno proceso electoral de ese estado.
La organización de los indígenas purépechas ocurrió después de que el gobierno del estado no pudo resolver el problema de inseguridad en la zona. Y tras un engorroso papeleo, el tribunal electoral de la federación reconoció el derecho político de los habitantes de Cherán para integrar su Concejo Mayor de gobierno, a través de elección por usos y costumbres.
En ningún caso, las autonomías han implicado una separación de la federación.
El lloriqueo de los niños se ahoga con el calor asfixiante de la tarde de este domingo 28 de mayo de 2017. En el auditorio de Cideci-UniTierra, los delegados y concejales del CNI votan a mano alzada cuando se les pregunta si están de acuerdo con la designación de María de Jesús Patricio Martínez como vocera de CIG.
Después de ese proceso, se lee el documento final: “Reiteramos que sólo en la resistencia y la rebeldía hemos encontrado los caminos posibles donde podamos seguir viviendo; que en ellas están las claves, no sólo para sobrevivir la guerra del dinero contra la humanidad y contra nuestra Madre Tierra, sino para renacernos junto con cada semilla que sembremos, con cada sueño y con cada esperanza que se va materializando en grandes regiones en formas autónomas de seguridad, de comunicación, de gobiernos propios de protección y defensa de los territorios. Por lo tanto, no hay más camino posible que el que se va andando mero abajo, pues arriba no es nuestro camino, es el de ellos y les estorbamos”.
Agrega: “Esas únicas alternativas nacidas de la lucha de nuestros pueblos están en las geografías indígenas de todo nuestro México y juntos somos el Congreso Nacional Indígena, que decidimos no esperar el desastre que indudablemente nos traen los sicarios capitalistas que gobiernan, sino pasar a la ofensiva y hacer esa esperanza un Concejo Indígena de Gobierno para México, que apueste a la vida desde abajo y a la izquierda anticapitalista, que sea laico y que responda a los siete principios del mandar obedeciendo como nuestra garantía moral”.
A la Asamblea constitutiva del Concejo Indígena de Gobierno llegaron 1482 hombres, mujeres, niños y jóvenes, entre delegados, invitados del CNI, concejales y zapatistas.
El CIG provisional lo integran 64 concejales indígenas de los pueblos Binizaa, coca, comcaac (seri), chol, chontal, hñähñú, kumiai, maya, mayo, mazahua, mixteco, nahua, nayeri, ñhatö, popoluca, purépecha (una persona radicada en la Ciudad de México) rarámuri, tohono O’odham, totonaca, tzeltal, wixárika y yaqui y zoque (uno radicado en Jalisco) y seis mestizos, de Chiapas, Campeche y Veracruz. Varios de ellos son activistas en resistencia en contra de los megaproyectos en sus territorios.
La tarea de que ahora tienen los concejales y delegados de CNI es reunir las firmas requeridas para la inscripción de la candidatura independiente a la presidencia del país que representará su vocera, María de Jesús Patricio Martínez. Porque los pueblos decidieron cambiar de estrategia, y pasar de la resistencia a la batalla.
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