El Juzgado Primero de Distrito en San Luis Potosí ordenó que la Fiscalía General de la República atraiga el caso de la muerte de Karla Pontigo, plagada de irregularidades y omisiones de la Fiscalía de San Luis Potosí

Texto: Redacción Pie de Página

Foto: Archivo Pie de Página

CIUDAD DE MÉXICO.- A nueve años de la muerte de Karla Pontigo en San Luis Potosí, el Juzgado Primero de Distrito determinó que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR). Esto, debido al conflicto de interés de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).

“…Dada la relevancia del asunto, su impacto social y la petición expresa al respecto efectuada por la parte quejosa, en su calidad de víctima indirecta, así como vistas las manifestaciones de la Fiscal encargada de la investigación del caso (…), la investigación e integración de la averiguación previa se encuentran en una situación que impide estructuralmente la eficacia de la investigación por falta formal de independencia e imparcialidad debido a un conflicto de intereses”, advirtió el juzgado en el acuerdo del pasado 19 de octubre de 2021.

La  titular de la Unidad Especializada Multidisciplinaria e Itinerante en Materia de Género (UEMI), a cargo de la investigación del caso, denunció que José Luis Ruiz Contreras, el actual vicefiscal jurídico y encargado del Despacho de la Fiscalía, es hermano de Julián Ruiz Contreras, el primer Juez que llevó el caso de Karla Pontigo y quien calificó el feminicidio un homicidio no intencional (culposo).

El juez Ruiz Contreras determinó que Karla se tropezó con una puerta de cristal y por eso murió. El juez se basó en los testimonios de cuatro empleados del presunto culpable Pedro Vasilakos Reyes, señalado de acosar y agredir a la joven.

La Fiscalía General de la República (FGR) deberá atraer la investigación con base en los lineamientos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el amparo 1284/2015. Se
justifica la intervención de la FGR por ser integrante del Sistema Nacional Para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia Contra Las Mujeres.

Amnistía Internacional y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que ha acompañado a la familia de Karla desde 2013, llamaron a los titulares de la FGR, Alejandro Gertz Manero, y de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA),  Leticia Catalina Soto Acosta, a cumplir con la resolución del Juzgado Primero de Distrito de San Luis Potosí.

Las organizaciones destacaron en un comunicado que la correcta investigación del feminicidio de Karla Pontigo con perspectiva de género, y la sanción a los responsables tanto por su muerte como por la investigación irregular que se llevó a cabo, sentará un precedente contra de la violencia de género.

«Estamos frente a una oportunidad para que las autoridades de la procuración de justicia de la nación demuestren su actuar real y vigente para atender, investigar, buscar que se sancione y se erradique la violencia contra las mujeres».

En 2019, la misma SCJN determinó que el feminicidio de Karla Pontigo estuvo rodeado de violencia “basada en género”; ordenó una investigación diligente, exhaustiva, imparcial y con perspectiva de género.

Omisiones de fiscalía estatal

Las organizaciones enfatizaron que la FGR no debe eximir de responsabilidad a la Fiscalía de San Luis Potosí por sus omisiones y mal actuar. La dependencia ha mantenido a la unidad creada para la investigación de los hechos sin recursos básicos de ningún tipo.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió en 2015 la Recomendación 55/2015, por las graves violaciones a derechos humanos cometidas; ordenó la reparación integral del daño a la familia de Karla Pontigo. 

En ese sentido, Amnistía Internacional y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho llamaron al actual gobernador Ricardo Gallardo a pagar la deuda de reparación integral del daño a la familia de Karla Pontigo.

Karla Pontigo murió en situaciones no esclarecidas en su trabajo. Trabajaba en el bar Play Club en San Luis Potosí y ahí la encontró su hermano herida en un charco de sangre. Horas después, la joven murió en un hospital. Era el 28 de octubre de 2012.

Según la entonces procuraduría de San Luis Potosí, la joven tropezó con una puerta de cristal y esas heridas habrían causado su muerte. Sin embargo, su cuerpo presentaba 39 lesiones y heridas de índole sexual interior y exterior vaginal). La segunda razón: las agresiones y acoso de su jefe, Pedro Vasilakos Reyes.

La entonces Procuraduría General de Justicia de SLP consignó la muerte como homicidio culposo y le permitió llevar el proceso bajo fianza. Sin embargo, la familia y sus abogados de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho lograron que la  Suprema Corte lo revirtiera a través de un amparo el 13 de noviembre de 2019.