20 septiembre, 2021
La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda entregó pruebas y presentó denuncias contra el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, pero la Suprema Corte y la Fiscalía General de la República mantienen atorado el proceso judicial
Texto: Carlos Manuel Juárez / Elefante Blanco
Fotos: Especial
TAMAULIPAS.- La Fiscalía General de la República (FGR) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atoran las 7 denuncias y el proceso judicial contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y 6 funcionarios de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entregó pruebas y presentó denuncias contra el mandatario tamaulipeco, familiares, empresarios y directivos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) durante un año; pero hasta ahora solo se ha detenido a Baltazar Higinio “R”, presunto prestanombres del político panista.
Elefante Blanco consultó el estado de los casos. La Unidad de Inteligencia Financiera indicó que los 7 temas son responsabilidad de la Fiscalía General de la República, y ésta última no respondió sobre el avance de las investigaciones.
El jueves 16 de septiembre, el gobernador Cabeza de Vaca y el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, se reunieron, hecho que sorprendió debido a que el político tamaulipeco tenía cinco meses sin salir de la entidad a actividades públicas.
A partir de 2020, la FGR envió tres solicitudes de la información financiera de Cabeza de Vaca a la UIF. A mediados del mismo año, la Unidad detectó posibles ilícitos y presentó la primera denuncia por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, de acuerdo con el titular de la Unidad, Santiago Nieto Castillo.
“La primera parte correspondía al pago, a partir de dos empresas fachadas filtrando el dinero por una Sofom, de un departamento en una zona residencial de la Ciudad de México. Después la posterior venta del departamento a una persona que tiene las características de prestanombres del señor Cabeza de Vaca, por un costo mucho mayor, cuyo pago se había hecho con el fondeo de cuentas de empresas, que a su vez estaban relacionadas con empresas del Cártel de Sinaloa”, narró Nieto Castillo en entrevista con Elefante Blanco el pasado 19 julio.
La primera denuncia de la UIF detonó que la Fiscalía nacional solicitará a la Cámara de Diputados quitarle el fuero al gobernador Cabeza de Vaca. El trámite legislativo se desahogó en poco más de 70 días, y el 30 de abril, 302 legisladores y legisladoras votaron a favor del desafuero del tamaulipeco, que no se concretó por una ambigüedad del párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución Política de México que fue aprovechada por el Congreso estatal.
Tanto el Poder Legislativo tamaulipeco, como la Fiscalía General de la República esperan que la Corte resuelva la controversia constitucional 50/2021 -interpuesta el 30 de abril-, que dejará en claro los alcances del articulado y el estatus de la inmunidad procesal de Cabeza de Vaca.
La compra-venta del departamento en Bosques de Santa Fe es el único con efectos legales visibles. Del resto de denuncias sobre presunto enriquecimiento ilícto, actos de corrupción y delincuencia organizada, presentadas a la FGR ninguna ha tenido avance, refieren fuentes de la UIF.
“Tenemos hasta, este momento, toda la información con el conocimiento de las datos que nos proporcionó las agencias mexicanas, norteamericanas, los propios, los Speis para ver su operación financiera, la información que nos fue llegando de ciudadanos en Tamaulipas, el asunto se encuentra lo suficientemente sólido… queremos que se avance hasta las últimas consecuencias”, afirmó Nieto Castillo.
La indagatoria por el presunto desvío de casi 420 millones de pesos de recursos estatales y federales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) hacia una red de empresas fantasma sigue detenida.
El 6 de julio, la UIF responsabilizó al secretario de Administración de la UAT, Víctor Hugo “G”, y 5 funcionarios más de orquestar el mecanismo fraudulento similar a “La Estafa Maestra”. Una cuarta parte del monto millonario se malversó a través del equipo de futbol Correcaminos.
El reportero Arturo Ángel del medio Animal Político publicó que el trabajo de inteligencia identificó que la Secretaría de Administración de la UAT autorizó múltiples contratos con cuatro compañías para la realización de supuestos servicios, que fueron pagados con asignaciones presupuestarias federales y estatales entre 2019 y 2020.
Al revisar a las compañías contratadas, cuyas razones sociales no se han revelado, la UIF encontró que estas tenían las características de empresas fachada, es decir, que aun cuando están legalmente constituidas y pueden facturar pagos carecen de los recursos humanos y materiales para realizar cualquier tipo de trabajo.
Con el apoyo de diversas instituciones bancarias la UIF verificó que la Universidad sí transfirió los recursos a las referidas compañías fantasma que, a su vez, lo triangularon entre ellas. Incluso se presume que una parte significativa del dinero fue retirado en efectivo.
El caso de la UAT toma relevancia debido a que esta semana comienza el proceso de elección del titular de la Rectoría. Uno de los candidatos es Guillermo Mendoza Cavazos, actual secretario de Finanzas y parte del equipo cercano señalado de presunta corrupción y desvío de dinero público.
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