El presidente lleva semanas peleando con las organizaciones civiles, a la que acusa, así en general, de conservadoras y de recibir dinero. Pero el foro para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo el camino de las políticas públicas de los próximos años, fue, en las formas y discursos, un ejercicio de sociedad civil llevada al gobierno. Hasta el HT con género #PlaneandoJuntas. Decenas de servidores públicos aplaudieron con ganas el decreto presidencial del fin de la economía neoliberal

Texto: Daniela Pastrana

Fotos: Daniela Pastrana y Presidencia

Era una imagen insólita: cientos de personas, la mayoría funcionarios de distintas áreas del gobierno federal, pero también ciudadanos (solos o en grupo) sentados en medio centenar de mesas de trabajo con tarjetas de colores y cuestionarios para discutir el Plan Nacional de Desarrollo que será la hoja de ruta de las políticas públicas del país entre 2019 y 2024.

La jornada del sábado 16 en el Palacio Nacional y algunas sedes anexas fue la última de una serie de foros y reuniones sectoriales, a los que sumó la captura de propuestas registradas en la plataforma planeandojuntos.gob.mx, para recuperar propuestas ciudadanas en la elaboración de un Plan de Desarrollo para el país. Un ejercicio inédito, limitado y a ratos contradictorio, que una vez más dio un giro a la forma de hacer política del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Las discusiones giraron en torno a tres ejes generales, o “tres pilares” como definió el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa: Justicia y Estado de Derecho, Bienestar y Desarrollo Económico. Cada uno, a su vez, cruzado por tres ejes transversales: Equidad de género y no discriminación; Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública, y Territorio y desarrollo sostenible.

Un Plan, anunció Urzúa, que “será el primero en la historia de México que incluirá metas puntuales para evaluar el avance del programa”.

El diagnóstico

La subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Diana Álvarez, resumió en un dato el diagnóstico de la (no) Justicia y Estado de Derecho:  La corrupción cuesta cada año al país más de 7 mil millones de pesos, y la cantidad que se mueve en sobornos supera el presupuesto de la Cámara de Diputados.

Luego, el coordinador de asesores de la Secretaría de Bienestar, Adán Peña Fuentes, delineó el problema del (no) Bienestar de 53.4 millones de mexicanos en pobreza: México es un territorio con dos países, “el de la prosperidad, y el de la marginación y la desesperanza”. Por eso, dijo, «hablar de desigualdad es hablar de concentración de la riqueza”

Alejandro César Rosas Guerrero, Director General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía, definió el principal reto del (no) desarrollo económico:  21 por ciento de jóvenes no trabaja, no estudia y no reciben capacitación. No hay condiciones de productividad ni de innovación.

Pero fue el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, quien selló el diagnóstico del que parte el Plan para los próximos cinco años: “Recibimos un país marcado por una profunda herida y por una grave descomposición del tejido social. Un país hundido en una crisis de violencia (…) Más de la mitad de la población vive bajo la línea, por debajo de la línea de pobreza y millones de mexicanos no tienen atendidas sus necesidades básicas (…) Estas formas de violencia las viven de manera más severa las mujeres indígenas, las mujeres privadas de su libertad, las mujeres migrantes, las madres solteras, las mujeres con discapacidad, las lesbianas y transexuales, las periodistas y defensoras de los derechos humanos”.

En resumen: partimos de un país destruido.

Las mesas

Paradojas de la Cuarta Transformación: muchos de los funcionarios que participan en las mesas eran hasta hace unos meses integrantes de esas organizaciones civiles de izquierda que el presidente ha declarado inexistentes.

Como en 1997, cuando el movimiento urbano popular y los universitarios del CEU se fue al gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México, ahora la sociedad civil progresista ocupa las oficinas públicas del gobierno federal.

Así que el foro #PlaneandoJuntas parece este sábado una gran reunión de planeación de una organización de sociedad civil de derechos humanos. No faltan las fallas, en la mesa de migración reclaman una confusión de los organizadores: “somos 6 facilitadores y ningún ciudadano”, dicen funcionarios del Instituto Nacional de Migración; no se ven entusiasmados, quizá porque un día antes la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció una “limpia” en el instituto.

En otra sede, el coordinador de asesores de la secretaria Bienestar dirige una mesa para definir “¿Qué es bienestar?”. Las mesas en las que se discuten temas de corrupción son de las más concurridas, igual que de temas de territorio y recursos naturales, en donde participan representantes de pueblos originarios.

“Es la ciudadanización del servicio público”, dice un activista convertido en funcionario. La subsecretaria Diana Álvarez se muestra satisfecha. Lo más importante del ejercicio, dice, es sentar en la mesa de discusión a grupos de diferentes sectores y “cumplir con una planeación democrática”, porque “se trata un proyecto de Estado. No de un partido político”.

En la clausura, Carlos Urzúa reconoce el trabajo del Instituto para el Desarrollo de los Pueblos, que hizo 22 foros previos con más de 8 mil indígenas de distintas etnias. En Palacio Nacional, dice el secretario, fueron más de 800 personas que trabajaron en 50 mesas de trabajo simultáneas: “Participaron personas de comunidades y pueblos indígenas, adultas mayores, con discapacidad, jóvenes, así como representantes de agrupaciones sociales y organizaciones de la sociedad civil. Y muchos, muchos funcionarios entusiasmados”.

Las urgencias

Alejandro Encinas hila el discurso más duro de la jornada y en la clausura del foro enlista las urgencias del gobierno: “Las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos fueron sistemáticamente dejadas en la sombra (…) revertir la crisis de derechos humanos y garantizarlos de manera progresiva “es nuestra prioridad y a eso nos abocaremos en los próximos años (…) Es urgente cerrar las enormes brechas de desigualdad que viven los grupos históricamente discriminados y excluidos en el país (..) Habremos de poner especial atención a la violencia que sufren las mujeres en las zonas de conflicto, la violencia sexual y las basadas en género que se expresan, por ejemplo, en la tortura sexual, que sigue siendo una práctica recurrente en el país y que debe ser erradicada”.

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, ofrece instaurar una “nueva ética de trabajo en el servicio público, que auspicie la honestidad, la eficacia, la profesionalización y la transparencia”. Luego, suelta el primer golpe del día al que será expulsado de la 4T: “El combate a la corrupción se construye sobre la base de un concepto de austeridad republicana que se aleja de la aplicación neoliberal (…) La austeridad neoliberal funcionó bajo la lógica de reducir la justicia social y los gastos de inversión del gobierno. El neoliberalismo avanzó afectando derechos y disminuyendo recursos de los programas sociales con objeto de beneficiar sólo a intereses creados de unos cuantos”.

Toca el turno a Josefa González Blanco responsable las políticas medioambientales, que se las arregla para parecer fuera de tono. “Impulsamos una política nacional ambiental que prioriza a las comunidades y pueblos indígenas, ellos siempre primero”, dice la secretaria, en un discurso totalmente ajeno a las manifestaciones de oposición de pueblos originarios a proyectos estratégicos del gobierno, como el Tren Maya.

Pero ella, como si hablara de un gobierno que no está fincando el crecimiento económico en la inversión de energías fósiles, habla de que “la naturaleza está en un estado de emergencia”, suelta una serie de datos inconexos sobre costos por degradación ambiental, tratamiento médico y pérdida de productividad por contaminación de aire; corresponsabiliza a todos (gobierno, sociedad, sector privado y academia), y alerta que “en el siglo XXI, la amenaza global es el ecocidio”.

El titular de Sedatu, Román Meyer, sigue en esa línea, pero con un discurso más articulado en favor de una “perspectiva territorial” que regrese al Estado el control de la planeación.

“Hoy nos enfrentamos a graves conflictos socioterritoriales ocasionados por la falta de políticas públicas incluyentes con las comunidades y sus entornos”, dice Meyer, antes de tirar la piedra a los gobiernos anteriores, que “empeñaron el bienestar ambiental, económico y social de México y sus próximas generaciones”.  Y alerta: este gobierno no puede repetir los mismos errores. Necesita “construir estrategias que permitan empezar a corregir los efectos que dejó el modelo neoliberal sobre nuestro territorio”.

La mesa queda puesta para que el presidente declare la abolición del modelo neoliberal y su política económica “de pillaje, antipopular y entreguista”.

“Para nosotros ya se terminó con esa pesadilla que fue la política neoliberal. Declaramos formalmente, desde Palacio Nacional, el fin de la política neoliberal”, dice Andrés Manuel López Obrador.

En un discurso que provoca una decena de aplausos de los servidores públicos, a los que el presidente invita a edificar una política “postneoliberal” que será “inspiración para otros pueblos”. “Debemos demostrar que la modernidad puede ser forjada desde abajo y sin excluir a nadie y que el desarrollo no tiene por qué ser contrario a la justicia social”, dice ante 800 personas que deberán hacer realidad el Plan que Nacional de Desarrollo.

Trabajo les sobra.

 11 MANDAMIENTOS DEL POSNEOLIBERALISMO

Andrés Manuel López Obrador definió 11 principios que regirán las políticas de su gobierno

1. Honradez y honestidad
2. No al gobierno rico con pueblo pobre. Decía Díaz Mirón: ‘Nadie tiene derecho a lo superfluo mientras existan quienes no tienen lo indispensable, lo básico’.
3. Economía para el bienestar, que pensemos en que haya crecimiento de la economía, pero también distribución de la riqueza y del ingreso. Que eso en esencia es desarrollo.
4. 4: El mercado no sustituye al Estado.
5. Por el bien de todos, primero los pobres. Atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos, pero darle preferencia a los más necesitados, a los vulnerables, a los débiles, a los explotados, a los olvidados, a los marginados. Eso es humanismo.
6. No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. Esto significa igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la dignidad de los adultos mayores y el derecho de los jóvenes a tener un lugar en el mundo. Rechazamos toda forma de discriminación por características físicas, posición social, escolaridad, religión, idioma, cultura, lugar de origen, preferencia política, ideológica, identidad de género, orientación y preferencia sexual.
7. No hay paz sin justicia. La paz es fruto de la justicia.
8. Respeto al derecho ajeno es la paz. Que significa la no intervención, que nosotros no tengamos afanes hegemónicos, que no aspiremos a ser un imperio, que aspiremos a ser una nación libre y fraterna con todos los pueblos del mundo.
9. No más migración por hambre o por violencia. Que la migración sea opcional, no forzada
10. La democracia. Que significa el poder del pueblo, el mandar obedeciendo. La democracia en sus dos vertientes: representativa y participativa. Llevar a la práctica lo que establece nuestra Constitución en su artículo 39 acerca de que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. Elecciones libres y limpias. Esa debe de ser otra aportación de nuestro gobierno en esta nueva etapa.
11. Ética, libertad y confianza. Vamos al renacimiento de México, a la búsqueda del bienestar material y también a la búsqueda del bienestar del alma.

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