No estamos ante una posible revocación de mandato, pues nadie quiere que se vaya AMLO; tampoco ante una ratificación, pues eso no prevé la Constitución, pero sí ante un ejercicio de polarización que marcará el 2022

Twitter: @chamanesco

En los estertores del 2021, el proceso de Revocación de Mandato se ha convertido en la manzana de la discordia.

El presidente de la República, la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados, el partido en el gobierno y las y los suspirantes de Morena al 2024 han hecho del revocatorio una causa, una bandera y una trinchera.

Como si de la realización de ese ejercicio dependiera el futuro de la democracia, todos en la 4T se han lanzado a la defensa de una consulta que sólo ellos consideran de utilidad pública.

El último episodio de la “épica batalla” es la decisión del INE de posponer los trabajos del proceso de Revocación de Mandato, en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida el fondo de la controversia por la falta de recursos para llevarlo a cabo.

Eso ha encendido los ánimos: la decisión de un órgano constitucional autónomo de recurrir al Poder Judicial para que éste resuelva un diferendo con el Poder Legislativo, que por un lado creó una ley que obliga al INE a organizar un amplio y sofisticado proceso de Revocación de Mandato -equivalente a un proceso electoral federal- y, por otro lado, negó los recursos para llevarlo a cabo.

Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que en última instancia decida si la Cámara o el Poder Ejecutivo deben dotar al INE de los recursos faltantes para organizar el proceso, o si ordena que éste se lleve a cabo con un déficit que, según las cuentas del INE, rebasa los 2 mil 300 millones de pesos.

Según una resolución del ministro Juan Luis González Alcántar, esto ocurrirá hasta que se cumpla la etapa actual en la que se encuentra el proceso, que es la recolección y revisión de las firmas necesarias para que la Revocación de Mandato sea convocada legalmente.

Dice el ministro González Alcántar que la Revocación de Mandato es “un hecho futuro de realización incierta”, en tanto no se acredite lo estipulado en la Constitución: que un número de ciudadanas y ciudadanos equivalente al 3 por ciento de la Lista Nominal de Electores solicite el proceso.

En el objetivo de juntar esas firmas, Morena ha movilizado a su militancia y, en las últimas semanas, la organización “Que siga la democracia”, encabezada por la excandidata de Morena a diputada federal Gabriela Jiménez Godoy, ha llevado al INE tres camiones con más de 600 cajas y 3.7 millones de firmas recabadas en formatos de papel, las cuales deberán ser revisadas por personal del INE en un plazo de 40 días que corre a partir del 26 de diciembre.

Adicionalmente, vía la aplicación electrónica habilitada por el instituto, hasta el 17 de diciembre se habían registrado un millón 272 mil firmas de apoyo, de las cuales un millón 8 mil 547 son registros convalidados en la Lista Nominal.

Los datos sugieren que Morena y “Que Siga la Democracia AC” –principales promotores– conseguirán las 2.8 millones de firmas válidas necesarias para que se lleve a cabo el proceso, pero mientras todas esas firmas no se validen, éste seguirá siendo “un hecho futuro de realización incierta”.

Una vez que el INE revise las 5.2 millones de firmas que se le han hecho llegar y las que se acumulen hasta el 25 de diciembre (mientras más firmas lleguen, más tardado será este procedimiento), estará en condiciones de emitir un dictamen sobre la validez de esos apoyos y, si se alcanza el umbral del 3 por ciento, emitirá la convocatoria respectiva.

Cuando esto sea un hecho consumado, la SCJN estará en condiciones de resolver la controversia por el presupuesto.

Mientras tanto, una mayoría de consejeros del INE decidió congelar el proceso, lo que ha abonado a su desencuentro con la 4T.  

En el diferendo, Morena ha decidido meter también al Tribunal Electoral del Poder Judicial, ante el cual interpondrá una impugnación por el acuerdo de posposición votado la noche del viernes.

No es una mala idea, pues corresponde al Poder Judicial resolver las controversias en torno a la Constitución y las leyes.

Acompañado de una buena dosis de estridencia en redes sociales, legisladores de Morena han anunciado que promoverán un juicio político en contra de los consejeros que promovieron y aprobaron el acuerdo.    

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En el coro de voces que se levantaron a partir de la decisión votada la noche del viernes por seis de los 11 integrantes del Consejo General del INE destacan las de Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard, quienes aspiran a la candidatura presidencial de Morena.

Han dicho que el INE se ha excedido y extralimitado en sus facultades (Monreal); que los consejeros deberían privilegiar el interés superior de proteger la democracia (Sheinbaum) y que se desmorona el discurso del INE de defender la democracia (Ebrard).

Sheinbaum, además, ha decidido encabezar a los 18 gobernadores “de la cuarta transformación” (incluido el verdeecologista Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí), en un desplegado en el que piden al INE reconsiderar la decisión, con una perspectiva garantista en favor de la democracia participativa.

La y los presidenciables encontraron en la crítica al INE una forma fácil de ganar adeptos en el lopezobradorismo. Al igual que el dirigente morenista, Mario Delgado, saben que la estridencia contra el árbitro electoral los vuelve más simpáticos entre la militancia del partido al que desean abanderar en 2024.

Su intervención en el debate, a pesar de la alta responsabilidad de sus cargos públicos, es síntoma de los tiempos: el lopezobradorismo ha encontrado en la Revocación de Mandato el combustible de su maquinaria electoral y propagandística, y los presidenciables no quieren quedarse fuera.

Saben que no estamos ante la posible revocación del mandato de Andrés Manuel López Obrador, pues los promotores del ejercicio no le han perdido la confianza al presidente ni quieren que se vaya del poder anticipadamente.

Deberían saber que tampoco es una ratificación, pues confirmarle el mandato al presidente no es el espíritu ni el objetivo del derecho ciudadano incorporado en 2019 en el artículo 35 de la Constitución bajo el nombre de “revocación de mandato”.

Pero han decidido formar parte de lo que sí ha llegado a ser este ejercicio: la polarización del mandato.

Con la revocación, el presidente y los suyos convertirán a México –al menos en el debate público– en un país de militantes y detractores, en un año en el que todo se medirá en función de la simpatía o la antipatía frente a la figura presidencial.

En esa lógica, AMLO se ha convertido –y ha convertido a sus allegados– en los promotores de un ejercicio que, por su propia naturaleza, radicalizará posiciones y dividirá aún más al país durante el 2022.