Mientras no cese la violencia en el municipio de Chilapa será muy difícil construir la paz, como se ha planteado. Ahora le queda a la nueva gobernadora de Guerrero tender puentes con estas comunidades que han sido objetos de ataques constantes

Twitter: @KauSirenio

La invisibilidad de las graves violaciones a los derechos humanos genera impunidad y abusos de poder del Estado. A pesar de que años atrás se ha escrito sobre la violencia generalizada en las comunidades nahuas del municipio de Chilapa, esto no ha cambiado. Hasta ahora no hay poder humano que voltee a ver esta zona. 

Cuando la violencia empezaba a crecer en la Montaña, platiqué con el director del Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández, sobre las graves violaciones en Chilapa. En esa plática me dijo que para construir la armonía social se requiere el diálogo con los tres niveles de gobierno y las comunidades. Hasta ahora esto no ha ocurrido.

“Hay preocupación en Chilapa: no hay garantías de tránsito, seguridad; los tres niveles de gobierno no han hecho nada para resolver el problema de inseguridad, a pesar de que hay militares y policía estatal, la violencia se recrudece cada día, mientras que la población civil es la más afectada. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”. 

En la plática con Olivares Hernández el 28 de septiembre de 2017: “En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Pero esto no ocurre”, denunció. 

La administración de Héctor Astudillo Flores fue opaca y solo se dedicó a nadar de muertito, porque nunca convenció a nadie de la procuración de justicia en la zona de Chilapa. La Fiscalía General de Justicia de Guerrero en vez de investigar los asesinatos que crecían en espiral en el municipio de la montaña baja, le echaba la culpa al gobierno federal en materia de seguridad. 

Del 25 de septiembre al 4 de octubre de 2017, los gobiernos federal y estatal se vieron renuentes a aceptar su responsabilidad ante la crisis humanitaria en Chilapa. Olivares Hernández había estado en la Misión de Observación que visitó las comunidades indígenas del municipio de Chilapa para documentar los casos graves de violaciones a los derechos humanos. El 28 de septiembre de ese año fueron asesinados los hermanos Lázaro y Germán Sánchez Reyes. 

Los hermanos fueron asesinados con armas punzocortantes y de fuego de alto calibre, esto ocurrió en un sitio público frecuentado por jóvenes de Chilapa como son las canchas deportivas, lo que significó un mensaje amenazante para la población. La inacción del Estado en este municipio y en Guerrero dejó claro que no hay derechos humanos para los jóvenes. 

La violencia en la montaña baja se recrudeció en 2017, en especial en los municipios de Zitlala y Chilapa obligó a los transportistas a no circular en la carretera de Chilapa-Chilpancingo dejando incomunicados toda la región de La Montaña. Además de cientos de desplazados, sin que hasta ahora hayan regresado a sus comunidades. 

En la ruta de transporte de Chilpancingo a Tlapa hubo varios hechos violentos: hombres armados atacaron a transportistas de Tixtla y Chilapa, además de asesinatos en supuestos asaltos que el gobierno estatal nunca informó de investigaciones, ni siquiera generó condiciones para que la población civil pueda circular sin ser agredida. 

Desde el principio de 2017 la violencia rebasó las cifras de homicidios comparado con años pasados; en 10 meses se cometieron más de 200 homicidios dolosos de los cuales todos quedaron en total impunidad. Además, el número de “desplazamientos forzados” se incrementó, esto se refleja en las casas vacías de Chilapa, así como de las comunidades donde el miedo y el terror es infundido por grupos de la delincuencia organizada, tal es el caso de Tetitlán de la Lima, Ahuihuiyuco y Tepozcuahutla, fueron desplazados alrededor de 530 familias, en total desamparo de las autoridades municipales y estatales. Por eso urge visibilizar la inacción del gobierno ante la violencia.

Desde septiembre de 2017, la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General del Estado tenían conocimiento de la crisis que padece la Montaña Baja, pero dejaron la responsabilidad de seguridad en manos de las policías municipales, manifestando que ellos son los encargados de la prevención del delito, cuando la corporación estaba rebasada de hechos violentos. 

El desplazamiento forzado, asesinato y desapariciones por civiles armados en esta zona, dejó en zozobra y en estado de vulnerabilidad a la población civil. A Héctor Astudillo Flores les falta 16 días para entregar el mandato, sin atender el conflicto en las comunidades de Ahuixtla, Papaxtla, donde los integrantes de la policía comunitaria de los pueblos fundadores fueron flanco de la violencia este martes.  

Mientras no cese la violencia en el municipio de Chilapa será muy difícil construir la paz, como se ha planteado. Ahora le queda a la nueva gobernadora tender puentes con estas comunidades que han sido objetos de ataques constantes, para generar las condiciones para que la población nahua pueda regresar a la normalidad.