Más a allá de la Revocación de Mandato, preocupa que el “decretazo” siente un mal precedente para futuros procesos electorales, pues se estará abriendo la puerta para que López Obrador haga lo mismo que Vicente Fox en 2006

Twitter: @chamanesco

Como era de esperarse, la promoción de la Revocación de Mandato está causando un agrio conflicto entre las autoridades electorales y los promotores de dicho proceso: el presidente, las y los gobernadores de Morena y legisladores de dicho partido.

Entre el 4 de febrero -día en el que entró en vigor la convocatoria a la Revocación de Mandato- y hasta el pasado viernes, al Instituto Nacional Electoral habían llegado 103 quejas en contra de servidores públicos adscritos a la llamada “cuarta transformación”, por presuntas violaciones a los preceptos constitucionales y legales en materia de propaganda gubernamental.

Por esas quejas, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ha otorgado medidas cautelares en una docena de casos; esto es, ha ordenado el retiro de propaganda, y ha pedido bajar conferencias de prensa, tuits y comunicados en los que diversos servidores públicos habrían violado los principios de imparcialidad y neutralidad a los que están obligados.

Apenas el viernes, la Comisión de Quejas -integrada por las consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala y el consejero Ciro Murayama- emitió una inédita resolución respecto a esos anuncios espectaculares con la imagen de AMLO que, desde hace un par de semanas, aparecieron en carreteras y avenidas.

En ese caso, la Comisión atendió un total de 26 quejas presentadas por partidos políticos de oposición y ciudadanos, quienes denunciaron a Morena y a una asociación civil denominada Que Siga la Democracia -principal promotora de la Revocación de Mandato-, por el despliegue de propaganda en espectaculares, lonas, bardas y postes en 19 entidades de la República.

Según el INE, “la propaganda denunciada no podría considerarse como genuinamente ciudadana, sino que es posible que se trate de una posible simulación en forma de estrategia a nivel nacional ajena al derecho de la ciudadanía para participar en este ejercicio, esto es, aparentemente se trata de una campaña orquestada”.

Y, lo más grave, no existe certeza sobre la autoría y recursos involucrados para la elaboración y difusión de la propaganda en cuestión.

Es decir, hay una enorme duda en todo esto: ¿quién está pagando esa propaganda que, sólo para el uso de 278 anuncios espectaculares requeriría de millones de pesos.

¿Quiénes son las y los ciudadanos dispuestos a invertir millones en un proceso que, en realidad, no conducirá a nada?, ¿o es posible que haya recursos públicos involucrados?

Las interrogantes deberán ser resueltas por las propias autoridades electorales. La Sala Especializada en esta materia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrá que revisar el fondo y hacer las investigaciones pertinentes. Pero el INE también deberá fiscalizar los recursos de la asociación civil Que Siga la Democracia.

Esta asociación, cuya cara visible es Gabriela Jiménez, excandidata de Morena a una diputación federal, fue la figura protagónica en la entrega de más de 9 millones de firmas en formato físico al INE para hacer posible la convocatoria a la Revocación de Mandato.

¿Es posible que esta asociación civil esté recibiendo recursos de gobiernos y legisladores de Morena, o del propio partido, para desplegar tal campaña? De ser así, esto podría constituir un delito.

En otra vertiente, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ha emitido en las últimas semanas una serie de resoluciones ante las quejas de partidos y ciudadanos por la presunta intromisión del presidente de la República, la jefa de Gobierno y diversos funcionarios, al emitir opinión o llamados al voto, violando los criterios de imparcialidad a los que están obligados.

Una de las más importantes fue la resolución del 8 de febrero, en la que se hizo un exhorto al presidente de la República “para que se abstenga, bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre la Revocación de Mandato; así como de revisar, ajustar, adecuar, modificar o actualizar sus estrategias, programas o políticas públicas, con la intención de que su actuar se encuentre dentro de los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad”.

A esa resolución se han sumado otras que ordenan a gobernadores y gobernadoras de Morena, senadores, diputados, y la jefa de Gobierno en tres ocasiones, a sujetarse a los principios constitucionales de imparcialidad.

Y la respuesta ha sido obvia: una enorme molestia en los circuitos gubernamentales y oficialistas, desde los cuales se acusa al INE de obstaculizar este proceso de democracia participativa.

No gusta a Morena, a sus bancadas y a sus gobiernos el modelo de comunicación política que prohíbe que se utilicen recursos públicos en la difusión del proceso, y que limita a márgenes absurdos la actuación y expresión de quienes quieren que la gente sí vaya a las urnas el próximo 10 de abril.

No gusta que el presidente Andrés Manuel López Obrador no pueda promover obras de gobierno o hacer llamados a participar en el proceso utilizando el micrófono privilegiado de la conferencia mañanera y el poderoso aparato gubernamental de propaganda.

No gusta que la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y demás gobernantes lopezobradoristas no puedan utilizar sus cargos y los recursos de los estados que gobiernan para hacer promoción.

No gusta que las bancadas legislativas y el propio partido tengan prohibido utilizar los recursos públicos que les son asignados para pagar anuncios espectaculares, pintar bardas o repartir materiales gráficos llamando a votar el 10 de abril.

No gusta. Pero fueron ellos mismos quienes pusieron esas estrictas reglas, haciendo uso de sus mayorías en las Cámaras del Congreso.

Y, como no gustan las reglas del juego, ahora Morena ha recurrido a una estrategia también inédita: cambiarlas a la mitad del proceso.

Cuando falta sólo un mes para la jornada de votación, la mayoría morenista en la Cámara de Diputados ha aprobado un dictamen de interpretación del artículo 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) para darle la vuelta a las prohibiciones sobre propaganda gubernamental.

La iniciativa define la propaganda gubernamental como “el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas bajo cualquier modalidad de comunicación social, con cargo al presupuesto público, etiquetado de manera específica para ese fin por un ente público”. 

Excluyendo así de la prohibición legal las manifestaciones, opiniones o comentarios de funcionarios públicos; es decir, autorizando al presidente, a la jefa de Gobierno y demás gobernadores y funcionarios a hacer lo que en los hechos han venido haciendo desde el 4 de febrero: opinar y llamar al voto.

Habrá que ver si el Senado de la República -presidido por la exministra Olga Sánchez Cordero- avala este “decretazo”, que el jueves fue festejado por Sergio Gutiérrez Luna -presidente de la Cámara de Diputados- con una nueva versión de la tristemente célebre “roqueseñal”.

Y, en caso de que se aprobara en la Cámara alta, aún habría que esperar a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial se pronuncie sobre su aplicación en el proceso en curso.

Pero más a allá de la Revocación de Mandato, preocupa que este “decretazo” siente un mal precedente para futuros procesos electorales, pues se estará abriendo la puerta para que López Obrador haga lo mismo que Vicente Fox en 2006: irrumpir en las elecciones de 2024 y afectar desde el púlpito presidencial las condiciones de equidad en los comicios.

Eso de lo que AMLO se quejó como candidato en aquel “fraude del 2006”, y que en los hechos dio pie al modelo de comunicación híper restrictivo hoy vigente. Eso es lo que se estaría vulnerando, no por una decisión consensuada entre las fuerzas políticas, sino por un burdo mayoriteo.

¿Será la “roqueseñal” el nuevo emblema de la cuarta transformación?