La violencia que sufrió esta joven de 16 años escaló a lo físico, después el caso se envolvió de impunidad. Años después esta chica sigue luchando para obtener justicia, su caso podría ayudar a otras jóvenes para que se respeten sus derechos.

Texto: Claudia Arriaga
Foto: Especial

MÉRIDA, YUCATÁN-. Mónica** tenía 16 años, cuando en noviembre del 2019, un grupo de 11 compañeros de la preparatoria donde estudiaba sustrajeron un video íntimo de una conversación de Facebook y lo difundieron. Formaron un grupo de Whatsapp que llamaron “Licenciados en molestar”  (Lem), su  objetivo era ejercer violencia digital contra la joven. Pese a las pruebas, actualmente, la Fiscalía General del Estado (FGE) determinó el ejercicio de la no acción penal. Una jueza determinará si el proceso seguirá adelante.

En aquel entonces, la joven pidió ayuda a un prefecto que la confrontó con los agresores, algunos aceptaron su responsabilidad, pero no detuvieron el acoso. Al pasar los años, la violencia hacia la joven escaló de lo digital a lo físico.

“No solo es acoso cibernético. En la calle cuando estaba en el trabajo la cabecilla que comenzó todo estaba en la avenida con su bicicleta esperando que yo lo vea. Me quedé quieta por el miedo. Él fue de un extremo de la ciudad a otro, de Caucel a Francisco de Montejo solo para ver mi reacción. Quería que sepa que está ahí. Se me hace muy enfermo”, relató en entrevista la joven.

Uno de los episodios que más recuerda, es que los adolescentes le enviaron el video a su mamá. Ella llamó a la escuela. Después, el 13 de diciembre, la directiva citó a los padres y madres de las partes involucradas. Se firmó un acuerdo para no molestarla más, pero no lo respetaron.

Por fortuna, lejos de encontrar reproches, su madre la apoyó y semanas después -el 30 de diciembre de 2019- la acompañó a interponer su denuncia.

En medio del proceso, intentó rehacer su vida y buscó ayuda psicológica y psiquiátrica, sin embargo, tuvo que dejar la escuela por los constantes ataques. Además, de que no dejan de escribirle en todas sus redes sociales: Instagram, Facebook, Tik Tok. La hostigan.

La revictimización de denunciar violencia digital

Mónica se sentía frustrada. Durante dos años, aunque investigó, reunió pruebas; y se vio obligada a hablar con algunos de sus agresores para esto, no veía avances en la carpeta. Sin embargo sí vivía revictimización. Le habían dicho que la Policía Cibernética intervendría sólo si sus videos se exponían en una plataforma de contenido sexual.

El 21 de agosto de este año, despertó y sus amistades y conocidos le informaron que crearon una cuenta de Instagram desde donde enviaron un enlace de Only Fans con su video. Ese día tuvo una crisis de ansiedad e intentó suicidarse.

“Llevo dos años en terapia y siento que no he avanzado mucho. Mientras no tengan una consecuencia no me van a dejar en paz, y mientras no me dejen en paz yo no puedo seguir adelante. Estoy tratando de salir de esto y tener paz mental, pero no puedo porque para todo me hacen saber que ellos están ahí”

relató en entrevista.

Teme por su vida, ya que a dos años de iniciar la batalla legal contra este grupo de 11 adolescentes, no ha encontrado un solo momento de paz.

“¿Necesitan que pase algo físico para que hagan algo? No puede ser que ya me fueron a buscar a mi trabajo y yo no sé en qué momento se les va a zafar un tornillo y van a ir por mi para hacerme algo físico. Están enfermos o cómo le quieran llamar, pero tengo que estar alerta todo el tiempo”, lamentó Mónica.

En ese sentido, su asesor legal, el abogado René Ramírez Benítez, enfatizó que el caso de la joven (de ahora 18 años), podría ser el primero en judicializarse y tener una sentencia. Explicó que la autoridad deberá tener presente la perspectiva de género y de las niñas, niños y adolescentes.

“Contamos con registros en los cuales podemos confirmar que sustrajeron de manera ilegal un video y lo estuvieron divulgando. Es importante porque primero estaríamos hablando de unos casos de violencia digital, de delitos contra la intimidad, el cual, sí se puede acreditar marcaría un precedente de un antes y después sobre los caminos a seguir para que los otros casos, que sin duda existen en nuestro estado, puedan perseguirse criminalmente”, apuntó.

Mónica es consciente de que los responsables tal vez no serán encarcelados. Busca que sean reinsertados y sea reparado el daño para poder vivir en paz.

Ley muerta, no existen sentencias por delitos digitales

En la entidad el Código Penal del Estado de Yucatán contempla el delito contra la intimidad personal en el artículo 243 bis 2. Asimismo considera delitos contra la imagen personal en el artículo 243 bis 3. Sin embargo, al día de hoy nadie tiene sentencia.

**Se reservó la identidad de la denunciante debido al proceso legal en curso.