Respetar la verdad de los hechos y el derecho del público a conocerla constituye el deber primordial del periodista. Con esta norma de conducta inicia la Carta Ética Mundial para Periodistas, adoptada en el Congreso Mundial de la Federación Internacional de Periodistas en 2019. En México, dada la conformación del poder mediático y el escalofriante desequilibrio informativo en radio, televisión y prensa, nuestro derecho a la información -y a la verdad- está constantemente vulnerado. Nos toca a todas y todos defenderlo.

Étienne von Bertrab

Son semanas intensas en torno a los medios de comunicación y para el periodismo en México. Por un lado, no cesan los asesinatos de periodistas. El Estado mexicano continúa fallando en su protección; poco se logra en el esclarecimiento de la mayoría de los casos y aplicación de la justicia parece todavía algo inalcanzable. La demanda a las empresas mediáticas por salarios justos, seguridad social y demás prestaciones de ley, así como condiciones laborales dignas y seguras también están ahí, aunque con menos eco en la opinión pública entre otras cosas por el silencio de los mismos medios. Por otro lado, están quienes se montan en la causa de los periodistas de a pie para impulsar sus fines. 

Flaco favor les hizo el parlamento europeo con su resolución del pasado 10 de marzo, cuya respuesta inmediata y directa del presidente fue ampliamente comentada. Y es que basta escuchar las intervenciones y repasar las biografías y los nexos de sus impulsores para que se develen las verdaderas intenciones de grupos políticos europeos y particularmente de la derecha española. Como lo puso Álvaro Delgado, “no hay manera de no concluir que detrás de la encendida defensa de los periodistas y de la libertad de expresión, hay solo vulgares intereses económicos, políticos y mediáticos”. La derechización del actual parlamento europeo es tan inocultable como lo es la incomodidad de empresas energéticas ante la propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica. El politólogo español Juan Carlos Monedero tuvo este mensaje para el pueblo de México: “Detrás de esta resolución no hay buena voluntad, sólo intereses económicos y una mala voluntad política”. 

Otro acontecimiento importante fue la estrepitosa caída del discurso que impulsaron Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y la plataforma Latinus con la investigación sobre la ‘casa gris’ al no comprobarse la existencia de conflicto de interés o acto de corrupción, cosa que reiteró el mismo Raúl Olmos, quien lideró dicha investigación. Ahora sabemos además -gracias a un(a) valiente participante en el Diplomado de Periodismo del CIDE- que Olmos se deslinda de ser (como) Carlos Loret. O sea que ni los mismos aliados en esta orquestada campaña desean asociarse con el multimillonario mercenario mediático. Y, finalmente, aunque esto seguro no se quedará allí, está la reciente investigación que confirma los vínculos del exgobernador de Michoacán con Latinus y da cuenta de los miles de millones de pesos que sus financiadores obtuvieron de este y otros gobiernos estatales. 

Resulta cada vez más claro que el financiamiento de Latinus y los ingresos de sus conductores son efectivamente de interés público. Pero lo cierto es que las campañas de difamación y desprestigio arreciarán en los próximos meses y años, no menos por su aparentemente ilimitada financiación. En su recuento sobre estas últimas campañas, el periodista Kurt Hackbarth da cuenta de las estructuras mediáticas que las sostienen y analiza por qué se han vuelto un arma clave para quienes hoy conforman la oposición política en el país.

Así, con medios de comunicación altamente concentrados en unos cuantos grupos económicos -todos hostiles al gobierno en turno- e incapaces de autorregularse, el derecho de los ciudadanos a la información -y a la verdad- está constantemente vulnerado. De ahí que me surge, como seguramente a muchas y muchos mexicanos, la pregunta: ¿qué hacemos frente a la mentira y la desinformación y cómo mitigarlas en beneficio de toda la sociedad, independientemente de ideologías y simpatías políticas?

El gobierno federal, y sobre todo de manera directa el presidente, ejerce cotidianamente su derecho de réplica. Quienes se lo reclaman, seguramente quisieran verlo postrado, suplicando diariamente a los medios el espacio para la réplica. Aunque quienes lo ven así seguramente detestan la mera existencia de las conferencias matutinas. La sección Quién es Quién en las Mentiras de la Semana, me parece, pone nerviosos a propios y extraños, pues carece del rigor metodológico y comunicativo. Algunos periodistas consultados creen que la concepción misma de la sección está equivocada, y que debiera ser simplemente un espacio más de derecho de réplica del gobierno. En todo caso lo más importante de un ejercicio así es documentar por qué cierta cosa es una mentira. No basta, pues, el señalamiento, el calificativo. Esto se logra solo en ciertos casos, y de forma notable y sistemática en la labor que tuvo Hugo López-Gatell frente a la infodemia que trajo consigo la pandemia. En todo caso, además del rigor en el ejercicio, la responsabilidad de comunicarlo no debe delegarse y tendría que estar encabezado por quien es titular del área correspondiente, pues es demasiada la responsabilidad y es importante hacerlo bien, siempre.

Pero más allá de la respuesta de este gobierno e incluso del momento actual que atraviesa el país, ¿qué hacemos los ciudadanos para que se respete nuestro derecho a la información?, y ¿qué más pueden hacer las y los periodistas éticos comprometidos con la verdad? Pareciera un tanto cruel pedirle aún más a un gremio precarizado y tan lastimado. Sin embargo, es claro que un importante sector de nuestra sociedad está cansado de la manipulación por parte del poder mediático.

Estos fenómenos no son por supuesto exclusivos de México, lo cual me lleva al caso de España. El primer episodio del autollamado ‘puto pódcast’ de Pablo Iglesias, La Base, lanzado a finales de enero (y por cierto altamente recomendable) trata precisamente del poder mediático. En dicho episodio participa la periodista Virginia Pérez Alonso, directora del diario Público (que alberga al pódcast), quien, refiriéndose al caso español, plasma esta ironía: por una parte, vivimos “el mejor momento de nuestra historia para hacer periodismo porque tenemos todas las herramientas a nuestra disposición para poder comprobar la información y verificarla, y sin embargo la calidad periodística hoy por hoy parece que deja bastante que desear”. O, como lo pone Pablo Iglesias, “el periodismo en España atraviesa un momento oscuro en que la estrategia de los medios es mentir y mentir, una realidad mediática tóxica”. Añade: “la mentira es un arma ideológica muy poderosa. El problema no es que sean de derecha, el problema es que mientan”.

El periodista Javier Ruíz, entrevistado en ese episodio, lo pone así: “tenemos un problema, y es que el negocio de la verdad empieza a ser menos rentable que el negocio de la mentira. Hay una metáfora que conocemos todos: en las inundaciones lo primero que falta es el agua (potable), y esto es lo que tenemos: mucha agua allá afuera pero potable es muy poca. Lo que hay que hacer es educar a la gente: esto es periodismo, y miren, esto es basura (esto es agua potable y esto es agua de una letrina).”

Pero la mentira no es el único mecanismo de la desinformación. Como lo pone el filólogo del podcast Manu Levin en su sección Titulares al Banquillo, existen otras técnicas mediáticas -un poco más sofisticadas que la mentira- que utilizan habitualmente las grandes empresas de comunicación para intentar que pensemos las cosas de una manera y no de otra. Una de ellas tiene que ver con la manipulación de los hechos para inocular a la audiencia un determinado marco de comprensión de la realidad. Otro importante instrumento para disciplinar ideológicamente a la población es la definición de la agenda, que es la capacidad que tienen los medios de ponernos a todos en un país a discutir lo que quieren y no lo que no quieren.

Lo que me lleva a otro notable y muy lamentable episodio que se sumó estos últimos días. La relegación mediática del nuevo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa. Su investigación confirma el papel del Estado en la (evitada) desaparición de los estudiantes normalistas y sobre todo en la manipulación de los hechos y de la misma investigación, a través de la infame ‘verdad histórica’ de Peña Nieto y su procurador Murillo Karam. Como muchos tenemos claro, fueron los medios de comunicación los que otorgaron credibilidad a la mentira sobre uno de los episodios más agraviantes y dolorosos de la historia reciente de México. Sabemos también que periodistas y comunicadores fueron personalmente cómplices, y ninguno de ellos parece estar dispuesto a aceptar su error, mucho menos a pedir disculpas a la sociedad mexicana, a los miembros del GIEI que tanto atacaron, y sobre todo a los normalistas desaparecidos, los sobrevivientes, y sus familias. 

Tenemos, pues, mucho qué hablar y sobre todo mucho por hacer para que el periodismo y los medios de comunicación contribuyan a mejorar la sociedad, y es algo que nos compete a todos.