Está tercera entrega de la serie Buscar a un desaparecido a cambio de sobornos, se exponen nombres y cargos de funcionarios locales de las Altas Montañas de Veracruz que integran una red ligada a delitos de alto impacto

Texto: Fernanda Malpica y Miguel León / E-Consulta Veracruz y La Silla Rota

Fotos: Especial

XALAPA, VERACRUZ.- El 11 de septiembre de 2013, un granjero de 79 años de edad fue secuestrado en el municipio de Rafael Delgado. Al principio sus familias creyeron que se trataba de una detención, pues quienes se lo llevaron viajaban en una camioneta Ford pick-up placas 7490 y logos de la policía ministerial de Veracruz. 

Los hombres que se lo llevaron no mostraron una orden de aprehensión. Además, hurtaron de la casa una camioneta tipo vagoneta, una motocicleta y muebles. Lo anterior, consta en la investigación ministerial 700/2013 de la agencia investigadora del ministerio público de Orizaba. 

La familia identificó desde ese momento a la persona que presuntamente encabezó el grupo armado que se marchó con la víctima: el policía ministerial de Veracruz, Bersaín Hernández Paredes, cuya familia es originaria de Rafael Delgado. 

La Fiscalía General del Estado (FGE) no llamó a Hernández Paredes a cuentas por este caso sino hasta el 15 de junio de 2021, cuando ya no estaba en la corporación y recién había sido derrotado en las elecciones del siete de junio, pues participó como candidato a la alcaldía de Rafael Delgado por Movimiento Ciudadano (MC).

Autoridades estatales confirmaron que Bersaín actualmente está prófugo de la justicia, porque logró escabullirse de un cateo en su vivienda, en la localidad de Jalapilla, Rafael Delgado. Esa ocasión, dos familiares suyos fueron detenidos e imputados por ultrajes a la autoridad, señalados de apoyarlo en su huida.

El caso de Bersaín pronto se propagó por redes sociales y no por tratarse de un excandidato con orden de aprehensión por un secuestro, sino porque hasta meses antes había trabajado como policía ministerial adscrito a la Fiscalía especializada en denuncias por personas desaparecidas de Córdoba.

En este tercer capítulo de la serie: Buscar a un desaparecido a cambio de sobornos: El secreto enterrado en Veracruz, se exponen nombres y cargos de funcionarios locales de las Altas Montañas que, junto a Bersaín Pérez y Fabiola Melo, integran una red ligada a delitos de alto impacto. 

Fabiola Melo actualmente enfrenta un juicio en libertad por haber pedido sobornos a Nallely Guarneros Zarandona, quien con la búsqueda de su esposo y su cuñada (Sergio y Liliana Rueda Daniel) da vida a este reportaje. Del resto de los funcionarios ligados a esta red, algunos están prófugos y otros salieron de la Fiscalía de Veracruz, pero encontraron puestos en la administración pública.

De policía que busca desaparecidos a prófugo por secuestro

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General de Veracruz que investigan a Bersaín Pérez, el expolicía es identificado como el presunto jefe de la banda que secuestró a un adulto de 79 años de edad quien se ganaba la vida criando borregos en Rafael Delgado. 

Después de ser privado de la libertad, el 11 de septiembre de 2013, los familiares de la víctima recibieron una llamada. Los plagiarios exigían un pago de tres millones de pesos a cambio de devolverlo con vida. La familia intentó negociar, pero no pudo reunir ese dinero. 

Nueve días después, el 20 de septiembre de ese año, autoridades notificaron a la familia del adulto mayor que su cadáver fue hallado en el río Matzinga, cerca de la colonia Huixastla, en Rafael Delgado. El cuerpo presentaba rastros de tortura y traumatismo craneoencefálico. 

Familiares de la víctima denunciaron el secuestro desde el día que ocurrió. Aunque sabían la identidad de quien presuntamente descendió de un vehículo oficial el día del plagio y coordinó todo, esperaron varios años para ampliar su denuncia en la investigación ministerial 700/2013. 

La familia señaló a Bersaín Hernández en una ampliación de denuncia, el mismo que en 2021 se inscribió como candidato a la alcaldía de Rafael Delgado. “Tú me conoces, sabes que puedo y sé cumplir”, decía en sus promocionales el abogado de 38 años de edad. 

Pero el secuestro de 2013 no es el único señalamiento contra Hernández Paredes. Otro caso ligado a Bersaín es el de Nallely Guarneros, quien busca a su esposo y su cuñada Sergio y Liliana Rueda, dos empresarios que desaparecieron el 16 de julio de 2019.

Los hermanos Rueda fueron objeto de un secuestro montado, en el que presuntamente participaron sus trabajadores de la empresa Tarjeta Blanca, dedicada al financiamiento de préstamos. El 16 de julio, Sergio y Liliana acudieron a la dulcería La Josefina, en Córdoba, para entregar un rescate, luego desaparecieron. Por ese caso cuatro trabajadores están detenidos y enfrentan cargos por el delito de desaparición cometida por particulares. Otros cinco permanecen prófugos de la justicia. 

Durante el proceso de búsqueda, Nallely Guarneros denunció ser víctima de extorsión por la fiscal que investigaba su caso, Fabiola Melo González, quien le pidió al menos 29 mil pesos durante casi dos meses seguidos.  

El 18 de septiembre de 2019, Nallely descubrió que había sido estafada por la fiscal Melo, pero no solo eso, que indicios claves sobre la desaparición de Sergio y Liliana Rueda fueron desaparecidos de la carpeta de investigación, como un video de la última vez que fueron vistos con vida y entrevistas de otros trabajadores sospechosos en el caso. 

Además, Melo González se negó a llamar a declarar a Inocencio Montiel García, hermano de José Domingo “N”, uno de los trabajadores que hoy están prófugos de la justicia por el caso de los hermanos Rueda. 

Inocencio será síndico suplente en el Ayuntamiento de Mariano Escobedo y es sobrino del actual alcalde de ese municipio, Baldomero Montiel Estévez; este a su vez promovió la candidatura de su esposa, María Guadalupe Durán Alcántara, quien lo sucederá en la alcaldía el próximo primero de enero de 2022. 

Inocencio Montiel fue señalado en una declaración, integrada en la carpeta de investigación FGE/FECCEV/1018/2019, de haber presionado a los hermanos Rueda para pagar el rescate del secuestro presuntamente montado por su hermano, José Domingo y otros trabajadores de Tarjeta Blanca. 

Fabiola Melo trabajó de la mano con Bersaín Hernández en el caso de los hermanos Rueda, como en todos los que ocurrieron en la región de Córdoba, entre 2017 y 2020. Ella desde su adscripción ordenaba actos de investigación y él los ejecutaba como policía ministerial.

Después de que Nallely se percató de la falta de indicios en su carpeta de investigación, comenzó a dudar de los demás servidores públicos ligados a su caso. Entonces descubrió que también faltaba una motocicleta de la empresa de sus familiares, que Arturo “N”, uno de los trabajadores, entregó a Bersaín Hernández sin ninguna orden judicial. 

La moto no fue puesta a disposición de la Fiscalía. Cuando Nallely pidió información sobre ella, en marzo de 2020, le dijeron en fiscalía general del esatdo que tenía que ir por ella a la casa de Bersaín, en la comunidad de Jalapilla. La entrega se dio el cinco de marzo de 2020, el mismo día que Fabiola Melo fue imputada ante un juez por los delitos de cohecho e incumplimiento de un deber legal, tras la denuncia de Nallely Guarneros. 

“No entiendo por qué no informó que uno de los cobradores le había entregado la moto. Fui por ella a su casa y la tenía en su patio; me dijo que la guardó para no darme molestias, que no debía firmarle nada y me tomó fotos cuando me la llevé”, agrega Nallely. 

De acuerdo con una solicitud de información hecha por este medio, con folio 30114670000321, la Visitaduría de la Fiscalía General de Veracruz solo ha abierto un procedimiento administrativo contra sus trabajadores por casos de corrupción en agravio de familiares de desaparecidos. 

Uno de los superiores de Bersaín Hernández fue Arturo Rodríguez Pucheta, quien fue director general de la policía ministerial entre el 15 de agosto de 2018 y el cuatro de septiembre de 2019; previo a ese cargo, fue director de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS). 

Pucheta fue cesado por la actual fiscal general, Verónica Hernández, mientras que el gobernador confirmó el 16 de agosto de 2021 en rueda de prensa que es investigado “por tolerar a bandas de secuestradores”. 

Los tres superiores de Fabiola Melo eran en ese tiempo Luis Eduardo Coronel Gamboa, Hugo Alberto Martínez Saldaña y Martha Lidia Pérez Gumercindo. Ninguno de ellos presentó denuncia o actas administrativas sobre Melo, de acuerdo con la solicitud de información 30114670000321.  Para este reportaje, Hugo Martínez y Martha Lidia Pérez declinaron responder preguntas sobre el caso.

Luis Eduardo Coronel Gamboa, permanece prófugo de la justicia desde el tres de septiembre de 2019, acusado del delito de desaparición forzada de personas, al igual que el exfiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz. Coronel estuvo al frente de la fiscalía especializada en denuncias por personas desaparecidas entre el 16 de enero de 2017 y el 21 de marzo de 2019. 

Hugo Martínez, ahora es jefe del departamento de monitoreo en materia electoral en el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV). El dos de septiembre de 2021 fue premiado por esa dependencia con un segundo lugar en el certamen de ensayo titulado “Escribamos contra la corrupción”. Él fue jefe de Fabiola Melo del 20 de marzo al 13 de septiembre de 2019. 

Martha Lidia Pérez Gumercindo, quien al igual que sus antecesores no procedió contra Fabiola Melo, ahora trabaja en la Fiscalía General de la República (FGR), donde es fiscal especializada en investigación de los delitos de desaparición forzada, bajo las órdenes de Abel Galván Gallardo. Ella renunció a la fiscalía de desaparecidos el 1 de agosto de 2020.