Un grupo de ejidatarios taló 9 hectáreas en el área natural protegida del Ajusco, lo que sería un delito ambiental; para ello recibieron el apoyo de la alcaldía La Magdalena Contreras. Semanas antes, la alcaldesa con licencia de la demarcación, Patricia Ortiz, arrancó su campaña de reelección con el espaldarazo de estos ejidatarios, con quienes promueve la creación de proyectos productivos
Texto: Arturo Contreras Camero
Fotos: Duilio Rodríguez
CIUDAD DE MÉXICO.- Desde esta parcela en la cordillera del Ajusco, la vista de la ciudad es espectacular. Los restos del lago de Texcoco se miran como un espejo celestial al final de la mancha urbana, allá por donde iba a ser el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hasta hace unos meses, este páramo estaba oculto por el bosque, y la vista, escondida detrás de las ramas.
A las orillas de la parcela, bordeando la tierra recién removida, unos pilotes de madera empiezan a dibujar un cerco. La madera se ve fresca, tierna, está recién cortada. “Esto es un delito ambiental”, dice tajante uno de los ejidatarios que guían el recorrido por esta porción del bosque recién destruido. El grupo pide anonimato por miedo a represalias políticas.
En medio de una de las parcelas un trascabo está estacionado. Por las marcas en la tierra, los pobladores deducen que el día anterior quien usó la retroexcavadora acarreó los árboles removidos a la orilla del terreno desde la que miran. Detrás de ella, un tractor, con el logotipo del gobierno de la alcaldía Magdalena Contreras, como el que ha estado en el paraje en los últimos días, removió la tierra para dejarla lista para la siembra. Este paraje está a resguardo por los ejidatarios de San Nicolás Totolapan, ellos pueden decidir su aprovechamiento y uso; sin embargo, al ser área de conservación, no está permitido desmontar el bosque.
El terreno, según se dice entre los ejidatarios, es propiedad de Rodolfo Terán, comisario ejidal de San Nicolás Totolapan, quien se lo compró a otro ejidatario. A lo largo de la última década, este comisario ha ganado poder político y territorial, por lo que es un actor importante para las campañas electorales en curso. Tanto, que desde antes del inicio de la campaña, Patricia Ortiz Couturier, alcaldesa con licencia de la demarcación que busca reelegirse, se acercó a él para sumarlo a la colección de apoyos políticos. Además del espaldarazo del ejidatario, Couturier conjuga la simpatía de uniones de tianguistas, taxistas y transportistas.
“Esta mancuerna es sumamente importante para Contreras, porque buscamos impulsar, durante 2021-2024, diferentes proyectos en favor de la naturaleza y el campo”, dice un mensaje en las redes sociales de la candidata a alcalde del 13 de mayo pasado, cuando Rodolfo Terán se sumó a la campaña.
“La gente cree que es como un semidiós y les hablas mal de él y lo protegen. Es inteligente, es un tío que sabe manejar a la gente. Más que inteligente, es astuto, porque sabe manejar las necesidades del pueblo”, dice sobre el comisario uno de los estos ejidatarios del recorrido.
Los demás concuerdan. Lo describen como un cacique de la vieja escuela. El comisario paga con favores a su círculo de ejidatarios cercanos y atropella los derechos de los que se le oponen.
A pesar de ya haber sido comisario de 2013 a 2016 y de fungir en el cargo desde 2018, Rodolfo Terán no era ejidatario de San Nicolás Totolapan hasta hace un año. “Se hizo ejidatario de manera amañada, primero disque le compró los derechos ejidales a Gabriel Mendoza”, cuenta otro de los ejidatarios de la comitiva.
Eventualmente un tribunal agrario aceptó que la cesión de derechos ejidales de Gabriel Mendoza a Rodolfo Terán no era válida, por lo que su ejercicio de 2013 a 2016 no fue legítimo. Antes de morir, Gabriel Mendoza recibió amenazas y fue agredido físicamente por Rodolfo, según cuentan los ejidatarios. No obstante, a la muerte de Gabriel, Rodolfo heredó sus derechos comunales, supuestamente bajo la voluntad del occiso, lo que lo amparó para un segundo periodo como comisario.
El comisariado es el órgano encargado de manejar los recursos de conservación forestal que asigna el gobierno federal o el de Ciudad de México; por ejemplo, hasta antes del gobierno de Claudia Sheinbaum por cada una de las mil 800 hectáreas de bosque que cuenta el ejido se le asignaban cerca de mil pesos mensuales como presupuesto de conservación. Ahora, el presupuesto se eleva a 6 mil pesos por hectáreas; sin embargo, este dinero no ha servido para detener la tala clandestina, la invasión y el deterioro del suelo de conservación.
Desde su llegada al comisariado ejidal, Rodolfo Terán se interesó en la parcelación y titulación de las tierras ejidales; a través de su inscripción en el Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar, el Fanar. Se trata de un fondo que otorga recursos por la conservación del territorio ejidal; sin embargo, sus intenciones apuntaban más a la especulación inmobiliaria de terrenos urbanizables en los linderos de la carretera Picacho-Ajusco.
Unos días antes de que iniciaran los trabajos en este pedazo de monte, un incendio azotó estas tierras. Entre la tierra suelta aún se ven las bases de pastizales quemados. En algunos, la naturaleza brota en retoños.
“Es posible que el incendio lo hayan provocado ellos mismos, es una manera más rápida de desmontar y meter los tractores”, dice con suspicacia uno de los ejidatarios.
No lo pareciera, pero ésta es una escena de crimen. La tierra lista para la siembra y los árboles talados constituyen varios delitos ambientales entre los que cuenta la remoción de suelo de conservación, la tala clandestina y el cambio de uso de suelo forestal, todo realizado con maquinaria de la alcaldía.
“Aquí se supone que hace unos días –alrededor del jueves 13 de mayo– subió la Corena, la coordinadora Silvia Philippe”, cuentan los ejidatarios. “Los agarraron con las manos en la masa, y uno supondría que van a hacer las denuncias pertinentes”. Pero hasta el momento, los trabajos en la zona continúan.
Según una medición hecha a través de fotografías satelitales de las plataformas de Google, los habitantes identifican un área bardeada de cerca de 9 hectáreas, de las cuales 5 están listas para su aprovechamiento agrícola.
“El dinero para hacer todo esto –dice otro de los ejidatarios mientras mira alrededor– sí requiere una inversión fuerte. La mano de obra son de al menos 2 o 3 mil diarios, y sí lleva más de 25 o 30 días; más la renta de la maquinaria y los motosierreros que vinieron a cortar los árboles, aunque seguro a ellos les pagaron con la misma madera que sacaron. Se las llevan supuestamente con un permiso de uso doméstico, aunque esa madera debería ser solo de la que se cae, no de la que cortan”.
Los «motosierreros» son personas que se dedican al procesamiento de madera del bosque. A pesar de que su labor es ilegal, la tala clandestina en la zona permite su proliferación.
Es probable que el cambio de uso de suelo de esta parcela, especulan los ejidatarios, sea para inscirbirla en el programa federal Sembrando Vida. Con ello, el ejido de San Nicolás ganaría una asignación de recursos mayor a la que tiene por los servicios de conservación que presta.
Además de la tala y el cambio de uso de suelo ejidal y de conservación, durante las últimas décadas San Nicolás Totolapan ha visto cómo sus tierras fueron devoradas por la voraz mancha urbana. La invasión de terrenos, seguida de la creación de asentamientos irregulares llenó el estos cerros de casitas.
Para detenerlo, el comisariado ideó una solución que solo promovió más urbanización: la creación de un muro para separar el bosque de la selva de concreto. Soluciones como estas se han intentado alrededor de colonias como los Pedregales de San Nicolás que rodean a la colonia Héroes de Padierna; en las faldas del Ajusco. El resultado: alrededor del muro se crean servicios de luz, pavimentación y drenaje, lo que facilita a los invasores instalarse en los linderos acelerando la misma urbanización que se buscaba evitar.
Por si fuera poco, las personas del recorrido aseguran que la asignación de los recursos para la construcción de este muro es irregular; nunca se consultó en la asamblea correspondiente, el fin, asegura un ejidatario es ganar control político:
“Se está fortaleciendo él, porque tiene recursos para hacer estas cosas y se las está invirtiendo la campaña de Patricia Ortiz. Van a todas las colonias en donde carecen de servicios como Tierra Colorada, El Gavillero, la parte alta de Iztlahuatonco, en vía chiquita, El rincón, en Los cedros, La Agüita, Totolapan, en donde ellos tienen el dispendio de agua bien controlado pues llegan, prometen regularización y así se van”.
Durante la campaña de la alcaldesa con licencia, los recorridos por algunas de estas colonias ha sido particularmente bien recibido.
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