Entre 2010 y 2021 la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas recibió 266 quejas por abusos y tortura en contra de miembros de comunidades indígenas. De esa cifra, 145 quejas fueron presentadas contra policías estatales, 116 contra municipales y nueve contra federales. Sin embargo, la CEDH sólo ha emitido cinco recomendaciones (Primera de dos partes)

Texto y fotos: Christian González / Border Center for Journalists and Bloggers.

CHIAPAS.- En Chiapas, la fabricación de delitos y la práctica de tratos crueles e inhumanos han sido el binomio perfecto en detrimento de la población más vulnerable, los indígenas. 

Entre los años 2010 y 2021, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de esa entidad del sureste mexicano recibió 266 quejas por abusos y tortura en contra de personas de pueblos originarios.

De esta cifra, 145 quejas fueron presentadas contra policías estatales, 116 contra municipales y 9 contra elementos federales, según consta en la respuesta del organismo a una solicitud de información vía Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Pese a la gran cantidad de casos, la CEDH sostuvo en respuesta a otra petición de información con folio 070136421000028, que en ese lapso sólo ha emitido cinco recomendaciones, una en 2016, dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía General (FGE).

En 2019, emitió dos recomendaciones más que incluían a la FGE, a las secretarías General de Gobierno y a la de Seguridad y Protección Ciudadana, así como a la Presidencia Municipal de San Cristóbal de Las Casas. En el 2020 emitió otro par a la mencionada Fiscalía, mientras que el año pasado no hubo ni una.

Francisco Hidalgo, el indígena tsotsil que “olió la muerte”

A Francisco Espinosa Hidalgo, indígena tsotsil originario del municipio de Venustiano Carranza, ubicado en la región De los Llanos, Chiapas, le cuesta escuchar y ver. Tampoco puede moverse bien. El 29 de mayo de 2015, entre 8 y 9 policías lo detuvieron y lo torturaron física y psicológicamente.

El hombre, de tez morena, con cabello y bigote entrecanos, apenas había salido de su casa con rumbo a otra propiedad cercana en donde efectuaría una limpieza y fumigación, cuando “el infierno” comenzó.

Según la víctima, los elementos lo subieron a la góndola de una camioneta blanca. Lo colocaron boca abajo. Lo pisaron. Le brincaron encima. Le propinaron puñetazos y patadas; además, le advertían que la orden era matarlo.

Durante el trayecto hacia Chiapa de Corzo, Francisco estaba casi inconsciente; pero lograba escuchar todo lo que los agentes decían. De hecho, contó, la intención era llevarlo al domicilio de un conocido líder cañero de la zona y excandidato a gobernador, Jesús Alejo Orantes Ruiz, mejor conocido como “Chus” Orantes, de quien supo, tenía la intención de golpearlo más hasta quitarle la vida; pero la decisión cambió.

Conforme a su versión, uno de los policías insistía en que el “patrón” deseaba que lo llevaran a su casa, pero como fueron vistos por otras personas en el lugar donde lo aprehendieron, desistieron.

En la Comandancia de esta última localidad, situada a 10 kilómetros de la capital chiapaneca, don Francisco fue presentado ante un alto mando policiaco, quien le lanzó una serie de cuestionamientos para inculparlo de un ilícito en el que no incurrió: robo a casa habitación.

Recuerda que, como su rostro estaba cubierto con su propia playera forzado por los agentes, no percibía bien con quién hablaba. Sin embargo, tenía que contestar lo que le preguntaban. El comandante le advirtió que tuvo suerte, pues si lo hubieran hallado en el campo, sin testigos, lo hubieran asesinado.

Por horas, la víctima permaneció en un cuarto pequeño en donde había una mujer de alrededor de 35 años que fungía como secretaría y tomaba nota de la “declaración”.

El comandante insistía en que el labriego poseía armas y que era responsable de lo que lo acusaban. Como Francisco negaba su culpabilidad, dos hombres corpulentos llegaron para continuar con la tortura, pero antes le exigieron que se desnudara.

“Me golpearon como 100 veces en mis hombros, y luego me patearon en la espalda, columna, en mi cadera, ¡y bueno!”, rememora con voz pausada, pues el año pasado fue sometido a una cirugía de próstata, problema de salud que arrastra desde hace al menos una década y que, de acuerdo con él y sus familiares, empeoró con la tortura que sufrió.

Crónica de dolor

El nivel de tortura escaló más alto: el mismo comandante le colocó un envoltorio en sus manos, para obligarlo a confesar que era una bomba: “Me decía: ‘Ahora dime qué es eso’, pero no sabía qué decirle”. Como no “cooperaba”, el jefe policiaco amagó con darle toques eléctricos en los ojos.

Sin embargo, casi de inmediato, y enfurecido porque Francisco no abonaba a sus intereses, les ordenó a sus dos ayudantes que continuaran con los golpes y “picotazos”, pero fue con las descargas eléctricas en los ojos, oídos y otras partes de su cuerpo que el hombre, en ese entonces de 67 años de edad, ya no soportó y se desvaneció.

Cuando despertó, ya había sido encerrado en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 14, conocido como “El Amate”, en la ciudad de Cintalapa, a casi 80 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas.

El trasfondo de su caso

Con base en la carpeta de investigación, Francisco Espinosa fue señalado de saquear la vivienda de un lugareño identificado como Sebastián de la Torre Gómez, en un hecho supuestamente ocurrido el 21 de marzo de 2015 y en el que estarían involucradas 11 personas más, a quienes también les giraron órdenes de aprehensión.

Sin embargo, en realidad el problema se suscitó porque, tras un acuerdo entre comuneros de no continuar con unas obras de cuartos que les otorgaron como parte de un programa gubernamental, decidieron desconocer a Sebastián como parte del grupo por no respetar el mismo.

Inclusive, esta última provocó una riña en la casa de donde, cada semana los pobladores organizados celebraban juntas en el barrio El Convento para trabajos comunales, como limpiar potreros, reparar alambrados u otras actividades relacionadas al campo.

Por ello, y enojado ―aclara Francisco Espinosa― Sebastián de la Torre confabuló con el comisariado ejidal para culparlos del delito porque se molestó que las autoridades de su barrio lo hayan desconocido como parte del mismo, luego de no acatar la orden de no continuar con los trabajos de los cuartos.

Pese a que Francisco no estuvo presente en el desalojo de la vivienda de Sebastián, la acusación por robo a casa habitación no se detuvo y lo llevó a vivir un infierno.

La prisión, la otra “tortura”

En la cárcel fueron registradas las lesiones que presentaba en el cuerpo, entre ellas, siete cicatrices que se dibujaban en su columna. 

Tras estar cuatro meses en el área de enfermería, donde la atención fue precaria, fue cambiado a una celda del módulo conyugal. Para ello su familia pagó 35 mil pesos a uno de los “precisos” o “jefes” que, según la misma víctima, son reos que se dedican a extorsionar a sus compañeros, en contubernio con el director del penal.

Francisco veía complicada su salida del reclusorio, sobre todo cuando aparece Andrés “N”, su abogado de oficio, quien en todo momento puso en duda su inocencia.

En distintas ocasiones Francisco fue movido a otros cuatro o cinco módulos con el mismo procedimiento: sus cuatro hijas se movieron para conseguir otros 80 mil pesos. Era la cuota, no sólo por darle algunos “privilegios” a su padre, sino para que estuviera a salvo, es decir, que nadie lo tocara.

Casi tres años después, el 21 de septiembre de 2018, Francisco quedó en libertad porque no le comprobaron el delito. No obstante, cada cierto periodo, tiene que acudir al Juzgado de Venustiano Carranza a firmar, pues su proceso continúa.

Esta situación, cuenta por su parte Otila Espinosa, ha sido tediosa, porque además hay una demanda en contra de dos de los policías torturadores de su padre, pero las audiencias se han postergado con el argumento de que se vive una pandemia.

Tan atrasado va ese tema, dice, que ni siquiera “hay luz verde” con la etapa inicial, y el único que se ha presentado es uno de los imputados por tortura, de apellido Vilchis, mientras el otro, “o se enferma, que le dio Covid, y hasta donde supimos, lo detuvieron, está preso por otro delito”.

Averiguaciones previas contra servidores públicos

Por medio de la solicitud de transparencia con el folio 070136721000070, la misma FGE respondió que, de enero de 2015 a noviembre de 2021, inició 256 averiguaciones previas en contra de elementos o servidores públicos señalados por cometer tortura en contra de población indígena.

Es decir, en 2015 registró 8; un año después sumó 27, para 2017 fueron 29, en 2018 alcanzó 31, en 2019 contabilizó 97, para 2020 otras 35; y de enero a octubre de 2021, fueron 29. En la misma petición, reconoce que sólo 20 de las víctimas son de etnia indígena (en 2015 y 2016 no presenta casos en contra de indígenas).

Metamorfosis en el sistema penal acusatorio

La Relatoría Especial “Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes” de Naciones Unidas, detalla que la tortura “se utiliza predominantemente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la persona detenida ante la autoridad judicial, y con motivo de castigar y extraer confesiones o información incriminatoria”.

Sin embargo, en el año 2008, la justicia, no sólo en Chiapas, sino en todo en México, comenzaba a dar un giro de 180 grados con la entrada del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio que, a la letra, abonaría en gran medida para acabar con el viejo sistema y las prácticas abusivas de quienes lo conformaban y, sobre todo, dejar de fabricar “presuntos culpables”.

Mientras que para el 2017, entraría en vigor la Ley para Erradicar y Prevenir la Tortura, la cual prohíbe absolutamente esta práctica, la imprescriptibilidad del delito, la inadmisibilidad y la nulidad de pruebas ilícitas, el indulto y amnistía a los perpetradores de tortura que estén procesados o sentenciados, entre otros. 

Incluso en 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos”, aunque tiempo después emitió una nueva versión, es decir mejorada.

Este último documento, advirtió Arturo Saldívar, presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, es esencial para aquéllos dedicados a la función jurisdiccional, defensa de los derechos humanos, actividad docente, entre otros.

No obstante, mucho antes, el 10 de diciembre de 1984, hubo otro avance en la materia: cerca de 172 países ratificaron la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Así también, la fracción VIII del apartado A del artículo segundo de la Constitución, en el ámbito de la justicia estatal, establece algo importante: “Es la prerrogativa de quienes se autoadscriben como indígenas, que sus especificidades y sistemas normativos, costumbres o derecho consuetudinario sean tomados debidamente en consideración cuando les sea aplicada la legislación nacional”.

Pedro Faro Navarro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), agrupación que ha documentado y acompañado desde hace más de tres décadas casos de personas torturadas, considera que, pese al andamiaje legal que se ha construido en torno a este tema, y más aún, el inherente a los derechos de quienes forman parte de los pueblos indígenas, la tortura sigue siendo una práctica sistémica y sistemática.

Esa práctica ilegal en detrimento de los pueblos originarios, agrega, también se basa en una discriminación profunda, por las desventajas ante el acceso a las posibilidades de defensa y acceso a la justicia.

“Cada caso que hemos documentado, que se trata de pueblos originarios, la mayoría está plagado de violaciones al debido proceso. No se les garantiza los mínimos mecanismos para la defensa”, ataja.

Homonimia o el pecado de ser pobre

A finales del año 2014, Víctor Hernández Gómez se vio obligado a dejar su tierra, Ocotepec, uno de los municipios con mayor pobreza en la región zoque de Chiapas, para emprender un viaje de trabajo a Oaxaca.

El trabajo en el campo en su pueblo ya no era suficiente para alimentar a su esposa, a su madre y a sus cinco hijos, la mayoría de los cuales presentaba un serio problema de desnutrición.

Lo que en un principio era motivación, de un momento a otro cambió a tragedia. Una vez que estaba en esa entidad, policías de esa región lo detuvieron porque su nombre aparecía en el sistema como prófugo de la justicia por el delito de un homicidio cometido el 1 de noviembre del año 2000, en agravio de una persona llamada Raquel Guillén Santiago.

Víctor, cien por ciento hablante de su lengua materna, el zoque, nunca entendió lo que ocurría, pues el español era un lenguaje lejano para él; de hecho, una vez que fue puesto en manos de la justicia chiapaneca, no se le proporcionó un traductor que le explicara sobre el homicidio ocurrido en la localidad de Villacorzo, Chiapas.

Francelia Estrada Valdez, abogada sinaloense especialista en derechos humanos tomó su caso sin titubear y de inmediato descubrió que al indígena le habían violado todos sus derechos.

En primer lugar, evidencia la litigante, se cometió un grave error: la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy FGE, provocó que lo mantuvieran un año y ocho meses en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) número 8 de Villaflores.

La segunda advertencia argumentada por ella, es que el propio papá de la víctima, ejecutada de cuatro disparos con un arma de fuego calibre .22, aseguraba que Víctor, el indígena zoque, no era el responsable del crimen, sino que el verdadero asesino estaba identificado, y se llamaba Víctor Manuel Hernández Gómez, originario de Villacorzo.

“Batallé mucho para comunicarme con él. Me decía que lo único que sabía es que estaba ahí porque el Ministerio Público lo había acusado”, recuerda.

Desde que fue detenido, a Víctor no le brindaron una defensa adecuada, pues los abogados de oficio que le designaron no investigaron casi nada.

Francelia Estrada argumenta que tuvieron que dar muchas vueltas y hacer “un abanico” de trámites: apelar, acudir a la CEDH, al hoy extinto Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), e incluso ampararse luego de que le “rebotaran” la apelación (la cual le aceptaron después). En medio de ese vaivén legal, la Procuraduría se desistió de la acción penal.

En casi 6 años, la Fiscalía General del Estado de Chiapas inició 256 averiguaciones previas en contra de servidores públicos por cometer tortura en contra de población indígena. Foto:  Christian González. 

“Lo que hace (la Fiscalía General del Estado) es que, cuando ve que no existen elementos, entran al estudio del expediente y el MP (también) se da cuenta que no existen elementos para culpar a una persona, entonces, como una alternativa, se desisten”, reafirma.

Pese a que Víctor logró su libertad, el daño era irreparable. Además, confiesa la abogada, no se trató de una sentencia absolutoria que, para ella, sería un procedimiento más limpio.

Otra cuestión que también pone “en tela de juicio” es que, si el padre de la víctima identificaba al victimario, por qué aún la FGE no investiga sobre su paradero y lo detiene.

“No sabemos si ese expediente se fue a archivo, si ese expediente tiene un archivo definitivo o un archivo temporal. No sabemos si se sigue investigando, no sabemos si lo tomaron como prescripción; no sabemos absolutamente nada”, reconoce Francelia Estrada, quien lamenta que durante este proceso ella fuera víctima de amenazas de muerte y acoso, sobre todo, por internet.

De acuerdo con la abogada, la tensión era constante, pues estaba consciente de que había tocado “fibras sensibles” del sistema, y que ella en ese momento era como una “piedra en el zapato”.

Tras salir de prisión, Víctor lo único que quería era estar en paz, trabajar y pagar las deudas que se le habían generado durante el lapso de encierro. 

Según la especialista en derecho penal, el indígena zoque estaba destrozado en la cuestión mental. 

A pesar de todo, hubo algunos avances en su caso. Aunque en una primera ocasión la CEDH desestimó que hubo violaciones a sus derechos humanos, luego reculó y emitió una recomendación. Incluso, Víctor aún está “en lista de espera” en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención de Víctimas para que le resarzan el daño.

Además, y de forma discreta, se le ofreció una disculpa pública en su municipio, lo que para su abogada no fue una acción válida; “se agradece y todo, pero acá le corresponde al Estado”, revira.

Mañana: Casi 20 % de los presos en Chiapas son indígenas.

*Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Sur, un proyecto del Border Center for Journalists and Bloggers.