El 28 de mayo se cumplieron 17 años de una de las peores represiones en Jalisco. El actual Fiscal General de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, sigue señalado como uno de los funcionarios públicos que autorizaron la tortura contra manifestantes altermundistas que protestaron en 2004 en Guadalajara. Este reportaje presenta los testimonios de Salvador y Felipe, dos jóvenes que fueron torturados

Texto: Francisco Vázquez/Zona Docs

Foto Portada: Ivonne Ojeda / aXioma

GUADALAJARA.- Salvador Aranda Rodríguez cayó al piso. Un golpe lo hizo doblarse y un aventón completó el quiebre. Estudiante de preparatoria, que por las mañanas prepara chocomiles y jugos en un tianguis de la colonia Miravalle, en Guadalajara, no olvidará el viernes 28 de mayo de 2004. Aquella noche, un policía lo llevó al sótano de la Secretaría de Seguridad Pública en la capital tapatía.

Su único “delito” fue haber presenciado la marcha de altermundistas que protestaban contra la III Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, que durante la última semana de mayo acaparó la atención de la opinión pública internacional.

Salvador no participó en la marcha, ni en las agresiones posteriores de una veintena de personas contra la valla de policías antimotines. Tampoco formó parte de los que, aprovechando el desorden, hicieron pintas en paredes y negocios, rompieron cristales de bancos y locales comerciales, y destruyeron jardineras y teléfonos públicos.

Él se dirigía a casa cuando en la esquina de las avenidas Revolución y 16 de Septiembre, en pleno centro de la ciudad, un uniformado lo detuvo.

En las siguientes 48 horas conoció en carne propia lo que significa la tortura. Mientras esto ocurría, el gobernador de Jalisco, el panista Francisco Ramírez Acuña, despedía a los últimos mandatarios de América Latina y Europa y la televisión mostraba una y otra vez las imágenes de los destrozos en el centro de la ciudad, y la manera en que un grupo de policías resistía (esa era la orden) golpes con palos, barrotes y manos, durante 40 minutos.

Los noticieros de televisión contribuyeron a crear una imagen negativa de todos los manifestantes, repitiendo el discurso de las autoridades, en el sentido de que se trataba de “fuereños que habían venido a incendiar la ciudad.”

“Si hubieran detenido a los provocadores en el momento, ahí habría terminado todo”, sostienen la videoasta tapatía Afra Mejía y el académico de la Universidad de Guadalajara, Jorge Gastón, quienes junto con otros inconformes han reconstruido gran parte de los sucesos del 28 de mayo a través de un video y una animación.

En el video se observa una marcha pacífica hasta que llegan los primeros contingentes al cruce de las avenidas 16 de Septiembre y Juárez; entonces por la calle Pedro Moreno aparecen alrededor de 20 personas cubiertas de la cara, con cascos industriales, palos y teléfonos celulares. A estas personas se les ha identificado como los “esquiroles o provocadores” porque fueron los que tumbaron las vallas y agredieron a los policías.

 De las 10 mil personas que se calcula participaron en la marcha, un porcentaje mínimo se sumó a la batalla y la mayoría, según se ve en las imágenes, caminaron hacia el templo de San Francisco, ubicado en dirección contraria de donde estaban las distintas corporaciones policíacas. Lo que no resultó tan difundido por los medios electrónicos es que, en aquella ocasión, tras los primeros 40 minutos de resistencia, los elementos policíacos entraron en acción: se lanzaron a golpear y a detener los que les parecían sospechosos en una amplia zona del centro de la ciudad, en lugares tan dispares como el restaurante El Lido, e incluso dentro de las instalaciones de la Cruz Roja y la Cruz Verde.

Hubo quienes fueron detenidos antes de abordar un taxi o, como Salvador, cuando esperaba el camión. Las redadas concluyeron alrededor de las dos de la mañana. Los 20 provocadores que respondieron la señal de ataque, desaparecieron misteriosamente.

«Ustedes son los culpables y se van a chingar»

“Me traían como pelota: a putazos entre uno y otro”, dice Salvador, refiriéndose a su llegada a los separos. Lo acostaron boca abajo durante varias horas, con las manos en la nuca. Si levantaba la vista lo golpeaban, y cada cierto tiempo le dejaban caer encima cascos y escudos policíacos o bien caminaban encima de él. Lo jalaron de los cabellos. También lo mantuvieron tres horas parado con las piernas abiertas frente a la pared. Esa primera noche sólo le permitieron dormir un par de horas.

“Nos preguntaron: ‘¿quién quiere ir al baño?’ Un cuate y yo levantamos la mano. Antes de llegar al baño había un pasillo oscuro y al comenzar a cruzarlo varios chotas [policías] comenzaron a patearnos. Al cuate lo obligaron a usar el agua del mingitorio para lavarse las manos”.

“¿Ya vieron como dejaron el centro, pinches chilangos?”, “se los va a llevar la verga” y “a los derechos humanos me los paso por los huevos”, fueron parte de las vejaciones verbales hacia Salvador y otros 117 detenidos. En el lugar también estaba un policía con las dos piernas quebradas. “Ustedes son los culpables y se van a chingar”, les decían y los separaban por grupos: extranjeros, hombres y mujeres. “Vi a gente muy golpeada, a los chilangos les cargaban más la mano”, relata.

El sábado (al día siguiente de la manifestación), a los separos llegó el procurador de Justicia de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, acompañado de una mujer con guantes, bufanda, gorra y lentes oscuros. Después de conversar entre ellos, decidieron liberar a los que tenían mejor aspecto. “Los más lacras nos chingamos”, cuenta Salvador. La mujer lo miró de frente, de perfil, lo comparó con una fotografía y lo mandó hacia atrás. “¡Ya valí madre!”, pensó Salvador. Lo acusaron de motín, pandillerismo, resistencia, desobediencia y daño a la propiedad ajena.

La prueba en su contra es una foto en la que un tipo con tenis rojos quebra el vidrio de un banco HSBC con un tubo. El de la imagen es alto, moreno y gordo; Salvador es delgado, güero y bajo de estatura. La única coincidencia era el color de los tenis.

Así, mientras Salvador era torturado la tarde del sábado 29 de mayo, el gobernador Ramírez Acuña –anfitrión de la Cumbre- se encontraba en una comida que su equipo político había organizado a favor de Felipe Calderón Hinojosa, aspirante en ese entonces a la candidatura presidencial por el Partido Acción Nacional.

En los días posteriores, el presidente Vicente Fox les llamaría la atención a Calderón Hinojosa y a Ramírez Acuña; el primero, molesto, renunció a su cargo de secretario de Energía y el segundo le contestó a Fox: “A mí sólo me regañan los jaliscienses”.

Compañeros de dolor

Las noches del sábado 29 y domingo 30 de mayo, Salvador siguió siendo torturado. De los 118 detenidos inicialmente, fue incluido dentro de los 45 a los que se les fincaron cargos. El resto fue liberado en el transcurso del fin de semana. El lunes ingresó al Centro de Readaptación Social. “Fui a declarar ante un Ministerio Público, quien escribió lo que quiso”.

Por increíble que parezca, Salvador se considera afortunado. Él salió la noche del martes 2 de junio con el pago de una fianza de 36 mil pesos. Estuvo obligado a ir a firmar cada semana a la cárcel, mientras la justicia decidía si era culpable o inocente.

No fue el caso de Francisco Felipe García, de 24 años, quien permaneció preso. Albañil del Estado de México, se encontraba en Guadalajara haciendo unos trabajos de remodelación en la tienda Milano ubicada en el centro de la ciudad. El gerente de la tienda afirmó ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que Francisco permaneció dentro del negocio durante la protesta.

Su declaración no sirvió para sacarlo de la cárcel:

“Aquí hay de todo, cuates que están filmados haciendo dagas e inocentes, por eso la estrategia en el proceso es diferente. Pero no se vale que los hayan torturado y que todavía estén en la cárcel”, cuenta un abogado que prefiere el anonimato, afuera del penal de Puente Grande, Jalisco.

Francisco Felipe García es un tipo serio, desconfiado. “No voy a salir en tres o cuatro meses”, afirmó en diciembre de ese año, pese al relativo optimismo del abogado de una ONG que siguió su caso y que lo imaginaba fuera para el 24 de diciembre. Francisco Felipe tuvo razón. La noche de Navidad la vio desde su celda.

Felipe García pudo abandonar la cárcel con el pago de una fianza de 152 mil pesos, pero ni en sueños había visto junta tal cantidad. Su hermano apenas sobrevivía en la ciudad de México y su madre, sola, humilde, se consumió en la tristeza en un rancho cercano a Toluca. Francisco Felipe García era su sostén económico. “No quiero que venga a verme a la cárcel”, le dijo.

Un domingo de principio de diciembre de 2004, día de visita familiar, Francisco Felipe se encontraba en las orillas del área común de la cárcel, alejado del bullicio familiar. Hablaa poco, tipo sencillo, sin estudios. Hubo que sacarle las palabras en esa hora en que lo veía dentro del penal de Puente Grande. Lo miré a los ojos. Hablaba poco, repito, pero tenía carácter. Un reo intentó agarrarlo de bajada, Francisco se defendió y por ello fue a parar a la celda de castigo.

Camino a la puerta de salida, Francisco Felipe me habló un poco más. Ya no se lamentaba de su suerte; prefería comentar de la importancia de hacer equipo tanto para cuidarse dentro de la cárcel, como para salir más pronto a la calle. Eso lo dijo en diciembre de 2004. Hoy sigue preso ante la falta de 152 mil pesos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dictaminó que Francisco Felipe García, de 24 años y profesión albañil, fue detenido ilegalmente.

Por el contrario, el Ayuntamiento de Guadalajara dio a sus policías un bono y un diploma por su trabajo durante el 28 de mayo. “La policía se llevó diez y nota”, afirmó el alcalde de Guadalajara, el panista Emilio González Márquez, en un acto celebrado a finales de junio.

Lecturas encontradas

En los primeros días posteriores al 28 de mayo, la prensa de Jalisco mostró mayoritariamente la versión gubernamental, pero poco a poco comenzaron a surgir testimonios de lo que padecieron los detenidos, como la fotógrafa regiomontana Liliana Galaviz que sufrió un traumatismo craneoencefálico a consecuencia de los golpes recibidos en los separos; Jorge Octavio Castilla Gutiérrez, a quien le cubrieron la cara con una bolsa de plástico y le dieron toques eléctricos o, a Karen, obligada a desnudarse y hacer sentadillas mientras era observada por mujeres y hombres policías.

“Son delincuentes”, afirmó el gobernador en la ceremonia de entrega de reconocimientos a policías, por parte del Ayuntamiento tapatío. “Es una de las estrategias de la defensa para ablandar a la autoridad”, dijo el procurador Gerardo Octavio Solís Gómez. Y hasta el cardenal Juan Sandoval Iñiguez opinó en contra de los jóvenes detenidos: “Que no se hagan las víctimas”, fueron sus palabras, consignadas por la prensa.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) comenzó una investigación desde el mismo 28 de mayo, que terminó el 16 de agosto con la presentación de un informe especial por parte de su presidente, José Luis Soberanes.

La CNDH concluyó que “(hubo) detenciones arbitrarias, retenciones ilegales, tratos crueles y degradantes, incomunicaciones y torturas”. A los detenidos no les permitieron hacer una llamada telefónica ni contar con un abogado, y a los visitadores de la CNDH se les permitió entrar a los separos hasta 36 horas después. Además de acreditar 19 casos de tortura, la CNDH constató que las policías estatal y municipal realizaron razzias en las inmediaciones del centro histórico deteniendo a personas que les parecían sospechosas por su apariencia física y sin constatar si, efectivamente, habían participado en los hechos y sin importarles si estaban heridos.

La Comisión contó 118 detenciones (incluidos ocho extranjeros que fueron deportados inmediatamente), de las cuales 45 personas fueron remitidas a la autoridad correspondiente (cinco al Consejo Paternal) y el resto fueron dejadas en libertad. Soberanes recomendó al gobernador y al alcalde tapatío investigar y sancionar a los responsables.

“En Jalisco no hay represión ni tortura”, respondieron Ramírez Acuña y Emilio González Márquez, el 17 de agosto, en un video de nueve minutos que se transmitió en el Canal 4 de Televisa. En los primeros siete minutos se mostraron imágenes de los manifestantes grafiteando muros, rompiendo vidrios y agrediendo a policías, después aparecieron el gobernador y el alcalde sentados y con las banderas de México y de Jalisco al fondo. Los dos también negaron la posibilidad de ordenar una investigación interna.

Algunos organismos internacionales se han pronunciado sobre el 28 de mayo. El comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos en México, Anders Kompass, dijo el 2 de septiembre:

“Si el gobierno no investiga los acontecimientos se podría dificultar de manera importante la promoción de negocios hacia México y Jalisco. Esto es algo que ya se comenta en Europa”.

El 1 de diciembre, Amnistía Internacional comentó que el caso de la capital jalisciense es “una vergüenza mundial”, en un informe presentado en su sede en Londres, Inglaterra.

En la Feria del Libro de Guadalajara, celebrada la última semana de noviembre del 2004, escritores como el español Juan Goytisolo, el portugués José Saramago y el mexicano Carlos Fuentes firmaron una carta a favor del esclarecimiento de los hechos. Adolfo Aguilar Zínzer, ex representante de México ante la ONU, dijo en el mismo marco de la Feria del Libro que ignorar un informe de la CNDH, como lo hizo el gobernador Ramírez Acuña, es un acto “de una impunidad monumental”.

Otra de las descalificaciones de Ramírez Acuña es que los enjuiciados eran personas provenientes de otros estados del país. Sin embargo, esto no fue del todo correcto: de las diez personas que permanecían en la cárcel en diciembre, ocho eran jaliscienses, uno del estado de México y otro de Nuevo León.

No era la primera vez que Ramírez Acuña mostraba desdén por los derechos humanos. El 4 de mayo de 2002, más de 200 agentes municipales, estatales y federales realizaron una redada en una fiesta rave en Tlajomulco de Zúñiga, a las afueras de Guadalajara.

En un operativo antidrogas, los agentes ordenaron a alrededor de 1,500 jóvenes que se tiraran al piso; los que opusieron algún tipo de resistencia o pidieron alguna explicación recibieron golpes de culata.

En el mismo operativo varias mujeres fueron agredidas sexualmente. Muchos recibieron pisotones y una lluvia de palabras altisonantes durante tres horas. El saldo: 60 denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Cuestionado al respecto, el gobernador declaró:

“No vamos a permitir que se estén dando este tipo de francachelas o de verdaderas orgías”, y cuando se le preguntó por las quejas ante la CEDH, el mandatario razonó: “Si quienes violan la ley se quejan, pues que se quejen”.

Víctimas, victimarios

Organizaciones y ciudadanos han levantado un frente común de resistencia para exigir castigo a los culpables y pedir la liberación de los diez encarcelados. Desde el 17 de agosto de 2004 mantuvieron un plantón frente al Palacio de Gobierno y cada día 28 del mes realizaron una marcha. El grupo se ha ido mermando: a la marcha de noviembre de ese año asistieron alrededor de 50 personas. Salvador Aranda Rodríguez, el joven de los tenis rojos, fue ajeno al grupo de manifestantes antes del 28 de mayo y lo sigue siendo ahora. Es el caso de alguien que estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada.

¿Te da miedo salir a la calle?, le pregunto seis meses después de sufrir el curso intensivo de tortura que lo llevó hasta el diván de un psicólogo. “En un principio sí. Pensé en irme a Estados Unidos”, me contestó.

Platico con él en una cafetería del centro comercial Arboledas, a principios de noviembre. “Ya me pasó, ya ni pedo”. Contrario a Arturo Rossaud (también torturado), Afra Mejía (presente en la marcha) o Eduardo Carvajal (liberado hasta mediados de diciembre), a quienes se les escucha cierta formación ideológica, Salvador emplea un lenguaje sencillo. Habla de su temor cuando se encuentra con policías en la calle. “Pero más que por mí, tengo miedo de lo que puedan hacerle a mi familia”, agrega.

En la elección del 2003 votó por el PAN: “¡Ándele, por pendejo!”, dice, esbozando una sonrisa.

¿Cómo sobrellevaste los golpes?, le pregunto a Salvador, quien mira hacia fuera de la cafetería antes de responder: “Con mucho miedo y rabia. Si hubiera participado, ni pedo, pero yo no hice nada”. Más que por el gobernador, Salvador siente rabia hacia el procurador Gerardo Octavio Solís Gómez, quien estaba a un lado de la misteriosa mujer que lo señaló dentro de los separos: “¡Es un cretino!”, señala. Hoy Solís Gómez es el Fiscal General dentro del gobierno del partido Movimiento Ciudadano que prometió «refundar Jalisco».

En un principio comenzó a escribir su testimonio y a buscar firmas de apoyo entre los vecinos de su colonia para dar a conocer su historia. Dejando a un lado la solidaridad de sus conocidos, de otras personas recibió recriminaciones del tipo, “eso les pasa por destruir la ciudad”, o escepticismo ante el comentario de que fue torturado. “Si ellos hubieran vivido lo que yo…”, dice, con decepción.

Un día habló al programa de televisión GDL Denuncias, del Canal 4 de Televisa, a la telefonista le contó un poco de su historia dentro de la cárcel, pero la conductora Rocío López Ruelas leyó al aire que “Salvador Aranda Rodríguez manda saludar a su hermana que vive en Tonalá”.

Guadalajara es grande, pero eso no significa que dos personas no puedan volverse a encontrar. Un día, Salvador se topó con uno de sus torturadores vigilando un banco localizado en el cruce de las calles Niños Héroes y la Calzada Independencia. En otra ocasión, frente a su puesto de jugos y chocomiles pasaron dos policías cuyos rostros jamás olvidará.

Miravalle es una colonia que hospeda a tipos rudos. Pandilleros del barrio le dijeron que si se la quería cobrar con los policías que lo torturaron, ellos le ayudaban por una lana. “No puedo responder de la misma manera, con violencia. Me interesa más que esto se sepa”.

Antes de despedirnos, me contó que en unos días más tenía un careo con los policías que lo acusaron. “¿Crees que deba presentarme?, en mi familia me recomendaron que te preguntara”. Le digo que si no va, le afectará en su proceso judicial. Unos días después me entero de que prefirió quedarse a preparar chocomiles en lugar de ir al juzgado.

“En Jalisco se respeta la ley”, afirmaba de manera constante el gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, montado en su macho e ignorando el informe de la CNDH, así como los comentarios del representante de la ONU en México, Anders Kompass; los pronunciamientos de Amnistía Internacional, del Parlamento Europeo y de Human Rights Watch.

El gobernador se mantuvo en su postura de no ver ni oír a los torturados, ni a los familiares que montaron el plantón permanente de manifestantes frente a su oficina en Palacio de Gobierno. Y también menospreció el sentimiento y la dignidad de Salvador Aranda Rodríguez, el joven de los tenis rojos y del albañil Francisco Felipe García.

*Este trabajo fue publicado originalmente en ZONADOCS, que forma parte de la Alianza de Medios de la Re de Periodistas de a Pie. Se reproduce con autorización del medio. Aquí puedes revisar la publicación original.