La carretera que une a Nuevo León y Tamaulipas ha sido escenario de cientos de desapariciones y secuestros desde hace años. En lo que va de 2021 se han registrado, por lo menos, alrededor de 53 desapariciones en esa zona. El número refleja cómo la impunidad se instaló en las autopistas del norte del país

Texto: Mónica Cerbón (@Monica_Cerbon) / A donde van los desaparecidos

Fotos: Obturador Mx

A las nueve de la mañana del viernes 23 de abril del 2021, la familia de Pedro Jesús Castro Villareal, chofer de la aplicación Didi, dejó de tener comunicación con él. Horas antes había salido en un viaje de trabajo desde Monterrey hacia Nuevo Laredo. Ese mismo día también desapareció su compañero, Rigoberto Mata Díaz, que viajaba en otro auto. 

Entre los 219 kilómetros de la autopista que une a los estados de Nuevo León y Tamaulipas, una de las principales vías carreteras en el norte de México, al menos 53 personas han desaparecido este año, de acuerdo con un registro realizado por el Colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL). Cinco de las víctimas han sido localizadas con vida y un hombre, Gamaliel Madrigal Capistrán, fue asesinado. El pasado 28 de mayo, policías de Nuevo León encontraron su cuerpo —con huellas de violencia— en el municipio de Apodaca. 

El número de desapariciones registradas por FUNDENL es mayor al que las autoridades de Nuevo León y Tamaulipas han querido reconocer. 

En un comunicado conjunto emitido el pasado 25 de junio, la Fiscalía de Nuevo León aseguró que de enero del 2020 a junio del 2021 “se han localizado a 18 personas y abierto 37 carpetas de investigación”. Mientras que en el mismo periodo la Fiscalía de Tamaulipas inició 28 carpetas de investigación y localizó a 16 personas. 

La documentación realizada por FUNDENL en este 2021 permite conocer el perfil de quienes han desaparecido a lo largo de esa carretera. De las 53 personas desaparecidas, alrededor de 30 son hombres en edad productiva, de entre 18 y 40 años; la mayoría son conductores de taxis o de camiones de carga. Hay registro de tres mujeres, entre ellas Michelle Cristina Durán, una niña de nueve años que viajaba con su mamá, Gladys Pérez, y su hermano, Juan Carlos González, de 16. 

Gladys y sus hijos, todos de origen estadounidense, desaparecieron el 13 de junio pasado cuando viajaban de Nuevo León hacia Laredo, Texas. Una semana después, el Buró Federal de Investigaciones​ de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) publicó su ficha de búsqueda en redes sociales, eso dio visibilidad a los otros casos de desaparición ocurridos en esa carretera. Hasta ahora la familia no ha sido localizada. 

Los datos sobre estas desapariciones, recopilados por FUNDENL y A dónde van los desaparecidos, muestran que tan solo durante mayo de 2021 se registraron 16 casos, la mitad de éstos ocurrieron entre los días 24 y 25 de ese mes. Otras 12 personas desaparecieron entre el 2 y el 17 de junio. 

Por su parte, el Colectivo Todos Somos Uno —formado hace un par de meses por familiares de desaparecidos en esta carretera— ha documentado 111 casos de desaparición ocurridos desde el 2011. En su registro hay, al menos, ocho menores de edad. Las víctimas viajaban, desde o hacia, Estados Unidos, Nuevo León, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Durango. 

Si bien el mayor número de casos se ha registrado en lo que va del 2021, la historia de desapariciones en esa carretera es larga. 

En abril de 2011, en Tamaulipas, se descubrieron 47 fosas clandestinas, muchas de ellas con cadáveres de pasajeros de autobuses o automovilistas detenidos en el municipio de San Fernando por integrantes de Los Zetas y policías municipales. Esos hallazgos no provocaron que las autoridades implementaran algún mecanismo para prevenir desapariciones en carreteras. 

Al igual que en el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, en los que siguieron ocurriendo desapariciones en autopistas, las autoridades siguen sin emitir alertas, no informan a la población, no se cuenta (no pareciera contarse) con un plan de reacción rápida en búsqueda.

Para Ana Lorena Delgadillo, Fundadora y Directora Ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, las desapariciones en este 2021 son un recordatorio del terror que desde hace más de una década se ha instalado en las carreteras del norte del país y contra el que las autoridades no han luchado. Ya entre 2009 y 2011 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó el secuestro de cerca de 20 mil migrantes en esas mismas vías y recomendó protegerlas. 

“Son carreteras que están siendo supervisadas por todas las policías y las Fuerzas Armadas del país y aún así sigue habiendo esta cantidad de secuestros y desaparición de personas. Cuando nosotros pudimos ver el expediente de la investigación de la masacre de los 72 (en Tamaulipas), supimos que desde los noventas existían ya operativos de seguridad en la zona. Esto está ocurriendo en un país donde las autoridades, a estas alturas, ya tienen perfecto conocimiento de qué es lo que sucede (…) y es justamente debido a que no hemos tenido investigaciones efectivas que hayan podido realmente desarticular las redes criminales que operan coludidas con el Estado. Claramente la impunidad está mandando el mensaje de que este tipo de violencia está siendo permitida”, explica. 

En tres investigaciones académicas que analizan la desaparición de personas al norte de México —realizadas entre 2017 y 2019 por el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México— se identifica a las carreteras de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas como sitios frecuentes de desaparición. En esas investigaciones ya se menciona a la autopista que conecta a las ciudades de Monterrey y Nuevo Laredo. Y señalan que agentes estatales estuvieron involucrados en 48% de los casos en 2017, y en 30% de las desapariciones registradas en 2019. 

El patrón recurrente encontrado por los investigadores es de hombres jóvenes, de entre 20 y 35 años, dedicados al comercio, al transporte de mercancías o conductores de taxi. Y las desapariciones, señalan los estudios, han sido frecuentes por lo menos cada año desde el 2009.  

En las carreteras del noroeste del país históricamente se han registrado desapariciones masivas. Están los casos de los autobuses de jornaleros queretanos que nunca llegaron a su destino; los jornaleros migrantes de San Luis de la Paz; los —al menos— 103 pasajeros de autobuses detenidos en San Fernando, Tamaulipas; los 72 migrantes detenidos y asesinados; la masacre de Cadereyta, en 2012; y este año el asesinato de 14 migrantes en el municipio de Camargo. 

Una zona de silencio 

El localizador digital (GPS) que llevaba Pedro Jesús Castro en su automóvil marca como última ubicación un sitio entre las colonias Alijadores y Francisco Villa, en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Tras la desaparición, su familia creó el Colectivo Todos Somos Uno, que reúne a más de 60 familias de personas desaparecidas en la carretera en este 2021 y también de casos ocurridos en años pasados, explica Juana María Pardo, esposa de Pedro. Pardo asegura que esas dos colonias son también el último punto de conexión de, al menos, la mitad de las víctimas que han desaparecido en lo que va del 2021. 

En la colonia Alijadores, por ejemplo, se encontró el tráiler que conducía Jorge Luis Flores Tovar, desaparecido desde el pasado 15 de mayo. Este es el único caso, documentado por el Colectivo, en el que se localizó el vehículo de la víctima. 

En la misma colonia, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), hay reporte de dos hombres desaparecidos, también en mayo; mientras que en la colonia Francisco Villa otros dos hombres desaparecieron en marzo del 2021.  

“Son más de cien personas; todas se desaparecen en sus vehículos. No puede ser que no encuentren los vehículos, que las cámaras de allá (de Nuevo Laredo) no funcionen”, reclama Juana María. Desde el otro lado del teléfono su voz suena enojada, determinante, pero asustada. La documentación realizada por los integrantes del Colectivo permite saber que las desapariciones ocurrieron “cerca de iglesias o de yonkes (lugares de venta de autopartes usadas)”, dice en entrevista. 

Juana María Pardo menciona que su esposo es un hombre de carreteras; antes había sido transportista. 

“Necesito encontrarlo a como sea o como esté, así tenga que buscarlo debajo de las piedras yo lo tengo que encontrar”, dice. Desde que está en la búsqueda de Pedro y al frente del Colectivo de familiares ha recibido amenazas telefónicas. 

“Mi cuñada, Paulina Castro, tuvo la idea de hacer esto (el colectivo) porque nadie nos daba respuestas, nadie nos apoyaba. Nosotros nos juntamos y empezaron a llegar solicitudes de otras familias con desaparecidos. Toda las familias tomamos la decisión de manifestarnos para que nos canalizaran con gente de gobierno y que nos ayudaran también en Tamaulipas”, cuenta Pardo. 

Como ocurre comúnmente en México, ante la falta de respuesta de las autoridades de investigación, los colectivos de familiares de víctimas son quienes impulsan la búsqueda de las personas desaparecidas. Son también los colectivos quienes alertan sobre aquellos lugares que se convierten en sitios de desaparición.

El 19 de mayo pasado, por ejemplo, FUNDENL lanzó la primera alerta sobre las desapariciones en la autopista. Hasta ese momento tenían reporte de diez hombres desaparecidos. Una semana después, la misma organización —creada en 2012, para impulsar la búsqueda de personas desaparecidas en Nuevo León— publicó un enérgico llamado a las autoridades estatales y nacionales involucradas en la búsqueda de personas, pues acumulaban ya 15 reportes de personas desaparecidas. Desde abril, autoridades estadounidenses habían recomendado a sus ciudadanos no viajar en carretera hacia Monterrey. 

Pardo asegura que el viernes 25 de junio —cuando los casos de desaparición ya habían tomado relevancia nacional y en la autopista había operativos de seguridad— dos mujeres que viajaban desde Michoacán desaparecieron en el mismo tramo. Con ellas, serían al menos seis mujeres desaparecidas en la autopista durante lo que va del 2021. 

Para corroborar el dato de las dos mujeres desaparecidas apenas el pasado 25 de junio, se buscó a la la Fiscalía de Tamaulipas, donde respondieron que la titular del área especializada en la investigación de personas desaparecidas, Elizabeth Almanza, está “incapacitada de momento”. La Fiscalía de Nuevo León tampoco respondió a la solicitud de información, ya que decidieron no dar entrevistas sobre las desapariciones de personas en la carretera. 

Una región marcada por la desaparición

Además de las colonias que mencionan los integrantes del Colectivo Todos Somos Uno, en la carretera que va desde Monterrey hasta Nuevo Laredo, se han identificado otros sitios de riesgo que, de acuerdo con Leticia Hidalgo, fundadora de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL), se volvieron conflictivos con el inicio de la llamada “guerra contra el narco”, emprendida en 2006 por el expresidente Felipe Calderón. 

“Antes del 2006 no pasaba esto, (la carretera) se volvió peligrosa a raíz del brote de tantos grupos delictivos. En aquel entonces, cuando se declaró la ‘guerra’, ellos mismos decían que agarraban cosas —como camionetas y dinero—, para la ‘guerra’; así decían”, recuerda  Hidalgo. 

“Guerra” es una palabra que Hidalgo pronuncia con frecuencia. Y no parece lejos de la realidad. FUNDENL recibió un testimonio anónimo de alguien que recientemente desapareció en ese tramo carretero y logró regresar. En él se señala que, en un punto de la carretera cercano a Tamaulipas, la víctima fue abordada y llevada a un cuarto pequeño, lleno de hombres, mujeres y niños. En el lugar los golpean y alimentan sólo una vez al día. 

Las demás personas que han logrado volver a casa con vida —17, de acuerdo con cifras dadas por el gobierno de Nuevo León— no han hecho público su relato sobre lo que vivieron. Tienen miedo, dice Leticia Hidalgo. Muchas de las víctimas han regresado golpeadas. 

De todos los casos, al menos en uno se solicitó rescate. De la mayoría no hay ningún rastro de las víctimas. 

El viaje por la autopista, desde Monterrey hasta Nuevo Laredo, es de aproximadamente dos horas y media. Cruza por, al menos, diez municipios de Nuevo León. El que se localiza en los límites de Tamaulipas es Anáhuac, una localidad de poco más de 23 mil habitantes donde 51 personas han desaparecido desde el 2011, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). 

“La caseta de cobro de la autopista también es un lugar muy riesgoso, se pierde la señal. Es la puesta de Mamulique, en el kilómetro 100, es el área de Vallecillos, San Carlos y Sabinas Hidalgo”, explica Leticia Hidalgo. 

Sabinas Hidalgo es el lugar donde se perdió el rastro de la estadounidense Glady Pérez y sus dos hijos. Ahí también está el último punto que marca el geolocalizador de Víctor Aguayo Osorio y su hermano Luis Felipe, desaparecidos el 16 de mayo del 2021 cuando viajaban desde Houston, Texas, hacia San Luis Potosí, para visitar a su padre enfermo. 

En ese municipio, que nació de un manantial y se sostiene por la ganadería, permanecen desaparecidas 108 personas, el 70% hombres de entre 20 y 44 años. Seis de esas desapariciones ocurrieron en este año, señalan las cifras del RNPDNO. 

El 19 de mayo del 2021, FUNDENL publicó la primera alerta por el alto número de reportes de desaparición que habían recibido hasta ese momento, con la intención de exigir a las autoridades correspondientes mayor seguridad y avance en las investigaciones, pero también para alertar a la ciudadanía sobre el tránsito por la autopista. Algo que ninguna autoridad había hecho.

Angélica Orozco, integrante de la organización, asegura que desde abril pasado las autoridades sabían que iban en aumento las desapariciones en la zona.  “¿Por qué no informaron a la ciudadanía para prevenir los casos que posteriormente sucedieron?”, se queja. Sus registros permiten corroborar que mayo y junio fueron los meses en donde ocurrió un mayor número de desapariciones, en total 28. 

El pasado primero de julio, las fiscalías de Nuevo León y Tamaulipas —y las Comisiones de Búsqueda de ambos estados— se reunieron con el Colectivo de Búsqueda Todos Somos Uno y acordaron que las carpetas de investigación serán trasladadas a Ciudad Victoria para la “continuidad de las investigaciones”. 

El 7 de julio, en Palacio Nacional, durante el Informe sobre búsqueda y desaparición de personas, Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), informó que las desapariciones en la carretera detonaron la instalación de una mesa de trabajo conjunta con los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz, ““en virtud de que hay personas desaparecidas de otros estados”.

Quintana informó que ya se realizaba una búsqueda alrededor del kilómetro 26 de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo: “Es importante mencionar que (el operativo de búsqueda) se está transmitiendo en vivo en las diferentes Comisiones de Búsqueda o la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en diferentes estados de la República para que las familias que así lo deseen puedan seguir la búsqueda desde donde se encuentren”. 

Desde octubre del 2020 la CNB tiene registro de 71 personas desaparecidas en ese tramo. El problema, dijo Quintana, “es que existe una disputa” entre el Cártel del Noreste y el de Jalisco Nueva Generación. La desaparición de personas, aseguró, “si está dirigida hacia conductores de transportes; lo que preocupa es qué es lo que se está trasladando”.

Las familias de las víctimas desaparecidas siguen buscando. Desde que los Colectivos levantaron la voz, el número de desapariciones en esa autopista ha disminuido, y quizás otras personas se han salvado de desaparecer. Por ahora, las autoridades vigilan la zona, hacen operativos y en algunos casos acompañan a las familias que transitan por esa vía. Pero la pregunta que Angélica Orozco lanza desde FUNDENL queda vigente: ¿Por qué hasta ahora?

*Mónica Cerbón es periodista mexicana freelance y reportera de investigación integrante del proyecto A dónde van los desaparecidos https://adondevanlosdesaparecidos.org/, dedicado a investigar las lógicas de la desaparición en México.