El gobierno mexicano busca “reorientar” la Iniciativa Mérida, con la idea de que abandone su naturaleza militarista y que sus recursos sean utilizados para la creación de empleos en México y Centroamérica. Pero especialistas ven inviable que esos recursos alcancen para lograr cambios reales en otros ámbitos

Texto: José Ignacio De Alba

Fotografías: Javier Bauluz y Javier García

El gobierno federal anunció que cambiará la vocación de la Iniciativa Mérida, “queremos que se reoriente por completo, porque eso no ha funcionado. No queremos que haya cooperación para el uso de la fuerza, queremos que haya cooperación para el desarrollo, no queremos la llamada Iniciativa Mérida”, dijo el presidente López Obrador este martes en conferencia matutina.

El mandatario aseguró que su administración ya hizo una petición al gobierno de Donald Trump para canalizar el apoyo de otra forma.

La propuesta, sin embargo, resulta inviable para especialistas en seguridad y migración.

Para Raúl Benítez Manaut, experto en seguridad nacional y temas de América del Norte, los fondos de la Iniciativa Mérida son muy pocos como para generar un efecto real en otros sectores.

“El dinero del apoyo de Estados Unidos son cantidades muy bajas, en realidad si se le quita el dinero a la Iniciativa Mérida y se destina a la generación de empleos no tendría prácticamente ningún impacto, porque para que un programa de generación de empleo necesitas miles de millones de dólares”, explica el investigador de la UNAM.

Benítez asegura que la cantidad de recursos funciona bien específicamente en temas de seguridad: “un dinero concentrado a un programa como la Iniciativa Mérida puede tener efectos si lo usas de manera óptima, por ejemplo en programas de modernización de justicia o incluso en programas de capacitación de policías”.

La Iniciativa Mérida se diseñó en 2007, en el contexto de la guerra contra el narcotráfico. La primera carta de acuerdo fue firmada al año siguiente entre Felipe Calderón y George W. Bush. La idea tomada del Plan Colombia es que Estados Unidos ayude a disminuir el poder de los grupos criminales, aumentar las capacidades de los órganos judiciales y de las instituciones de seguridad. Entre las acciones también está el fortalecimiento de la seguridad en las zonas fronterizas. Pero en los hechos el proyecto ha sido muy criticado por sus resultados fallidos.

Después de 11 años, la violencia de los grupos criminales está lejos de acabar, México acumula casi 200 mil ejecutados y más de 40 mil desaparecidos. El Nuevo Sistema de Justicia Penal resultó principalmente un pretexto para los gobiernos locales ante la liberación de presuntos delincuentes por expedientes deficientes a manos de funcionarios mal capacitados. La corrupción mantuvo las fronteras porosas y la violación de derechos humanos de los migrantes se incrementó.

López Obrador insiste que la forma correcta tratar el fenómeno de la seguridad y el tema migratorio es con un plan de desarrollo en el sureste mexicano y en Centroamérica: “para nosotros atender los flujos migratorios depende de impulsar el desarrollo y la creación de empleos en Centroamérica y en México”. Y hacia allá dice que buscará dirigir los recursos de la Iniciativa Mérida.

Desde la creación de la Iniciativa Mérida el gobierno de Estados Unidos ha entregado a México cerca de 3 mil millones de dólares, gran parte de esos recursos en especie: en equipamiento militar, capacitación táctica, financiamiento a organizaciones de la sociedad civil y apoyo para planes de seguridad.

Lo destinado en una década por la Iniciativa Mérida representa sólo 60 por ciento de la inversión del gobierno de López Obrador a uno de sus programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, equivalente a 5 mil 771 millones de dólares.

Benítez Manaut, sin embargo, señala que la Iniciativa Mérida se le puede evaluar de una forma positiva si se hace por programas específicos.

«Para fortalecer las capacidades del Ejército, la Marina y la Policía Federal, para capturar a grandes capos de cárteles sí ha funcionado la Iniciativa Mérida», afirma.

Los recursos que destina el Congreso de Estados Unidos para la Iniciativa Mérida “han bajado prácticamente a la mitad”, asegura Benítez. El investigador explica que actualmente la cooperación es de unos 300 millones de dólares por año y asegura que difícilmente Donald Trump invertiría dinero en América Latina (excepto por el caso de Venezuela). El investigador define a Trump como un “antimigrante” que poco le interesa reactivar la economía en Centroamérica.

El gobierno mexicano, opina, debería invertir dinero en comunidades del territorio nacional, antes de intentar rescatar otros países.

“El presidente está achicando el presupuesto en todas las Secretarías, quién le va a autorizar presupuesto en el Congreso para inversión en Honduras”, cuestiona, “para resolver la pobreza de Honduras, mejor que se ponga a resolver la pobreza de Chiapas, de Oaxaca”, resume.

El investigador está seguro de que reactivar la economía por parte de México en Centroamérica sería poco efectivo. El gobierno de López Obrador, dice, debería consensuar políticas migratorias con los países de Centroamérica: “no le veo ninguna viabilidad a ningún programa de cooperación que sea unilateral”.

Explica que en el pasado México ya intentó hacer políticas de cooperación con Centroamérica, pero al final el gobierno mexicano terminó siendo poco consistente.

El secretario de Seguridad y Atención Ciudadana Alfredo Durazo aseguró el lunes en entrevista con el periódico Milenio que los esfuerzos de la Iniciativa Mérida podrían destinarse al desarrollo de regional “o bien al crecimiento y consolidación de la Guardia Nacional”.

Pero este martes, López Obrador no secundó la versión de Durazo: “la propuesta que estamos haciendo es la del plan de desarrollo para el sureste y los países centroamericanos. Queremos que la inversión se dedique a las actividades productivas y a la creación de empleos; no queremos helicópteros artillados, no queremos recursos para otro tipo de apoyos militares, lo que queremos es producción y trabajo”.

Presión migratoria

Documentos de este año del Servicio de Estudios del Congreso de Estados Unidos aseguran que “el gobierno mexicano ha encarado la presión de los Estados Unidos para contener y dispersar la recientes caravanas de Centro América que transitan por el país”.

El gobierno estadounidense no ha mostrado ninguna intención de modificar su postura migratoria hacia Centroamérica con un viraje hacia la inversión en programas de desarrollo.

Según los documentos del Congreso de ese país, Donald Trump  hizo una solicitud de 76 millones de dólares para la Iniciativa Mérida pero “no solicitó financiamiento para la gestión de la migración”.

En el mismo documento refiere que “Para 2019, los fondos de los Estados Unidos tienen como objetivo ayudar a México recopilar información biométrica que pueda interactuar (Sic) con los E.U.A . con bases de datos en todas sus estaciones de migración”.

Leticia Calderón, doctora en ciencias sociales y experta en migración, explica en entrevista que la Iniciativa Mérida es, sobre todo, la modernización del control de la frontera, la creación de un aparato de élite y una “intervención norteamericana no directa”. La académica explica que lo indicado es que si va a existir la Iniciativa Mérida, debe ser más transparente la forma en que opera.

-¿Idealmente debería de existir?

-Nada de Iniciativa Mérida, lo ideal sería no tener ningún tipo de compromiso con Estados Unidos. Porque ha sido un nivel de presencia constante y que no ha sido muy clara y que tiene un componente militar muy fuerte, que compromete al país.

-¿La generación de empleo es suficiente para tratar el tema migratorio?

-Es lo mínimo obvio que se necesita, ni siquiera diría que es empleo sino buenos salarios. Lo cual no está incluido, porque estás pensando en una mano de obra muy barata.

La especialista asegura que los esfuerzos no sólo se deberían de dar en materia de salarios y empleos, sino también se deberían de dar por el fortalecimiento de la democracia y la justicia social en Centroamérica.

La doctora Calderón asegura que el gobierno mexicano tiene un discurso correcto “en el sentido que el diagnóstico que se tiene del proceso migratorio”, pero asegura que “esa idea de desarrollo de inyectar recursos es muy de los años setenta”. La investigadora celebra “el cambio de narrativa, pero creo que es muy limitada la manera, en que públicamente, se ha planteado”.