Este domingo 7 de noviembre Nicaragua elegirá a su nuevo presidente. Daniel Ortega busca ser reelegido por cuarta ocasión. En los últimos 40 años, Ortega se ha convertido en el político con más poder en el país centroamericano. Con su esposa Rosario Murillo, la actual vicepresidente y su sucesora constitucional, formó una élite que se sostiene por la fuerza, aunque los expertos advierten que tiene ahora un futuro dudoso después de las protestas de 2018.

Texto: Octavio Enríquez*

Arte: Mario Trigo

El caudillo es silencioso
(dibujo su rostro silencioso.)
El caudillo es poderoso
(dibujo su mano fuerte.)
El caudillo es el jefe de los hombres armados
(dibujo las calaveras de los hombres muertos.)

Pablo Antonio Cuadra, Urna con Perfil Político

NICARAGUA.- El domingo 13 de junio de 2021, un grupo de 16 oficiales de las tropas de operaciones especiales de la Policía arrestó en su residencia en Managua al general en retiro Hugo Torres Jiménez. Los oficiales no sabían quién era aquel hombre.Su hijo Hugo Marcel, de 37 años, un ingeniero industrial que trabaja para una empresa de telefonía local, dice que algunos de los captores se sorprendieron cuando vieron los uniformes militares colgados en los armarios.

Mientras el general fue llevado a un sitio desconocido, su hijo fue obligado a tirarse al suelo con las manos en la cabeza. El jefe del operativo le ordenó ponerse boca arriba y le tomó fotografías, mientras apuntaban a la víctima con un arma y le preguntaban sobre el momento en que su padre se volteó contra el comandante Daniel Ortega, es decir, cuando empezó a adversar al presidente, quien es el jefe supremo de la Policía Nacional.

El allanamiento duró 6 horas y 40 minutos hasta las ocho de la noche en una jornada de capturas arbitrarias que puso a Nicaragua nuevamente en las noticias internacionales; por la violencia ejercida desde el gobierno que instauró un estado policial de facto que impide manifestaciones y críticas desde 2018, cuando respondieron a las masivas protestas de opositores con balas y persecución, dejando un saldo de 328 asesinados, 2 mil heridos y 100 mil nicaragüenses en el exilio según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esa represión se judicializó después, gracias a la subordinación de los jueces con Ortega, y en Nicaragua se empezaron a llenar las cárceles de presos políticos hasta sumar más de un centenar en septiembre de 2021. En la última redada a finales de mayo pasado, donde detuvieron al general Torres, se capturaron, además, a 39 líderes políticos y sociales, entre ellos siete precandidatos presidenciales. Con esto, el régimen cerró la oportunidad de un cambio de gobierno e impuso la reelección presidencial.

Por aquellas vueltas de la historia, en 1974, cuando  Hugo Torres no era general del ejército sino  guerrillero, participó en un comando sandinista que se tomó la casa de un ministro somocista, José María Castillo, y por la presión ejercida contra el gobierno de Somoza fueron liberados varios presos políticos, entre ellos Ortega.

Ortega  estuvo en la cárcel durante siete años que marcaron su vida, su relación con los demás y su visión del poder, según el periodista Fabián Medina, quien escribió un perfil que tituló «el preso 198» por el número de registro en el presidio.[1]

Que Ortega sea ahora el verdugo de su antiguo compañero de armas revela per se la falta de escrúpulos al gobernar. «La detención de mi padre es ilegal. El trasfondo no es jurídico, sino que responde a la voluntad del régimen y de Ortega; corresponde a los intereses de seguir perpetuando ese poder», afirma el hijo de Torres[2], quien califica la detención como un acto cínico y canalla, con el que se busca poner un ejemplo para reafirmar la postura oficial de que no se acepta pensamiento diferente ni gente a quienes ellos consideran «traidores».

Un día después de la captura de Torres, las fuerzas especiales hicieron lo mismo con la excomandante Dora María Téllez, otra heroína de la lucha contra Somoza. 

Entre los cargos que enfrentan los 39 presos políticos se encuentra el de supuesta traición a la patria o el lavado de dinero, los cuales son posibles porque uno de los soportes del poder de la pareja presidencial es el control de la justicia, las instituciones, grosso modo, un partido omnipresente que adhiere a su proyecto político tanto al Ejército como la Policía.  

Ese engranaje institucional, más votaciones denunciadas como fraudulentas en el período 2008-2016, han allanado el avance del poder del FSLN en todo el territorio nacional hasta alcanzar casi el 90 % en las municipalidades, sumado a una mayoría en la Asamblea Nacional que le permite llevar una agenda sin contratiempos y a favor de los intereses de la pareja presidencial.

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Una mirada al pasado reciente de Nicaragua permite reconstruir cómo el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) —cuyo secretario general es Ortega— logró conquistar todos los espacios de poder y construyó, de manera paralela, su propio grupo político-económico; con el que entró en competencia con las otras élites de la sociedad nicaragüense a partir del ascenso del caudillo al ejecutivo en 2007 y la consolidación de sus pretensiones dinásticas con el nombramiento de Rosario Murillo, su esposa, como vicepresidenta en 2017. 

Este análisis toma como concepto de élite el desarrollado por C. Wright Mills, en el cual observa en la sociedad estadounidense a grupos que intentan superarse a sí mismos, mantienen relaciones familiares y amistosas hasta irse fusionando, pero para lograr imponerse requieren del control institucional que pueda tener la persona de donde emana el poder. “Nadie puede ser verdaderamente poderoso si no tiene acceso al mando de las grandes instituciones, porque sobre esos medios institucionales de poder es como los verdaderamente poderosos son, desde luego, poderosos”, explicó el sociólogo estadounidense[3].

Para Elvira Cuadra, socióloga nicaragüense y una estudiosa del tema de élites, ese concepto es aplicable a la realidad de Nicaragua desde la ruptura que representó la instauración de la dinastía de Somoza García, visto como un advenedizo en las altas clases sociales y que, sin embargo, expandió su poder creando un grupo económico y político que duró hasta su asesinato en 1956, pero que posteriormente se mantuvo con sus hijos hasta que estalló la revolución sandinista de 1979. La clave fue el control de la Guardia Nacional, el ejército de entonces.

“En el 79 se abre la gran oportunidad. ¿Quiénes son los que van a sustituir a Somoza como grupo hegemónico? Y comienza la pelea. Se impone el proyecto de la revolución entonces, pero, luego en 1990, cuando se abre de nuevo la transición, es decir la posibilidad de la democracia —tras la salida de Ortega de su primer gobierno (1985-1990) por los votos— comienzan a saltar los diferentes grupos”. 

Elvira Cuadra [4]

Según la especialista, en aquellos años de transición podían identificarse varios grupos que competían por convertirse en el que mandaba: había unos cercanos al exministro Antonio Lacayo, yerno de la presidenta Violeta Chamorro (1990-1997); estaba el de Bayardo Arce, ex comandante de la revolución y el símbolo de la apropiación de bienes conocida como la piñata, que significó el robo de propiedades de los dirigentes usando a terceras personas antes de la entrega del poder; el general Humberto Ortega, hermano de Daniel y ex jefe del Ejército, y el caudillo liberal que se convirtió en presidente en 1996, Arnoldo Alemán, y que resultó clave para el retorno del actual mandatario al ejecutivo.

Con Ortega, igual que Somoza en sus acuerdos con la oposición en el pasado, Alemán se repartió las instituciones entre incondicionales suyos y de Ortega. Lo hizo bajo el supuesto que así habría gobernabilidad; sin embargo, redujo el porcentaje para ser elegido presidente al 35 por ciento, un favor que no se esperaban los mismos negociadores del FSLN y que resultó clave, dado que el caudillo sandinista alcanzó el 38 por ciento en las votaciones de 2006 con las que coronó el ejecutivo.

De estos grupos, el que pudo posicionarse con mayor ventaja en su momento fue el de Alemán, según Cuadra, pero corrió muy poco. En 2007, con el ingreso de la cooperación venezolana, cogió fuerza el grupo de Daniel Ortega, administrador local de cerca de 5 mil millones de dólares de la factura petrolera hasta 2016, la cual fue aprobada por el presidente Hugo Chávez hasta su muerte, y luego por su sucesor Nicolás Maduro.

Ese millonario flujo permitió a Ortega posicionarse como interlocutor con los viejos grupos oligárquicos vinculados al sector financiero; entre ellos, Ramiro Ortiz Gurdián, propietario del grupo PROAMERICA, y Carlos Pellas, otro de los grandes empresarios regionales de origen nicaragüense y adversario de los sandinistas en los años ochenta[5] del siglo pasado.  

Los hijos del presidente Ortega se convirtieron, en pocos años, en empresarios de televisión, radio y empresas de publicidad que mantienen relaciones contractuales con el Estado sin importar el conflicto de interés y corrupción que eso significa. Mientras tanto, el secretario general del FSLN consolidó su poder en las instituciones y las viejas fichas de Alemán se pasaron a su lado. La influencia institucional se volvió total.

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Antes de examinar cómo Ortega fue construyéndose como líder supremo, vale la pena entender el concepto que maneja del poder.

Según el sociólogo Oscar René Vargas, un antiguo asesor de la Dirección del partido del FSLN que es opositor en la actualidad, el caudillo entiende la política real como la que se esconde detrás de las negociaciones debajo de la mesa. En ese entendido, su poder descansa en estos ejes que comparten como código unas 200 personas de su círculo: «a) alianza con el gran capital; b) control de las fuerzas de seguridad; c) censura y dominación de los medios de comunicación; d) cooptación de los sindicatos; e) subordinación de los otros poderes del Estado; f) represión a través de la Policía, los paramilitares y fuerzas de choque»[6].

Si las prácticas desarrolladas bajo secretismo hacen parte del estilo de Ortega, ¿qué ha dicho y qué ha hecho en realidad? En sus discursos públicos, desde 1985, habló de que su presidencia era del pueblo, sin embargo, en la práctica se ha dado una concentración de poder, primero en los años ochenta desde una dirección colectiva del partido integrada por nueve comandantes, incluyéndolo a él, y a partir de 2007 con el ejercicio de one-two con Rosario Murillo. Se trata de la búsqueda de su propia sucesión dinástica.

Desde 2016, la vicepresidenta es Murillo, vocera, esotérica, supervisora de las actividades de los ministros y jefa de las estructuras en los barrios de control ciudadano, conocidos como los Consejos del Poder Ciudadano. No existe en la región, otro caso en el que, una pareja al mando de un país,  traslade el sentimiento de que el pasado de dictaduras resulta tan presente, como el caso nicaragüense.

¿Qué ha dicho y qué ha hecho Ortega entonces? Sigue manteniendo el discurso antiimperialista de los años ochenta, cuando Reagan lo consideró un rebelde y financió una guerra para derribarlo dada la cercanía sandinista con la Unión Soviética. Sin embargo, en la práctica, al menos en la década de 2007 a 2017, vendió a la administración estadounidense la efectividad de su lucha contra el crimen organizado y el control de migrantes. Nunca, sin embargo, descuidó el avance de su proyecto político-familiar, mientras tejió alianzas con los grupos fácticos locales, entre ellos los empresarios.

En su calidad de jefa de propaganda, Murillo incorporó el concepto religioso desde el primer día de gobierno. Aseguró el 16 de septiembre pasado que «quienes le cumplen al pueblo le cumplen a Dios»[7], una declaración que no sorprende para un gobierno que se define como «socialista, cristiano y solidario». Sin embargo, la corrupción, el abuso de poder y las violaciones de derechos humanos han puesto en el centro de la agenda mundial a los Ortega con la pregunta consecuente de cómo es posible que pasen estas cosas impunemente en este siglo.

Esta construcción de la visión del poder nace, según un crítico de Ortega que conoció su gobierno en los años ochenta, de la soledad que experimentó cuando perdió en 1990, donde se quedó sin apoyo parlamentario y la figura que lo acompañó entonces fue Murillo, quien, para reafirmar sus lazos de lealtad, defendió al caudillo sandinista cuando fue acusado de violación por su hijastra Zoilamérica en 1998.

«Ella se convierte en su sustento político, moral. Rosario Murillo lo saca de las llamas. Si ella se hubiera puesto del lado de la Zoilamérica, cómo cambia la historia. Ahí termina todo para él. Ortega le debe la vida (política) a ella. Hay entonces una mezcla de agradecimiento, lealtad, un vínculo profundo que los va a llevar juntos hasta el final», explica la fuente.

Fuente anónima cercana a Ortega en los 80’s

La visión de compartir el poder, que Ortega entregó en el 50 por ciento a ella según sus discursos públicos, hace recordar a la pareja de Nicolas y Elena Ceausescu, que gobernaron Rumanía hasta 1989 con una repartición de tareas similar: él como prócer de la patria y ella la maestra de la difusión oficialista.

Esa lealtad de Ortega a Murillo, y viceversa, es extensiva a las estructuras del partido, donde cualquier crítico se convierte en traidor inmediatamente. Tal como ocurrió con el general Torres para los policías, con Dora María Téllez o el exalcalde Dionisio Marenco. Con este último, un amigo del presidente y asesor, el gobernante se distanció cuando subió al poder en 2007. El FSLN respondió siendo leal al caudillo, dado que la estructura partidaria se comporta como los militares.

«Nos teníamos que poner de pie cuando entraban (los miembros de la Dirección Nacional del FSLN). Eso era automático. Como en un ejército. Eso crea una cultura organizacional especial, muy distinta a la de un club de jóvenes ambientalistas o a la de un club de músicos o filósofos. Además, durante el gobierno revolucionario el Frente se nutrió de 200 mil personas que combatieron, que pasaron por las armas, que adquirieron costumbres militares que trasladaron después a la estructura partidaria», explicó el propio Marenco en un artículo en la revista Envío, publicado en noviembre de 2008 en la Universidad Centroamericana de los jesuitas[8].

Con la rebelión de 2018, diez años después del artículo de Marenco, cuando miles de ciudadanos salieron a las calles a protestar para pedir su renuncia por la aprobación de una reforma a la seguridad social, los simpatizantes sandinistas exacerbaron su lealtad para proteger a Ortega, pero en realidad lo hacían con un sistema donde a todos los niveles tienen intereses. 

Murillo, sancionada por la comunidad internacional por las violaciones a los derechos humanos, fue señalada por dar la orden de «vamos con todo» para aplacar cualquier tipo de disidencia. El régimen no estaba dispuesto a ceder el control en las calles ni que se pusiera en duda quién tenía el poder que Ortega, desde muy joven, asoció con antiimperialismo y antisomocismo, aunque él trabajó con el tiempo para formar el orteguismo y en ese camino buscó alianzas con Rusia y Venezuela, un intervencionismo bueno para sus intereses personales.

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En una entrevista con la revista Playboy en 1987, Ortega recordó que creció en una colonia en Managua, donde sus padres se asentaron provenientes de la región central, en la que el nombre de Somoza era el que llevaba el estadio, el parque y donde había una estatua donde aparecía montado a caballo, la que el caudillo sandinista consideraba odiosa. «Yo me miraba a mí mismo como un joven nacionalista, antimperialista, antiyanqui. Mis amigos en mi vecindario sentían lo mismo que yo. Éramos anti-Coca-Cola, antilibros de tiras cómicas», dijo entonces[9].

Con más de cuarenta años en la política, no es fácil desentrañar cómo Ortega percibe la competencia con los otros grupos de poder, excepto con los conservadores, a quienes suele atacar llamándolos aliados de los estadounidenses.

En el libro Patas Arriba, de Eduardo Galeano, sin embargo, se cita una entrevista del cineasta Félix Zurita con el general Humberto Ortega —hermano de Daniel— en 1996 que puede interpretarse como lo más cercano a cómo se entiende el poder en la antigua dirigencia sandinista: la sociedad es vista como un estadio de béisbol. 

«Hay una jerarquía pues. Al estadio entran 100 mil, pero en el palco caben 500. Por mucho que usted quiera al pueblo, no puede a todos meterles en el palco», dijo el general Ortega¹⁰, que ha cuestionado varias veces a su hermano públicamente y ha demandado la libertad de los presos políticos. En agosto de 2021, sin mencionarlo por su nombre, el presidente llamó “traidor y vendepatria” al general Ortega y recordó los años ochenta cuando el entonces jefe del Ejército dijo que harían falta postes para colgar a los burgueses que apoyaran «la invasión imperialista». 

La mención del pasado de Humberto Ortega no es casual, sino que busca instalar en la mente de quienes critican el pasado de autoritarismo de los ochenta, que el actual presidente no era el más radical entre los nueve comandantes que compartieron el poder, aunque él se desempeñaba como el presidente. 

Ese discurso de culpar a los otros y no a Ortega fue aceptado, en parte, por el gran capital nicaragüense que solía acusar a los miembros de UNAMOS —el antiguo Movimiento Renovador Sandinista, al que pertenece el general Hugo Torres y Dora María Téllez— como los más radicales en su relación con el sector privado. En 2016, el entonces presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, hoy uno de los presos políticos del régimen, defendió públicamente a Ortega y acusó al MRS de ser los responsables de haber dejado al país como «tierra arrasada» en los años ochenta.

Antes de 2018, cuando se dieron las protestas, Ortega cogobernó con el sector empresarial. Esa era la razón de la defensa de Aguerri en 2016, y de que magnates como Pellas dieran un importante respaldo a Ortega en sus discursos públicos. Sin embargo, tras la represión, hubo un distanciamiento entre ambos grupos de poder. Aunque el régimen intenta volver a aquel tiempo cuando decidían leyes en conjunto con los empresarios y aprobaban un pequeño porcentaje de aumento de los salarios mínimos cada año, el sector privado tiene a cuatro presos políticos entre los 39 detenidos desde mayo pasado: a Aguerri, como se dijo, y al actual presidente del grupo Promerica del magnate Ramiro Ortiz, Luis Rivas; y también encarceló, el 21 de octubre pasado, al presidente y vicepresidente del Cosep, Michael Healy y Álvaro Vargas. 

Previo a las elecciones, la vicepresidenta Murillo ha arreciado, en sentido contrario a la búsqueda de un acercamiento político, sus ataques públicos: ha llamado «curas» del demonio a la Iglesia Católica por denunciar los abusos de derechos humanos; y también ha tenido adjetivos contra los grupos empresariales. En febrero pasado los llamó «saqueadores del pueblo» y recordó en una de sus intervenciones que son transmitidas cada mediodía por los medios de comunicación bajo control de sus hijos[11],que esos capitales, “surgieron del robo a los nicaragüenses”.  

La estructuración del poder económico de la familia es otra historia que corre paralela a su influencia estatal. Partió de una decisión tomada por Ortega. El caudillo sandinista se metió a áreas de la economía que consideró estratégicas, como el petróleo, con la distribución de combustibles, energía, construcción; y evitó meterse a áreas de influencias de los grandes capitales, a diferencia de Anastasio Somoza Debayle, el dictador derrocado en 1979, quien a raíz del terremoto que destruyó Managua en 1972 hizo negocios que molestaron al sector privado y marcaron su definitivo distanciamiento. 

Si Ortega logró consolidar su dictadura, se debió, es cierto, al control judicial, a la falta de escrúpulos para corromper y a las diferencias internas de la oposición; pero también a la ambición de los grupos empresariales que fueron beneficiados fiscalmente y vieron aumentadas sus utilidades en el sector financiero desde 2007, los mismos a lo cuales la crisis de 2018 les estalló en la cara. 

“Los empresarios se engolosinaron por las ventajas. Con la sorpresa de 2018, el rechazo de los empresarios es notable. El mensaje de ellos es «no me confundan con ese asesino». Porque creen que no se va a sostener. Por eso apoyan las huelgas, cierran los bancos, cuando la realidad les dice que no se está yendo, eso cambia: pasan al temor y luego a tomar distancia”,

Analista consultado bajo anonimato

A medida que se acercan las votaciones de noviembre, la presión internacional ha venido creciendo: 50 naciones —entre ellos Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Brasil y Costa Rica— demandaron el 14 de septiembre que se liberara a todos los presos políticos, y observaron la falta de condiciones para la realización de unos comicios libres. Falta aún verse la reacción interna del sector empresarial que afronta el escenario de la ruptura total o un “repacto” con Ortega, mientras la inconformidad social crece de boca en boca, resultado de los años de desgaste en el poder y el estado represivo.

La socióloga Elvira Cuadra considera que con la represión Ortega mató su propio proyecto. En su plan de expansión, el caudillo había hecho negocios con el Ejército y el gran capital en base al Estado y el enorme flujo de la cooperación venezolana para alcanzar una mejor posición que favoreciera sus intereses. Todo cambió a partir de las manifestaciones opositoras de 2018.

“¿Quién quiere juntarse con los Ortega? Iban muy bien. Efectivamente iban escalando, le habían ganado la disputa política y económica a los demás grupos y la forma en que manejaron la crisis de 2018 terminó de enterrar ese proyecto político y económico alrededor de ellos. No exclusivamente a la familia, me refiero a Pancho López (tesorero de Ortega), Fidel Moreno (otro de sus principales operadores políticos), a todos esos, que han tenido cercanía con ellos”, explicó Cuadra.

La socióloga considera que, aunque se dé una transición, la disputa por el poder de los grupos hegemónicos se mantendrá durante años. Es un tema no resuelto. La lógica que percibe de estas agrupaciones es una batalla por lograr el espacio reservado en el estadio, como dijo el general Ortega, «para quién mande más». 

Alejados de la legitimidad, la familia presidencial se sostiene con las armas, es decir ejerce el mando, pero ya no hay gobierno, mientras poco a poco la historia desarma el rompecabezas armado con esmero por el comandante.

[1] Romero, Dora Luz. «Ortega nunca dejó de ser el preso 198»: cómo la cárcel marcó al presidente de Nicaragua. BBC Mundo, 18 de septiembre de 2018.

[2] Entrevista del autor con Hugo Marcel Torres, hijo del general.

[3] Wrigths Mills, C. Las Élites del Poder. Fondo de Cultura Económica, 1957.

[4] Entrevista del autor con la socióloga Elvira Cuadra.

[5] El acuerdo de los grandes empresarios con Ortega fue bautizado como modelo de diálogo y consenso, y ambas partes lo consideraron exportable a la región. El mejor reportaje sobre el tema fue publicado por CONNECTAS y plantea las exoneraciones fiscales que recibió el grupo Pellas, el más grande del país. Les recomiendo el enlace: El idilio de Daniel Ortega con el gran capital.

[6] Vargas, Oscar René. ¿Cuáles son los poderes fácticos en Nicaragua? Nodal. 12 de marzo de 2021.

[7] Enríquez, Octavio. 50 países piden ante la ONU la liberación de todos los presos políticos. Confidencial, 16 de septiembre de 2021.

[8] Marenco, Dionisio. «Conozco bien la historia del Frente Sandinista, pero tal como están las cosas no logro imaginar el futuro». Revista Envío, septiembre de 2008. 

[9] Dreyfus, Claudia. «Una cándida conversación con el presidente de Nicaragua sobre los contras, la revolución, el béisbol, la poesía y el motivo por el cual Reagan quiere destruirlo». Revista Playboy, octubre-noviembre 1987.

[11] Según otro reportaje de CONNECTAS, los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo controlan tres canales de televisión y cuatro empresas de publicidad. Entre 2018 y 2018 recibieron 936.829 dólares en contratos con el Estado. Les recomiendo leer el reportaje: Ortega Murillo, S.A.

*Periodista desde hace veinte años, sus investigaciones se han centrado en el círculo cercano al presidente Daniel Ortega. Su trabajo se ha publicado en su país natal, Venezuela, México, El Salvador y Colombia.

**Este texto es parte del proyecto Élites sin destino apoyado por el programa de medios y comunicación para América Latina y El Caribe de la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).