Jornaleros de comunidades indígenas y rurales de Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz narran sus experiencias de trabajo en campos agrícolas en el centro y norte de México. Engaños, malos tratos, falta de pago, condiciones de casi esclavitud son su cotidiano

Por María Mayela Blanco Ramírez*

En el Informe de Pobreza y Evaluación 2020 de la CONEVAL, en lo correspondiente a Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz, se invita a entender la pobreza, no como un fenómeno de comportamiento homogéneo, sino como una condición marcada por diferentes dimensiones como son la etnia, la edad, la discapacidad, el género, entre otras. Sin embargo, es fundamental observar las realidades más profundas al interior de los estados, a través de sus comunidades y localidades, para con ello, dilucidar las condiciones estructurales que, en México, impactan de manera diferenciada a cada entidad, a pesar de las similitudes que los tres estados tienen por su cercanía entre sí. 

Por ello, a través de algunos casos que han sido documentados y acompañados durante el año 2020 por CECIG, A.C. en los tres estados, se comparten experiencias y realidades que las personas jornaleras enfrentan desde sus comunidades de origen, así como en las de destino en el centro y norte México.

El primer testimonio es de Eduardo, originario de la localidad Cochiscuatitla en el Municipio de Atlapexco, Hidalgo, perteneciente a la cultura Náhuatl. Él salió de su comunidad el 14 de septiembre, con otras personas de Hidalgo y de San Luis Potosí; nos relata: “veníamos más de 20 en el camión, supe del trabajo por la esposa de mi primo, nos iban a pagar $180 por día, con hospedaje y alimentación gratis, nos dieron de enganche $1000. El contrato (acuerdo verbal) fue para trabajar por 70 días. La realidad es que nos trataron peor que a los animales; las moscas se meten a la boca, la cocina está sucia, hay pocos baños, dormimos en el piso, en cartones, cada uno debe llevar su cobija antes de salir de su comunidad o comprar a modo de no tener frío. No estábamos seguros en el rancho “Jacarandas”, hasta había víboras en donde hacíamos el corte de tomate, por eso, la verdad nos escapamos mi primo y yo, caminamos desde el rancho alrededor de 7 horas por un desierto de San Luis Potosí hasta llegar a la carretera, a puro raite desde OXXO que está por el huizache estuvimos y así logramos llegar a la capital.  

Otra experiencia es la de Antonio, de 49 años y la de su esposa María de 50, habitantes  de la Sierra de Tamapatz, del municipio de Aquismón, ellos viajaron junto con Francisco de 52 años, originario de la comunidad la Escalera, del municipio de Huehuetlán, los tres pertenecen a la cultura Tének, y  compartieron lo siguiente: “Salimos de la comunidad el 18 de agosto, supimos del «contrato»  por un anuncio en la radio, nos ofrecieron un contrato, y nos dijeron el número de días de trabajo, y que ganaríamos durante 90 días, con un pago de $200 por día, con comida, hospedaje y transporte gratis. Nos fuimos desde la comunidad de Tampaxal en camioneta hasta Huichihuayan, junto con otras personas de la huasteca potosina, llegamos a Chapulhuacanito, Hidalgo, un pueblo cerca de Tamazunchale, S.L.P. Luego nos subimos a un camión, donde el contratista nos pidió nuestra INE en original y a la fecha no nos la han devuelto. Nos dieron de enganche de $1000.”  

Los tres llegaron a un rancho de tomate en Culiacán, Sinaloa. Ahí resultó que la oferta de empleo no era real, pues no les pagaron lo ofrecido, tuvieron más jornadas de trabajo sin pago de horas extras, eso los hizo decidir regresar a su comunidad, pero cuando pidieron su credencial al contratista para poder salir de ese rancho se las negaron. 

El último testimonio es el de Higinio de 41 años, originario del municipio Martínez de la Torre, en Veracruz, él se enteró del trabajo por una cartulina en la calle que ofrecía trabajo para el corte de uva en Sonora, con paga de $ 250 por día, por un contrato por 90 días, “nos iban dar gratis el pasaje de ida y vuelta y el hospedaje”, menciona, por ello, el 8 de abril Higinio y su vecino, abordaron un taxi rumbo al municipio de Tlapacoyan, también en Veracruz, ahí abordarían un camión, pero antes de subir debían entregar lo solicitado en el anuncio, la copia de su INE (sino tenías te pedían copia del acta de nacimiento) y así te daban el enganche que en esa ocasión fue de $1000. Luego narra que en el camión había alrededor de 33 personas originarias de los dos municipios mencionados, hicieron un recorrido de aproximadamente 63 horas en el autobús, tuvieron que usar el dinero que les dieron de enganche para comprar comida mientras llegaban a Sonora, sólo cuando llegó supo el nombre del campo donde trabajaría “Santa Elena”,  

Los primeros meses le pagaron, aunque en la tarjeta Higinio se dio cuenta que le faltaba dinero, en el último mes le pagaron sólo $160 por día, ya no $250, al final le descontaron las comidas de su salario y tuvo que pagar $1,750 de su pasaje para regresar a su comunidad, así que no fue gratis; cabe señalar que donde viajó, no contaba con ninguna medida sanitaria de las establecidas por la Secretaria de Salud en el contexto del covid-19. 

Los testimonios describen prácticas realizadas en las ofertas de trabajo y el reclutamiento, lamentablemente, también son comunes los contratos verbales que difícilmente dan garantía como sujetos de derecho a las y los trabajadores agrícolas en situación de migración interna, que enfrentan dificultades, retención y/o ausencia de salario, pago de horas extras, contar con un día descanso, acceso al IMSS, y a un seguro médico si llegan a sufrir algún accidente; no les garantiza la comida sana y el hospedaje digno. Ante tal situación, es evidente que estas condiciones laborales y de vida están fuera de lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la Ley Federal de Trabajo, así como en los Instrumentos Internacionales que México ha firmado y ratificado, por tanto, la Dignificación del trabajo agrícola sigue siendo un tema pendiente y urgente para las instancias competentes en los distintos niveles gobierno en México. 

*Investigadora del área de Derecho al Trabajo Decente en el Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública, (CECIG) A.C., e integrante del equipo coordinador de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas.

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