El presupuesto de egresos para el próximo año no refleja soporte y atención para la población jornalera del país, población que garantiza que cada día las mesas mexicanas tengan alimento. Es urgente que el gobierno federal reconozca, mire y les atienda

Texto: María Elena Camiro, Claudia García y Arelhí Galicia*

A casi dos años de que empezara la pandemia por COVID-19 despierto, voy al tianguis a comprar mi mandado de la semana, encuentro jitomates, frambuesas, elotes, zarzamoras y variedad de cítricos, todos productos cultivados por manos de personas jornaleras agrícolas mexicanas. Prendo la radio y escucho sobre la propuesta de presupuesto de egresos de la federación (PEF) ¿habrá aumentos presupuestarios destinados para la importante labor que es alimentar a miles de familias mexicanas?

No hay duda de que el campo es el sector que le da seguridad alimentaria a todo el país. En México, como en casi todo el mundo, la pandemia tuvo efectos adversos en casi todos los sectores económicos, sin embargo y contra todo pronóstico, la producción agropecuaria y pesquera del año agrícola 2020 presentó un crecimiento anual del 1%, y para el año 2021 se estima un incremento de al menos la misma magnitud. La productividad de este sector habla de que miles de personas jornaleras agrícolas no pararon y muchas de ellas viajaron desde sus comunidades de origen en Guerrero hasta Baja California Norte, en condiciones de hacinamiento y sin las medidas de seguridad por la pandemia. 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2022 (PPEF) que se presentó el pasado 8 de septiembre a la Cámara de Diputados incluyó al campo mexicano en las 12 acciones prioritarias del Estado, alineado al discurso presidencial no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera.  Sin embargo, una vez más ha dejado de lado a quienes hacen que tengamos alimentos en nuestras mesas y que han hecho que el sector agrícola no haya descendido en este último año. Las y los jornaleros agrícolas han sufrido la exclusión y el olvido de los gobiernos en México, sin importar la camiseta que traigan puesta, las personas trabajadoras agrícolas siguen sin ser beneficiarias por los programas sociales y prioritarios actuales, ni por las dependencias que deberían de tenerles en el centro.

Las prioridades del Estado mexicano se reflejan en el destino que tienen los recursos presupuestarios, por lo que reconocer el valor del trabajo en el campo debería reflejarse en el aumento presupuestario a programas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores agrícolas, así como en el desarrollo de estrategias para que la implementación de los recursos responda al contexto de las poblaciones que están destinados a beneficiar.  

La desaparición del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) en el 2019 dejó un vacío que el gobierno no ha podido cubrir. Además de que las estrategias para que los apoyos universales de los Programas prioritarios lleguen a las personas jornaleras son insuficientes pues aún no toman en cuenta la naturaleza de su labor, la cual requiere de una constante movilidad a lo largo y ancho de la República mexicana.

A su vez, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social necesita de presupuesto para poder llevar a cabo con éxito el Programa de inspecciones a empresas y campos agrícolas, mismo que debería dar garantía del cumplimiento a la normatividad que protege los derechos laborales de las personas trabajadoras del campo, en un medio plagado por la impunidad y las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, para el 2022, la propuesta de presupuesto prevé una disminución de 2.5% en los recursos asignados a la Dirección General de Inspección Federal.

En la propuesta del PEF para 2022 no se tiene evidencia que la SADER tenga contemplado recursos para la realización del Padrón Único de Jornaleros, anunciado desde 2020, ya que desde hace más de once años no se sabe cuántas personas son jornaleras en el país. Este ejercicio es primordial para conocer la totalidad de población jornalera, así como las necesidades específicas que ésta requiere para su atención. 

El escenario es complejo, pues no solo existe la necesidad apremiante de presupuesto para que las instituciones encargadas de garantizar y proteger los derechos de las personas jornaleras y sus familias puedan llevar a cabo estas labores, también está la de la creación de programas específicos que atiendan las múltiples problemáticas a las que se enfrentan las personas jornaleras agrícolas.

Desde Fundar, llamamos a que el PEF 2022 considere la suficiencia presupuestaria para la atención al campo y a quienes lo laboran. Dejar a la deriva el sector agrícola sería un peligro para la producción y abastecimiento de alimentos, así como para la dignidad de las personas jornaleras. 

* María Elena Camiro, Claudia García y Arelhí Galicia son parte del grupo de investigación sobre los derechos de las personas jornaleras agrícolas 

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