Un tribunal desestimó las quejas presentadas por las niñas y los niños mayas, por lo que un juez federal que ya ha actuado de forma parcial, podría ordenar la reapertura de la megagranja porcina que ha sido altamente contaminante 

Texto: Herbeth Escalante

Fotos: cortesía de Indignación 

MÉRIDA, YUCATÁN.-Las exigencias del pueblo maya de Homún y los llamados de la comunidad científica no fueron tomados en cuenta. El Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito de Mérida desestimó las quejas presentadas por niñas y niños mayas de esa localidad y prácticamente le dio luz verde a un Juez federal para continuar con el proceso de la revocación de la suspensión, lo que implicaría la reapertura de una peligrosa megagranja de cerdos.

El Tribunal desechó la quejas de Homún contra las violaciones a la suspensión de operaciones de la fábrica de cochinos –medida cautelar dictada por otra Jueza hace cuatro años-, las cuales fueron cometidas por la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), en complicidad con la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) del Gobierno del Estado.

La agrupación Kanan Ts’ono’ot (Guardianes de los Cenotes) lamentó esta decisión que pondría en riesgo su medio ambiente, el agua, la salud de la población y sus derechos como pueblo indígena.

Las quejas fueron desechadas tras discutirse la ponencia de la magistrada Julia Ramírez Alvarado, por lo que ahora el Juez Segundo de Distrito, Rogelio Leal Mota, podría permitir la revocación de la medida cautelar y dicha granja volvería a abrir con 49 mil cerdos, cuyos desechos amenazan a la comunidad de Homún.

¿Cuáles fueron las quejas?

En los últimos meses, las niñas y los niños mayas de Homún presentaron quejas ante la justicia federal al detectar diversas irregularidades de PAPO y la SDS de Yucatán, pues prácticamente no estaban respetando la suspensión, a pesar de que ésta fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en mayo de 2021. 

La primera queja fue interpuesta cuando la Secretaría permitió que la empresa realice trabajos de mantenimiento en la fábrica de cerdos, con lo cual incumplió con la medida cautelar de suspensión de actividades.

Otra queja fue presentada cuando la misma dependencia estatal, pese a la orden de no reactivar las operaciones en la granja, permitió la instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales. Esto lo confirmó la propia SDS al emitir un documento asegurando que esa infraestructura “cumplía con los estándares de descargas contaminantes”. 

La tercera queja fue interpuesta cuando el Juez Leal Mota le dio trámite a un recurso presentado por PAPO para revocar la suspensión, el cual era totalmente improcedente, porque además lo hizo con pruebas ilegales y hasta falsas. 

En una audiencia celebrada el pasado jueves, dicho Tribunal declaró infundadas las dos primeras quejas y desechó la tercera. Ahora, le toca al juzgador decidir si retira o no la suspensión, que como se sabe, fue dictada hace cuatro años por quien en su momento fue la titular del Juzgado Cuarto de Distrito, Miriam Cámara Patrón, para proteger el medio ambiente y el agua de Homún.

Un juez a modo

La asociación civil Indignación, que acompaña jurídicamente a los pobladores de Homún en su lucha, advirtió que el Juez Leal Mota ha evidenciado parcialidad a favor de la empresa PAPO, por lo que temen que levante la medida cautelar y que esa megagranja vuelva a operar en poco tiempo.

“Hasta ahora no se han publicado los acuerdos de la sesión del Tribunal Colegiado, sin embargo, la decisión nos alerta, ya que el Juez Leal Mota podría quitar la suspensión y reactivar las operaciones de la fábrica, poniendo en riesgo el derecho a la salud, al medio ambiente sano, al agua y a la libre determinación de la infancia y del pueblo maya de Homún”, sostuvo.

Indignación señaló que resulta especialmente preocupante que dicho juzgador ya se ha pronunciado a favor de la empresa PAPO, pues en el 2018 se negó a otorgar una suspensión contra la fábrica de cerdos, dándole prioridad al discurso del empleo y el mal llamado desarrollo, por encima de la salud humana y ambiental, y de la libre autodeterminación del pueblo maya. 

Criticó que ahora le haya dado trámite a la solicitud de revocación, por lo que prácticamente le está abriendo la puerta a la empresa para continuar operando su megagranja porcícola a costa del medio ambiente, salud y niñez de Homún.

Además, el juez se desentendió en este proceso cuando PAPO presentó una prueba falsa. Supuestamente se trataba de un documento emitido por la Dirección de Obras y Conservación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el que se describe que la planta de tratamiento de la fábrica de cerdos no contaminará el manto freático y respetará las normas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pero resultó ser falso.

El propio director general de Asuntos Jurídicos de la UNAM, Jorge Barrera Gutiérrez, confirmó que el documento ofrecido por PAPO “no fue emanado y/o suscrito por autoridad universitaria alguna”. Incluso tal prueba falsa podría constituir un delito, pero el juez no dio vista a la Fiscalía General de la República (FGR).

Comunidad científica alzó la voz

Apenas la semana pasada, a pocos días de la audiencia del Tribunal, especialistas en salud y materia ambiental pertenecientes a universidades y organizaciones internacionales, presentaron un amicus curiae en el que señalaron que la megagranja de Homún amenaza con ocasionar daños graves e irreversibles. 

También describieron los graves impactos a la salud, al agua y al ambiente ocasionados por la industria porcícola en Estados Unidos, y manifestaron la expectativa de que el Juez Leal Mota resuelva a favor de la niñez y el medio ambiente sano de Homún.

El escrito conocido como amigo de la corte (amicus curiae)  estuvo acompañada de evidencia científica fundamental sobre los graves e irreversibles daños a la salud humana y al medio ambiente asociados con las operaciones industriales porcinas. 

Estos daños incluyen la contaminación del agua, también la de  los cenotes; contaminación atmosférica; propagación de patógenos peligrosos y contribuciones al cambio climático.

“Numerosos estudios científicos brindan evidencia de que las operaciones industriales porcinas liberan contaminantes en las comunidades vecinas, donde afectan la salud y la calidad de vida de los vecinos. Dichas operaciones se han asociado con aumentos en síntomas bronquiales y asma, presión arterial, estrés y ansiedad entre los residentes que viven cerca”, sostuvo la doctora Jill Johnston, profesora de Medicina Preventiva en la Facultad de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California, quien se unió al amicus curiae.

En el documento advirtieron que la granja generará más de 270 millones de kilogramos de orina y heces cada año, más desechos que los generados por toda la población humana de Tijuana. Esos desechos se depositarían en el sitio, lo que representa una amenaza continua para los habitantes mayas de la región y el medio ambiente circundante.

“Estamos orgullosos de apoyar la lucha de los jóvenes mayas para preservar su herencia ecológica y cultural contra la amenaza que representa esta destructiva mega granja industrial”, señaló Hannah Connor, abogada sénior del Centro para la Diversidad Biológica, quien también firmó la carta. 

Los estudios científicos presentados en el escrito documentan evidencias de más de 40 años de cómo las operaciones industriales porcinas envenenan a los trabajadores, las comunidades y al medio ambiente, por lo que los firmantes hicieron un llamado a las autoridades a que no se esperen hasta que los jóvenes se enfermen para abordar estos daños. 

Hasta el momento dichos argumentos no han sido tomados en cuenta y el pueblo de Homún se encuentra en la incertidumbre.