A pesar de que un tribunal reconoció que las policías de la Ciudad de México y del Estado de México si desaparecieron forzadamente al estudiante MASF en enero de 2018, ninguna de esas instituciones se hará responsable de las secuelas físicas y psicológicas del joven; tampoco hay sanciones para los agentes

Texto: Arturo Contreras Camero

Foto: Archivo / Fernando Santillán

Los culpables de la desaparición forzada de MASF no pagaron ni tendrán que pagar nada por las atenciones de salud y psicológicas que el joven ha necesitado para recuperarse.

Hace más de un año, el 23 de enero de 2018, policías de la Ciudad de México detuvieron arbitrariamente a MASF. Después de forcejear contra ellos, los policías lo subieron a su patrulla y en las siguientes horas nadie supo de él.

La noticia y las imágenes de su detención impactaron fuertemente en la sociedad capitalina; cinco días después, el joven fue ‘rescatado’ de la calle, luego de que cámaras de seguridad del Estado de México milagrosamente lo captaron caminando erráticamente. Estaba golpeado y muy desorientado y pasó meses inconsciente en el hospital, con  diagnósticos médicos que mostraban daños de por vida.

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera (actualmente senador), negó que las acciones en contra de MASF hayan implicado una desaparición forzada y, deslindó a los policías implicados; eso impidió una investigación del caso y que el Estado se responsabilizara de la integridad física y psicológica del joven.

El pasado martes 21 de mayo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito reconoció que la policías de la Ciudad de México y del Estado de México eran responsables de la desaparición forzada del joven, de acuerdo con la sentencia de amparo 53/2019.

La decisión del tribunal abre dos caminos, de acuerdo con Simón Hernández León, abogado del Instituto de Justicia Procesal Penal que lleva el caso. El primero es el de la reparación del daño, que se tendrá que atender inmediatamente; el otro es el del proceso penal en contra de los responsables, del cuál aún no se tiene claridad.

Estas decisiones no implican que los responsables de privar de la atención jurídica y legal a la familia y al joven tengan que rectificar sus acciones, hacerse cargo o pagar la atención médica y de servicios que en muchas ocasiones tuvo que correr a cuenta de la familia del estudiante.

“(Los gastos) inicialmente corrieron a cargo de ellos, y posteriormente derivado de la intervención de la Comisión (Interamericana de Derechos Humanos) y de las medidas cautelares que se dictaron en el caso, la Segob se involucró con el objeto de que se garantizara su integridad personal”, explica el abogado. “Otras instancias, como la Procuraduría (General de justicia de la Ciudad de México), la Secretaría de Seguridad Pública o la jefatura de Gobierno, no hicieron nada”.

Así, la Secretaría de Gobernación federal buscó, a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, y de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, que se le dieran medidas de asistencia, aplicadas en un caso de violaciones de derechos humanos que legalmente no se han probado y se aplican para no dejar desprotegida a la víctima. Estas medidas le garantizaron al joven un apoyo periódico del que tenían que justificar gastos, y sirvió, sobre todo, para alimentos y medicamentos.

“Estas medidas de apoyo, que eran provisionales, ahora serán medidas de reparación, porque ya implica reconocer que todo lo que hayan erogado en términos de servicios médicos, medicamentos, consultas, transporte, y demás que se hayan generado a raíz de estos eventos tendrán que ser reparados”, dice el abogado Hernández, quien destaca que el tema económico no es tan significativo para la familia.

“Estas medidas de reparación tienen que ver más con la reparación física y psicológica; con las medidas de satisfacción, que es el reconocimiento de las autoridades de Seguridad Pública; y con otras medidas más simbólicas: que se haga un memorial, o que se resignifique algún lugar, esas son varias de las medidas que implica la reparación integral. Luego se entiende que sólo es un tema económico, pero no es así, es un tema mucho más amplio”.

A partir del reconocimiento que hizo el tribunal, sigue un procedimiento para cumplir las medidas de reparación, de toma de decisiones y desahogue de trámites que el abogado considera podría tomar hasta tres meses en lo que se diseña y se empieza a implementar.

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