Este grupo de comuneros de Milpa Alta trabaja para detener la tala clandestina en sus bosques. Sin embargo, sus esfuerzos van más allá: buscan recuperar las asambleas comunitarias. El sistema de partidos políticos en Milpa Alta es la principal amenaza a los bosques, acusan; y creen que la mejor forma de rescatarlos es recuperar la organización comunitaria

Texto: Arturo Contreras Camero

Fotos: Cortesía Movimiento Tipilaltepemeh

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de la ciudad lo acepta: para detener la tala clandestina en los bosques de la ciudad se necesita el apoyo de la Guardia Nacional. Al menos eso reconoció la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Aunque sin ellos, este grupo de brigadistas y comuneros del oriente de Milpa Alta ha mantenido a raya este tipo de delitos ambientales; por eso piden que si llega la Guardia, se coordinen con ellos.

“La cuestión es que si vienen a resolver nuestros problemas, perdemos autonomía”, dice con cierto coraje Víctor Jurado Vargas miembro del Movimiento de comuneras y comuneros de conciencia Tipilaltepemeh y habitante de Santa Ana Tlacotenco, uno de los nueve pueblos de Milpa Alta que resguardan la entrada a una parte de lo que queda del bosque del agua, al sur de la Ciudad de México.

“Querían establecer un campamento de la Guardia Nacional allá arriba. Nos opusimos”. Asegura que la incursión podría convertirse ocasionalmente en una amenaza. “Si llegan a establecerse allá arriba, ¿sabes cuándo los vas a volver a sacar? Sobre todo teniendo una comunidad desorganizada. Ya no los sacas. Entonces dijimos ‘sí, que vengan, pero primero va la comunidad, después la Profepa –la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con quienes asegura tener un trabajo muy cercano– y al final, casi como que de cola, la Guardia. Y así como entra, se va. No queremos nada permanente aquí”. 

Según Víctor, los recorridos que ha hecho la Guardia Nacional de poco han servido. “Van, se empolvan y luego se van. […]. [Pero los talamontes] tienen radios, tienen equipos, entonces cuando llegan los de la Guardia, van y se esconden, se hacen tontos”. 

La  brigada de Tlacotenco donde colabora Víctor es de las pocas, según dice, que ha tomado acciones contra la tala clandestina y la caza furtiva. No es una tarea que se mande en el manual operativo de las brigadas forestales; normalmente se dedican a combatir incendios forestales, reforestar y dar mantenimiento a las brechas cortafuegos y en general a estos bosques. El mandato viene de la asamblea comunitaria que recién empieza a retomar su vida pública en Santa Ana Tlacotenco.

Al respecto, Donaji Meza acota: “Según los acuerdos que se tomaron en asamblea sobre las vigilancias comunales, acordamos que los brigadistas están 24 por 24, y es algo que ha costado. Ya a varios años de este trabajo, los jóvenes y los compañeros están cansados, porque es diario. Se van turnando y tienen sus relevos, pero la parte de los operativos contra la caza, contra la tala es lo duro, porque suben a las dos o tres de la mañana al monte a inspeccionar”. Donaji también es parte del movimiento de comuneros de conciencia y voluntaria ocasional en las brigadas.

Conservar las costumbres es conservar el monte

El combate a la tala clandestina y el mantenimiento de los bosques es una tarea; desde que Claudia Sheinbaum llegó al gobierno de la ciudad la marcó como prioritaria. Tanto así que el presupuesto anual destinado a ello se duplicó desde el 2018; sin embargo tanto Víctor como ejidatarios de los bosques del Ajusco dicen que este dinero sólo ha servido para crear estructuras de control político y no para cuidar el medio ambiente. 

“Estamos hablando de que las políticas de conservación han sido muy erráticas. Todo parece indicar que hay desvío de recursos. Desde Corena –la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la ciudad– se  han manipulado a las brigadas comunitarias para dividir a la comunidad. Sus políticas pasan por encima de la misma comunidad, no hay un trabajo coordinado hacia la comunidad, como lo marca el Artículo 2 Constitucional. Les valen las asambleas, se las pasan por el arco del triunfo”.

Según la ley, las brigadas forestales deben ser ratificadas por las asambleas comunitarias o ejidales correspondientes; sin embargo, con la llegada de mayor presupuesto, nuevas brigadas sin el aval de los pueblos empezaron a surgir en el monte. 

Para poner un ejemplo, Víctor menciona una brigada recién creada en su pueblo. “El jefe de frente se nombró por la asamblea, pero se nos volteó y ahora es incondicional de la Corena y de la ingeniera Columba López –la titular de esa dependencia–. Este tipo tiene la consigna de dividirnos y dejar pasar brigadas de otros pueblos, que no tienen actas de asamblea. Además, es una joyita. Un día intentó golpear a uno de los compañeros de otra brigada, amenazó de muerte a varios compañeros y construyó en zona de barrancas –un flagrante delito ambiental–. Cualquiera de estos tres aspectos eran suficientes para que lo dieran de baja, pero Corena lo sigue respaldando”.

El pasado 4 de abril la jefa de Gobierno y la responsable de la Corena, Columba López, presumieron la integración de 4 mil 500 personas más a estas brigadas comunitarias. En lo que va de este gobierno, se han destinado 3 mil millones de pesos al suelo de conservación y áreas naturales protegidas por medio del programa Altépetl.

Esta lógica de brigadas como aparato político parece poner en jaque lo que queda de las autoridades tradicionales de Milpa Alta; al menos así lo percibe Víctor: 

“Este programa se inserta en la comunidad de Milpa Alta cuando está en franca degradación. Los partidos políticos, los funcionarios, nos han corrompido muchísimo. Ya no existe el espíritu de lo comunal en torno a la gente y a su territorio”.

Hasta hace unos 40 años, el sistema de partidos en Milpa Alta no tenía el mismo poder que ahora. La lejanía y la organización tradicional de Milpa Alta contenían sus alcances, según dice Donaji: 

“Antes había autoridades tradicionales, incluso antes teníamos lo que se conocía como un subdelegado. Había una autoridad en cada pueblo; pero con la llegada de los partidos políticos, nos han ido comiendo, han ido desapareciendo las autoridades tradicionales y la participación. Nada más ha quedado lo comunal, la pura tierra sin organización. Ese es uno de los problemas de los pueblos originarios: que no solo han ido perdiendo su vida política interna, sino toda su participación y conciencia en las generaciones”. 

Esta región al sur del Valle de México pertenece políticamente a la Ciudad de México, sin embargo, histórica y geográficamente ha estado tan alejada que eso parece nada más una adscripción centralista. 

“Aquí como que no se terminó de cuajar el sincretismo entre lo que son las autoridades políticas establecidas por los gobiernos, ya sea el de la corona en el Virreinato o del gobierno central desde el México Independiente”, continúa Donaji. “Entonces, tenía cada quién su espacio. El alcalde o delegado veía cuestiones de servicios administrativos, pero lo del territorio y el agua y las constancias correspondientes se guardó para las autoridades comunales, que recaen en el Representante de Bienes Comunales”. 

El último Representante Comunal, con capacidad legal para decidir sobre el territorio de la entidad, falleció apenas hace dos años y no se ha nombrado un sucesor. A finales de los setenta del siglo pasado, Aquiles Vargas y su suplente, Julián Flores Aguilar, el último representante comunal y su posterior sucesor, disputaron el cargo para hacer frente a muchos proyectos como minas de explotación forestal y de despojo del territorio que amenazaban las tierras de Milpa Alta con la anuencia del gobierno federal. En ese entonces cuentan que se formó una base social importante. 

Eso fomentó la participación y la toma de decisiones de forma comunitaria, pero conforme fue avanzando el tiempo, esa base se perdió, y con ella la vida comunitaria. “Como que les daba flojera pasar por asamblea decisiones importantes y la gente empezó a achacarles precisamente eso, que no se socializaban las decisiones”. 

A su paso, ese olvido dejó abierta la puerta al control político de la demarcación, marcado por los caprichos del partido en turno. “Entre la apatía y la información política, jurídica y territorial que se guardaron para sí los anteriores representantes comunales, dejaron muy endeble la situación de la comunidad. La gente tiene ya mucha apatía de participar porque dicen: es que siempre son los mismos y se van a robar equis o ye. Con esa apatía se ha multiplicado la tala y las invasiones al suelo de conservación”, explica Donaji. 

Con el paso del tiempo, y a falta de asambleas que regularan la actividad de los representantes de bienes comunales, la figura se convirtió en un cacicazgo de facto, mismo que fue tierra fértil para la cooptación por parte de los partidos políticos. 

Doble presupuesto, dobles fallas

Para demostrar la efectividad y la mala planeación de las políticas de la Corena, Víctor y Donají ponen dos ejemplos de los resultados de que esta dependencia tenga el doble del presupuesto. El primero fue un fiasco que las brigadas descubrieron a finales de septiembre pasado, que de no haber sido así, pudo haber desatado una crisis ambiental en lo que queda del Bosque del Agua. 

“Nosotros hicimos una denuncia –cuenta molesto Víctor–. Introdujeron miles y miles de plantas de ornato, de jardinería. Subieron un montón de plantitas de ornato al monte. Estamos hablando de plantas que costarán cinco pesos, cuando el costo de un arbolito para reforestar, por todo el proceso, calculo que está arriba de los 100 pesos. La que querían meter es una planta de origen africano, conocida como Rocío, y hay otra planta que se llama Dedo moro. Son plantas que cuando tú las introduces en zonas como esta, donde hay un equilibrio, donde hay una biodiversidad y un equilibrio con plantas endémicas, lo que haces es quebrantar el ecosistema. Es un delito federal. Vino Profepa y las clausuró. Al día siguiente inmediatamente mandaron corriendo a brigadistas afines a la Corena, a extraer la planta y a esconderla”.

Otro caso, según cuenta, es el del equipo, que supuestamente, es fruto del aumento presupuestario. 

“El primer año de gestión compraron vehículos con el recurso del programa  Altépetl, que es precisamente para brigadas. Y todas las camionetas que eran para las brigadas se las quedó la institución para su gente. Todas las camionetas nuevas del año se las quedaron sus funcionarios, porque armaron un desmadre para que no se entregaran y se pudieran quedar con las camionetas. La gente de base que estaba ahí pidió las camionetas y los directivos de la Corena, para no tener broncas, mejor se las dejaron y ya no dieron los vehículos a las brigadas. Este año no tienen nada, no tienen vehículos para transportarse. La Corena les presta dos o tres vehículos viejos, de los amarillos, que se les caen las redilas, a los que los chavos les tienen que comprar llantas cuando pueden y ni siquiera les dan para la gasolina”, acusa Víctor.

“Los chavos veían que se estaba incendiando el bosque y no tenían cómo moverse. Empezaron los incendios (los de las últimas semanas que dejaron un rastro de humo en la ciudad) y nosotros subimos dos días al monte a ver cuál era la situación. Está totalmente devastado. Literalmente hubo un uno por ciento de supervivencia. De 1 millón 300 mil y quién sabe cuántos árboles, quedaron como el 1 por ciento”. 

“El problema –asegura– es que hay un tremendo dispendio de dinero en programas realmente estúpidos que solamente están privilegiando la estadística y el número con fines de capital político. Por eso desde el año pasado ingresamos una solicitud de auditoría en contra de la comisión de recursos naturales y de desarrollo rural. 

Jóvenes comuneros de conciencia

Para Victor, las acciones para asegurar el territorio son muy claras. Su primera obligación es defender el territorio y la naturaleza, los árboles, para que después puedan ejercer sus derechos sobre él. “Lo que no defendamos nosotros, nadie lo va a venir a defender”, asegura.

Actualmente el Movimiento de Comuneros de Conciencia está formado por cerca de 50 personas. La mayoría de ellos jóvenes. Es una sorpresa para estos procesos, pues las personas reconocidas formalmente como comuneros tienen más de 50 años. Eso acota la participación de las nuevas generaciones. 

El último registro censal de los comuneros reconocidos por ley de Milpa Alta data de 1980, hecho por la entonces Secretaría de la Reforma Agraria; para nombrar a nuevos representantes de los Bienes Comunales, un papel político y organizativo importante en la demarcación. 

Actualmente, en el territorio rural de la Ciudad se reconocen dos tipos de comuneros: el de hecho, que es aquel que no está reconocido por el Estado, y que a pesar de no tener una titulación y confirmación de bienes, mantiene una posesión sobre un terreno determinado; el comunero de derecho es cuando se te reconoce y tienes la certeza jurídica de ese territorio. 

“Nosotros queremos introducir un tercer concepto que ni siquiera está en las leyes, que es el comunero de conciencia. Creemos que para ser comunero de hecho, primero tienes que ser comunero de conciencia. Tienes que tener la conciencia de cuál es tu relación con el entorno y cómo te percibes a ti mismo en función de esto”, explica Víctor.

“Estamos buscando que nosotros mismos, con toda humildad, nos salgamos tantito del centro de la creación para que le empecemos a dar su lugar a todo esto porque si no se va a retribuir. Todas estas madres de aprovechamiento sustentable, a final de cuentas terminan rompiendo el equilibrio y dándole en la madre”. 

En Santa Ana Tlacotenco el movimiento de conciencias está rescatando la vida asamblearia. Realiza dos reuniones importantes con sus habitantes dos veces al año, aunque en estos últimos dos no ha sido posible por la pandemia. “Estamos intentando de nuevo incentivar a la gente, a la población, incentivar nuevamente porque esta tierra es muy generosa y hay que cuidarla”, sentencia Donají.