Durante 5 años la PGR engañó a una familia sobre una investigación que nunca realizó para dar con el paradero de los hermanos Román García, desaparecidos en Tamaulipas. En mayo un juez ordenó a la dependencia federal investigar, pero ésta se niega a hacerlo. 

Texto: Daniela Rea. 

Foto: Pie de Página

En abril del 2011, cuando cerca de 200 cuerpos humanos fueron descubiertos en unas 43 fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, Arturo Román acudió a la PGR y pidió que investigaran el paradero de sus hijos.

Un año antes, los jóvenes Arturo y Axel Román habían sido secuestrados por hombres armados y durante todo ese tiempo su padre no sabía de su paradero. Ellos volvían de un viaje de trabajo cuando pararon a cenar carnes asadas en San Fernando, donde fueron secuestrados. La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas no había hecho ninguna investigación.

En la PGR, específicamente en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), tomaron nota de la denuncia del señor Román y en lugar de iniciar una Averiguación Previa por la desaparición de los jóvenes, iniciaron un Acta Circunstanciada, la 044/2011, sin aclararle al señor Román que ese documento era una especie de “acuse de recibo” y no el inicio de una investigación. Incluso, durante cinco años los funcionarios de SEIDO engañaron a la familia haciéndole creer que avanzaban en la investigación del paradero de sus hijos.

Todo lo anterior lo descubrió el señor Román cuando con apoyo de la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho -una organización de derechos humanos que representa a las víctimas de la masacre de 72 migrantes y a otras familias migrantes cuyos hijos han sido encontrados en las fosas de San Fernando-, peleó el expediente de la investigación de su caso.

“Nos nombramos representantes de la familia Román en el Acta Circunstanciada 044/2011 y solicitamos el expediente, SEIDO nos dice que no puede haber representantes porque no es investigación, que el señor Román no tiene calidad de víctima ante SEIDO y que como en esa AC se suman más víctimas –otras familias que reclamaron cotejar ADN de los cuerpos-, no puede dar copia del expediente”, explica Marisol Flores, abogada de la Fundación.

Por ese motivo el señor Román con la Fundación presentó el amparo 695/2016 contra el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR por su omisión de iniciar una investigación.

“Nosotros argumentamos que SEIDO debió iniciar una Averiguación Previa de oficio por el hecho de haber recibido una denuncia, porque el contexto decía que ya algo estaba pasando en San Fernando, Tamaulipas, y aun así no inició la investigación”.

En mayo de este año el juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, resolvió proteger a la familia Román y ordenar a la PGR a iniciar la investigación por la desaparición de los hermanos Arturo y Axel:

“Al haberse demostrado que los actos reclamados son inconstitucionales, dado que incumplieron con las garantías de seguridad jurídica y legalidad, procede a otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal a Arturo Román García para que el titular de la Unidad Especializada deje insubsistente el acta circunstanciada PGR/SIEDO/UEIS/AC/044/2011 y ordene el inicio de la averiguación previa correspondiente”.

“Por lo cual las autoridades responsables deberán observar y aplicar debidamente lo dispuesto en los artículos 14, 21, constitucionales; 12 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas; 2, 113 y 137 del Código Federal de Procedimientos Penales; y 4 de la Ley Orgánica de la PGR pues sólo de esa forma se restituirá al agraviado en el pleno ejercicio de los derechos de seguridad jurídica transgredidos”.

No conforme con la orden del Juez, la PGR se negó a iniciar la investigación y respondió con un recurso de revisión argumentando que no tiene competencia de investigar porque no es de competencia federal, el cual se resolverá en los próximos meses.

“La PGR mantiene una postura de no analizar el contexto de graves violaciones a derechos humanos y reniega de la orden del juez. Veremos en qué se resuelve”, dice Marisol Flores.

A la fecha, la PGR no ha investigado dónde está la camioneta en la que viajaban los hermanos Román García y que fue llevada por los hombres armados que los desaparecieron cuando cenaban carnes asadas en un restaurante afuera de San Fernando, Tamaulipas. La PGR tampoco ha investigado si hay o no relación con la masacre de 72 migrantes, pues la desaparición de los hermanos se dio dos días después del aquel crimen.

Para la Fundación es importante hacer un llamado a más familias que estén integradas en el Acta Circunstanciada 044/2011, aquellas que acudieron a denunciar la desaparición de sus familiares cuando el hallazgo de las fosas clandestinas, se sumen a la exigencia de que la PGR atraiga el caso e investigue, tramitando amparos.

“Este caso refleja que hay muchas familias que denunciaron la desaparición de un familiar y se les engañó con una supuesta investigación, por eso es importante que se sumen con amparos para obligar a la PGR a investigar”, señala la abogada Flores.

Más información en Siete años de búsqueda y siete años de impunidad

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Daniela Rea

Reportera. Autora del libro “Nadie les pidió perdón”; y coautora del libro La Tropa. Por qué mata un soldado”. Dirigió el documental “No sucumbió la eternidad”. Escribe sobre el impacto social de la violencia y los cuidados. Quería ser marinera.

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