Ocho meses después de la crisis forense desatada por el hacinamiento de 322 cuerpos de personas no identificadas dentro de dos contenedores frigoríficos que tenían bajo resguardo la Fiscalía General de Jalisco (FGJ) y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) presentó un informe que evidencia las sistemáticas omisiones cometidas por ambas instituciones

Darwin Franco Migues / Zona Docs

@darwinfranco

Las sistémicas negligencias y omisiones cometidas por personal de la Fiscalía General de Jalisco (FGJ) y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) fueron los detonantes de la crisis forense que estalló, en septiembre de 2018, cuando se descubrió que dentro de dos contenedores frigoríficos fueron hacinados los cuerpos de 322 personas no identificadas.

Esta grave violación a los derechos humanos alcanzó notoriedad internacional cuando se supo que uno de estos contenedores, con 273 cuerpos, deambuló -entre el 15 y 17 de septiembre de 2018- por tres municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara. El otro contenedor, hacinó otros 49 cuerpos de personas no identificadas. En total, 322.

Lo que señala la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), en su recomendación 10/2019, es que esta acción realizada tanto por la FGJ como por el IJCF constituye: “una violación del derecho al acceso a la justicia en relación con la identificación, clasificación, conservación y tratamiento de cuerpos de personas fallecidas”, ya que ambas instancias fueron omisas en la correcta integración del expediente básico de identificación; así como en la efectiva investigación de cada uno de los casos, en la cual debieron de tener competencia e injerencia tanto la Fiscalía Especializada en Desapariciones como la Unidad de Investigación de Homicidios Dolosos de la FGJ.

La incompleta realización de todas las pruebas de identificación forense; las negligencias en la trazabilidad de los cuerpos; la inexistencia de acciones periciales para precisar: 1) quiénes eran en vida todas las personas no identificadas; 2) qué fue lo que les pasó; 3) quién o quiénes son los responsables de su muerte; y 4) cuáles fueron todas las evidencias recabadas en las labores del levantamiento de cada uno de los cuerpos; son algunas irregularidades que la CEDHJ encontró como las principales causas de la no identificación de las personas que arribaron al Servicio Médico Forense (SEMEFO); estas problemáticas, a su parecer, son acciones que de manera sistémica realizan ambas autoridades para dar celeridad al destino final de los cuerpos de personas no identificadas.

Irregularidades cíclicas y sistémicas

En ZonaDocs, ya se había informado como uno de los destinos finales de estas personas no identificadas, entre 2006 y 2015, fue la incineración de sus restos; en total, la FGJ y el IJCF avalaron la incineración de 1,559 personas.

Tras la oposición de familiares de personas desaparecidas a esta acción violatoria a la Ley General de Víctimas, las incineraciones se detuvieron en 2015; sin embargo, no así las sistemáticas negligencias en la identificación de las personas, pues ante la imposibilidad de incinerar fue que aparecieron los contenedores frigoríficos dentro del IJCF y, posteriormente, las inhumaciones en panteones públicos y/o privados.

La propia CEDHJ precisa en su recomendación que muchos de los cuerpos de personas no identificadas contenidos tanto en los dos tráileres como en las cámaras frigoríficas del SEMEFO permanecieron dentro del instituto forense entre 3 meses y 3 años y medio, antes de que fueran inhumados -entre el 22 de septiembre y el 7 de diciembre de 2018- en panteones de los municipios de Guadalajara, El Salto y Zapopan.

En su “Informe especial sobre el proceso de inhumación de personas fallecidas no identificadas, realizado del 22 de septiembre al 07 de diciembre de 2018 en el contexto de la contingencia provocada por la acumulación de cadáveres en el IJCF”, la CEDHJ señala que de las 605 inhumaciones que se han realizado tras la crisis forense sólo el 10 por ciento (64 personas) han sido entregados a sus familiares; añadiendo que el actuar de la FGJ y el IJCF sobre el tema ha sido altamente deficiente porque solamente:

El 13 por ciento se realizaron investigaciones para lograr la búsqueda y localización de familiares, mientras que en 87 por ciento no existen registros que evidencien que desde el hallazgo de las personas fallecidas se hicieran las gestiones para obtener datos positivos en este rubro.

El 3 por ciento de las indagatorias se giraron oficios o se registraron las gestiones con la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas para verificar si los familiares de las personas sin identificar habían presentado denuncia.

El 36 por ciento de las huellas dactilares que se tomaron y que fueron confrontadas dieron positivo; sin embargo, no se realizó ninguna investigación por parte de las autoridades que obtuviera como resultado la identificación de las personas.

El 84 por ciento cuenta con el perfil genético, por lo cual es susceptible de confronta; sin embargo, no se encuentra documentada la realización de las confrontas.

Esto hace aún más evidente el sistema creado por la FGJ y el IJCF, pues resulta claro que dentro de todo el proceso de identificación forense se omitió la procuración de justicia y el acceso a la verdad, ya que al tratarse a los cuerpos como objetos y no como sujetos de derechos, la investigación para determinar su muerte quedó relegada al fast track burocrático que por años definió como destino final de los cuerpos: los hornos crematorios, los contenedores frigoríficos o los panteones municipales, no había diferencia porque el protocolo nunca fue la identificación de los cuerpos sino el buscar a éstos un acomodo para dar paso a los siguientes cuerpos que, tras la fuerte violencia que vive el estado, se acumularían nuevamente en el SEMEFO dando pie a una nueva crisis y saturación.

Sin embargo, la recomendación de la CEDHJ sólo se queda en el señalamiento de estos hechos, ya que no repara en las graves violaciones a los derechos humanos que su ejecución ha causado por décadas, lo cual hubiese implicado que se señalara de manera precisa, además de a los titulares de las instituciones involucradas, a todos los ministerios públicos que no sólo olvidaron su obligación de investigar sino que además avalaron los destinos finales de los cuerpos de personas no identificadas sin siquiera tener una integración adecuada de su ficha de identificación y sin contar con una adecuada averiguación previa sobre el delito del que fueron víctimas; esto en consecuencia, tuvo que haber tocado de igual manera a todos los coordinadores de las áreas implicadas y a cada uno de los policías investigadores encargados de la investigación pericial de cada uno de los casos.

Los funcionarios públicos que en las conclusiones de la recomendación 10/2019 aparecen como los principales responsables de la crisis forense que condenó a la no identificación a 605 personas son:

• Raúl Sánchez Jiménez, ex fiscal del Estado;
• Maricela Gómez Cobos, ex fiscal central;
• Fausto Mancilla Martínez, ex fiscal regional;
• José Lino Morales Estrada, subdelegado adscrito a la Dirección de Investigación y Persecución del Delito de la FGJ;
• Salvador Marco Antonio Cruz Flores, director de Recursos Materiales de la FGJ;
• Bernardo Arzate Rábago, coordinador general de Administración y Profesionalización de la FGJ;
• Luis Octavio Cotero Bernal, ex director general del IJCF;
• Eduardo Mota Fonseca, ex director del Servicio Médico Forense;
• Francisco Javier Ortega Vázquez, ex coordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales del IJCF,

Conforme a la CEDHJ, éstos se encuentran sujetos a investigación en los procesos administrativos y penales,ya que: “incumplieron el deber de respetar y garantizar los derechos humanos a la igualdad y al trato digno; al acceso a la justicia por incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia; negativa de asistencia a víctimas de delito; a la protección a la salud; a la verdad y a la reparación integral; a la legalidad y seguridad jurídica, relacionados con el irregular tratamiento, manejo, clasificación, conservación y traslado de cadáveres y su identificación, en agravio de las personas fallecidas (derechos post mortem) que se encontraban dentro del referido contenedor frigorífico, así como de sus familiares y de la sociedad en general”. De estos funcionarios, sólo tres continúan activos.

Por consecuencia, la recomendación 10/2019 estuvo dirigida a la Fiscalía General de Jalisco, al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y a la Fiscalía Estatal Anti-Corrupción, a la cual se le instó a resolver todos los procesos abiertos contra los señalados como presuntos responsables.

Negligencias de las que la CEDHJ ya tenía conocimiento

Lo que evidenció la CEDHJ en su recomendación no resultó ser una novedad porque por años, colectivos como Por Amor A Ellxs, han venido señalando estas mismas deficiencias en el actuar de la FGJ y el IJCF, incluso, muchas de estas irregularidades y violaciones a sus derechos ya las habían denunciado a la Comisión a través de diversas quejas que después fueron desechadas por falta de pruebas o porque el organismo defensor “no halló hechos violatorios a los derechos humanos de los quejosos de parte de la autoridad señalada”, esto aunque muchos de estas negligencias están contenidas en la recomendación 10/2019.

Lo que tampoco tuvo cabida en el evento público realizado frente a las instalaciones del IJCF fue la auto crítica al papel de la CEDHJ antes, durante y después de la crisis forense, pues en la recomendación tampoco se precisa el por qué sí ya se tenía información sobre el mal proceder en la identificación de personas dentro del SEMEFO, la CEDHJ no actúo hasta que estalló el escándalo de los tráileres; ni tampoco se menciona el por qué avalaron la medida cautelar que permitió la destrucción de los contenedores frigoríficos donde se hacinaron 337 cuerpos de personas no identificadas.

Al final, la recomendación tampoco señala con exactitud cuáles deberán ser las medidas de no repetición para que otra crisis forense vuelva a suceder; al respecto, Alfonso Hernández Barrón, presidente de la CEDHJ, precisó que la presentación de la recomendación 10/2019 se hizo ahora para evitar surjan nuevas crisis forenses; sin embargo, la crisis aún persiste porque actualmente el IJCF tiene 450 cuerpos de personas no identificadas en sus instalaciones siendo que su capacidad de resguardo y almacenamiento es de 300.

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