De acuerdo con información oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, de 2015 a 2020 han aumentado las Carpetas de Investigación por el delito de violación, pero las sentencias son cada vez menos

Texto: Aranzazú Ayala Martínez / Lado B

Imágenes:  Gogo

PUEBLA.- Mientras de 2015 a 2020 se incrementaron las Carpetas de Investigación (CDI) por el delito de violación, en el mismo periodo se han reducido drásticamente las sentencias emitidas al respecto: durante los últimos cinco años, los presuntos responsables no han recibido sentencia ni siquiera en el 30 por ciento de los casos.

Si bien de 2015 a 2019 el incremento de las CDI fue constante, con una leve disminución en 2020; las sentencias pasaron de 22.1 por ciento de casos con sentencia en 2015 a solo 3.4 por ciento para 2020; de modo que a la par que el delito aumenta, la justicia disminuye. 

Juan José Hernández, investigador del Observatorio Ciudadano Igavim, dijo a LADO B que esta disparidad entre las CDI y las sentencias es un indicador de la falta de seguimiento a las investigaciones. 

Calificó esto como preocupante, porque no solo no hay atención en el seguimiento, sino que revela que la violación es un delito que no le interesa a las autoridades, además de que no existen las condiciones administrativas y técnicas para investigar una violación.

En su opinión, aunque no hay claridad para saber en qué parte de la cadena de responsabilidades está habiendo más fallas, para que se persigan correctamente las violaciones sexuales, hay una inclinación a que las omisiones sean por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Esto porque, a final de cuentas, cuando se otorga la sentencia es porque se tiene casi concluida —o toda— la investigación. “Ahí ya entra el análisis bajo un expediente, pero para llegar a ese expediente requerimos todo el proceso de investigación correspondiente”, dijo Hernández.

Esto coincide con lo difundido en el Índice de Estado de Derecho México 2020-2021, realizado por World Justice Project, estudio que ubica a Puebla junto con Veracruz y la Ciudad de México como las peores entidades en cuanto a impartición de justicia penal.

El más bajo fue Veracruz, con un índice de 0.27, seguido de cerca por Puebla, con 0.29, y después Quintana Roo y el Estado de México con 0.31. El documento toma como indicadores algunas cuestiones como la rapidez para recibir denuncias e iniciar investigaciones, y el respetar los tiempos de los procesos judiciales, entre otras.

Omisión del Estado

Ante esta problemática, la organización Cihuautla, dedicada a la prevención y atención a la violencia de género en Puebla, dijo que el incremento en las denuncias y, por lo tanto, la apertura de CDI, es un reflejo de la conciencia y el avance que las mujeres han logrado con respecto al reconocimiento de sus derechos y el empoderamiento para detener la violencia machista.

La organización coincide con el Igavim en que, si hay más denuncias pero menos sentencias, quiere decir que hay fallas intermedias.

Esto, de acuerdo con Cihuautla, es un mensaje de impunidad, un mensaje institucional de que “no pasa nada”. Esto demuestra que todas las instancias involucradas en la impartición de justicia están fallando.

El Tribunal Superior de Justicia, mediante su enlace de prensa, dijo que “no se puede dar una respuesta porque no depende propiamente del Tribunal sino de la actuación de las partes en el proceso, como el MP, asesor jurídico de la víctima y defensor del imputado.” Al momento de esta publicación la Fiscalía General del Estado (FGE) no había dado una respuesta.

Una mujer que denuncia violencia sexual encuentra obstáculos no solo antes, sino durante y después del proceso judicial. Finalmente, dijo la organización, esto es una muestra de la normalización de la violencia machista, la cual “está reforzada no solo culturalmente sino institucionalmente”.

*Con información de Ernesto Aroche

Este trabajo fue realizado por Lado B, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar el original.