Mediante un comunicado, la Provincia Eclesiástica del Bajío criticó la decisión del gobierno panista de Guanajuato donde reconoce el matrimonio igualitario en la entidad; esto, pese a estar fundamentada con criterios de la Suprema Corte de Justicia y diversos tratados internacionales

Texto: Verónica Espinoza / PopLab

Fotos: PopLab

GUANAJUATO.- En vísperas de la nochebuena católica, y a través de un comunicado a nombre de la Pastoral de educación y cultura de la Provincia Eclesiástica del Bajío -que abarca las diócesis de León, Irapuato, Querétaro y Celaya-, la jerarquía de la Iglesia Católica fustigó y censuró la decisión del gobierno panista de Guanajuato de reconocer el matrimonio igualitario y celebrarlo en las oficialías del Registro Civil de todo el estado sin necesidad de contar con un amparo federal.

El comunicado parece olvidar el viejo proverbio que dice “al César lo que es del César, y a dios lo que es de dios». Pues en el, se cita, específicamente, a la titular de la Secretaría de Gobierno, la exdiputada local Libia García Muñoz Ledo. A ella se le atribuye “la elaboración del dictamen (sic)” para garantizar el derecho a la no discriminación por orientación sexual.

Iglesia arremete contra legisladores panistas

El extenso comunicado fue dirigido a la opinión pública. Lo firmaron los coordinadores de la referida pastoral de la Provincia Eclesiástica del Bajío de la Iglesia católica. Por título llevó “Golpe infame a la naturaleza del matrimonio«, y en él se fustigó al gobierno de Guanajuato, así como a los legisladores del Congreso local, a quienes se señaló de quedar exhibidos «al no poder darle una figura legal a la vida en común que llevan algunas parejas con tendencia sexual del mismo sexo”.

Aunque en su momento la mayoría del PAN en el Congreso se negó rotundamente a abordar cualquier iniciativa presentada para formalizar, por la vía civil, las uniones entre personas del mismo sexo. En el comunicado se les critica.

De hecho, al día siguiente en que se aprobó la medida administrativa, la bancada del PAN reaccionó con un comunicado en donde manifestaban que la actual legislatura muestra “su apertura al análisis, al diálogo y a escuchar todas las voces”. Sin embargo, el grupo legislativo hizo todo lo contrario. Fue a través de un amparo que la comunidad LGBTIQ+ obligó a los diputados a legislar por sus derechos. Los amparos se promovieron a través de organizaciones como Amicus.

Contradicciones del clero

Los representantes de la diócesis del bajío se mostraron a favor de reconocer la libertad de toda persona puede “vivir libre con quien decida”. De igual forma, admitieron que nadie puede ser discriminado por motivos políticos, religiosos o sociales “si decide vivir de modo estable y hacer pareja con otra persona del mismo sexo».

Pese a esto, los representantes eclesiales puntualizaron que estos derechos no deben de traducirse en matrimonio.

“Nuestros legisladores tienen la tarea de buscar la protección legal y la no discriminación de las parejas homosexuales, pero sin darle jamás la categoría de matrimonio, pues dichas parejas no están capacitadas a responder a una tarea tan alta”, afirmó la pastoral

En esta afirmación se expresa la mezcla de decisiones desde el ámbito civil y constitucional, con dogmas propios de esta religión.

De igual forma, continuaron arremetiendo contra los representantes del congreso local:

“Ante esta determinación del Estado, caben preguntas como: ¿dónde está la voz y el trabajo de los diputados que anduvieron pidiendo el voto con la bandera de proclamarse pro-familia y provida?”.

Según el comunicado, en éste se recoge el sentir de personas de la academia y el mundo empresarial. También de movimientos y organismos de laicos de la Iglesia católica, así como sacerdotes. Se dijeron “tristes, molestos y desilusionados” al enterarse de la circular girada por la Secretaria de Gobierno para la celebración de los matrimonios igualitarios en Guanajuato.

Dogmas de fe ante el Registro Civil

Los integrantes de la Pastoral de educación y cultura de la iglesia criticaron duramente al gobierno local. Los acusaron de estar «olvidando que la naturaleza no se cambia con dictámenes”.

Y agregaron que “hoy se trabaja más en pro de los que hacen más ruido y no por el bien verdadero de la humanidad”.

El documento de la iglesia fue firmado por los sacerdotes Carlos Hernández, Rodrigo Berceló Gómez, Alejandro Lara y Carlos Sandoval Rangel. Los 4 coordinadores de la Provincia Eclesiástica del Bajío. Uno de los principales argumentos que expresa la jerarquía católica es la defensa a ultranza del matrimonio monogámico entre un hombre y una mujer.

Dicen que, al aprobar el matrimonio igualitario, el gobierno estatal está atacando a este pilar de la iglesia católica.

Gobierno acata criterios de la corte

En realidad, la administración de Diego Sinhue Rodríguez (gobernador de Guanajuato) acata los convenios internacionales y la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Del mismo modo obedece a los criterios fijados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal del país. En estos criterios, la corte ha considerado inconstitucional y violatorio de los derechos humanos los códigos civiles de estados como Guanajuato. Los acusa de ser discriminatorios al limitar el matrimonio civil sólo entre parejas formadas por mujer y hombre.

“El dictamen ya mencionado emitido por Gobierno del Estado, se puede calificar como un golpe infame a la naturaleza del matrimonio. Pues, ¿cómo se puede dar el reconocimiento de matrimonio a una convivencia entre personas del mismo sexo, donde no se tienen las condiciones naturales para responder a las tareas propias que le corresponden a una institución que emana de la naturaleza misma del ser humano?”, dice el comunicado de la pastoral católica.

También se infiere que la decisión del ámbito civil y de incidencia en toda la sociedad -independientemente de la religión que profese cada persona- tiene que ver con “intentos por licitar matrimonios con una estructuración poligámica o entre personas del mismo sexo a lo largo de la historia”.

La Provincia Eclesiástica insiste en que el fin del matrimonio (desde la perspectiva de esta religión) “es procrear y formar personas”, motivos por los que rechazan que el Estado otorgue vigencia al derecho a la no discriminación a las personas por su orientación o identidad sexual.

Este trabajo fue publicado originalmente por POP LAB, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar el original