La “tecnopolicía” que presume Miguel Mancera detiene arbitrariamente y desaparece a un adolescente y ninguna de las 21 mil cámaras utilizadas por el gobierno para vigilar a los ciudadanos da pistas de lo que pasó. La fiscalía de la Ciudad de México no tiene prisa para buscarlo y tarda 4 días en iniciar su investigación. Un juez determina que se trata de un secuestro, delito federal cometido por civiles, y omite la participación de agentes del Estado.
Esta, aunque lo parezca, no es una historia de ficción

Texto y foto: José Ignacio De Alba

La cara infantil, lampiña, de Marco Antonio Sánchez Flores no empata con sus 180 centímetros de estatura. Como dice una de sus tías: “es como si el muchacho no se hubiera acostumbrado a ser grande”. A juzgar de su madrastra, el Tae kwon Do fue el culpable de que al adolecente se le alargaran tanto los huesos.

Marco Antonio es cinta negra, aficionado a los videojuegos y en sus ratos libres da clases de inglés. Es estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria número 8, un colegio público de alto nivel. Pero aunque tiene pase directo a la Universidad Nacional Autónoma de México, por su buen promedio, no sabe qué estudiar:

“Dice una cosa y luego dice otra y no se decide por una carrera”, cuenta la esposa de su padre, afuera Fiscalía Especial Antisecuestro  de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, a donde este sábado, los padres de Marco Antonio acudieron declarar por la desaparición del muchacho.

Afuera del edificio, una veintena de primos, amigos y parientes se manifiestan con cartulinas garabateadas a mano: “Basta de policías secuestradores; no más corrupción; basta de autoritarismo”.

“Yo creo que se les pasó la mano a los policías, por eso ya no lo regresaron”, insiste la mujer, mientras rememora, por milésima ocasión, la historia que ha trastornado la vida de esta familia.

La increíble historia de un adolescente que, por tomar una fotografía a un grafiti afuera de una estación del Metrobús, fue detenido, golpeado y desaparecido por la policía de la capital del país

Los policías lo montaron en una patrulla a las 4:30 de la tarde del martes 23 de enero. Desde entonces, nadie ha vuelto a saber de él.

Magnolia Sánchez, su hermanastra, repite la versión que dio a la familia un amigo de Marco Antonio que atestiguó todo y que tomó la última fotografía del muchacho, en la que se ve en el suelo y sometido por los agentes: “Pasó un chico y él (Marco) le pide que pose junto al grafiti, y el chavo aceptó. Pero en eso se acercó un policía y le dijo al chavo: ‘cuidado que aquí asaltan’. Pero Marco dijo: ‘no lo estoy asaltando, sólo le estoy tomando una foto’. Yo creo que esa actitud de no dejarse intimidar fue lo que prendió a los policías. Luego, le empezaron a revisar la mochila, y él se espanta y se echa a correr y brinca el torniquete pero allí lo detienen. Luego, uno de los policías le da un cabezazo con el casco puesto y los tres le pegan con los toletes”.

A su amigo, los policías que detuvieron a Marco Antonio le aseguraron que lo llevarían a la agencia 40 del Ministerio Público, en Azcapotzalco. Pero cuando sus familiares fueron a buscarlo no estaba allí. Y los ministeriales se negaron a levantar un acta por la desaparición con el argumento de que debían esperar 48 horas.

Pocas horas después, a las 8 de la noche, al celular de Marco Antonio ya no entraban las llamadas de sus papás.

La policía de la estación del Metrobús Rosario, que atestiguó todo, sólo anotó en la bitácora de ese día que había habido un “percance”.

Marco fue declarado como desaparecido por la fiscalía capitalina 48 horas después de que fue subido a la patrulla. Y pasaría un día más para que su familia, por medio de un amparo, lograra que un juez cambiara el tipo penal a secuestro, que es un delito federal, aunque en realidad, el delito debió ser clasificado como desaparición forzada, por la participación directa de agentes del Estado.

Pero las primeras horas, valiosas para encontrar a un desaparecido, se le fueron a la familia en presionar a las autoridades para que iniciaran las investigaciones.

La desaparición forzada que nadie investiga

En las calles de la Ciudad de México y el sistema de transporte público hay 21 mil cámaras de vigilancia que el gobierno capitalino ha instalado desde el 2010 con el programa Ciudad Segura. El gobierno de la ciudad ha gastado en esas cámaras unos 400 millones de pesos, y las autoridades no se han cansado de presumir el sistema de vigilancia súper tecnologizado que se coordina desde un centro de comando conocido como C 5.

Pero el monitoreo no ha funcionado cuando la Secretaría de Seguridad Pública se ve comprometida.

Tampoco la legislación vigente. El 30 de agosto de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial, el Acuerdo 57/2017 con lineamientos para regular el uso de las cámaras de monitoreo terrestre instaladas en estaciones de policía, en patrullas y en drones de la Secretaría de Seguridad Pública. Ese acuerdo busca alinear jurídicamente los protocolos de actuación policiaca con las reformas constitucionales de derechos humanos y el nuevo Sistema Penal Acusatorio, por lo que establece que, para garantizar el «apego irrestricto» a los derechos humanos, debe haber cámaras en las patrullas que graben las detenciones.

Pero de eso tampoco hay registros. Y aunque las autoridades capitalinas dicen haber detenido a policías implicados en el caso, la familia de Marco Antonio no ha sido informada de dónde están o si han declarado.

De hecho, las investigaciones comenzaron apenas este sábado, con la declaración ministerial de los padres de Marco Antonio y el joven que fue testigo de la detención.

Y a pesar de que la implicación de agentes del Estado está documentada, en ninguna de las ventanillas de la justicia que han tocado los familiares se ha considerado el delito de la desaparición forzada. “El sistema está podrido, basta tocarlo para que le salga pus”, dice Gerardo Navarrete, amigo de la familia.

La publicación en medios de comunicación de la imagen de Marco Antonio tirado y sofocado por los golpes de los policías ha generado una fuerte indignación social y durante este sábado varias organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en contra.

La propia Universidad Nacional Autónoma de México publicó en sus redes sociales un “enérgico rechazo por la detención arbitraria del alumno universitario”, y exigió “la presentación pública e inmediata” del joven además de una investigación exhaustiva y “castigo a quien resulte responsable”

Este domingo se ha convocado a una concentración en el Ángel de la Independencia a las 13:00 horas

Mientras tanto, los familiares del joven desaparecido pegaron más de 1000 volantes con la fotografía en postes y paredes de la Ciudad México con la leyenda: “¿Le has visto?”.

Por la tarde, después de casi seis horas dentro de la Fiscalía Antisecuestros, a Marco Sánchez, el padre de Marco Antonio, se le preguntó si confiaba en las autoridades. Cansado, sólo respondió: “No me queda más que confiar”.

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