Para entender la lógica en la que el CNI coloca sus piezas en la agenda política nacional, hay que mirar en perspectiva el movimiento zapatista y el trabajo que el EZLN ha realizado desde su presentación pública en 1994

Texto: Ángeles Mariscal.

Fotos: Issac Guzmán / Colectivo Tragameluz y Ángeles Mariscal

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.- El Concejo Indígena de Gobierno, recién nombrado por el Congreso Nacional Indígena (CNI) como su representante en la coyuntura electoral de 2018, revive la apuesta que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional puso sobre la mesa hace 23 años, cuando aceptó llevar por la vía del diálogo la lucha por los derechos de los pueblos originarios y puso en los hombros de la sociedad civil el trabajo para impulsarla.

Y María de Jesús Patricio Martínez, una indígena nahua, irrumpe en el primer plano del escenario político mexicano como vocera del Concejo y candidata a la presidencia del país en una lógica en la que el objetivo no es competir a la par de los partidos políticos que ya existen, sino recorrer el país para articular los diferentes movimientos indígenas y no indígenas, que –a su manera y en sus contextos– pugnen por las 11 demandas que el EZLN planteó el 1 de enero de 1994: trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz.

Desde su presentación pública en 1994, cuando le declararon la guerra al Estado mexicano, los zapatistas se han movido en dos pistas: por una parte, mantienen la figura de grupo guerrillero clandestino con comunidades de base, y por otra, impulsan su lucha a través de grupos de la sociedad civil.

Antisistémico y anticapitalista. Así han resumido estos movimientos que buscan desmontar la máquina de poder que mueve al mundo en la lógica del mercado y la acumulación de riqueza, y que ha ido creciendo hasta llevar a niveles grotescos la pobreza, la desigualdad y, sobre todo, en el caso de los pueblos indígenas, el despojo de sus territorios físicos y culturales.

¿Cómo un grupo formado mayoritariamente por indígenas pobres puede impulsar esto? Parece, en el mejor de los casos una utopía, pero en pos de ella los zapatistas han caminado más de dos décadas, junto con diversos actores que han acudido a sus convocatorias y reuniones de reflexión, análisis, y lo que especialistas llaman “decolonización del pensamiento”.

Sus esfuerzos por impulsar otra forma de pensar y “otra forma de hacer política” han sido constantes y diversos. En enero de 1994 llamaron a una convención nacional; luego, a formar un movimiento para la liberación, un frente zapatista, un congreso indígena. Uno tras de otro, hasta llegar a esta nueva apuesta que encuentra a un México más pobre, más violentado, más desposeído, más escéptico e indignado que el de hace 23 años.

“Un esfuerzo civil y pacífico”

A los pocos días del alzamiento armado de 1994, y luego del cese al fuego, los indígenas zapatistas llamaron -a través de la Segunda Declaración de la Selva Lacandona- a un “esfuerzo civil y pacífico” para impulsar sus demandas con el apoyo de la sociedad civil.

En agosto de ese año, convocaron a una Convención Nacional Democrática, en el bastión de Guadalupe Tepeyac a la que asistieron estudiantes, activistas, académicos, líderes sociales y políticos de izquierda, entre ellos Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

En la Convención, que se realizó dos semanas antes de la elección presidencial de ese año, los participantes plantearon que, “sin oponerse a la lucha electoral”, buscarían nuevas formas de lucha que incluyeran a sectores democráticos en México y se enlazaran con movimientos de otras partes del mundo. Sin embargo, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) consiguió una amplia victoria con lo que se conoció como “el voto del miedo”, después de meses de violencia política. Para los zapatistas, el triunfo del PRI en esa contienda, “vino a terminar con las ilusiones de un cambio inmediato por la vía pacífica (…) cortó las esperanzas en la vía electoral”.

Una segunda iniciativa fue la creación del Movimiento para la Liberación Nacional, propuesta en enero de 1995, a través de la Tercera Declaración de la Selva Lacandona. Proponía la instauración de un gobierno de transición, un nuevo Congreso Constituyente, una nueva Carta Magna y “la destrucción del sistema de partido de Estado”.

El gobierno de Ernesto Zedillo respondió a este desafío en su contra, revelando la identidad del líder político del EZLN (el Subcomandante Marcos), deteniendo a varios dirigentes zapatistas y estableciendo posiciones militares en su zona de influencia.

Los zapatistas aceptaron entonces sentarse a la participar en un diálogo público para la solución a sus demandas, instaurando mesas de trabajo con una delegación de representantes de poderes Ejecutivo y Legislativo.

Fue en este contexto que convocaron a un Foro Nacional Indígena para integrar a las mesas de diálogo las propuestas que de ahí surgieran. De la convergencia de este foro nació el Congreso Nacional Indígena. Y como resultado de la primera mesa de trabajo sobre derechos y cultura indígena, ambas partes firmaron los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, que contemplaba establecer en la Constitución el reconocimiento a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas.

Sin embargo, Zedillo rechazó llevar al Congreso la iniciativa de ley en los términos firmados en los Acuerdos. El EZLN llamó a conformar el Frente Zapatista de Liberación Nacional, como una fuerza política nacional abierta a todos los ciudadanos mexicanos, “cuyos integrantes no desempeñen ni aspiren a desempeñar cargos de elección popular o puestos gubernamentales en cualquiera de sus niveles. Una fuerza política que no aspire a la toma del poder. Una fuerza que no sea un partido político”.

En marzo de 2001, ya con Vicente Fox como presidente de México, el EZLN inició una gira por el país para exigir nuevamente la aprobación de la iniciativa de ley derivada de los Acuerdos de San Andrés, fortaleciendo en este paso la figura del CNI, cuyos representantes acompañaron a los zapatistas durante el recorrido y en la reunión que tuvieron con legisladores en el Congreso de la Unión.

El 28 de ese mes, una representante de un grupo rebelde y con el rostro cubierto habló en la máxima tribuna del país: «Los zapatistas no venimos a insultar ni a humillar a nadie ni a vencer, suplantar o legislar. Venimos a que nos escuchen, a escucharlos, a dialogar”, dijo a los legisladores la Comandanta Esther, en una célebre sesión en las que también habló, a nombre del CNI, María de Jesús Patricio.

Pero a los pocos meses de esta reunión, el Congreso aprobó modificaciones a la Constitución en materia de derechos de los pueblos indígenas que no recogían los acuerdos de San Andrés. El EZLN consideró que esta decisión “le dio un golpe mortal a la solución pacífica, dialogada y negociada de la guerra”, y en los años siguientes, el grupo insurgente se concentró en construir en su zona de influencia en Chiapas, proyectos de desarrollo y educación autónomos, independientes del Estado mexicano.

“Otra forma de hacer política”

Los zapatistas volvieron a aparecer en la arena política a principios de 2006, cuando estaban en auge las campañas políticas para las elecciones presidenciales.

Encabezados por el Subcomandante Marcos, iniciaron una nueva gira por el país para reunirse con organizaciones políticas de izquierda, indígenas, grupos, colectivos y personas que meses antes habían suscrito la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La La Sexta fue un llamado a conformar un Programa Nacional de Lucha y crear una nueva Constitución Política que rigiera en toda la República Mexicana, bajo la premisa de que

“un nuevo paso adelante en la lucha indígena sólo es posible si el indígena se junta con obreros, campesinos, estudiantes, maestros, empleados… o sea los trabajadores de la ciudad y el campo”.

En esta segunda gira, que se conoció como la otra campaña, los zapatistas cuestionaron de nueva cuenta a los partidos políticos y propusieron “tratar de construir o reconstruir otra forma de hacer política (…) un acuerdo con personas y organizaciones mero de izquierda (…) una política de alianzas con organizaciones y movimientos no electorales”.

Sectores de la izquierda partidista vieron con desconfianza la crítica zapatista al sistema de partidos, que alcanzaba al candidato opositor Andrés Manuel López Obrador, quien en una elección fuertemente impugnada, oficialmente perdió la elección por menos de un punto porcentual.

Durante la siguiente década, mientras en el país se multiplicaba la violencia contra la población derivada de la llamada guerra contra el narco que encabezó Felipe Calderón, la pobreza crecía, se privatizaban bienes públicos y se concesionaba a la iniciativa privada miles de hectáreas de tierra para la extracción de recursos naturales, el EZLN y algunos grupo indígenas del país fortalecieron los encuentros con los grupos de la sociedad civil.

En ese contexto, en octubre de 2016, durante la celebración del 20 aniversario del CNI, el subcomandante Marcos –ahora llamado Galeano– propuso volver a la agenda política nacional con la coyuntura electoral de 2018, impulsando a una mujer indígena como representante de los pueblos indígenas en la contienda presidencial.

Los planteó como una salida no violenta ante el escenario nacional adverso, que posibilitaría recorrer nuevamente el país y articular movimientos de resistencia que estuvieran llevándose a cabo en otras regiones.

La propuesta fue recibida con posiciones encontradas al interior del CNI, cuyos integrantes llevaron a consultar con sus pueblos la propuesta. En diciembre volvieron a reunirse y acordaron nombrar un Consejo Indígena de Gobierno y una “vocera para nosotros, candidata para ustedes”.

“Desde la autonomía y la autodeterminación”

En el juego de símbolos con el que los zapatistas se expresan, María de Jesús representaría una “anticandidata”, porque ella y el Consejo Indígena de Gobierno no se moverían en la lógica de los partidos políticos, no van a hacer un llamado a votar, no van a nombrar representantes ante el Instituto Nacional Electoral y no van a cuidar casillas el día de la elección.

Las acciones que acordaron realizar son “reunir los elementos necesarios para que el Concejo Indígena de Gobierno y nuestra vocera sea registrada como candidata independiente a la presidencia de este país y sí, echarles a perder su fiesta basada en nuestra muerte”.

Se pueden encontrar pistas sobre el objetivo de inscribirla como candidata, en los propósitos y estrategias que acordaron deberá emprender el Consejo Indígena de Gobierno, como por ejemplo, “crear núcleos organizados y levantar una organización nacional para potenciar al Consejo”. O crear un parlamento y concejos indígenas de gobierno a nivel estado, región o comunidad, tomando en cuenta la autonomía y la autodeterminación contempladas en los Acuerdos de San Andrés.

Así, esta nueva estrategia revive así la apuesta por un alzamiento indígena no violento que inició el EZLN en 1994, y que hoy, 23 años después, coloca de nuevo en la agenda política nacional al grupo insurgente, al CNI y los pueblos indígenas, poniendo el dedo en la profunda crisis de legitimidad del gobierno mexicano y su sistema de partido.

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