El gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó una estrategia para desarrollar a Centroamérica, que prácticamente obligaría a los países de la región a cumplir con las tareas a las que históricamente se han negado. Pero el mayor obstáculo para su plan no está en el sur, sino allende la frontera norte de México.

@anajarnajar

En los años 60 en la televisión mexicana había un programa de concurso donde los participantes debían contestar preguntas complicadas, extrañas y difíciles para ganar una buena bolsa de pesos.

Se llamaba “El gran premio de los 64 mil” y era conducido por Pedro Ferriz Santa Cruz, un culto periodista y locutor que interrogaba a los concursantes sobre temas que sólo los muy eruditos –o algunos obsesivos- podrían entender.

Era un espectáculo. Con tarjetas en la mano, el manejo preciso de la voz para añadir un toque de emoción y misterio en el momento preciso, Ferriz festejaba las respuestas atinadas con un estruendoso “¡Correcto, muy bien contestado!”.

En cada fase del programa el interrogatorio era cada vez más complicado. No existía Wikipedia, mucho menos internet, así que los productores y guionistas se la rifaban en búsquedas enciclopédicas, papel por papel en volúmenes milenarios para mantener el interés del programa.

Y claro, también para desafiar a los participantes. El ganador de cada programa debía tener la respuesta correcta a la pregunta final, de la de los 64,000 pesos.

Era la más difícil, la que marcaba el destino de sus años siguientes: millonario por su esfuerzo y tenacidad para sortear las pruebas, o quedarse como antes, la fama de aparecer en televisión como medalla de consuelo.

Cosas de la vida. El 20 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador pareció apuntarse en una especie de concurso por el Gran Premio de los 64 mil.

Ese lunes presentó la propuesta de su gobierno para contener la creciente migración irregular desde Centroamérica.

Es un programa diseñado con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que a grandes rasgos contempla una batería de inversiones multinacionales para promover el desarrollo del Triángulo Norte.

Se trata de la región formada por Guatemala, Honduras y El Salvador de donde proviene la mayoría de los cien mil migrantes irregulares que cada mes cruzan la frontera sur de México.

La propuesta es combatir las causas del fenómeno a partir de una idea básica: si en sus países hay empleo, seguridad, respeto a sus derechos, educación y servicios de salud las personas no tendrían por qué emigrar.

El plan contempla una inversión de diez mil millones de dólares cada año que cada uno de los países involucrados debe concentrarse en conseguir.

Es decir, no se trata de un subsidio, algún programa humanitario ni mucho menos de un regalo. No es, pues, una especie de Plan Marshall similar al que se utilizó para reconstruir Europa al finalizar la Segunda Guerra Mundial.

Ahora no es el caso. Es verdad que en algunas zonas del Triángulo Norte –como el llamado Corredor Seco- la vida se parece  mucho a los sitios de emergencia internacional, como el Sahel en África.

Pero también tiene otros recursos que pueden aprovecharse para el desarrollo de la región.

El problema es otro. Los presidentes de  Honduras, Guatemala y El Salvador son distintos a López Obrador:

Jimmy Morales, de Guatemala, es un excomediante que todos los días pretende evitar la lucha contra la corrupción en su país.

Morales, conocido como “el Chespirito” de Guatemala, prácticamente echó de su país a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que junto con el Ministerio Público desactivó redes de tráfico de corrupción y tráfico de influencias que derivaron en el encarcelamiento del expresidente Otto Pérez Molina.

También promueve cambios legales para proteger a políticos, empresarios o funcionarios involucrados en casos de lavado de dinero y corrupción.

Y pretende, además, que se olviden las investigaciones para sancionar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil en los años 80 y 90.

En Honduras el presidente Juan Orlando Hernández es acusado de reelegirse a través de un cuestionado y violento proceso electoral, donde decenas de personas murieron.

No son pocos quienes le acusan de usurpar el gobierno a través de un fraude en las urnas, uno de los temas que en México se han convertido en delito grave.

Y en El Salvador su nuevo presidente es Nayib Bukele, un empresario acusado de violencia de género contra una excolaboradora suya cuando fue alcalde de la capital.

El cariz de los gobernantes centroamericanos importa, no sólo por su disposición ante la propuesta del mexicano sino por el espíritu que le acompaña:

La propuesta de Cepal prácticamente les obliga a hacerse responsables del desarrollo y la seguridad de sus países, una de las razones principales de la migración.

Y también es el tema que históricamente evaden los presidentes centroamericanos.

Pero además de la eventual resistencia en la región, quizá el obstáculo más grande para la estrategia de López Obrador está en el norte, con el inquilino de la Casa Blanca.

Estados Unidos está en la víspera de la campaña para elegir presidente. Donald Trump quiere seguir en el poder y para ello necesita mantener el respaldo de sus electores, la mayoría xenófobos y anti inmigrantes.

¿Cuál es el incentivo para financiar un proyecto que, según el plan original, tardará al menos una década para impedirá la migración irregular a su país?

Retóricamente es posible que lo acepte. En términos reales es difícil que lo aplique. De hecho hace unas semanas canceló la ayuda estadounidense a Centroamérica, por ejemplo.

¿Podrá convencer López Obrador al polémico magnate? Es la pregunta de los 64 mil.

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