La agresión de un candidato político en San Luis Potosí contra la reportera Ana Dora Cabrera deja dudas sobre ante quién se reclama el derecho político de las reporteras y comunicadoras ante la violencia política en razón de género. ¿Quién se ocupa de defender a las periodistas?

Texto: Marcela Del Muro

Foto: Especial

SAN LUIS POTOSÍ.- El 8 de septiembre pasado la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) en San Luis Potosí desechó la queja por violencia política en razón de género (VPG) que interpuso la periodista Ana Dora Cabrera contra el panista Octavio Pedroza, candidato a la gubernatura por la coalición Sí por San Luis, exsenador y expresidente municipal de la capital del estado. Esto ocurrió tras varios comentarios degradantes, estigmatizantes y misóginos hechos por el candidato y el periodista Omar Niño durante una entrevista, en plena jornada electoral.

Aunque la respuesta fuera negativa, esta queja marcó precedente en el estado por varias razones: nunca antes una reportera había denunciado sufrir violencia política en razón de género, aunque las agresiones encajaran con este perfil de violencia; también es relevante por la resolución dada por la Sala Superior de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ante la primera impugnación de Ana Dora, donde menciona que probablemente se ejerció violencia política en razón de género y se reencauzó el juicio para que el CEEPAC volviera a estudiar el caso y garantizar que los derechos político-electorales de la periodista se protegieran, pero excluyendo la participación de presentador en la investigación.

Esto abrió un campo de reconocimiento para muchos episodios de violencia que viven las periodistas en México, pero nos trajo aún más dudas: ¿Ante quién se reclama el derecho político de las reporteras y comunicadoras? ¿Quién se ocupa de defender a las periodistas ante una agresión así?

La agresión 

La noche del pasado 28 de abril, el excandidato a la gubernatura por la coalición Sí por San Luis, el panista Octavio Pedroza, acudió a una entrevista en el programa Switch conducido por el periodista Omar Niño y transmitido por su página de Facebook donde tiene más de 450 mil seguidores.

En una conversación relajada entre botana, cervezas y mezcales, el conductor encontró un espacio para menospreciar y agredir a la compañera periodista Ana Dora Cabrera, directora del medio digital Octopus. Estos comentarios violentos fueron aceptados y secundados por el candidato.

A grandes rasgos, el conductor y el candidato criticaron que la periodista confrontó a este último por un artículo publicado en Octopus a principios de abril, donde exhibió una reunión entre 16 miembros de la coalición ―entre ellos Pedroza― en un restaurante muy prestigioso de la capital potosina durante la precampaña. La fecha coincidía con el cumpleaños del exdirigente estatal del PAN, ahora diputado local. La cuenta  fue superior a los 22 mil pesos y ninguno de los asistentes pagó su consumo, en cambio esta fue presentada ante el INE como una actividad ordinaria del partido.

La crítica traspasó la raya hacía lo personal, llegando a insultos de índole sexual cargados de estereotipos. Los comentarios fueron hechos por Omar Niño, pero el aceptar y secundar dichos comentarios hace que Octavio Pedroza sea parte de la agresión contra la periodista.  

Mientras eso se transmitía en vivo por redes sociales, otra compañera reportera avisaba a Ana Dora sobre este incidente. Cuando Ana pudo ver el video, experimentó una mezcla entre vergüenza, frustración y miedo, y pensó: “¿Por qué hacen eso? Yo no estoy ahí para contestarte ¿por qué se meten en mi vida?”.

“Todo fue tan fuerte que, como pude, capturé el video y lo subí a mis redes, entonces me salí de todos los chats (de whatsapp) porque, en ese momento, no quería involucrarme más con el mundo periodístico. Qué fácil te agreden y te humillan. Al día siguiente estuve en blanco y me contactaron las chicas de la Red (de Mujeres Periodistas de SLP) para darme su apoyo. Pero después no sabía a dónde correr ¿qué era eso? ¿Una vulneración en un medio digital?”. 

La queja en materia electoral 

La periodista comenzó a hacer su propio análisis de la situación y cayó en cuenta que esos comentarios habían sido una respuesta a su cobertura mediática, en medio de la competencia por ganar la gubernatura y durante una entrevista para conocer el perfil de uno de los candidatos.“A la primeras autoridades que busqué fue al INE y ellos me dijeron que no se podía hacer nada”. Mientras la periodista explicaba que ella percibía que su agresión encajaba con el perfil de VPG, los funcionarios del INE seguían sin entender y la cuestionaban “Sí, sí, pero ¿qué te pasó?”. 

Desde que el video salió a la luz se ha compartido varias veces por redes sociales, hasta ahora tiene 25 mil reproducciones y mil comentarios en Facebook, muchos fueron muestras de apoyo para Ana Dora, pero también hubo burlas y críticas hirientes. Esto le ha traído episodios graves de ansiedad que brotan en cualquier momento, incluso en medio de coberturas. Han pasado seis meses desde la agresión y la angustia la sigue sobrepasando y paralizando. 

“Ya no sabes para dónde voltear, estaba en medio de una vorágine mediática que yo ni entraba. Veía los comentarios, fue muy fuerte, y prefería quedarme en casa, no salir a trabajar ni tener contacto con los compañeros. Entonces me escribió una chava feminista y me mandó las capturas de pantalla de una guía del CEEPAC: ‘mira, se puede denunciar por discriminación’, me dijo. Ese día se me abrieron completamente las ideas y también me sorprendió mucho porque yo no conocía a la chica feminista. Y de gobierno, nunca me habló nadie, ni de derechos humanos ni de la Secretaría General de Gobierno. Nadie”. Ana Dora hace la comparación de su caso con el de otro reportero que fue agredido recientemente y a las pocas horas de presentar su denuncia penal fue contactado por la Secretaría General de Gobierno para activar el mecanismo de protección a periodistas. Ella también presentó su denuncia ante la Fiscalía por discriminación y violencia de género.    

La directora de Octopus armó su escrito de queja por violencia política en razón de género y la metió ante el CEEPAC. Ahora sabe que por haber sido agredida tenía derecho a un abogado que le debió de brindar la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV), pero desde el principio ella asumió su defensa sola.

¿El caso es violencia política en razón de género? 

La violencia política en razón de género se define como esa acciones u omisiones que tienen un impactos diferenciados o afectan desproporcionadamente a una o más mujeres en su derechos políticos por el hecho de ser mujer.

Para la académica Vanessa Góngora, experta en teoría política feminista, la definición es muy amplia porque los derechos políticos son muy amplios: “desde el voto, pasando por la libertad de asociación, la posibilidad de militar en un partido político y poder ser considerada aspirante para alguna candidatura, hasta el ejercicio mismo del poder, pero también pasando por la libertad de expresión. Si nosotras tomamos en cuenta esa amplitud del término eso nos permite darnos cuenta de la  diversidad de actores que pueden ser víctimas y también quiénes perpetran esa violencia”.

“Entonces cuando hablamos de las periodistas, obviamente están vinculadas porque parte de su quehacer tiene que ver con (cubrir) ese ámbito político. Nos están reportando, están conociendo, están adentrándose en esos círculos partidistas y de relaciones de poder que tienen que ver con el tema político. En materia de periodismo, tanto se puede ejercer e incidir con algún tipo de conducta para perpetuar estereotipos, roles de género o agresiones por el simple hecho de ser mujeres; pero también como mujeres periodistas que se están reportando  temas políticos pueden sufrir este tipo de ataques”, opina la doctora Góngora.

En tiempos tan convulsos como la época electoral, Ana Dora recién había puesto su queja en el CEEPAC cuando comenzó a recibir mensajes de militantes de distintos partidos políticos: algunos le ofrecieron abogados “muy buenos en materia electoral” para que llevara su caso contra Pedroza; otros más la invitaban a mítines de candidatos que pensaban abordar alguna propuesta con enfoque de género. La periodista sabía que esos ofrecimientos eran para usar su caso en golpear al candidato panista. Se negó, aunque no tuviera la posibilidad de pagar un abogado. Estos ofrecimientos nos demuestran la carga política que puede llegar a tener una agresión contra la prensa en contexto tan politizado como las campañas electorales. 

Todo se complica

Vanessa Góngora explica que aunque el país tiene avances muy importantes en la legislación sobre esta materia, “se ha abonado mucho a la parte electoral, dándonos a entender que la violencia política de género es propiamente electoral, pero no, hay otros momentos y otros actores que pueden vivir violencia”. Esta es la razón por la que en México cuando existe VPG se habla de proteger los derecho político-electorales porque aún hace falta robustecer las leyes en esta materia.

Para entender mejor la profundidad y los alcances que puede tener la ley, hablamos con Samantha Páez, directora de análisis en el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (OVIGEM) en Puebla, ella percibe que la autoridad electoral potosina dio esta resolución porque hizo una interpretación de la ley donde la violencia política de género se reduce a las mujeres inmersas directamente en la actividad electoral: precandidatas, candidatas o funcionarias de cargos públicos del mismo tipo.

“Es interesante porque todas las sentencias que yo he conocido son en contra de comunicadores, y la autoridad electoral sólo toma en cuenta a las mujeres que ocupan algún cargo de elección popular y esto se queda muy corto porque ¿qué pasa cuando es un candidato el que está insultando a una ciudadana y a una reportera? ¿Por qué no se están tomando en cuenta esos derechos político-electorales de las comunicadoras como posibles afectadas? Y aunque esto es una clara agresión mediática también está afectando de cierto modo, la elección, porque nos demuestran que esa persona puede ser violenta y está aspirando a un cargo de elección popular. Además, con este tipo de expresiones, sí se busca limitar la participación de las mujeres, comunicadoras y ciudadanas, en la vida política”, dice Samantha.

Para Graciela Díaz, consejera integrante del CEEPAC, fue claro que el caso de Ana Dora contaba con muchas complejidades, pero está consciente que existe una ausencia legislativa. Ella cuenta que para sostener la investigación del caso, el Consejo acudió a la revisión de tratados y recomendaciones internacionales como es el caso de la Recomendación General #23 de la CEDAW donde señala que los derechos políticos abarcan a todos los espacios en que las mujeres inciden en la vida política y eso incluye participar en organizaciones que se ocupen de la vida pública y política del país, lo que claramente está ligado con el quehacer cotidiano de las reporteras. 

¿A qué tipo de violencias se enfrentan las reporteras en SLP?

“El acompañamiento que hemos brindado a compañeras nos hace darnos cuenta que contamos con mecanismos de protección deficientes y que es limitada nuestra participación en cuanto a protección podemos otorgar a las y los compañeros. También nos hizo darnos cuenta que aún cuando en la ley o leyes se habla de la protección al derecho de libertad de expresión y prensa, no hay normativas que castiguen algunos tipos de violencias contra periodistas, como ejemplo el caso Ana Dora, incluso, tampoco hay regulaciones sobre los errores de la prensa…porque si hemos de ser críticas con el tema, pues también de este lado requeriríamos tener certeza de a dónde recurrir si se presentan esas situaciones en nuestro entorno laboral y con esto me refiero a casos donde se estereotipa algún aspecto negativo de la sociedad y se violan derechos humanos”, comenta María Medrano, integrante de la Red de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí.

La Red se ha encargado de documentar las agresiones que viven las mujeres periodistas durante su labor informativa. En su encuesta más reciente realizada entre sus integrantes se encontró que un 74% han sido víctimas de agresiones; 83% señaló a funcionarios públicos como sus perpetradores, mientras que las redacciones, compañeros y jefes, fueron señaladas como el segundo espacio donde más se violenta a las mujeres periodistas. Casos que van desde la violencia verbal, psicológica, física y sexual.

Ante una realidad estadística que nos obliga a señalar que en el sistema político no hay instancias que protejan los derechos políticos de las periodistas y ciudadanía en general, Samantha Páez recuerda una sentencia de VPG contra el director de un medio de comunicación en Puebla tras agredir a una precandidata para la presidencia municipal. En ella, en la página 17, se da una definición más amplía de violencia política de género: 

“Cabe señalar que la violencia política contra las mujeres no sólo se comete en contra de quien ostenta una candidatura, sino también de quienes participan en un proceso interno de selección, y de quienes participan en la vida pública y política. En efecto, la violencia política en razón del género, abarca acciones y comunicaciones diseñadas para prevenir, limitar o controlar la participación plena y activa de las mujeres en la esfera política”.