Entre enero y abril de este año, la la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) registró 31 mil 842 solicitudes, cifra que supera el número de trámites hechos durante los últimos años en el mismo periodo. Estas han sido presentadas principalmente por personas provenientes de Honduras, Haití y Cuba

Texto: Aletse Torres Flores / Zona Docs

Foto: Pedro Anza / Zona Docs 

Desde el pasado 28 de agosto caravanas conformadas por grupos de personas migrantes, en algunos casos por familias enteras, han intentado salir de Tapachula, Chiapas rumbo a Estados Unidos y/o hacia una ciudad o estado en México que les permita mejorar sus condiciones de vida.

Los grupos comenzaron su viaje a pie a través de la carretera costera Tapachula-Mazatán, la mayoría proviene de El Salvador, Honduras y Guatemala, aunque un grupo muy importante está conformado por personas de Haití, Cuba y Venezuela.

No obstante, en su camino se han encontrado con fuertes operativos encabezados por elementos de la Guardia Nacional y agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes haciendo uso excesivo de la fuerza han detenido abrupta y violentamente su paso.

Para Betty, mujer haitiana solicitante asilo, salir de Tapachula es “imposible” puesto que, las autoridades mexicanas se han encargado de retenerles y atraparles en su camino hacia el norte del país; y es que, reconoce que en este territorio no existen oportunidades laborales y/o educativas suficientes, mucho menos en esta ciudad en donde han sido orillados.

La situación de Betty fue expuesta en la conferencia de prensa titulada “Alternativas a la detención frente a la crisis migratoria en la Frontera Sur”, espacio donde se habló de la situación actual que se vive en la frontera sur y donde también se presentaron una serie de alternativas factibles para que el gobierno mexicano atienda conforme a derecho a las poblaciones migrantes.

Una ciudad cárcel

“Tapachula se ha vuelto una ciudad prisión” afirmó Josué Castañeda, integrante del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano.

Castañeda, puntualizó que la población migrante que llega a Tapachula se encuentra en el “limbo” debido a que las autoridades del INM han dejado a la deriva a cientos de personas con necesidades de protección internacional, a quienes no les ha resuelto sus procedimientos de solicitud de asilo o refugio y les ha impedido salir a buscar mejores oportunidades de vida fuera de Chiapas.

Cabe mencionar que, en 2020, los flujos migratorios bajaron, se reportaron sólo 41 mil 223 solicitudes de refugio en México, una cantidad menor a las 70 mil 422 solicitudes hechas en 2019. No obstante, en los primeros meses de 2021, se vio una reactivación.

Entre enero y abril de este año, se tiene un registro de 31 mil 842 solicitudes, cifra que supera el número de trámites que se realizaron durante los últimos años en el mismo periodo de tiempo. Estas han sido presentadas principalmente por personas provenientes de Honduras, Haití y Cuba, de acuerdo con las cifras oficiales de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), reconoció Castañeda.

No obstante, el defensor expresa que la pandemia ha servido como “excusa” para prolongar las citas y cancelarlas sin previo aviso; además, el proceso de solicitud ha cambiado constantemente en los últimos dos años, ocasionando un obstáculo para quienes realizan los trámites.

“No se tiene ni el acceso a los medios tecnológicos para hacer esas citas, el sistema está colapsado y las personas se están cansando” sentenció Castañeda. En el caso de las personas que deciden irse por el “hartazgo” de la situación, se les ha comenzado a detener con violencia, pese a que cuentan con visas humanitarias o condición de refugiado; tengan papeles o no, son regresados a Tapachula, Guatemala o a su país de origen, sentenció el defensor.

“México tiene que garantizar la seguridad de la niñez migrante”

Los niños, niñas y adolescentes migrantes son mayormente vulnerables ante estas situaciones de contención, persecución y criminalización de la migración, al ser separados de su familia en los operativos de la Guardia Nacional y del INM. Además, corren mayor riesgo de caer en redes de crimen organizado y sufrir violaciones a sus derechos.

Juan Martín Pérez, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, explicó que la niñez y adolescencia migrante necesita especial atención a sus necesidades, así como la garantía de sus derechos humanos.

El coordinador señala que una gran parte de la población migrante se encuentra en este grupo de edad, ya que se calcula que los niños, niñas y adolescentes representan al menos el 30% de los flujos migratorios, de acuerdo con la UNICEF. Además, la mitad de ellos han viajado sin sus padres (15%), lo que supone la mayor proporción jamás registrada en México.

Pérez, alertó sobre los altos niveles de delincuencia que tiene el país y recordó que la población migrante está expuesta a ser capturada o atraída por estas redes del crimen organizado; en el caso de las adolescencias y juventudes migrantes de entre 15 y 17 años de edad, explicó que son más vulnerables a ser víctimas de alguna modalidad de trata, como la explotación laboral y sexual en la región.

Por otra parte, Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), destacó que el fenómeno migratorio no es nuevo en el país, por ello, señaló que para las autoridades mexicanas es posible “aprender del pasado” y construir propuestas que atiendan de manera integral las necesidades específicas de este grupo.

De igual forma, consideró que las organizaciones civiles, academia e instituciones gubernamentales como la Procuradurías de Protección a la Niñez deben trabajar en conjunto para cuidar la integridad y dignidad de las y los menores de edad en situación de movilidad acompañada y no acompañada.

De cara a esta realidad, Pérez y Ramírez coincidieron en la necesidad de crear un mecanismo transnacional que atienda a esta población, sin dejar de lado la voz de las infancias migrantes: “Es primordial recordar que es un tema transnacional, donde Estados Unidos, México y Centroamérica, tienen que trabajar en conjunto para proteger y garantizar los derechos de las y los migrantes” manifestó Juan Martín Pérez.

¿Qué pasa con los albergues?

En Tapachula los albergues que ofrecen ayuda humanitaria a las personas con necesidades de protección internacional se han visto afectados por el cierre de las rutas migratorias, así lo reconoció Magda Silva, integrante de la Casa de Acogida y Formación para Mujeres y Familias Migrantes (CAFEMIN), albergue que funciona desde septiembre de 2012 y se ubica en la Ciudad de México.

Silva expuso que, en general, todos los albergues del país se ven rebasados, sin embargo, esta situación se ha recrudecido en la frontera sur debido a las acciones de contención y persecución que ha empleado el Estado mexicano para frenar el paso de las personas migrantes. Dichas acciones, señaló, han generado un cambio significativo en las dinámicas de los albergues, los cuales han pasado de tener una atención para la población de corta estancia a larga e indefinida.

Además, advirtió que la indiferencia y poca ayuda por parte de las autoridades obstaculiza no sólo la ayuda humanitaria sino también todos los servicios, como el apoyo jurídico o psicológico.

Mientras tanto, la discriminación, xenofobia y racismo que existen en la sociedad generan un escenario lleno de riesgos y actos que vulneran la vida de la población migrante. Ahora mismo, denunció, los albergues se han tenido que “cuidar” entre ellos de las agresiones y de las amenazas del crimen organizado, el cual busca capturar a las personas para su beneficio.

¿Qué se puede hacer?

Las y los defensores plantearon una serie de propuestas y estrategias que permitirán atender a la población atrapada en la frontera sur.

Para regularizar los flujos migratorios, señalaron, las autoridades necesitarán garantizar el traslado seguro de las personas a lugares del país donde tengan redes de apoyo mutuo, así como, la regularización de todas las familias con hijas o hijos nacidos en México.

También, tendrán que garantizar residencias temporales de 1 a 4 años para quienes cuentan con una oferta de trabajo, y estancia por razones humanitarias de 4 años, ya sea porque su solicitud de asilo está en proceso o, porque existe una causa humanitaria o de interés público que hace necesario su internación o regularización en el país.

Reconociendo que el gobierno mexicano lo ha hecho en años anteriores, también consideraron fundamental la implementación de un programa de regularización migratoria.

Asimismo, expresaron que se tiene que respetar la Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, ya que, de acuerdo con el marco jurídico internacional, México se ha comprometido y está obligado a la no devolución de personas refugiadas o con alguna necesidad de protección que no puedan regresar a sus países porque su vida corre peligro.

Cabe mencionar que todas estas figuras están contempladas en la Ley de Migración.

Estas propuestas de relocalización o reubicación buscan no sólo proteger y salvaguardar los derechos de esta población, sino también brindar a las personas la oportunidad de acudir a sus redes de apoyo para su inserción en la sociedad y evitar permanecer en lugares donde no puedan acceder a derechos y evitar sobrevivir en condiciones precarias.

“Las personas migrantes no somos una amenaza, tienen que dejar de tratarnos como una, solo estamos en busca de mejores condiciones de vida, como cualquier otro ser humano lo haría” finalizó Betty.

Este trabajo fue realizado por ZONA DOCS, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar el original