Entre el 8 de abril y el 5 de agosto la Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad mandó a demoler viviendas irregulares asentadas en suelo de conservación en las inmediaciones del kilómetro 30 de la carretera federal México-Cuernavaca. Pobladores cerraron la vía en demanda de un diálogo, pero no se logró ningún acuerdo

Texto y fotos: Arturo Contreras Camero

CIUDAD DE MÉXICO.- “Esta noche ya no pasamos tanto frío”, dice Marlene Alonso, de 17 años, después de cuatro días de dormir y vivir en un camión viejo y oxidado, abandonado a orillas de la carretera. Este lunes 6 de agosto su casa fue demolida por un trascabo; los escombros los metieron en camiones de volteo que desaparecieron tan rápido como llegaron. Todo, asegura Marlene, fue por decisión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Ciudad de México.

“Ya que nos acomodamos con las cobijas, pues ya no hace tanto frío”, cuenta. En frente de ella una lona blanca cubre un cilindro de metal viejo, que más que camión, parece el esqueleto de una oruga gigante. Junto a la puerta del camión, hay un comedor de madera destartalado. Más allá, una estufa puesta en pleno monte y un mueble de cocina que sirve como división entre la casa improvisada y la intemperie del cerro. 

Así como la casa de Marlene, otras cinco casas fueron derribadas este lunes por la misma razón: estar construidas sobre suelo de conservación. Marlene y su familia llegaron a vivir a este terreno hace cuatro meses, después de dejar una casa que rentaban en La Magdalena Contreras. Quien les vendió el terreno les aseguró que estaba en regla y que por 360 mil pesos, era de ellos. Nunca les informó que ese era suelo de conservación. 

Actos de recuperación como este no se ven muy a menudo, de ser así, el suelo de conservación de Topilejo, al sur de la ciudad, en donde vive la familia Alonso, no tendría 28 asentamientos humanos irregulares reconocidos por el gobierno. Y probablemente los más de 500 asentamientos de este tipo que el gobierno de la ciudad estima que existen en el territorio capitalino no existirían, ni tampoco albergarían al menos a unas 250 mil personas, todos miembros del estrato más marginado y empobrecido de la ciudad.  

Para remediar la indefensión que representa vivir en un asentamiento irregular, un grupo de vecinos de estos asentamientos formó la Unión de Asentamientos Humanos Irregulares, una organización relativamente nueva que desde hace seis años busca que mucha gente que compró terrenos con la ilusión de tener un patrimonio, puedan tener una certeza jurídica sobre su posesión. Según la Unión de Asentamientos al menos unas 40 casas como la de la familia Alonso han sido derrumbadas de abril a la fecha.

La gasera equivocada

A pesar de que el derribo de casas era un fenómeno creciente desde abril, los comuneros de Topilejo no habían reaccionado al respecto. Sin embargo, el jueves 4 de agosto las demoliciones llegaron a la gasera equivocada. 

En el kilómetro 31 de la carretera federal México-Cuernavaca había un expendio y bodega de tanques de gas LP, propiedad de un miembro del Consejo de Bienes Comunales, una de las organizaciones que rigen el uso y la tenencia de la tierra en Topilejo.

“El asunto se salió de control porque la gente que vino a clausurar llegó arbitrariamente a demoler, estando una familia adentro”, cuenta sobre el incidente Ruben Martínez Pérez, expresidente del comisariado de bienes comunales y miembro referente de la comunidad. “Adentro, en la gasera estaba la señora de uno de los empleados que cuidan. Estaba embarazada y con sus otros niños adentro, ahora están en el hospital. También tenían sus gallos de pelea ahí, pero les cayó la barda encima”. 

Eso provocó el enojo de todos los comuneros, por lo que la mañana del jueves decidieron cerrar la carretera bajo la demanda de tener una mesa de diálogo con autoridades del gobierno de la Ciudad de México. La carretera se abrió un día después, con la llegada de las titulares de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) y de la Comisión de Recursos Naturales (Corena) de la Ciudad de México, Marina Robles y Columba Lopez, respectivamente.

La venta del territorio comunal, una bomba de tiempo

En Topilejo, como en otras comunidades rurales de la ciudad, la  mayor parte del territorio está declarado como suelo de conservación, que además es terreno ejidal o comunal; es decir que pertenece a un núcleo agrario. Estos núcleos se rigen por asambleas de comuneros o ejidatarios, según sea el caso, y son los únicos órganos capacitados para disponer de la propiedad de los terrenos comunitarios. 

Sin embargo, algunos comuneros se han asociado con vendedores irregulares que bajo engaños entregan partes del ejido sin la autorización de la asamblea a cambio de dinero, bajo la promesa de una pronta regularización. Este método ha sido solapado y tolerado en la ciudad por años.

Ante tal tolerancia, cualquier intento de poner orden, como las demoliciones de esta semana, encrispan a la comunidad, que no tardó en hacer llegar su enojo a oídos de Marina Robles y Columba Lopez, quienes después de pactar la apertura de la carretera, caminaron con los vecinos de Topilejo en un recorrido por la gasera y otros locales comerciales demolidos.

“¿Por qué ustedes como gobierno no agarran a la cabeza y ya?”. Las increpó una vecina durante el recorrido. “¿Por qué nada más nos perjudican a los que compramos inocentemente, con la ilusión de un patrimonio? Vienen a buscar a los que compramos 100 o 200 metros, pero el dueño vende hasta 500 o mil metros lotificado el suelo comunal. Ahorita ya está a 3 mil 600 el metro. Los dueños, son los que se llevan su dinero y uno es el que sufre”.

El comentario detuvo la marcha de la comitiva, un tumulto de unas 60 personas. Justo detrás del grupo quedó una gasolinera que parece nueva y, contradictoriamente, abandonada. Como el resto de los predios cercanos, se edificó sobre suelo de conservación. 

Frente a la gasolinera, la Comisionada de Recursos Naturales, Columba López le dice a la gente: “Sabemos que se han hecho cosas indebidas, que no se debe, ya sabemos que se ha hecho con impunidad, que les venden, los engañan y nunca les van a dar escrituras, pero ya no debe de pasar eso”. Entonces, alguien le grita: “Y la gasolinera ¿qué, por qué no la demuelen?”. 

“Bueno, esa tiene permiso de operar, pero más bien no lo ha hecho por una cuestión de los dueños”, señala sin contestar a la pregunta. 

La regularización que nunca llega

Si el crecimiento de asentamientos irregulares en la ciudad no se ha parado, es porque no solo es un jugoso negocio para quienes tienen la posesión de la tierra, como algunos comuneros o ejidatarios, sino porque al mismo tiempo, los asentamientos irregulares son campos fértiles de votos, que bajo la promesa de regularización son capaces de definir elecciones, como explica Jorge López, de la Unión de Asentamientos Humanos Irregulares. 

“La alcaldía, o antes delegación, tiene más de 40 años prometiendo que nos van a regularizar. Tienen su carpetas de 28 asentamientos de aquí de Topilejo en ordenamiento territorial de la alcaldía, las formaron con la administración de Sheinbaum (en ese entonces jefa delegacional de Tlalpan) y las pasaron a la oficina de ordenamiento territorial de Patricia Acevez (quien ocupó el cargo después de Sheinbaum). Las acomodaron todas en un archivo, lo metieron en un folder y lo dejaron en unos lockers. En 2017, los sacaron y cuando salía el director de ordenamiento territorial a hacer visitas a los asentamientos decía que como ya estaba la alcaldía de Morena, el congreso de Morena, la Ciudad de México de Morena, el presidente de Morena y hasta los diputados de Morena, pues les decían que se les iba a poder regularizar, pero eso nunca pasó”. 

“Y así se la llevan cada tres años, que es cuando vienen todos los partidos a visitar a los asentamientos y a buscar votos y ya cuando ganan, se olvidan. Decían que ya todo estaba perfilado con todo de Morena y no movieron ni un dedo. Nada. Ellos no se acercaron como alcaldía a los 28 asentamientos, nunca se acercaron tampoco a los comuneros, que son los que pueden darnos el reconocimiento de propiedad de la tierra”.  

Un diálogo cerrado

Después de que las autoridades medioambientales y el grupo de comuneros se encontraran en el cierre carretero, decidieron que no existían las condiciones para entablar un diálogo, por lo que citaron a un grupo selecto de comuneros y habitantes en las oficinas de la Corena que quedan entre Topilejo y Parres, un pueblo más al sur. 

La reunión se llevó a cabo a puerta cerrada y duró más de dos horas. Al término de la sesión uno de los comuneros se ciñó a decir que el gobierno atendería personalmente a cada una de las familias afectadas y que tanto los comuneros como los habitantes de asentamientos irregulares se comprometieron a denunciar cualquier acto de compra-venta o construcción en el suelo de conservación. Hasta la noche de este viernes, la familia de Marlene no recibió ninguna notificación por parte del gobierno para ser atendida de manera personal, como se dijo en la reunión.