Esta es la historia de cómo los ciudadanos terminan pagando por las decisiones que toman sus gobernantes. Desde 2002, los torreonenses gastan 25% más en su recibo del agua para sostener una planta tratadora que ha pasado por cuestionables administraciones, batallas legales, contratación de despachos, créditos fuera de control… el saldo final estimado alcanzaría los 400 millones de pesos

Por Mayela Ávila / Twitter: @mas81

Ilustración: Carlos Mendoza

COAHUILA.- De 2015 a 2021, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Torreón destinó  49.1 millones de pesos al pago de abogados externos  para seguir un proceso legal contra la compañía  Ecoagua S.A de C.V que, por 12 años, administró la Planta Tratadora de Aguas Residuales de Torreón.

A esta cantidad, se suman 58.2 millones de pesos descontados de abril a diciembre del año pasado, de participaciones federales al Ayuntamiento de Torreón a favor de la empresa concesionaria, tal como consta en un documento emitido por el organismo operador a través de una solicitud de Transparencia.

En global, en esos siete años, el Municipio erogó más de 107.3 millones de pesos por un proceso legal del que actualmente el Sistema fue condenado a cubrir  106.9 millones, sin incluir los intereses que lo pueden elevar a casi 400 millones. 

La planta tratadora es una instalación que se encarga del saneamiento de 34 millones de metros cúbicos de los casi 70 millones de aguas negras o residuales que se generan en la ciudad, en la que se eliminan  contaminantes, basura y residuos, y con ello garantizar que su reúso no provoque riesgos a la salud.   

El proyecto operaba con una concesión a 18 años y seis meses, contados a partir del 2003, fecha en la que terminó la construcción y se llevó a cabo las primeras acciones de tratamiento, tal como consta en un informe elaborado por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila.

Sin embargo, en marzo de 2015 el Simas Torreón -encabezado en ese entonces por Xavier Herrera Arroyo-, inició un proceso para la rescisión anticipada del contrato por el incumplimiento de la empresa en la calidad del agua, el retiro de lodos y en inconformidad por los altos cobros que se tenían que destinar al mes a esta compañía.

Ahí comenzó una batalla legal de Simas Torreón para rescindir el contrato y no pagar a Ecoagua más 600 millones de pesos por operación y mantenimiento hasta junio del 2021 (fecha en la que vencía el contrato). 

Para esta batalla, durante el periodo de  2015 a 2021, Simas Torreón  recurrió  de forma alterna a la contratación de dos despachos y de por lo menos dos asesores externos con un costo millonario al erario.

Para el actual gerente general del Simas, Lauro Villarreal Navarro, todos los procedimientos legales que se hicieron en torno a Ecoagua fueron “mal representados”.

 “Básicamente perdimos todos los juicios. Estamos revisando de manera legal qué se puede hacer, pero sí hubo descuido, hubo omisiones y no se atendió la defensa legal de manera correcta (…) hubo negligencia o dolo o qué sé yo”, sentenció el funcionario, quien aseguró que la cantidad a la que se condenó a Simas Torreón se actualizó a 181 millones de pesos que, sumando los costos legales y los intereses, puede alcanzar los 400 millones de pesos de adeudo.

¿Qué despachos intervinieron?

NASSAR NASSAR ASOCIADOS Y/O MICHIGAN DE ANGO PROTECCIÓN JURÍDICA SC, cuyas oficinas se ubican en la colonia Insurgentes, en la Ciudad de México, fue el primer despacho contratado por adjudicación directa en la gestión de Herrera Arroyo, tal como se da a conocer en el contrato SIMAS 025/2015.

“De acuerdo a Ley de Adquisiciones de Coahuila, no existe la obligación de que, para la contratación de algún despacho de abogados, se tenga que ir por alguna de las figuras como licitación o de invitación restringida a cuando menos tres personas, es decir, como se trata de un área cuya contratación, requiere un aspecto especializado y técnico, la propia Ley admite excepciones”, explicaron integrantes del Foro Regional de Abogados Independientes de La Laguna.

Para la defensa del Simas Torreón con Ecoagua, se pactó que esta barra recibiría honorarios sobre un techo financiero base de 634.2 millones de pesos, mismos que resultaron de la suma de 179.4 millones facturados  y no pagados por el organismo descentralizado al 31 de diciembre de 2014, así como 454.7 millones pendientes a devengar hasta 2021, designados de la siguiente manera:

Una comisión del 8.5% a cubrirse durante el proceso y una comisión del 8.5% al obtener resultados favorables.

Si el despacho lograba ganar la totalidad de los juicios, adicionalmente tendría una comisión similar por “beneficios futuros que el Simas obtenga del no pago a Ecoagua de multas, penas, garantías y efectos”.

En las actas de las sesiones del Consejo del Simas del periodo 2015 a 2017 se describe que, a nombre de Nassar Nassar, el abogado externo, Víctor Ortega, daba cuenta de los avances de la firma.

Esta barra de abogados atendió tres recursos: el primero y el más antiguo es un juicio de amparo por la rescisión anticipada del contrato, el segundo fue un recurso de arbitraje promovido ante el Centro de Arbitraje de la Ciudad de México.  

El tercero se trató de un juicio mercantil que se llevó a cabo el juzgado Sexagésimo Segundo en la Ciudad de México, en el cual reclaman el pago de aproximadamente 160 millones de pesos por concepto de facturación atrasada. 

Nassar Nassar y Asociados y/o Michigan de Ango Protección Jurídica S.C concluyó su participación en el año 2018 cuando Jorge Zermeño Infante asumió, de nueva cuenta, la presidencia municipal de Torreón. La primera vez que ostentó el cargo fue quien firmó el contrato con Ecoagua para la construcción de la planta.

“Yo no quiero seguir con el despacho Nassar, por lo caro que ha cobrado, porque no ha ganado el pleito, porque está todavía sui juris”, expresó el edil pese a que el despacho reportó como ganado el juicio principal de amparo por la posesión de la Planta Tratadora por lo que quedó sin efecto el pago de más de 434 millones de pesos y la nulidad del juicio arbitral.

En tres años, Nassar Nassar obtuvo 44.8 millones de pesos en honorarios y el importe de un millón de pesos más al abogado externo Víctor Ortega, pese a que no estaba estipulado en el contrato.

Sobre los montos, integrantes del Foro Regional de Abogados Independientes de La Laguna advierten que cualquier entidad gubernamental debe evitar que los contratos sean ventajosos para un particular “porque se trata de recursos públicos con los que se van a solventar la contraprestación del servicio y se tiene que cuidar que no se trate de contratos leoninos o con muchas ventajas, como en este caso”.

Por su parte, el presidente de la asociación civil Alzando Voces Laguna, Héctor Emilio Macías Jurado, destacó que en el caso concreto el pago a las firmas de abogados Nassar Nassar asociados y Michigan de Ango Protección Jurídica S.C., debió ser calculado por el monto de los 160.9 millones pendientes de pagar.

“Hubiera resultado un monto máximo por honorarios de 13.6 millones- y no haber realizado las estimaciones sobre los 634.2 millones de pesos que dejaría de pagar por el tiempo que restaba a la concesión, tornándose excesivo y desproporcionado”. acotó.

Otro factor a considerar es que durante la gestión del exgerente Xavier Herrera Arroyo se contrató a la especialista Esperanza Esparza para reestructurar el 80 por ciento del contrato original con Ecoagua, según dan cuenta las actas del Consejo del Simas. Sin embargo, al pedir por transparencia los honorarios que recibió por su labor, la paramunicipal respondió que no tiene registros.

Se trató de contactar al ex gerente del Simas Torreón y promovente de los litigios, Herrera Arroyo para que diera su versión en torno a la predilección de estos externos, pero no se concretó la entrevista, pese a que fue gestionada en varias ocasiones con su enlace y exdirector de Comunicación Social del organismo descentralizado, Sergio Reyes.

También se buscó comunicación con la compañía Nassar y Nassar  y a través de un correo electrónico, el socio fundador de esta barra, José Luis Nassar Daw, respondió «tenemos más de 4 años de haber sido sustituidos en el asunto, nosotros entregamos a la administración siguiente 5 juicios ganados que representaba un beneficio económico muy importante para ellos», sin precisar cuáles fueron esos litigios atendidos. 

Cabe señalar que el ex tesorero en la administración 2010-2013, Pablo Chávez Rossique, ofreció a diversos medios de comunicación algunas declaraciones sobre el caso, como uno de los abogados en la ciudad que entraron al proceso por petición de la consultora capitalina, según consta en notas publicadas en mayo de 2017.

“Nunca ha sido integrante, ha sido interlocutor en el sentido de que el despacho de México llega y trabaja en la oficina de Pablo (Chávez) pero él nunca ha participado directamente”, aseguró el ex gerente Xavier Herrera Arroyo en una entrevista realizada en septiembre de 2017 en el noticiero radiofónico Contextos, con relación a la participación del ex funcionario.  

Otro despacho con contratos millonarios 

Con el cambio de administración y de partido político en el poder municipal, el 9 de marzo de 2018, el entonces alcalde, Jorge Zermeño Infante, puso a consideración del Consejo Directivo del Simas Torreón la propuesta de Alberto Romero Castañeda, cuyo despacho se ubica en Torreón, para que continuara con el litigio con Ecoagua, misma que fue aprobada con siete votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones.

El gerente del Simas Torreón que firmó el convenio de concesión en 1999, Juan José Hernández, repitió en este puesto en el cuatrienio 2018 – 2021 y el 6 de abril de 2018 celebró el contrato 038/2018 con el despacho ALBERTO ROMERO CASTAÑEDA Y FRANCISCO NUÑEZ VEGA.

El documento especifica la entrega inicial de dos millones de pesos para esta barra, entre honorarios, gastos, viáticos y estudio de los litigios actuales, divididos en pagos a ciertos plazos.

En caso de ganar o lograr una sentencia de un importe menor a 160.9 millones de pesos -que era la cantidad reclamada por Ecoagua por el no pago de servicios hasta el 31 de diciembre de 2014- la barra obtendría una comisión del seis por ciento.

El despacho Romero Castañeda sólo dio seguimiento a un amparo por actos de inconstitucionalidad presentado a la Suprema Corte de Justicia , para modificar el monto de reconocimiento de adeudo a cubrir por parte del Simas.

El caso fue analizado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del amparo directo en Revisión 7058/2017 y el 3 de julio de 2019 se ratificó que el Simas Torreón debe pagar a Ecoagua la cantidad de 160 millones 911 mil pesos, más el 10 por ciento por concepto de diversos intereses moratorios.

Adicionalmente, la paramunicipal deberá cubrir el pago de los componentes establecidos en el contrato de concesión referentes al mantenimiento y operación de la planta. Así se dio a conocer  en la propia sentencia publicada en internet y en un documento obtenido a través de Transparencia.

“El juicio se llevó a cabo con todo dolo, muchas veces no acudieron a las audiencias y pensamos que, con cierta ingenuidad o con cierta intención, se dejó perder el juicio”, denunció el actual gerente del Simas Torreón, Lauro Villarreal.

De 2018 a 2020, el Sistema Municipal pagó a Alberto Romero 2.5 millones de pesos de honorarios por la defensa del caso Ecoagua, según consta en actas del Consejo Directivo con fecha al pasado 30 de noviembre de 2021.

Además de llevar este juicio, el Simas otorgó a este equipo jurídico otros convenios que en suma dieron otros 2.5 millones de pesos. Entre los contratos que llevó está el reclamo de una propiedad por una habitante de la colonia Torreón Jardín para la construcción de la bomba de agua potable número 59; por un asunto legal en Cañón del Indio; además del pago de honorarios por diversos procedimientos ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; y otras facturas por asesoría especializada en el asunto Villa Florida, por citar algunos.

Al respecto, se buscó al abogado Romero Castañeda para conocer lo que avanzó en el juicio contra Ecoagua y se negó a participar, ya que a decir de su asistente “simplemente ya no es abogado del Simas, ya no tiene nada que ver con la Tratadora de Aguas y no quiere ser entrevistado”.

También se contactó al ex gerente del Simas, Juan José Gómez Hernández, quien tampoco quiso ser entrevistado, según expuso el entonces encargado de Comunicación Social Rogelio Lozoya y añadió que “todas las dudas se podían consultar a través de solicitudes de acceso a la información”.

Daños colaterales: el retiro de participantes federales

Los problemas con Ecoagua rebasaron al Simas, pues el contrato original de la concesión considera la activación de un crédito contingente con el banco Multiva en caso de que la paramunicipal no cubriera con el pago de los servicios establecidos y que involucra directamente a las finanzas del ayuntamiento de Torreón.

Como consecuencia, de abril a diciembre del año pasado, se le descontaron al Municipio  58.2 millones de pesos de participaciones federales – que son los recursos que mensualmente reciben los ayuntamientos y  estados por parte de la Federación – a favor de la empresa concesionaria, de los cuales, el Simas apenas le regresó 18.8 millones de pesos por concepto de ISR participable, según dio a conocer el propio organismo operador y la Tesorería Municipal en solicitudes de acceso a la información.  

La administración de Jorge Zermeño Infante trató de frenar estos pagos mediante el amparo indirecto 842/2021 presentado el 6 de julio de 2021, aludiendo una violación al artículo 14 de la Constitución Mexicana, en el que señalan que el Municipio “no ha participado en algún juicio por este caso, por lo que ninguna sanción debe tener efecto retroactivo hacia esta autoridad”.

Pese a que el Ayuntamiento obtuvo a su favor que se suspendieran definitivamente los cobros del crédito, el Juzgado Sexagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México no ha ejecutado dicha suspensión, según se dio a conocer en una solicitud de acceso a la información realizada para este reportaje. Esto se traduce a que  le siguen descontando al Municipio 6.5 millones al mes de las participaciones federales.

Tampoco se ha celebrado la audiencia constitucional para atender este caso, que ha sido diferida en 12 ocasiones porque el sistema de notificaciones por mensajería ha complicado la recepción de documentos para que los juzgados de la Segunda Sala Civil del Poder Judicial y Juez Interina del Sexagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, rindan los informes correspondientes sobre los juicios que tenían a su cargo, entre los que estaban incluidos el Simas Torreón y  Ecoagua.

Cabe señalar que ni Ecoagua ni el Banco Multiva han recibido los emplazamientos para que se presenten en el día fijado por la autoridad judicial. 

Hasta la redacción del reportaje, la última fecha definida por el Juzgado Séptimo fue el próximo 21 de abril de 2022,según se dio a conocer en la página del Consejo de la Judicatura Federal.

Durante el año pasado, el caso fue seguido por el área Jurídica del Municipio con Jesús García Colores y el abogado externo Rodolfo Castro, a este último se le pagó la cantidad de 800 mil pesos.

Al respecto, miembros del Foro Regional de Abogados Independientes de La Laguna, advierten que, si el Ayuntamiento logra una sentencia a favor, no exime al Simas Torreón de cumplir con el pago al que fue condenado.

“El hecho de tener un reconocimiento del adeudo previo colocaba al Simas en una situación desfavorable jurídicamente hablando, es decir, si estuviéramos en la presencia del reclamo del adeudo en relación al contrato, pues había la posibilidad de excepcionarse muchas partes”, explican.

El costo social de recursos destinados a litigios

Héctor Emilio Macías Jurado, representante de la asociación civil Alzando Voces Laguna, expuso que los más de 48.3 millones de pesos destinados al pago de representación legal, sumados al valor condena de casi 161 millones, son 209 millones de pesos que van a cuenta del Simas Torreón.

“Los montos erogados por concepto de honorarios pudieron haber sido destinados  a cubrir casi el 48 por ciento del adeudo de 100 millones de pesos que Simas Torreón mantiene con la Comisión Nacional del Agua por concepto de derechos de extracción de agua y de descarga, o bien, a pagar un 9.6 por ciento de los 500 millones de pesos que recibirá el municipio a través de la Federación para mejorar las redes de agua  potable, a fin de reducir las fugas y que redundará en dotar de mayores cantidades de agua a la población de Torreón, que asciende a 720 mil 848 habitantes”, puntualiza en alusión al techo financiero que se destinará al Simas como uno de los beneficiarios del proyecto nacional Agua Saludable para La Laguna.

Un contrato leonino

¿Por qué retirar a Ecoagua si faltaban menos de siete años para concluir su periodo? Eduardo Castañeda, quien fue integrante del Consejo Directivo del Simas hasta mayo pasado,  señaló que la planta tenía deficiencias en su operación, además de que el contrato ofrecía muchas ventajas a la empresa.

“Había tantos problemas como que la planta dejó de funcionar, se dejó de pagar a la empresa que la construyó porque vimos que era un contrato mal hecho, un contrato leonino”, aseguró.

Las deficiencias en la Planta Tratadora de Aguas Residuales fueron documentadas por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila en 2011, como parte de un informe técnico y financiero e incluso, el órgano fiscalizador presentó una denuncia el 14 de noviembre de ese año contra siete exfuncionarios del Simas por presuntos actos de ejercicio indebido de la función pública, tráfico de  influencias y administración fraudulenta.

Pese a estas observaciones, los principales señalados ganaron el proceso legal.

La concesión que ha pasado de mano en mano

El 2 de marzo de 1999 el Simas Torreón emitió la licitación Pública Nacional PTAR-Torreón-01 para la construcción de la Planta Tratadora de Aguas Residuales y resultaron ganadoras las empresas FYPASA Construcciones S.A de C.V e Industrias del Agua, que constituyeron una sociedad denominada Ecoagua de Torreón S.A de C.V.

Aún no iniciaba operaciones y la concesión tuvo un cambio de dueño, pues Industrias del Agua se declaró en quiebra y, en junio de 2002, Met-Mex Peñoles adquirió el 90 por ciento de los derechos de la sociedad, según un reportaje publicado por Revista de Coahuila en enero de 2004.

La planta inició funciones en 2003. 

Posteriormente, Peñoles se asoció con la empresa suiza SUEZ ENVIRONNEMENT y crearon BAL-ONDEO, tal como describe una presentación publicada por la compañía en su página de internet en 2010.

En esa publicación también se hace referencia a que Peñoles forma parte del Grupo BAL, cuyo principal accionista hasta febrero de 2022 era Alberto Baillerés.

En su página oficial, el Grupo SUEZ se adjudicaba la intervención en 18 proyectos o BOT´s (en inglés Construcción, Operación y Transferencia) para el  tratamiento de aguas, en los que se incluía uno de la empresa FYPASA en León (una de las ganadoras de la concesión en Torreón), Guanajuato y 3 de la compañía TICSA, además de otras compañías filiales de Saltillo, Coahuila, y Gómez Palacio, Durango, por citar algunos.

En la actualidad, el cobro de los pagos pendientes, tras la cancelación adelantada del contrato e inicio del proceso legal por parte del Simas Torreón, corre a cargo de la empresa antes señalada dentro de los proyectos de SUEZ, Tecnología Intercontinental S.A (TICSA), en alianza con la organización multilatina de Colombia, Grupo EPM (Empresas Públicas de Medellín), dedicada a la prestación de servicios de Energía, Agua Potable y Saneamiento Básico, Gas Natural y Aseo y Recolección de Residuos Sólidos.  

Al igual que en 1999, la compañía Ecoagua no cuenta con una dirección en la localidad, sólo se señala como referencia las propias instalaciones de la Tratadora –que desde 2015 la concesionaria dejó  de utilizar cuando el Simas tomó el control del espacio–, por lo que para este reportaje, se estableció contacto con la compañía EPM a través de su chat de Facebook.

El caso fue turnado al director de TICSA México, Juan Carlos Restrepo Perea, y en un correo enviado el 31 de enero, manifestó disposición para hablar del tema, al destacar que un  “asunto de relevancia para el municipio y para nosotros como empresa, que de plano le está costando mucho, pues la deuda, de lejos, supera los 160 millones y cada día que pasa cuenta más por los intereses a los que ha sido condenado el organismo”.

Sin embargo, el 2 de febrero, el ejecutivo respondió mediante correo electrónico que, luego de conversar con su equipo jurídico, “concluimos que existen elementos de confidencialidad que no pueden ser revelados en una entrevista, dado que pueden entorpecer el avance natural del litigio; sin embargo, considerando la relevancia del tema es posible que nuestro abogado Externo Emilio González de Castilla, pueda revisar contigo el alcance de tus inquietudes”.

Hasta la redacción del reporte, el abogado externo no ha establecido contacto para conocer su punto de vista sobre este proceso. Tampoco se tuvo otra respuesta a correos posteriores enviados al representante de TICSA México.

Una concesión con cobro extra para los usuarios del SIMAS 

Desde 2002, a los usuarios del Simas Torreón que superan el consumo máximo de 30 metros cúbicos de agua se les cobra una tarifa de saneamiento del 25 por ciento, aprobada por el Consejo de Administración. 

Del total de ingresos, el 40 por ciento se destinó a fondo perdido de la inversión de la planta tratadora de aguas residuales.

Pese a que este cobro extra es la tercera fuente de ingresos de la paramunicipal, logrando el año pasado una recaudación por 97 millones de pesos – según se da a conocer en la cuenta pública  – La ex comisaria del Simas en la administración 2019-2021 y actual diputada local, Luz Natalia Virgil Orona, refiere no resultan suficientes para cubrir lo que realiza el área de Saneamiento y descartó que se hayan etiquetado recursos de este apartado al pago de los despachos. 

“Siempre es superior el egreso que corresponde a la Gerencia de Saneamiento, incluyendo su nómina, servicios generales, infraestructura, reposición de los colectores de la Planta Tratadora, siempre fue superior a lo que ingresó”, expresó. 

Otro aspecto – no menos importante – es que la Planta no es redituable. En los estados financieros del Simas del 2021 se indica que el 98 por ciento del agua se destina a uso agrícola a un precio de casi 61 centavos el metro cuadrado, cuando el costo de tratamiento es de 1.55 pesos.

 El dos por ciento del volumen restante, se vende clarificada a la industria a 10.42 pesos.

En diciembre de 2021, el Cabildo de Torreón autorizó un aumento a la tarifa agrícola, para quedar en un precio de 75 centavos, cuando la propuesta era cobrar a un peso con 20 centavos. 

“Aquí el problema de la distribución del agua tratada es que hay muchos litigios donde no se recupera el dinero que debe entrar por esa agua. Hay muchos problemas legales con muchos agricultores y, entonces, ellos no cubren lo que tienen de pagar por esa agua reciclada”, expresó el ex consejero del Simas, Eduardo Castañeda Martínez.

¿Era necesario contratar despachos?

El ex secretario técnico del Simas Torreón en la pasada gestión, Jorge Willy Portal, consideró que sí era necesario contratar despachos externos, ya que el área jurídica de la paramunicipal no tenía la capacidad para dar seguimiento. 

Sin embargo, el empresario cuestionó que, aún con la ayuda de externos, la situación avanzó hasta el punto de llegar al retiro de más de seis millones de pesos mensuales de participaciones federales y por lo menos un intento de embargo. 

“Ha sido un golpe a las finanzas del organismo operador y del Municipio, porque no solo se ha tenido que pagar los costos legales, sino ya hay una cantidad de cobranza que al final ya ha pagado el Municipio”, expuso el empresario.

Caso contrario, el ahora gerente general del organismo operador, Lauro Villarreal Navarro, expresó que todos los procedimientos legales que se hicieron en torno a Ecoagua están mal representados y que el Simas Torreón si tenía un buen departamento jurídico que podía dar seguimiento a este tema.

“Básicamente perdimos todos los juicios. Estamos revisando de manera legal qué se puede hacer, pero sí hubo descuido, hubo omisiones y no se atendió la defensa legal de manera correcta (…) hubo negligencia o dolo o qué sé yo”, aseguró el funcionario.

El funcionario añadió que el nuevo Consejo de Administración del Sistema, le instruyó a que revisara el expediente y las omisiones de los despachos para ver “qué se puede hacer”.

“Si hay responsabilidades y se demuestra que hubo dolo, negligencia, se les va a llamar a los despachos a que comparezcan y resuelvan”, sentenció Villarreal Navarro, quien aclaró que la cantidad a la que se condenó al organismo se actualizó a 181 millones de pesos que, sumado a los costos legales y los intereses, puede alcanzar los 400 millones de pesos de adeudo.

La ex comisaria del Simas en la pasada gestión, Luz Natalia Virgil Orona, aseguró que el área jurídica que tenía el Simas no contaba con la capacidad, ni la especialidad para hacer frente a estos procesos. 

“De hecho, esa fue la razón que se le expuso al Consejo para contratar un externo, porque el área jurídica, que constaba de tres personas, se encargaba del trabajo administrativo que corresponde a la paramunicipal, como los contratos de venta de agua tratada, lo que surgía a raíz de cualquier sanción o corte que se le daba al sistema de la cobranza”, detalló.

En la página de transparencia del Simas Torreón se describe que, en el periodo 2015 – 2017, el organismo sólo tenía un asistente jurídico al que se le pagaba 20 mil pesos al mes.

 En el periodo 2018-2021, el área jurídica se amplió a una coordinadora y dos asistentes que, en conjunto, recibían una percepción cercana a los 44 mil pesos mensuales. 

Finalmente, el actual alcalde de Torreón Román Alberto Cepeda González, adelantó que se tiene que cambiar la estrategia jurídica,  pues “queda claro que la que se tenía no funcionó”.

Mientras esto se define, el Simas Torreón ya ha erogado más de 107.3 millones de pesos por un proceso legal que, actualmente, cuenta con un valor condena de 106.9 millones de pesos, sin incluir los intereses que lo pueden elevar a casi 400 millones. 

Asimismo, durante ese tiempo, el Simas Torreón destinó 2.1 millones de pesos a su personal jurídico que no pudo atender este caso. 

*Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.