La Oficina por los Derechos de la Infancia y diversos expertos denuncian la existencia de una probable red de explotación entre escuelas de preescolar públicos y privados que estarían operando desde hace 20 años. Uno de estos casos llegó una vez a la SCJN. Y esto fue lo que ocurrió

Texto: Lydiette Carrión

Foto: Marco Polo Guzmán / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO.- En 37 escuelas de nivel preescolar de nueve estados del país se encontraron patrones que hacen pensar que es posible la existencia de redes de explotación sexual. Así lo documentó la Oficina de los Derechos de la Infancia (ODI) y un grupo de expertos que ha seguido los casos. Uno de los primeros casos ocurrió en Oaxaca en 2006, llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, y los ministros entonces determinaron que quedara impune. 

En aquel entonces, la defensa de los autores materiales (que agredieron, grabaron y lastimaron a un pequeño de 4 años) la hizo uno de los bufetes de abogados más caros de México. La defensa la encabezó Humberto Castillejos Cervantes, cercano al procurador de la República en aquel entonces y quien posteriormente fue miembro del gabinete de Peña Nieto. También filtraron a la prensa nacional documentos para desacreditar a la madre del menor. 

Redes de explotación contra niños de 3 y 4

El informe es claro: no se trata del abuso sexual que cotidianamente, y lamentablemente, es cometido por miles contra niñas y niños en las escuelas del país. En este caso, los expertos identificaron un patrón de extrema crueldad física, sexual y psicológica contra pequeños de 3 y 4. Por ello se presume la posibilidad de una red de explotación sexual, abuso y pornografía infantil coordinada. Se trató no sólo de casos aislados entre sí, sino de la colusión de varios trabajadores y profesores de escuelas públicas y privadas. Al menos 37 escuelas distribuidas en siete estados del país presentaron esto, con rasgos y modus operandi similares, durante los últimos 20 años. 

Estos casos han ocurrido desde el 2001 a la actualidad. Los estados son: San Luis Potosí, Morelos, Jalisco, Estado de México, Baja California, Ciudad de México y Oaxaca. Sobre esta última entidad, hay dos casos registrados por la ODI. 

El primero  fue el ocurrido en el Instituto San Felipe en la ciudad de Oaxaca el 7 de noviembre de 2006; un año en el que Oaxaca sufrió gran convulsión social. 

El 23 de mayo de 2007 se inició la denuncia formal ante el Ministerio Público especializado en delitos sexuales. La familia presentó peritajes hechos por especialistas y una muestra de semen en la ropa interior del pequeño. Sin embargo, denunciaron medios oaxaqueños, “la entonces titular trató de archivar el asunto e inclusive ofrecer un arreglo económico”.

Hubo tres autores materiales señalados:  la profesora Magdalena García Soto (quien llevaba al niño a un gimnasio, donde era agredido); el esposo de ésta, Gabriel Hugo Constantino García, quien era copropietario y representante legal del Instituto “San Felipe”; y Salvador Adán Pérez Ramírez, profesor de computación. Estos dos últimos fueron los agresores directos. 

“Con mucho esfuerzo y el apoyo de amplios sectores de la sociedad, logré que se consigne la averiguación previa, dando origen a la causa penal 133/2007″. Así lo señaló la madre del menor de edad, en aquel entonces. Esto permitió una sentencia de 10 años contra Magdalena García Soto.

Además, el Juez dictó dos órdenes de aprehensión contra Constantino García y Salvador Adán Pérez Ramírez, quienes se evadieron de la policía.

Pero si desde hubo influencias políticas en el caso, lo más sorprendente fue la defensa legal privada para los tres acusados.

Abogados de lujo para agresores de prescolares 

El abogado defensor de la profesora Magdalena García Soto fue José Luis Nassar Daw, hijo del exdirector de la Dirección Federal de Seguridad. Como muestra de sus relaciones: Nassar Daw fue el encargado de la defensa de Raúl Salinas de Gortari en su proceso de enriquecimiento ilícito. De nuevo, fue la madre del menor quien denunció frente a la prensa en aquellos años. 

Luego se sumó a la defensa Humberto Castillejos Cervantes, quien en ese entonces era coordinador de asesores en la Procuraduría General de la República (Eduardo Medina Mora era procurador). Posterior al caso, Castillejos sería diputado local por el PRI en el Estado de México; y, años más tarde, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, durante el sexenio de  Enrique Peña Nieto.

Primero una pequeña esperanza

Pero volviendo a los años 2007 y 2008. Al ver que el caso se encontraba atorado en Oaxaca y la madre, así como organizaciones civiles que lo acompañaban se percataron de que autoridades estatales protegían a los violadores, llevaron el caso ante la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En octubre de 2008,  en lo que fue calificada de “decisión histórica, los ministros enmendaron la plana al ministerio público de Oaxaca; y ordenaron que se emitiera órdenes de aprehensión contra los autores materiales.

“Esta determinación es ‘un triunfo en la justa lucha que ha emprendido esta extraordinaria madre coraje; esta moderna Juana de Arco oaxaqueña’”, afirmó en aquel momento Felipe Canseco Ruiz, abogado de la madre.

Magdalena García, sin embargo, se amparó, y el caso llegó ahora al pleno de la SCJN. Ahí el abogado de Magdalena, Humberto Castillejos Cervantes, basó su estrategia en dos ejes: afirmar que el niño jamás había sido violado; y que la madre estaba loca y todo había sido un invento. 

La defensa encabezada por estos litigantes vinculados al PRI del Estado de México, a la Presidencia de la República y a perpetradores de la guerra sucia también hicieron una labor de lobbying en medios nacionales. Filtraron a medios de comunicación nacionales un supuesto expediente psiquiátrico de la madre, por haber sido internada cuando era muy joven.

Y algunos medios nacionales aceptaron formar parte de este acoso. Publicaron en portada información sobre un supuesto quiebre emocional que, antes de ser madre, la mujer habría sufrido años atrás.

El 18 de mayo de 2011, los ministros José Ramón Cossío, Margarita Luna Ramos, Sergio Aguirre Anguiano y Guillermo Ortiz Mayagoitia concluyeron que jamás hubo violación alguna; que todo fue una mentira. 

Únicamente los ministros Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero y Arturo Zaldívar votaron contra el amparo a la maestra que violentó al pequeño. 

Al  caso de San Felipe, se sumó una agresión a muchos niños en el kinder “Miguel de Cervantes” en la Villa de Etla, en 2007. Y ya desde aquellos tiempos, la representante en México de la organización civil  Ecpat, Norma Negrete Aguayo, acusó que había indicios de una red de explotación y pornografía infantil en el estado de OAxaca.