Poco a poco, el presidente @lopezobrador_ fue ajustando su equipo a partir del 6 de junio, en tres áreas sustanciales: combate a la corrupción, economía y política. Toda una reconfiguración de cara a la segunda mitad del sexenio

Twitter: @chamanesco

Tres días antes de las elecciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, pasados los comicios, haría cambios en su equipo de gobierno, pues el 6 de junio marcaría un antes y un después en el sexenio.

Y así fue: poco a poco, el presidente utilizó el verano para hacer un profundo ajuste en su equipo, al menos en tres áreas sustanciales de la administración pública: el combate a la corrupción, la economía y la política.

El primer cambio fue anunciado el 21 de junio, cuando López Obrador subió un video a sus redes en el que informó que había decidido sustituir a Irma Eréndira Sandoval de la Secretaría de la Función Pública. Un movimiento anunciado durante meses en diversas columnas de chisme político.

La salida de Sandoval dio paso al ascenso del subsecretario Roberto Salcedo y, con ese movimiento, el combate a la corrupción quedó en manos ya no de una militante de Morena con un estilo mediático e hiperactivo, sino en un funcionario de carrera, formado en la construcción de los sistemas de auditoría pública.

Días después vino el ajuste en lo económico, al anunciarse que Arturo Herrera dejaría la Secretaría de Hacienda para ser propuesto como gobernador del Banco de México, y que el economista Rogelio Ramírez de la O. sería el nuevo titular de la SHCP.

En un país que se ha visto sacudido por la recesión económica mundial agravada por la pandemia, el diseño del presupuesto y el manejo de la política económica serán claves para el éxito o fracaso del proyecto de gobierno.

Así lo dejó claro López Obrador el 23 de mayo pasado, cuando en una conferencia mañanera anunció que no propondría al actual gobernador de Banxico, Alejandro Díaz de León, para un nuevo periodo, sino a una persona comprometida con su proyecto de transformación.

“Un economista con dimensión social, muy partidario de la economía moral”, definió un mes antes de “destapar” a su elegido: Arturo Herrera, quien desde mayo de 2019 ocupó la SHCP y ayudó a López Obrador a apagar el fuego que dejó la salida de Carlos Urzúa y su explosiva carta de renuncia.

El ajuste en lo político comenzó a operarse el 24 de junio, cuando Gabriel García Hernández renunció a la Coordinación de Programas para el Bienestar, una súper oficina de la Presidencia de la República en la que se erigió como jefe de los súper delegados y de la estructura de Servidores de la Nación.

El regreso de Gabriel García al Senado de la República, donde operó unos cuantos meses a finales de 2018, implicó el ascenso de Carlos Torres Rosas, exsecretario técnico de la Oficina de la Presidencia y -según se dice- amigo cercano de los hijos del presidente.

Dos meses después, Olga Sánchez Cordero renunció a la Secretaría de Gobernación para también regresar al Senado, donde de inmediato fue postulada para ocupar la Mesa Directiva.

Su salida implicó la llegada de Adán Augusto López, gobernador de Tabasco y hombre de todas las confianzas del presidente, a quien no dudó en colmar de elogios y de las atribuciones que parecía haberle quitado a Olga desde el primer día que llegó al Palacio de Covián.

Al confirmar el movimiento, López Obrador anunció que el nuevo titular de Gobernación se haría cargo de las relaciones con los gobernadores, con el Congreso y con el Poder Judicial.

Tres áreas de interlocución que, si bien nunca dejaron de pertenecer a las atribuciones legales y formales de SEGOB, estaban siendo operadas desde Palacio Nacional por los hombres cercanos al presidente.

El relevo en Gobernación, con el anuncio explícito de que Adán Augusto López tomaría las riendas de la operación política, parece haber precipitado el más reciente ajuste: la salida del consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.

Aunque fue despedido con honores, y con palabras inusualmente afectuosas por parte del presidente, no pueden olvidarse dos hechos que precedieron la renuncia de Scherer.

Primero, la pérdida del control del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una institución en la que la Consejería Jurídica ejercía una innegable influencia durante 2019 y 2020, vía el magistrado José Luis Vargas.

La conformación de un grupo de cinco magistrados a lo largo de este 2021, que han ratificado resoluciones del INE contrarias a los intereses de Morena (el aval a la cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio es el más claro ejemplo), implicó la defenestración de José Luis Vargas y el empoderamiento de un tribunal que de pronto empezó a hacer valer su autonomía constitucional.

El G-5 acaba de nombrar, ni más ni menos que al calderonista Reyes Rodríguez como presidente de la Sala Superior del TEPJF, lo que es -sin duda- una señal de que Scherer había perdido el control de dicho Tribunal.

Segundo, la reforma para la extensión de mandato del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar. 

Una operación que implicó un alto costo político y de opinión pública, tanto para el Ejecutivo, como para la mayoría de Morena en ambas Cámaras, y para el propio ministro.

Ya pagado el desgaste de dicha maniobra, operada y defendida por Julio Scherer (cosa de recordar la entrevista con la periodista Carmen Aristegui del 27 de abril de 2021), Zaldívar terminó renunciando a lo que se consideraba como “un regalazo”.

La salida de Scherer concluye el rediseño político del primer círculo del presidente, acaso iniciado en diciembre de 2020, cuando Alfonso Romo renunció a la oficina que ocupaba en Palacio Nacional y dejó de ser el enlace de la 4T con los empresarios.

Sin Romo, sin Gabriel García, sin Scherer -sustituidos por funcionarios menos cercanos al presidente-, López Obrador deberá confiar más en las y los secretarios de Estado que conforman el gabinete legal, con la gran duda de si Adán Augusto López podrá convertirse en el súper secretario que, por múltiples razones, no fue Olga Sánchez Cordero.

El cambio de tercio ha ocurrido, y fue anunciado por el propio López Obrador el 3 de junio del 2021, cuando declaró: “de verdad es que sí, es un antes y un después, siempre ha sido así, y ahora no es la excepción; las elecciones intermedias son el fin de un periodo y el inicio de otro”.

Un nuevo periodo con una gran diferencia: Morena ya no cuenta con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, la oposición ha despertado de su letargo y luce envalentonada al inicio de la 65 Legislatura, y parece ser que tampoco habrá un acompañamiento incondicional del Poder Judicial.

En esas nuevas condiciones, y con su equipo ajustado, AMLO ha comenzado la segunda mitad del camino.