Alrededor de 7 millones de mexicanos dijeron sí en la Consulta Popular del 1 de agosto, pero más allá de eso: ¿qué lecciones deja esta primera experiencia nacional de democracia participativa? 

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No fracasó la Consulta Popular.

Según las estimaciones realizadas por un grupo de científicos para el Instituto Nacional Electoral, este domingo habrían participado entre 6.6 millones y 7.2 millones de personas en la primera consulta ciudadana realizada a nivel nacional bajo las reglas y los estándares del sistema electoral.

Y alrededor de 7 millones habrían dicho sí al esclarecimiento de decisiones políticas del pasado, con el ánimo de hacer justicia y resarcir los daños a las posibles víctimas.  

La consulta no llevará a juicio a los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Tampoco será vinculatoria, pues la participación se quedó muy lejos del 40 por ciento requerido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Pero fue el ejercicio de democracia participativa más robusto, más profesional y más incluyente de la historia. El primero de muchos que podrían realizarse año tras año, según lo establece la propia Constitución.

Las estimaciones del comité técnico que realizó el conteo rápido para el INE señalan que la participación habrá fluctuado entre el 7.07 y el 7.74 por ciento.

Esto, con un listado nominal de 93 millones 671 mil 697 electores, quiere decir que el número de personas que votaron se colocará entre 6 millones 622 mil 589 y 7 millones 250 mil 189.

Por el Sí, habrá votado entre el 89.36 por ciento y el 96.28 por ciento. Es decir, tomando en cuenta el máximo de participación dijeron Sí entre 6 millones 478 mil y 6 millones 980 mil personas.

Por el No votaron entre el 1.38 y el 1.58 por ciento y, tomando en cuenta el rango máximo de participación, esto quiere decir que dijeron No entre 100 mil 52 y 114 mil 552 personas.

La estimación de opiniones que fueron anuladas por los participantes fluctúa entre el 2.19 y el 9.21 por ciento, lo que quiere decir que fueron muchas más las personas que anularon su papeleta de quienes votaron por el No.

En números absolutos, y considerando el nivel máximo de participación, las opiniones nulas se colocarían entre 158 mil 779 y 667 mil 742 papeletas.

Anoche, mientras se realizaban estas estimaciones, los paquetes electorales comenzaron a trasladarse desde las 57 mil 70 Mesas Receptoras instaladas por el INE hasta las 300 Juntas Distritales, en donde los cómputos iniciaron de forma inmediata.

Ello permitirá que en la tarde de este lunes el INE dé a conocer los resultados oficiales de la Consulta Popular, cuya cifras tendrán que colocarse entre los rangos anunciados al final de la jornada de votación.

Un análisis posterior y más profundo de los resultados permitirá afinar los mecanismos de esta modalidad de democracia participativa, pero desde ya se pueden anticipar al menos tres lecciones de esta primera experiencia.

Primero, que el Poder Legislativo debería reformar nuevamente el artículo 35 de la Constitución, para que las consultas populares se lleven a cabo el mismo día de las elecciones, sean federales o locales, y no “el primer domingo de agosto de cada año”, como quedó establecido en la reforma aprobada en 2019.

Hacerlo el mismo día de las elecciones permitiría aprovechar la logística electoral desplegada por el INE y los institutos electorales estatales, lo que ahorraría recursos y garantizaría una mayor participación.

Segundo, que una pregunta tan abierta y ambigua, como la que redactó la Suprema Corte de Justicia de la Nación para este primer ejercicio, no entusiasma a la ciudadanía, y no permite el despliegue de campañas efectivas por el Sí y por el No.

Preguntas claras y concretas impedirían la distorsión de dichas campañas, tal como ocurrió en el ejercicio que acaba de celebrarse, en el que el juicio a los expresidentes era sólo un slogan propagandístico y no una consecuencia posible de la consulta, y la posición del No terminó convertida en una militancia en contra de la consulta misma.

Tercero, que si el Congreso no quiere o no puede reformar el artículo 35 para homologar calendarios, deberá dotar de recursos al INE para celebrar las consultas populares. Sólo así el órgano electoral podrá instalar casillas en todas las secciones electorales del país (más de 162 mil actualmente), incluidas las casillas especiales para votantes en tránsito.

Cabe recordar que, para esta Consulta Popular, el INE solicitó al Congreso en octubre de 2020 una partida de mil 400 millones de pesos, con la que se hubieran instalado 104 mil mesas receptoras.

Ante la negativa del Legislativo, en abril de 2021 el INE pidió a la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal de 890 mil pesos, con lo que se hubieran instalado 91 mil mesas receptoras.

Como tampoco se admitió esta solicitud, el INE terminó ocupando poco más de 500 millones de pesos provenientes de ahorros institucionales para las 57 mil mesas que finalmente fueron instaladas este primero de agosto.

Es importante considerar este tema, pues de cara a la elaboración del Presupuesto de Egresos del 2022, el INE presentará en agosto a la Secretaría de Hacienda su anteproyecto de presupuesto para ese ejercicio fiscal, en el que nuevamente se requerirán recursos para una eventual Consulta Popular y también para una probable consulta de revocación de mandato, ya anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Consulta Popular de este domingo –propuesta por el Poder Ejecutivo, avalada por el Poder Judicial y convocada por el Poder Legislativo– sentará un importante precedente que deberá ser considerado por los Poderes de la Unión de cara a esos ejercicios del próximo año, si es que realmente se pretenden llevar a cabo.

A la Consulta Popular 2021 podría seguir la revocación de mandato, en marzo de 2022, si es que ésta se promueve durante los próximos meses.

En un tema tan grave, como lo es la continuación o interrupción del mandato presidencial, se requiere llenar los huecos legales, presupuestales y logísticos que se hicieron visibles en la consulta de este domingo.

De entrada, urge que el Congreso emita la ley secundaria en esa materia.