Redacción ZonaDocs

La falta de cifras exactas oficiales sobre la cantidad de abortos que se realizan en Jalisco para poder cruzarlas con los embarazos no deseados, lleva a la polarización de la emergencia sanitaria sin resolver; una problemática que atañe solamente a la mujer determinar. En este reportaje, se cuenta a través de dos personajes ficticios que se componen de testimonios reales de adultas y niñas que han sido criminalizadas, revictimizadas y abandonadas por las instituciones que tienen el mandato de proteger a la mujer fuera de dogmas cuando experimentan un embarazo no deseado. 

¿Sabes cuánto dinero público destina el gobierno de Jalisco a centros de tortura psicológica a menores embarazadas? Aquí, también te lo contamos. 

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Samantha salió de su casa con angustia y zozobra, despidió a su mamá y tomó un camión rumbo a su escuela. Al bajarse, en la parada, había un anuncio en un puesto de periódicos que llamó su atención: “¿Estás embarazada? No estás sola”. Samantha tiene 16 años, cursa el segundo semestre de la preparatoria y lleva cinco meses con Joel, con quien tuvo relaciones sexuales. Él no sabe que Samantha lleva un mes de retraso en su periodo menstrual. De hecho, él no sabe qué día del mes le llega la regla.

Samantha ni siquiera sabe que es parte de la estadística de la Organización Mundial de la Salud (OMS) quien defina como embarazo adolescente a: “la maternidad producida en jóvenes que no han culminado su maduración psicológica y biológica, teniendo riesgos y consecuencias en la gestación, parto; vulnerando así su posición social”; lo que ella entiende de este momento angustiante es que no planeó tener un hijo y de continuar con la gestación, deberá renunciar a un proyecto de vida construido de anhelos sobre estudios, viajes, trabajos y la experimentación de diversas disciplinas para ser mejor persona, mejor adulta.

Según estadísticas, A Propósito del Día de la Madre, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2015 de 48.7millones de mujeres el 67.3% ha tenido al menos un hijo nacido vivo, 7.8% de ellas tienen entre 12 y 19 años.  El 27.8% de las mujeres de 12 y más años con al menos un hijo nacido vivo ejercen su maternidad sin pareja.

En el mismo estudio, el INEGI revela que en la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica del 2014, el 29.2% de mujeres entre los 15 y 19 años ya inició su vida sexual en contraste con el 1.3% de ellas no conoce o algún tipo de método anticonceptivo.

Zona Docs preguntó vía transparencia a la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco la cantidad de niños nacidos del 2009 -año en que entró en vigor la Norma 046 que contempla el acceso al aborto legal y seguro por las causales de violación y amenazas a la salud de la madre- al 2018. La Secretaría de Salud notificó que tienen registros hasta el 2015 debido a que la plataforma de Cubos Dinámicos Nacional se encuentra deshabilitada.

La Secretaría de Salud proporcionó una base de datos con los registros de natalidad en el estado de Jalisco del 2009 al 2015, dividido por edad de la madre, municipio y sexo del bebé. La dependencia notificó que en las fechas señaladas, niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años tuvieron en total 5 mil 800 bebés, mientras que nacieron 183 mil 845 bebés de adolescentes de 15 a 19 años.

En la misma base de datos se revela que el mayor índice de partos -del 2009 al 2015- se presentan en mujeres de 20 a 24 años con un total de 300 mil 601 niñas y niños nacidos.

Mis papás ¡Me van a matar!; mi novio no sabe nada

La chica no quiere que su mamá sepa que está embarazada pues ni siquiera le ha contado que comenzó su vida sexual activa. No han tenido la más mínima plática y lo que menos desea es convertirse en madre y recibir reclamos o regaños. Samantha quiere ser arquitecta, viajar por el mundo y vivir en la playa. Ella sabe que no puede recurrir a un aborto, que en Jalisco no es legal y que las personas de su entorno ejercerían violencia en su contra, por decidir no llevar a término el embarazo, pero ella: no quiere estar embarazada.

Al llegar de la escuela, Samantha se sentía muy agotada; toda la mañana estuvo en el baño tratando de contener el vómito y las náuseas agotaron el resto de su día; tenía un cansancio irreconocible. Su cuerpo empezaba a reaccionar. Recordó el anuncio que vio en la mañana, buscó en internet “vifac.org”, y se dirigió a un chat de ayuda inmediata en la página, donde la atendió una persona:

La persona detrás del chat no pudo ayudarla, ya que sólo le “brindó” el apoyo inmediato y le proporcionó los números telefónicos a los cuales dirigirse para ser canalizada y atendida por los especialistas de la organización. Samantha expresó que no quería conservar al producto, que no deseaba el embarazo y necesitaba ayuda:

(2018/00/22 00:00) ANONIMO dice: Yo no quiero a este bebé

(2018/00/22 00:00) ANONIMO dice: No lo puedo tener y no lo quiero tener

(2018/00/22 00:00) ANONIMO dice: Mis papás me van a matar y mi novio no sabe

(2018/00/22 00:00) VIFAC. dice: Tranquila me imagino cómo te debes de sentir, respeto tu desición. Te voy a proporcionar un número de teléfono donde te ayudaran. 0180068537 con horario de atención de Lunes a domingo de 8:00 a 22:00 hrs

Samantha pensó que VIFAC sería la alternativa que ella buscaba para no estar embarazada, debido a que en su página de internet pudo observar testimonio de mujeres que fueron atendidas por esta organización donde afirman tuvieron un bebé; pudo darse cuenta que ese lugar sirve como casa transitoria para parir y dar en adopción al bebé. Lo que el movimiento pro vida llama “salvar las dos vidas”.

Solicitamos vía transparencia a el Sistema de Desarrollo eIntegración Social (SEDIS) del Estado de Jalisco, cuándo dinero público ha destinado a la Asociación de Vida y Familia A.C., también conocida como VIFAC, la cantidad de impuestos que se destinan a forzar la conclusión de un embarazo no deseado en niñas, es abrumador: de 2007 a 2011 y de 2016 a la actualidad, el gobierno de Jalisco aportó 2 millones 854 mil 892 pesos a la misión de una asociación civil que disuade la necesidad y derecho de una joven de interrumpirun embarazo, por encima de los tratados internacionales de los que México forma parte en la materia sobre erradicar las violencias machistas contra la mujer.

La página de internet en la que Samantha buscó una alternativa cuenta con un apartado de transparencia en donde no mencionan estas aportaciones monetarias ni cuál es el destino de ellas.

No obstante, VIFAC sí menciona algunos de sus patrocinadores, que van desde medios de comunicación como MVS, El País, El Universal, Grupo Imagen, entre otros; fundaciones empresariales como Azteca, Bepensa, ACIR y Devlyn; también menciona tiendas de autoservicio como Costco, Farmacias Guadalajara, Chedraui y Soriana; y claro, al Gobierno del Estado de México y el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL).

El SEDIS ni el Gobierno del Estado de Jalisco son señaladosen la lista de patrocinadores de VIFAC, a pesar de que en 8 años le han aportado a la Asociación Civil: 2 millones 854 mil 892 pesos del erario público.

Samantha no busca apoyo para el embarazo, ella no quiere llevar a término la gestación, entonces, siguió buscando lugares donde pudieran ayudarla. Así llegó a Casa El Refugio, un albergue del que poco se habla, pero que es altamente subvencionado por el gobierno del estado, particulares, pero donde se priva de su libertad a menores de edad agredidas sexualmente y que resultan con un embarazo no deseado, además de proveerles todo para que sí tengan al bebé bajo el influjo de que es “una bendición de Dios”.

Más dinero para el sector privado religioso.

En el 2014, Angélica Rivera la presidenta del Sistema DIF nacional, inauguró el Centro Modelo de Atención para Niñas y Adolescentes Embarazadas, en casa El Refugio. El hecho pasó inadvertido para los medios de comunicación que sólo cubrieron el acto protocolario pero poco se adentraron a las entrañas de cómo funciona y cuántas violaciones a los derechos humanos de las menores se están perpetuando ahí y con recursos públicos.

En ZonaDocs conocimos detalles de su funcionamiento a través de una visita ocular, testimonios de una empleada de la denominada casa hogar y de una joven que acudió ahí en busca de ayuda.

El Refugio funciona como casa hogar para atender a mujeres embarazadas por violación, desde 1977. Un año antes de la inauguración, el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) otorgó a El Refugio 12 millones 807 mil 200 pesos para la construcción de este Centro de Atención. En el convenio, especifica que el uso y destino de los donativos tenían que ser debidamente transparentados en sus páginas de internet; mismas que no existen.

Samantha caminó largas cuadras de la colonia Constitución para llegar a un decoroso inmueble que describía en la fachada con letras plateadas: “CASA HOGAR EL REFUGIO”. El contexto es inhóspito y solitario. Decidió entrar y pedir ayuda. Una monja franciscana la recibió, pero la menor de edad con miedo, dijo que sólo quería pedir informes para conocer el lugar. La madre le prohibió la entrada avisando que las chicas que vivían en la casa las había enviado la Fiscalía General del Estado y se cedió la patria potestad a la madre superiora, porque venían de condiciones vulnerables.

ZonaDocs preguntó vía transparencia si la Secretaria de Desarrollo Integral y Social ha otorgado dinero público al Instituto Médico Social El Refugio A.C., que opera el Centro de Atención a Niñas y Adolescentes Embarazadas. La dependencia declaró que se ha destinado 2 millones 552 mil 330 pesos de pesos, mediante tres convenios federales diferentes durante el 2016, 2017 y 2018. Tampoco El Refugio tiene registros actualizados a través de transparencia de estos donativos federales, por lo que podría ser más.

Samantha preguntó sobre las chicas que son atendidas en El Refugio y le notificaron que viven 19 menores de edad que ya son madres y otros 19 menores de edad que son sus hijos. La custodia de las diecinueve mamás adolescentes le pertenecen a la madre superiora, responsabilidad que el estado le otorgó.

Samantha se preguntó dónde estaban los padres de estas niñas y por qué permitirían que vivan ahí, con bebés que fueron producto de una agresión física, sexual, emocional y/o psicológica. La joven no quiso imaginar más; se pensó a sí misma embarazada, pariendo y entregando un bebé que nunca imaginó tener a los 16 años, “¿Cómo podría hacer mi vida otra vez?”, se cuestiona la joven.

Samantha supo haciendo su propia indagatoria de la Norma 046 que permitía que las menores de edad conozcansus derechos como víctimas de agresión sexual y si determinan interrumpir el embarazo, lo hagan sin denuncia penal de por medio.  Esta norma establece  que el sistema de salud pública es el responsable de hacer valer sus derechos y facilitarle los servicios para que interrumpa el embarazo sin consecuencias legales.

La incoherencia radica en que es el mismo gobierno del estado quien no emprende la norma de la mejor forma y, en unos casos entrega la custodia de 19 niñas embarazadas por violación a una religiosa franciscana y, en otros, por exigencia de la madre, de la familia, de organizaciones civiles, se aplica la NOM046 y accede a un aborto legal, pero no del todo seguro y libre de nuevas violencias institucionales que debe atravesar para lograr terminar con la larga tortura de transtornos físicos, náuseas y cólicos, derivados del violación y la gestación de un producto que no desea.

La alternativa, ¿Por qué?

Samantha está embarazada -producto del sexo consensuado con su novio- y en Jalisco ella es una menor de edad que tomó una mala decisión y debe pagar las consecuencias pariendo. No importa si no recibió información amplia y de calidad sobre sus derechos sexuales y reproductivos, no importa si la anticoncepción no sirvió y no importa, principalmente, si no desea continuar con el embarazo, para el estado y las autoridades gubernamentales plagadas de preceptos religiosos, está impedida de libremente, ejercer decisiones sobre su cuerpo.

Se acercó a una ONG que le brindó la información pertinente para poder interrumpir legalmente el embarazo viajando a la Ciudad de México, cosa que Samantha no puede pagar sola y su pareja hace hasta lo imposible para obtener los recursos para viajar. Samantha logró materializar el deseo de interrumpir el embarazo y lo cuenta procesando aún dolores emocionales, no por decir no tener al bebé, sino porque de por medio fue mal orientada, juzgada y criminalizada.

Una muerte incógnita.

Margarita pasó por la misma situación pero su historia no concluye como la de Samantha. Con menos de 12 semanas de embarazo recurrió al método casero adquiriendo unas pastillas de Misoprostol y siguió las instrucciones de internet en los foros que pululan en las redes sociales para orientar a mujeres en emergencia.

Tres horas después de consumir el Misoprostol, Margarita empezó a sentir agudos dolores en la parte baja de su abdomen, presión en su cabeza y a sudar. Se dio cuenta que le brotaba sangre por la vagina, pero no como indicaba en la página de internet que consultó, sino de una manera abundante. Samantha se encontraba sola en ese momento, llamó a su madre que al ver sus piernas sangrantes no dudó en llevarla al hospital más cercano.

Al llegar al centro de salud, ya no soportaba los dolores abdominales y la hemorragia se había prolongado. Los médicos que la recibieron observaron los síntomas y la dejaron unos momentos en la camilla; al volver, venían acompañados de dos oficiales que la llevaron al Ministerio Público, donde fue interrogada -sin un abogado presente- por sospecha de práctica de un aborto, es decir, un crimen en Jalisco que solo es justificable bajo el precepto de violación.

Según datos del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), de enero del 2007 a diciembre del 2016, procuradurías o fiscalías han emitido 4 mil 246 denuncias por el delito de aborto; en el mismo lapso de tiempo se han realizado 531 juicios penales y se han declarado 228 sentencias por la práctica ilegal del aborto. Asimismo, informan que del 2015 a mayo de 2018 se han abierto mil 486 averiguaciones previas por abortos inducidos.

El caso de Margarita se reproduce en muchas mujeres que resultan procesadas penalmente por decidir interrumpir el embarazo, haciendo una legislación que se deslinda de antecedentes personales de la mujer para tomar esta decisión y limitándose a criminalizar el aborto inducido.

Otra conclusión que denuncia GIRE es que las autoridades a las que se les solicitó información pública referente a los procesos penales por abortos sólo aportaron datos no sistematizados de homicidios relacionados a partos, sin especificar si fueron o no por abortos inducidos. Por lo tanto, es casi imposible obtener cifras de cuántas mujeres han sido acusadas por abortar y verlo así como un tema pertinente.

El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en el Expediente 341/2018 informó que del 2013 a abril de 2018 se culparon a 7 mujeres y 5 hombres bajo el delito de aborto, estipulado en el artículo 228 del Código Penal del Estado de Jalisco. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Jalisco notificó incompetencia al solicitar la misma información.

Quién nos cuenta la historia de Margarita es…

Margarita se desmayó a los poco minutos de haber entrado al Ministerio Público y la regresaron a la sala de emergencias donde entró en paro. Los delitos penales se le imputaron, pero la vida no se le fue devuelta. 

La OMS declara las cifras por muertes maternas como“inaceptablemente alta”, debido a que aproximadamente 830 mujeres mueren al día por complicaciones relacionadas al embarazo como hemorragias graves; infecciones; preeclampsia y eclampsia; y los abortos peligrosos. La dependencia de salud mundial determina que sucede mayoritariamente en países en desarrollo y que estas causas, en su mayoría, pudieron evitarse.

Asimismo, determina que es fundamental evitar los embarazos no deseados a edades tempranas; que todas las mujeres adolescentes deberían de tener acceso a la contracepción y a servicios que realicen abortos seguros. En las recomendaciones de la OMS, sugiere que los sistemas de salud recopilen datos para responder a las necesidades y prioridades de salud pública de niñas y adolescentes.

El equipo de investigación de ZonaDocs preguntó vía transparencia a diferentes dependencias de salud del Estado de Jalisco sobre las tipificaciones por mortalidad materna, información básica para recabar estadísticas:

La Secretaria de Salud notificó que el Programa de Salud Materna y Perinatal no contaba con información respecto a defunciones de mujeres relacionadas a abortos inducidos; pero en los registros de egresos hospitalarios por defunción se tienen registrados dos casos de fallecimientos en 2009 y 2013, en los municipios de Tlaquepaque y Puerto Vallarta, respectivamente.

En otra solicitud de transparencia, la misma instancia informó que el Programa de Prevención y atención a la Violencia Familiar y de Género que trabaja con la Norma 046 no tipifica la muerte materna por interrupción del embarazo. Por lo tanto, tampoco hay cifras de mujeres fallecidas por abortos siguiendo las especificaciones de la Norma.

La División de Ginecología y Obstetricia y el Servicio de Ginecología del  Hospital Civil de Guadalajara informó a ZonaDocs que del 2009 al 2018 no se han registrado defunciones de mujeres mayores o menores de edad por interrupción del embarazo o práctica de un aborto según la Norma 046.

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no ha contestado a la solicitud 05841518 realizada por ZonaDocs para conocer las cifras registradas de mujeres fallecidas por abortos inducidos.

Murió “pariendo” lo que no deseaba.

Margarita murió en una camilla en la sala de urgencias de un centro de salud público. Un médico determinó la causa de su muerte como: muerte materna directa. El mismo doctor había escrito en otra acta de defunción la misma causal, pero en una mujer que murió por complicaciones durante un parto vaginal y derivadas de otro caso clínico, la diferencia radica en que Margarita murió por una hemorragia provocada por un aborto mal atendido, no por estar pariendo a consciencia un bebé. Esta tipificación no existe en la Secretaría de Salud de Jalisco.

Mediante una solicitud de transparencia a la Secretaría de Salud de Jalisco, se confirmó que las muertes por interrupción voluntaria del embarazo y por abortos espontáneos o naturales son tipificados de la misma forma, lo que crea sesgos de información al momento de solicitar datos estadísticos.

Un ejemplo de esto es el informe del INEGI con estadísticas porcentuales de las muertes maternas por causa de defunción, donde menciona que 9.3% de las causas es por abortos.

En el informe Niñas y Mujeres Sin Justicia, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) menciona que de 1990 al 2013 en México, 2 mil 186 mujeres murieron por abortar, de las cuales 279 eran adolescentes entre los 15 y 19 años  y 11eran niñas entre los 10 y 14 años. Sin embargo, como lo menciona este reportaje, en las dependencias públicas -al menos del estado de Jalisco- el aborto se considera igual si éste fue decisión de la madre o si fue un aborto natural.

Tampoco hay cifras demográficas de los últimos ocho años sobre muertes de mujeres por abortar y no se tipifica el causal de muerte si es consecuencia de un aborto legal mediante la Norma 046. La consecuencia es clara al no existir cifras ni estadísticas: no se considera un problema de salud pública.

Margarita murió, como muchas otras jaliscienses y mexicanas, que al verse limitadas en sus derechos sexuales y reproductivos arriesgaron la vida en la práctica clandestina del aborto.

Ellas, en la mayoría de los estados de este país que han firmado y ratificado tratados internacionales para erradicar la violencia contra las mujeres, son criminales por decidir interrumpir un embarazo no deseado. A nivel social no se les reivindica su historia, se oculta, se pierden los números, los nombres y por el contrario, se les juzga de haber actuado contra natura.

Sus muertes siguen silenciadas, pero no dejan de indignar a luchadoras sociales que promueven el goce libre de derechos sexuales y reproductivos en niñas, adolescentes y adultas. Patricia Ortega integrante dela Red de Derechos Sexuales y Reproductivos (Red Ddser) capítulo Jalisco, concluyó su participación en un foro informativo el 29 de septiembre de 2018 -Día Internacional para la Despenalización del Aborto- categóricamente asegurando que: “en México y en Jalisco se va a despenalizar el aborto…sí o sí”; después, largos gritos y aplausos firmes de las asistentes inundaron la acústica del auditorio Wenceslao del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, todas, portaban con orgullo un pañuelo verde en su cuello o muñeca, enarbolando la lucha que a nivel Latinoamérica ha iniciado a darse a favor de la despenalización.

En ZonaDocs nos preguntamos, ¿El estado permanecerá estático ante esta problemática de salud pública? ¿Dejarán algún día los hombres y las mujeres de ciencia de apelar a la objeción de conciencia para negarse a acatar leyes y normas tendientes a garantizar los derechos humanos de las mujeres que atraviesan la dura experiencia de abortar y les facilitarán la atención clínica para lograrlo en el mejor ambiente y modo, lo que implica que no las lleven a la misma sala de recuperación post legrado al lado de mujeres que sí parieron un bebé y rebosan de felicidad?

Como aseguró Verónica Marín de la misma Red Ddser, “nadie quiere abortar o anhela experimentar un aborto, se trata de una alternativa al derecho de las mujeres que quedan embarazadas sin desearlo y, al despenalizarse el aborto en México nadie va a salir corriendo a la calle pensando en embarazarse para abortar”.

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“Este trabajo forma parte del proyecto Pie de Página, realizado por la Red de Periodistas de a Pie. Conoce más del proyecto aquí: https://piedepagina.mx«.