Los jornaleros a cargo del corte de la caña ganan poco menos de 40 pesos por cada tonelada cortada. Los contratistas niegan cualquier relación con ellos y así también sus derechos laborales. “Ni sabemos qué son los derechos, a nosotros solamente nos toca trabajar hasta morir”

Por Ariane Assemat* / Campo Justo

Jorge tiene 40 años, es originario de una comunidad Naua en el municipio de Copanatoyac, montaña de Guerrero. Desde los 8 años, dejó la escuela para migrar con su padre al estado de Morelos, aprendiendo el duro oficio de cortador de caña. Cada año, como él, decenas de miles de hombres, en su gran mayoría migrantes indígenas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, son reclutados para trabajar como jornaleros en otros estados de la república como Morelos, Veracruz o Jalisco, en la temporada de la zafra, que dura de octubre a mayo. Jorge nos comparte la cruda realidad a la que se enfrentan los jornaleros.

Para este trabajo, no existe un salario, sino un pago por tonelada de caña cortada, ridículamente bajo: “la caña la pagan por tonelada, entre 36 y 40 pesos. Dependiendo de cómo le eches ganas, pero, aunque le eches ganas no ganas porque los precios son muy bajos, trabajamos hasta de noche, pero no ganamos suficiente. En los días muy buenos, cortamos hasta 6 toneladas, pero cuando la caña está fea, cortamos 3 toneladas.”

Las condiciones de trabajo son extremadamente duras: “Yo como empecé de niño a cortar la caña, me descuidaba mucho con el machete. Los que tienen más experiencia se fijan dónde va el machete, pero empezando el trabajo todos se cortan. Desde que empecé hasta ahora, creo que tengo como siete cortes, es horrible porque los machetes son muy filosos, nada más con un pequeño descuido nos llegamos a cortar.”

Además, aunque estén registrados ante la seguridad social, a los cortadores de caña no se les hace valer ninguna prestación cuando se accidentan: “A mí, los días que descanso, nunca me los han pagado. En la hojita viene que nos los van a pagar, pero nosotros no sabemos con quién acudir, solo con el médico que nos dice que tenemos que estar en reposo, nos regañan porque nos dicen que no obedecemos, nos dice que no trabajemos cuando estamos enfermos. Nos recomiendan hasta 7 días de reposo, pero no llegamos a cumplir los días porque tenemos que pagar la comida.”

La pregunta del millón entonces es ¿quién emplea a los cortadores de caña? Dice Jorge: “Pasa que ahí no conocemos quien es el patrón, nadie conoce el patrón, únicamente hay ingenieros que nos revisan el trabajo, si no lo hacemos bien nos descuentan. Pero no logramos negociar porque no hay con quien.”

Los “ingenieros” a los que se refiere Jorge, vienen por parte del Ingenio “Emiliano Zapata”, parte del grupo Beta San Miguel. En su página, se ostenta como “El mayor productor de azúcar de caña del país”, con 11 ingenios repartidos en diferentes estados de la República. Aunque los cortadores de caña responden únicamente a los “ingenieros”, el corporativo Beta San Miguel niega tener cualquier tipo de relación laboral con ellos. Y efectivamente, ante el IMSS los jornaleros están registrados por uniones de productores de caña, quienes siembran en sus parcelas la caña pero que no tienen ningún tipo de contacto con los jornaleros.

Es así que los patrones logran disimular la relación de subordinación con sus trabajadores, evadiendo sus obligaciones de ley, como lo son la jornada de 8 horas, el pago de un salario diario, dar herramientas de trabajo, y hacerse responsables ante los frecuentes accidentes que ocurren ante un oficio sumamente riesgoso, entre otras.

Viéndolo así, pareciera que la Ley Federal del Trabajo y del IMSS no son más que un conjunto de indicaciones facultativas para los patrones: “la verdad ni sabemos qué son los derechos, a nosotros solamente nos toca trabajar hasta morir. Nadie sabe si hay una ley que nos protege… a lo mejor sí existen estas leyes, pero no se ven con hechos, solamente nos dicen que existe en el papel.”

Las condiciones de trabajo de los cortadores de caña son, a todas luces, indignantes. Desde la Alianza Campo Justo, vemos con agrado que la actual Secretaría del Trabajo y Previsión Social Luisa María Alcalde busque limitar las formas más brutales de opresión a través de la regulación del outsourcing. Esperamos que la STPS tome las acciones necesarias para que cese la esclavitud moderna a la que están sometidos los cortadores de caña.

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