Este 8M es fundamental recordar que las necesidades entre mujeres son diferentes de acuerdo a sus contextos. Éstos son algunos de los pendientes en el acceso a derechos de las mujeres jornaleras

Por Claudia García, Maria Elena Camiro y Arelhí Galicia

El 8M es una fecha en la que se conmemoran las luchas de las mujeres por la exigencia de sus derechos y la visibilización de las desigualdades de género. Si bien surgió en un contexto urbano, ha posibilitado vislumbrar las violencias que viven las mujeres de las zonas rurales, por lo cual reflexionar continuamente sobre los pendientes y la garantía de los derechos de las mujeres jornaleras es también sumamente importante, puesto que ellas, además de realizar jornadas laborales extenuantes en los campos, llevan a cabo los trabajos de cuidado en el contexto agrícola.  

La sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados que recae fundamentalmente en las mujeres, afecta directamente el ejercicio de sus derechos humanos, además de reproducir muchas de las situaciones desventajosas que históricamente las han mantenido sistemáticamente en una posición de subordinación y de falta de autonomía.  

En el caso de las mujeres jornaleras, algunos ejemplos son el menor pago a las mujeres con respecto a los hombres por el mismo trabajo, así como la falta de posibilidad de liderazgos de las mujeres en los campos. 

Desde la Alianza Campo Justo, nos parece fundamental visibilizar esta interseccionalidad, la cual reconoce que las necesidades y pendientes entre mujeres son diferentes de acuerdo a sus contextos, por ello algunos de los pendientes son:

Salarios y trabajo digno

En 2020 por primera vez se fijó el salario mínimo profesional para personas jornaleras en México, lo que estableció un avance insuficiente en cuanto a la reducción de desigualdades, pues se tiene registro que las mujeres acceden a menos puestos de trabajo, ya sea por la carga de trabajo de cuidado o por simple discriminación. Es fundamental que existan políticas incluyentes para la contratación, así como garantizar la igualdad de salarios entre mujeres y hombres jornaleros. Además es  necesaria su incorporación a la seguridad social pues esto les permitiría contar con derechos que son fundamentales para una vida digna: salario justo, contrato por escrito, jornadas laborales de 8 horas, acceso a sistemas de salud para ella y su familia, contar con salario en caso de enfermedad o accidente, pago en caso de dar a luz, políticas por parte de las empresas para garantizar que no sean víctimas de abuso y/o acoso sexual, terminar con las `prácticas de enganche y que cumplan los contratos establecidos.

En su primer informe de 2022 la Auditoría Superior de la Federación evidenció que en materia de género la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional (SPEDR), unidad responsable de la operación de Sembrando Vida, no incorporó indicadores específicos que permitan evaluar la incidencia del programa en la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y de cualquier forma de discriminación por razones de género, incluidas el origen étnico, u otras formas como las discapacidades. Para contextualizar la importancia de que estos indicadores existan, hay que tomar en cuenta que las mujeres jornaleras viven una situación de desventaja salarial, violencia y jornadas laborales que se duplican o triplican en comparación con los hombres jornaleros. Para evaluar si el programa realmente contribuye a resarcir estas problemáticas, se necesita un monitoreo y seguimiento periódico.

Diseño de política pública

Existe la necesidad de crear lineamientos que permitan que, durante la atención destinada a las mujeres trabajadoras agrícolas, ellas puedan tener un seguimiento a los periodos de gestación, a su salud reproductiva y sexual, y que en general les permita tomar decisiones informadas sobre su cuerpo. Ellas, un grupo lejos de ser homogéneo, compuesto por mujeres de diferentes edades, experiencias, algunas migrantes, provenientes de comunidades indígenas, requieren que el diseño de la política destinada a la garantía de sus derechos sea un esfuerzo multidisciplinario, pues es su derecho recibir información en su idioma, accesible y disponible tanto en sus comunidades de origen como en las de destino cuando se trasladan para realizar labores en los campos y ranchos a lo largo del país. 

Esta administración se ha referido a la universalidad de los derechos para que todas las personas accedan a los programas prioritarios. Sin embargo, es necesario realizar un trabajo previo y acotado a las poblaciones históricamente discriminadas como lo son las mujeres jornaleras pues según datos de la organización Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan son quienes acceden de menor forma a programas como sembrando vida. Además de que no hay datos suficientes.

Acceso a la justicia

Las mujeres jornaleras tienen derecho a vivir en ambientes libres de violencia de género, sexual y doméstica, sin embargo, estas prácticas persisten en los campos agrícolas. Muchas de ellas son acosadas por los mayordomos y jefes de cuadrilla de los campos, y aunque existan mecanismo de denuncias, estos no generan posibilidades reales de acceso a la justicia y reparación, lo que perpetua las asimetrías de poder y la impunidad.

Participación política de las mujeres jornaleras

La población jornalera que más se ha organizado es la de San Quintín, que en su mayoría son migrantes ya asentados en esa región y que en 2017 hicieron una movilización para la exigencia de sus derechos laborales. Es el único sindicato de jornaleros y jornaleras en el país, y también el único sindicato en México con una mujer a la cabeza. Su secretaria general Avelina Ramírez ha compartido en distintas ocasiones los obstáculos a los que se enfrentan como mujeres para participar en las organizaciones sindicales.

Lo anterior parte del entendimiento de que el trabajo no remunerado no es una cuestión privada sino de corresponsabilidad colectiva, así como darle su lugar a quienes nos alimentan. Por ello la necesidad de avanzar hacia el diseño de políticas públicas que reconozcan, reduzcan y redistribuyan estas labores al mismo tiempo que se establezcan medidas para dotar de condiciones laborales dignas a las jornaleras agrícolas.