En León, Guanajuato, año con año llegan familias de Guerrero, Oaxaca y Veracruz a cosechar verduras y hortalizas que nutren al país. Sin embargo, no cuentan con vivienda, seguridad social ni acceso a alimentos. Las mujeres son las más castigadas al tener que cuidar a hermanitos o nietos mientras los adultos van al campo

Por Florencia Martínez Sánchez y Mayo Meza Trejo*

Las personas jornaleras de pueblos originarios resisten en contextos complejos. Desde el Centro de Desarrollo Indígena les hemos acompañado por 8 años en su llegada a trabajar a los campos agrícolas en Guanajuato. 

A partir  de la indignación compartida  de no ver cambios estructurales que impacten en la vida de las personas jornaleras, nos detuvimos a hacer un análisis con la metodología del desempaque de derechos, ya que retoma los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia, inalienabilidad, imprescriptibilidad y su carácter de absolutos como directrices para interpretar a los derechos pero, esencialmente, para aplicar las obligaciones que derivan de esos derechos (Serrano, S. y Vázquez, D, 2013). Desde esa mirada, con el foco en las personas y en las obligaciones del Estado, hemos podido reflexionar si, el municipio de León, ha realizado acciones públicas con una mirada de derechos. 

Las familias jornaleras se encuentran en movilidad dentro del país, sus estados de origen son principalmente Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Generalmente las familias están compuestas por 8 a 10 integrantes, hijas, hijos, esposa, esposo, abuelas y abuelos. Algunas causas de expulsión identificadas son la falta de trabajo 51.4%, la necesidad de efectivo 30.7% y no tener o tener poca tierra para cultivar 7.6% (Clériga y Ledón, 2018), lo anterior vinculado con la extracción y explotación de las tierras por megaproyectos que va  resultando en el agotamiento paulatino de recursos. 

En algunas familias y municipios podemos identificar situaciones de desplazamiento interno forzado por razones de crimen organizado y por falta de alternativas de subsistencia, pues hay comunidades que carecen de todos los servicios elementales para subsistir. Frente a la movilidad es de suma importancia la coordinación entre las autoridades en los distintos niveles y estados de origen, tránsito y destino.

Año con año cientos de familias arriban al municipio de León, se establecen cerca de los campos agrícolas en las localidades de Barretos, Nuevo Lindero, Rancho Nuevo, San José de los Sapos, La Esmeralda, el Jagüey, La Cinta, El Maguey, San Cristóbal, La Arcina, Los Ramírez, etcétera. 

Contrario a lo que estipula la Ley Federal del Trabajo, las personas jornaleras en León no tienen acceso a la vivienda, por lo que también resaltamos la importancia de coordinación entre empleadores y autoridades de los distintos niveles para transitar de acciones asistenciales, como entregas de cobijas y lonas, a acciones que garanticen a las personas jornaleras para que puedan tener acceso a una vivienda con servicios básicos, cerca de su lugar de trabajo.  

Otros derechos en los que reflexionamos fueron el de la salud y la alimentación, ya que estos  se ven afectados por la falta de agua, el contacto con fertilizantes en sus viviendas o bodegas donde duermen y al momento del corte, así como el poco acceso que tienen a alimentos frescos y ricos en nutrientes, lo anterior aunado a una serie de enfermedades digestivas, desnutrición, sobrepeso, infecciones en la piel, los ojos y resfriados constantes. Es preocupante que aun después de años, el acceso a sus derechos no se materialice. Es de suma importancia que el personal de salud tenga una mirada intercultural que brinde la atención médica debida sin tratos discriminatorios. Para cumplir con las obligaciones, se debe transitar de una política que canaliza a centros de salud, a una política de prevención, de accesibilidad y pertinencia cultural, garantizar mitigación de riesgos sanitarios por estar en contacto con los agroquímicos, así como que las personas tengan acceso a un seguro médico.  

Respecto al derecho al trabajo digno, generalmente toda la familia participa del trabajo, ya sea trabajo remunerado, o no remunerado, o de ambos. Quienes trabajan en el campo, no cuentan con seguro ni con medidas adecuadas que regulen las jornadas de trabajo, el pago y su seguridad. 

La carga de cuidados atribuida socialmente a las mujeres está presente desde que son niñas y hasta la vejez. Las mujeres desde adolescentes, además de trabajar en el jornal, realizan trabajo doméstico y de cuidados. En los campos, las niñas cuidan durante el día a sus hermanos/as más pequeñas, su trabajo es de suma importancia puesto que les resguarda, cuida y evita accidentes en los campos tales como picaduras de animales o atropellamientos. En otros casos, algunas mujeres mayores se quedan en casa cuidando de los nietos y nietas, ya que las viviendas no cuentan con seguridad para dejarles e ir a trabajar. No obstante, esto no debe deslindar a las autoridades y patrones involucrados a cumplir con su obligación de que el campo, como lugar de trabajo, sea seguro para todas y todos. 

El trabajo de cuidados que hacen las mujeres no es reconocido puesto que se invisibiliza el aporte y sostén que hacen a la economía familiar y social. Por otro lado, las infancias que trabajan son criminalizadas. Es necesario que los Sistemas de Protección Integral, así como las Procuradurías de Protección generen programas, políticas y planes de restitución de derechos con miradas de género, intercultural de derechos de niñas, niños y adolescentes. Se deben dejar atrás acciones que intimiden y asusten a las niñas y niños, así como la detección ilegal, asumiendo que es una medida de protección, cuando más que protegerles integralmente, generan un impacto negativo en ellas.

Finalmente, hacemos un llamado para asumir nuestra responsabilidad como sociedad que sostiene y perpetúa las desigualdades. En necesario cuestionarnos qué alimentos estamos consumiendo, dónde fueron sembrados, quién los cosechó, bajo qué condiciones y cuál fue la cadena a seguir para que llegara a nuestra mesa. 

Invitamos a las personas a que puedan leer la investigación sobre Migración jornalera en las zonas agrícolas de León, Guanajuato, que si bien es a partir del acompañamiento en León, recuperamos derechos, tomamos como punto de partida las voces de las familias, así como las obligaciones del Estado para puntualizar acciones necesarias y urgentes frente a  la falta de conocimiento e interés en abordar las problemáticas de forma integral y coordinada entre autoridades y empleadores, así como realidades que suceden en innumerables campos agrícolas en México.  

*Laboran en el Centro de Desarrollo Indígena Loyola, organización parte de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas.